Más de 100.000 personas afectadas en dos meses por violencia armada y lluvias en Colombia

La situación humanitaria en Colombia se deterioró de manera significativa entre enero y febrero de 2026. Más de 101.200 personas resultaron afectadas por el conflicto armado y la violencia, en medio de enfrentamientos entre grupos armados no ilegales, disputas por el control territorial y el uso de artefactos explosivos. A este escenario se sumó el impacto de lluvias atípicas, que agravaron las condiciones de miles de familias, especialmente en el Pacífico y el noroccidente del país.

Uno de los datos más críticos es el de desplazamiento y confinamiento. En solo dos meses se registraron 28 emergencias masivas que dejaron 20.839 personas afectadas. De ellas, al menos 6.306 fueron desplazadas y 14.533 quedaron confinadas, muchas en zonas donde la presencia armada impide incluso salir de sus comunidades. Municipios como Tibú, Ocaña y El Tarra, en Norte de Santander, así como Argelia y Guapi, en Cauca, han sido escenario recurrente de estos hechos. En promedio, cada dos días se presentó una emergencia de este tipo y cerca de 360 personas resultaron afectadas diariamente.

Las zonas más golpeadas por esta situación fueron Norte de Santander, Antioquia, Chocó, Cauca y el sur de Bolívar. En este último, casos como el de Santa Rosa del Sur reflejan la intensidad de los enfrentamientos, mientras que en Antioquia, municipios como Briceño, El Bagre y Segovia evidencian la presión de los grupos armados por el control territorial.

En el Pacífico, particularmente en el Chocó, localidades como Tadó y el Litoral del San Juan enfrentan confinamientos prolongados, en muchos casos agravados por las condiciones geográficas y el difícil acceso.

Además, cerca de 84.900 personas enfrentaron restricciones a la movilidad y al acceso a bienes y servicios básicos, en muchos casos por paros armados impuestos por grupos ilegales. En Caquetá, por ejemplo, más de 64.000 personas vieron limitada su movilidad fluvial, una situación que afectó incluso el funcionamiento de ambulancias y programas de alimentación escolar en zonas rurales. A esto se suma la expansión de estas dinámicas hacia departamentos como Magdalena, donde no se registraban emergencias masivas desde hace años.

Las lluvias atípicas dejaron más de 448.000 personas afectadas en 23 departamentos. Córdoba concentró el mayor impacto, con más de 216.000 afectados en municipios como Montería, Lorica y Tierralta, donde se reportaron viviendas destruidas y pérdidas significativas en cultivos. En regiones como Chocó, Cauca y Valle del Cauca, varias comunidades enfrentaron una doble afectación, confinamiento por el conflicto armado y emergencias por inundaciones al mismo tiempo.

Las comunidades étnicas son algunas de las más afectadas. En territorios del Pacífico y la Sierra Nevada, pueblos indígenas y comunidades afrodescendientes han enfrentado desplazamientos, confinamientos prolongados y limitadas posibilidades de recuperación.

En zonas como el Litoral del San Juan, en Chocó, o en Guapi, Cauca, las afectaciones han sido simultáneas por violencia e inundaciones. A esto se suman graves riesgos de protección como el reclutamiento de menores, la violencia de género y los homicidios selectivos de líderes sociales.

En términos de necesidades, el informe de OCHA advierte que las principales urgencias están en protección, seguridad alimentaria, acceso a agua potable, salud, vivienda y educación, debido a la suspensión de clases en varias zonas afectadas.

Sin embargo, asegura que la respuesta humanitaria enfrenta limitaciones por falta de recursos, restricciones de acceso por seguridad y capacidades locales desbordadas, lo que ha obligado a municipios en regiones como el Pacífico, el nororiente y el Caribe a solicitar apoyo urgente del nivel nacional y de organizaciones humanitarias.

De cara a los próximos meses, el informe prevée que continúe la presión sobre la población civil, especialmente en departamentos como Cauca, Nariño y Chocó, donde persisten las disputas armadas y las restricciones a la movilidad. A esto se suma el contexto electoral, que podría aumentar los riesgos en al menos 185 municipios del país, mientras las condiciones climáticas variables siguen generando nuevas emergencias.