Nuevos casos similares al 'cartel de la hemofilia' en Caquetá y Bolívar

La Contraloría General de la República evidenció irregularidades en pagos relacionados con las enfermedades de hemofilia y de Von Willebrand, esta vez, originadas en los departamentos de Caquetá y Bolívar, dando origen a procesos de responsabilidad Fiscal por más de $27 mil millones de pesos.La gerencia departamental colegiada de la Contraloría en Caquetá, auditó los contratos suscritos por la Gobernación, con las empresas SUIPHAR DE COLOMBIA S.A., y con DISTRIMEDICAL’S S.A.S., para el suministro del medicamento Factor VIII de alta pureza enriquecido con Factor de Von Willebrand. Los contratos se suscribieron por la suma total de $7 mil 433 millones de pesos, pero con destino a la atención de 5 usuarios diagnosticados de hemofilia severa, dejando en evidencia que la Secretaría de Salud de Departamental no verificó ni corroboró la veracidad de las historias clínicas aportadas por cada uno de los usuarios.Vea también: No conocía la palabra hemofilia hasta que se destapó el escándalo: Edwin BesaileAnte esta situación, la gerencia de la Contraloría en el Caquetá ha llamado a responder por los recursos perdidos, además del entonces Gobernador, Víctor Isidro Ramírez Loaiza, y quien en consecuencia era el operador del gasto en calidad de representante legal del ente territorial, al Secretario de Salud de la época, Luis Eduardo Campo Castillo, así como a las empresas contratistas y sus representantes legales.En el caso de la Gobernación de Bolívar, la Contraloría abrió igualmente un proceso de responsabilidad fiscal, al evidenciarse que la Secretaría de Salud Departamental realizó una serie de pagos superiores a $20 mil millones de pesos, por la supuesta atención integral de pacientes hemofílicos, que deberían haber sido asumidos por las EPS donde los mismos se encontraran afiliados, teniendo en cuenta que los servicios médicos para el tratamiento integral de dicha enfermedad, se encontraban cobijados dentro del POS.Por estos casos, fueron llamados s responder en calidad de presuntos responsables al ex Gobernador de Bolívar, Juan Carlos Gossaín, la entonces secretaria de Salud departamental Ana María del Carmen Álvarez Castillo, Bertha María Pérez Jiménez, quien ocupó la misma posición en calidad de encargada y la directora de la Unidad de Aseguramiento y prestación de servicios de salud, Nacha Newball Jiménez.