Más de 850 agentes de cadena de combustibles no podrán vender en 10 departamentos: las razones

El Ministerio de Minas y Energía confirmó que, desde este 3 de julio y hasta el 10 del mismo mes, estos agentes no podrán comprar ni vender combustibles en Antioquia, Bolívar, Caquetá, Cauca, Chocó, Córdoba, Guaviare, Nariño, Norte de Santander y Putumayo.La medida afecta a aquellos que no iniciaron el proceso para obtener el Certificado de Carencia de Informes por Tráfico de Estupefacientes (Ccite), documento exigido desde abril mediante la Circular Conjunta 40008, emitida en coordinación con los Ministerios de Justicia y Defensa.La exigencia del Ccite busca reforzar los controles sobre la cadena de distribución de combustibles en las regiones con mayor afectación por cultivos ilícitos, con el fin de evitar que la gasolina y otros derivados terminen siendo utilizados en el narcotráfico o en la extracción ilegal de minerales. De los más de 2.900 agentes registrados en esas zonas, cerca de 1.400 ya cumplieron con el proceso, 645 están en trámite y los 855 bloqueados ni siquiera iniciaron el requerimiento.Las autoridades advirtieron que, si en estos ocho días los distribuidores no subsanan la situación, el bloqueo se extenderá por 15 días adicionales. Si persiste el incumplimiento, se procederá a la cancelación definitiva del registro, lo que implica la imposibilidad de comprar o vender combustibles en el país.Esta decisión hace parte de una serie de medidas administrativas y operativas implementadas por el Gobierno para cerrar el cerco al uso ilícito de hidrocarburos en actividades relacionadas con el narcotráfico y la minería ilegal. Además del bloqueo temporal, la Circular Conjunta establece actualizaciones en los protocolos de monitoreo y seguimiento de la distribución de combustibles, así como la obligación de reportar información al Sistema de Información de Combustibles.Las autoridades señalaron que estos controles son fundamentales para garantizar que los combustibles lleguen únicamente a los consumidores y sectores autorizados, reduciendo el riesgo de que sean desviados a economías ilegales que alimentan la violencia y la criminalidad en estas regiones.