El Gobierno nacional estableció el precio de sus acciones en la empresa Coltel, que opera la marca Movistar en Colombia, y definió las condiciones para la enajenación de la participación accionaria del Estado en la compañía. La decisión quedó formalizada en el Decreto 1481 del 30 de diciembre de 2025, con el que el Ejecutivo define un marco jurídico especial para avanzar en esta operación estratégica del sector de telecomunicaciones.
Según lo establecido en el decreto, el Gobierno nacional recibiría más de 850 mil millones de pesos por la venta de sus acciones, recursos que ingresarán al Estado como resultado del proceso de enajenación.
La norma crea un “régimen transitorio especial” que busca “garantizar la continuidad en la prestación de los servicios, la protección de los derechos de los usuarios y la preservación de las condiciones de competencia en el mercado”, mientras se concreta la integración entre Tigo y Movistar.
Uno de los ejes centrales del decreto es la puesta en marcha de un programa de enajenación, mecanismo mediante el cual el Estado autoriza la venta de su participación accionaria bajo reglas específicas. El documento señala que este programa debe desarrollarse de manera “ordenada, transparente y bajo condiciones de mercado”, con el fin de proteger el interés público.
“En desarrollo de la primera etapa (la ‘Primera Etapa’) se realizará una oferta pública de la totalidad de las acciones, por el término de vigencia que señale el respectivo aviso de oferta, el cual, en todo caso, no podrá ser inferior a dos (2) meses contados a partir del día hábil siguiente a la publicación del aviso de oferta pública para la Primera Etapa, en condiciones de amplia publicidad y libre concurrencia, al precio fijo por acción”, se lee en el decreto.
El decreto precisa que el proceso de enajenación se realizará conforme a la normatividad vigente, definiendo el valor de las acciones y las etapas del procedimiento, al tiempo que garantiza que la operación no interrumpa la prestación de los servicios de telecomunicaciones.
“La vigencia del Programa de Enajenación aprobado en el presente decreto será de un (1) año contado a partir de la entrada en vigor del presente decreto. El Gobierno podrá prorrogar la vigencia del Programa de Enajenación hasta por un año más, suspenderlo o terminarlo anticipadamente”, dice el decreto.
El Gobierno también dispuso que las autoridades regulatorias y de control mantendrán vigilancia permanente sobre la operación. En ese sentido, el decreto establece que se deberán adoptar medidas para “mitigar riesgos de concentración” y evitar afectaciones a los usuarios finales, especialmente en aspectos como calidad del servicio, cobertura, tarifas y acceso a redes.
Además, el Ejecutivo aclaró que este marco jurídico no sustituye las competencias de entidades como la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) y la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), que deberán evaluar los efectos de la integración desde el punto de vista regulatorio y de competencia.
El documento subraya que la operación entre Tigo y Movistar responde a la necesidad de fortalecer la sostenibilidad financiera del sector y promover inversiones que permitan ampliar y modernizar la infraestructura tecnológica, en un contexto de creciente demanda de conectividad y servicios digitales.
La compra de Movistar por parte de Tigo se perfila como uno de los movimientos empresariales más relevantes de los últimos años y podría redefinir el mapa de operadores móviles en Colombia.
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