A escasos ocho meses de finalizar el mandato del presidente Gustavo Petro, el debate sobre una Asamblea Nacional Constituyente ha vuelto al centro de la discusión pública.
Tras la reciente inscripción de un comité promotor para recolectar firmas, analistas y expertos constitucionales advierten que el camino jurídico es extremadamente complejo y que la iniciativa podría responder más a una táctica de movilización política que a una posibilidad institucional real.
El abogado constitucionalista Juan Manuel Charry se ha mostrado pesimista frente a la viabilidad de esta propuesta, calificando los requisitos legales como "monumentales" bajo el marco de la Constitución de 1991.
"En mi opinión no estamos para una constituyente. Las condiciones son muy distintas a las que se dieron en 1990. Allá teníamos una guerra declarada de los carteles de la droga contra el Estado y hubo un consenso muy amplio. Hoy las circunstancias son muy diferentes. La Constitución del año 91 reguló cómo deben ser las asambleas constituyentes, como una vía de reforma y establece varios requisitos", dijo Charry.
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A su vez, dijo que "se debe superar un umbral de algo más de 13,300,000 participantes en la votación para que genere efectos jurídicos".
"Se busca recolectar las firmas para impulsar lo que sería una nueva Asamblea Nacional Constituyente. Desde el gobierno han dicho que esto es una iniciativa ciudadana. Si se llega a recolectar un 20% del censo electoral en firmas, es obligatorio el trámite. Serían cerca de 8 millones de firmas que, en mi opinión, son muy difíciles de recaudar y de revisar", aseveró.
Charry rechazó el argumento del Gobierno sobre la "obstrucción institucional" en el Congreso como justificación para una constituyente, señalando que es normal en democracia que un presidente deba hacer coaliciones cuando no tiene mayorías propias.
"Me parece a mí que es más una estrategia de movilización de las bases simpatizantes de la tendencia política del gobierno para darles un propósito de movilización y de cohesión", dijo.
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