El Ministerio de Salud y Protección Social dio a conocer un borrador de resolución mediante el cual se propone unificar y actualizar las normas que regulan el derecho fundamental a morir dignamente en Colombia. El proyecto normativo busca dar cumplimiento a sentencias de la Corte Constitucional y, de ser adoptado, derogaría las resoluciones 825 de 2018 y 971 de 2021, además de modificar parcialmente disposiciones relacionadas con los comités de ética hospitalaria.
De acuerdo con el borrador, uno de los cambios propuestos es la integración en un solo marco regulatorio de la eutanasia y la adecuación de los esfuerzos terapéuticos, opciones que actualmente se encuentran reguladas de manera separada. El texto plantea que estas alternativas no sean excluyentes ni estén sujetas a un orden obligatorio dentro del sistema de salud.
El proyecto de resolución incorpora la línea jurisprudencial que establece que el acceso a la eutanasia no estaría condicionado a la existencia de una enfermedad terminal. En su lugar, se plantea como criterio la presencia de una condición de salud extrema que genere sufrimiento intenso, siempre que exista una solicitud libre, informada e inequívoca por parte del paciente. Asimismo, se propone que no sea obligatorio agotar previamente cuidados paliativos o procesos de adecuación de los esfuerzos terapéuticos.
Otro de los ajustes contenidos en el borrador se relaciona con el consentimiento sustituto. El documento propone limitar su aplicación y reemplazar el enfoque de sustitución de la voluntad por el uso de “apoyos interpretativos de la voluntad”, los cuales solo podrían aplicarse en situaciones excepcionales y con verificación reforzada por parte de los comités interdisciplinarios.
El texto también desarrolla lineamientos específicos para la participación de personas con discapacidad y menores de edad en la toma de decisiones, incorporando los principios de autonomía progresiva, presunción de capacidad y provisión de apoyos y ajustes razonables, en concordancia con la jurisprudencia constitucional reciente.
En materia institucional, el borrador plantea una delimitación más clara de las funciones de los comités médicos. El Comité Interdisciplinario de Eutanasia actuaría únicamente cuando exista una solicitud de eutanasia, mientras que los Comités de Ética Hospitalaria intervendrían en casos de adecuación de los esfuerzos terapéuticos solo cuando se presenten conflictos ético-clínicos.
Finalmente, el proyecto desarrolla con mayor detalle la adecuación de los esfuerzos terapéuticos como un proceso clínico continuo, orientado a evitar la obstinación terapéutica y a permitir el curso natural de la enfermedad cuando los tratamientos resulten desproporcionados, sin que ello constituya un procedimiento eutanásico.
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