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El Ministerio Público hizo fuertes reparos al decreto que alista el Gobierno Petro para promover la movilización campesina con el que se crearían comités municipales para la reforma agraria. El ente de control advirtió que la normativa como tal no alude el derecho fundamental de reunión y protesta pacífica consagrado en la Constitución.
Para la Procuraduría el proyecto tampoco hizo referencia a la libre asociación a pesar de que el Gobierno dice que el decreto "enmarca la materialización del derecho a la organización y movilización campesina", por esa razón "es alarmante la expedición de un decreto que excede la potestad reglamentaria del Ejecutivo, al regular, para un sector específico de la Nación, unos derechos cuya naturaleza implica su ejercicio autónomo y respecto a los cuales la función del Estado se limita a garantizar su ejercicio", dijo la entidad.
Para el ente de control también es llamativo que el Gobierno acuda a dicho decreto para "posiblemente defender su proyecto de reforma agraria mediante movilizaciones sociales (...) Y explicó que uno de los argumentos presentados en el borrador es que se realiza un 'llamado a la movilización y organización campesina', y que se crearán comités municipales como 'mecanismo de democracia participativa directa del campesinado en la defensa de la reforma agraria'".
Una de las mayores dudas que deja en el tintero la Procuraduría es que no queda claro si se destinará recursos para la participación de los campesinos en las movilizaciones, pero advierte que si eso llega a suceder podría implicar "una violación a nuestra Constitución Política".
Por eso, el llamado al Gobierno es que garantice los derechos del campesinado a través de los canales institucionales existentes y evitar múltiples espacios que superen la capacidad de respuesta.
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