Un informe de inteligencia militar permitió destapar a dos poderosos narcotraficantes que, desde las sombras, estarían detrás de la operación criminal de las estructuras ‘Carlos Patiño’ y ‘Martín Villa’, brazos armados de las disidencias de las Farc bajo el mando de alias ‘Iván Mordisco’. Se trata de alias ‘Cheli’ y alias ‘Toro’, de 35 y 40 años respectivamente, dos hombres oriundos del norte del Cauca que comenzaron en el negocio de la marihuana y hoy manejan complejas redes de tráfico internacional de cocaína.¿A dónde envían droga estos capos?El informe señala que estos dos capos envían mensualmente más de cinco toneladas de droga hacia Centroamérica, con cargamentos que tienen como principales compradores al Cártel de Jalisco Nueva Generación y al Cártel de Sinaloa. Recientemente, también se detectaron despachos menores hacia la Nueva Familia Michoacana, organización que atraviesa un proceso de reacomodo en México y que ha encontrado en la cocaína colombiana un salvavidas para sostener su aparato criminal.La riqueza de ‘Cheli’ y ‘Toro’, amasada durante más de una década en el narcotráfico, ha sido invertida a través de testaferros en fincas, balnearios, ganadería, apartamentos y vehículos de carga, lo que les ha permitido lavar capitales y mantenerse en la clandestinidad. Parte de esas fortunas financian directamente a las disidencias: proveen fusiles M16, Tavor, AK-47, explosivos, municiones y equipos de comunicaciones, además de dinero en efectivo para sostener operaciones armadas.¿Qué negocio tienen con estructuras de 'Iván Mordisco?A cambio, la ‘Carlos Patiño’ en el Cauca y la ‘Martín Villa’ en el Meta deben garantizar la protección de cultivos ilícitos, cristalizaderos y rutas del narcotráfico que permiten sacar la cocaína hacia el exterior. Este engranaje asegura dividendos millonarios para ambas partes, consolidando un pacto criminal que refuerza el poder de alias ‘Iván Mordisco’ en regiones estratégicas.Las investigaciones también revelaron que ‘Cheli’ y Toro mantenían negocios con alias ‘Kevin’, segundo cabecilla de la ‘Carlos Patiño’, quien se entregó a las autoridades en agosto pasado en zona rural de El Estrecho, Cauca. Sin embargo, los dos narcos lograron evadir operativos recientes gracias a una amplia red de informantes dentro de la población civil, que los alerta cada vez que la fuerza pública inicia movimientos en sus corredores de movilidad.Aunque las autoridades cuentan con fotografías y huellas dactilares de ambos, sus nombres aún no han podido ser confirmados. Aun así, quedaron rastros en trámites notariales realizados con identidades falsas, los cuales ya fueron detectados y están siendo rastreados por la Dijín y el Ejército.
El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, responsabilizó directamente al Gobierno nacional del debilitamiento de las capacidades de la fuerza pública y de las condiciones que permitieron el ataque de las disidencias de las Farc en Amalfi, Antioquia, que dejó varios uniformados muertos y heridos.En entrevista para Mañanas Blu, con Néstor Morales, el mandatario lamentó la lentitud en la reacción del Estado frente al hostigamiento. “A las 11:30 de la mañana ya teníamos un saldo lamentable de seis uniformados muertos y otro tanto heridos. Y no puede ser que 30 bandidos hayan puesto en jaque casi durante 24 horas a la institucionalidad en su conjunto”, afirmó.Rendón aclaró que su crítica no es contra la Policía ni contra los soldados, sino contra el Gobierno. “Es una falta de determinación del Gobierno nacional, de una conducción eficiente de las capacidades en su conjunto”, aseguró.¿Fracasó política de paz total?El gobernador señaló que la política de paz total ha fortalecido a las estructuras criminales en Antioquia. “Por cuenta de esa política equívoca de Petro, las disidencias Farc han crecido en Antioquia un 70 %, el Clan del Golfo un 60 %. Municipios que habían sido declarados libres de coca hoy son de nuevo enclaves cocaleros”, indicó.A esto se suma, según Rendón, la bonanza del oro ilegal. “Todo eso ha engrosado las rentas criminales, que los tienen estrenando uniformes riquísimos con tecnología como esta que pusieron infortunadamente ayer, al servicio del terror y con la que no cuenta la fuerza pública”, denunció.¿Qué pasa con los recursos para la fuerza pública?Uno de los señalamientos más fuertes del mandatario fue contra la reducción de inversión en seguridad. “¿Cómo se explica usted que una brigada como la Cuarta en Antioquia, que tiene bajo su jurisdicción más de 90 municipios, este año haya recibido apenas 32 millones de pesos para inversión? Con eso no tanquea ni los vehículos de un pelotón ni las motocicletas en un par de meses”, dijo.Rendón comparó esa cifra con el esfuerzo que hizo su administración para imponer la tasa de seguridad y recaudar un billón de pesos. “No lo hacíamos por capricho, sino porque entendíamos la precariedad dotacional, de infraestructura, de equipamiento en la que estaban soldados y policías. El Gobierno nacional desmanteló la capacidad de inversión que debía tener rutinariamente la fuerza pública”, aseguró.El gobernador agregó que “lo único que llega oportunamente a soldados y policías es su salario”, y denunció que buena parte de los helicópteros Black Hawk están en tierra por falta de mantenimiento.Rendón también criticó la liberación de jefes de las disidencias bajo la figura de “gestores de paz”. Recordó la captura de alias Calarcá y otros cabecillas en Barbosa, Antioquia, en 2023, quienes posteriormente fueron liberados. “Petro y su fiscal de bolsillo, la fiscal Camargo, los declararon gestores de paz y los liberaron. ¿Qué le puede quedar en el corazón a un soldado o un policía cuando recuerda eso?”, cuestionó.Para el mandatario, esas decisiones equivocadas hoy tienen consecuencias en departamentos como Valle y Antioquia. “Cuánto dolor nos hubiésemos evitado si ese criminal estuviera tras las rejas”, afirmó.Escuche la entrevista completa en el audio adjunto:
El alcalde de Cali, Alejandro Eder, advirtió tras el atentado con carro bomba ocurrido en la ciudad que lo sucedido no puede verse como un hecho aislado, sino como una amenaza que puede expandirse a otras regiones de Colombia si no hay una respuesta rápida y contundente de las autoridades nacionales.En entrevista para Mañanas Blu, con Néstor Morales, Eder explicó que la situación en Cali es “estable”, con presencia permanente del ministro de Defensa y de la cúpula militar, quienes permanecen en la capital del Valle del Cauca para coordinar las acciones tras la emergencia.El mandatario confirmó que en las próximas horas se pondrá en marcha un Puesto de Mando Unificado permanente entre la Nación, la Alcaldía, la Gobernación y la fuerza pública con el objetivo de recuperar la zona de Jamundí.“Venimos advirtiendo desde hace 20 meses que Jamundí es la principal amenaza para Cali. Es inaceptable tener 2.000 hectáreas de coca a 15 kilómetros de la Universidad del Valle. Eso es como si en Bogotá estuvieran sembradas al lado de la Universidad de La Sabana”, señaló Eder.¿Cuál era el objetivo del atentado en Cali?El alcalde fue enfático en que el ataque con carro bomba buscaba causar una masacre. “Uno no pone un camión bomba a las 2:50 de la tarde por la carrera Octava, que es una calle principal de Cali que tiene trancón a esa hora, si no es para matar. Querían asesinar, querían sembrar terror”, afirmó.Sobre el segundo vehículo cargado con explosivos que no estalló, explicó que se trató de una falla de los atacantes. “Gracias a Dios no explotó, pero no quiero decir que por chambones. Son grupos de traquetos que están aprendiendo, pero que tienen que ser atendidos ya porque su objetivo es asesinar colombianos y reclutar niños en barrios marginados”, agregó.Eder reconoció que la fuerza pública mantiene su profesionalismo, pero insistió en que enfrenta limitaciones de recursos. “La capacidad de inteligencia que teníamos hace algunos años, la que permitió operaciones como Jaque o la caída de Cano, hoy está desfinanciada. Se han recortado hasta en un 30 % los recursos para seguridad, afectando capacidades estratégicas como la aérea. Eso es lo que se debe recuperar”, indicó.El mandatario aseguró que desde la Alcaldía se han duplicado los recursos de seguridad, al igual que en otras ciudades del país, pero recalcó que los municipios no tienen cómo financiar inteligencia, helicópteros ni aumentar pie de fuerza. “Eso lo debe hacer el Gobierno nacional”, sostuvo.El alcalde comparó a los actuales disidentes con los exguerrilleros con los que alguna vez negoció en La Habana. Recordó la captura de alias 'Sebastián', uno de los responsables del ataque, a quien describió como un joven que tenía brackets. “En más de una década nunca vi un desmovilizado con frenos. Eso quiere decir que tienen tiempo y comodidad para entrar a la ciudad y hacerse ese tipo de procedimientos. Estos no son guerrilleros, son delincuentes traquetos”, señaló.¿Cómo frenar el terrorismo en Cali?Eder insistió en que no se debe hablar de paz con estos grupos. “Con esta gente no hay nada que hablar, son delincuentes. Se puede hablar de sometimiento a la justicia, pero lo más importante ahora es empoderar a la fuerza pública para que recobre el control territorial”, dijo.El mandatario reiteró que lo ocurrido en Cali no es solo un problema local. “Esto no es aceptable para los caleños y no puede ser aceptable para Colombia, porque ese deterioro se está viviendo en todo el país. Si no hay un actuar contundente y rápido, lo que estamos viviendo aquí próximamente se vivirá en otras ciudades e intermedias de Colombia”, advirtió.Finalmente, valoró que el presidente Gustavo Petro calificara a estos grupos como “organizaciones terroristas” y que diera instrucciones claras para recuperar el territorio. “Ese es un paso importante, pero ahora necesitamos que se materialicen los recursos y se ejecute lo acordado. Aquí está en juego la vida de los caleños y de todos los colombianos”, concluyó.Escuche la entrevista completa en el audio completo:
Las comunidades rurales del sur de Bolívar emitieron una alerta a las autoridades denunciado constantes amenazas, desplazamientos y enfrentamientos armados como consecuencia de la presencia de criminales del ELN y el Clan del Golfo que se disputan el control del territorio, los cultivos ilícitos y las rutas del narcotráfico.En respuesta a este llamado ciudadano, el Ejército, a través de la Brigada 19 y la Fuerza de Despliegue Rápido N.º 9, desplegó una ofensiva militar para contrarrestar la expansión y el accionar de estos grupos ilegales.Cabecillas ELNUno de los principales objetivos de esta operación son los cabecillas del frente de Guerra ‘Darío Ramírez Castro’ del ELN, quienes han impuesto el terror en la zona. Se trata de Jesús Navarro Robles, alias ‘Omar’ o ‘Casinga’, máximo jefe de esta estructura. Bajo su mando se han ordenado ataques armados y hostigamientos contra tropas del Ejército, así como acciones de intimidación a pobladores en la serranía de San Lucas.Le sigue alias ‘Ernesto’, líder de la subregión Sur-Norte del mismo frente, señalado como autor de múltiples atentados contra la fuerza pública y la comunidad. Según inteligencia militar, este cabecilla dirige a sus hombres desde las zonas altas de la serranía, donde ha instalado campamentos para coordinar emboscadas y amedrentamientos.Otro de los hombres más buscados por las autoridades es alias ‘Harold’, responsable de operar la Compañía Tito Marín, y quien ha introducido el uso de drones con explosivos como forma de ataque a las tropas en terreno, generando preocupación por la capacidad tecnológica y el poder destructivo que ha adquirido la estructura criminal bajo su mando.Cabecillas Clan del GolfoPero la amenaza no termina ahí. En paralelo al accionar criminal del ELN, el Clan del Golfo también tiene fuerte presencia en esta región. Al mando de la estructura ‘Arístides Mesa Páez’, aparece Roineiro David Jiménez, conocido como alias ‘Jefferson’, un hombre que es considerado uno de los jefes más violentos de esa organización en el sur de Bolívar, con un largo prontuario por extorsión, tráfico de armas y coordinación de redes criminales en zona rural.A su lado delinque Luis Alberto Henao Cardozo, alias ‘Bejuco’, cabecilla de la subestructura ‘Euclides Arley Pérez Góez’, quien ha liderado enfrentamientos directos contra el ELN en la Serranía del Guamocho, buscando ampliar su dominio y controlar corredores estratégicos para el transporte de cocaína. Completa la cúpula alias ‘Piña’, jefe de la subestructura ‘Erlín Pino Duarte’, también implicado en homicidios selectivos y alianzas con redes ilegales para sostener el poder territorial de su grupo.La confrontación entre estos grupos armados deja a las comunidades rurales atrapadas en medio del fuego cruzado, por lo que el objetivo de la operación militar en curso es neutralizar las capacidades criminales de estas estructuras, impedir que continúen expandiéndose y garantizar la seguridad de miles de familias afectadas por años de abandono estatal y violencia sistemática.Las tropas del Ejército intensificaron patrullajes, aseguramiento de veredas, instalación de puntos de control y ofensivas en áreas montañosas de difícil acceso. Además, se reforzó la inteligencia en coordinación con la Fiscalía y otras autoridades, buscando golpear las finanzas y las redes de apoyo de estos grupos, al tiempo que se brinda protección a líderes sociales y campesinos que han sido amenazados por denunciar.
Hasta el próximo 8 de diciembre, los habitantes de Piedecuesta y el área metropolitana de Bucaramanga podrán disfrutar del Gran Outlet de Libros, un evento que reúne miles de títulos nuevos y originales a precios accesibles.La feria se encuentra instalada en el centro comercial De La Cuesta, piso 1, local 152, y funciona en jornada continua de 9:00 de la mañana a 8:00 de la noche con entrada completamente libre.Este gran espacio literario ofrece más de 10.000 libros y 7.000 títulos para todo tipo de lectores. Entre las categorías disponibles hay literatura universal, novelas, crónicas, cuentos infantiles, libros de consulta, textos de ficción y obras clásicas, con valores que comienzan en $5.000 y $10.000 pesos, lo que convierte al evento en una oportunidad ideal para quienes buscan ampliar su biblioteca sin afectar su bolsillo.Los organizadores explicaron que el propósito del Gran Outlet de Libros es incentivar y cultivar nuevos lectores, así como brindar una oferta cultural variada y accesible en cada región del país. La iniciativa busca acercar la lectura a comunidades que, por los altos precios de los libros, suelen estar alejadas de estos espacios.“El objetivo es que más personas puedan acceder a libros nuevos, originales y de calidad. Queremos que las familias, los jóvenes y los niños encuentren historias que los inspiren y fortalezcan el hábito de la lectura”, señalaron los voceros del evento.Además de los descuentos, el outlet cuenta con títulos para todas las edades, lo que permite que cada integrante de la familia encuentre opciones según sus gustos literarios.Los organizadores invitan a la comunidad a visitar esta fiesta de la lectura, aprovechar los precios especiales y descubrir nuevas historias para llevar a casa.
Con el propósito de recuperar los cuerpos de personas que habrían sido desaparecidas en el contexto del conflicto armado en esta región del país, la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas adelanta fase inicial de intervención forense en el cementerio municipal de El Bagre, en la subregión del Bajo Cauca antioqueño.En el inicio de esta acción humanitaria, que se realizará entre los días 5 y 13 de diciembre de 2025, el equipo forense de la Unidad intervendrá siete bóvedas individuales y dos áreas de interés para la búsqueda, ubicadas en la zona de sepulturas del camposanto.De acuerdo con Gloria Araque, coordinadora territorial Antioquia de la Unidad de Búsqueda, la investigación humanitaria y extrajudicial realizada en el marco del Plan Regional de Búsqueda del Bajo Cauca y Valdivia logró orientar la identidad de 11 personas cuyos cuerpos serían recuperados."Esta intervención se adelanta por parte del Grupo Interno de Trabajo de la Territorial Antioquia que ejecuta el Plan Regional de Búsqueda Bajo Cauca y Valdivia. En este cementerio esperamos, en esta primera fase, hacer una recuperación de 14 cuerpos de personas que fueron desaparecidas en el marco y contexto del conflicto armado en este territorio", aseguró la directiva.Asimismo, se ha establecido que su desaparición ocurrió en dos hechos del conflicto armado: el primero, en 2012, en la vía que de El Bagre conduce al corregimiento de Puerto Claver y el segundo, en el año 2013, en zona rural del municipio de Zaragoza.El cementerio de El Bagre cuenta con 28 sitios de interés para la búsqueda, de los cuales 13 son bóvedas individuales y 15 son sepulturas. La Alcaldía de El Bagre, la Gobernación de Antioquia, el Instituto Nacional de Medicina Legal y la Registraduría en un trabajo articulado hicieron posible la intervención de este camposanto.Dentro del Plan Regional de Búsqueda del Bajo Cauca y Valdivia se estima que hay un aproximado de 2.502 personas dadas por desaparecidas, según los reportes de la Unidad de Búsqueda. En Antioquia, la cifra asciende a 27.442 personas desaparecidas; y en Colombia, a 135.396.La entidad también hace la solicitud a quienes tengan información que pueda contribuir a la identificación de personas desaparecidas inhumadas en este cementerio o a la localización de nuevos sitios de interés forense para acercarse al camposanto y suministrar estos datos a los funcionarios de la Unidad de Búsqueda, quienes garantizarán la confidencialidad de la información.
El sorteo del Mundial 2026 dejó a la Selección Colombia en el Grupo K, una zona exigente que comparte con Portugal, Uzbekistán y el ganador del repechaje internacional del Grupo 1, que se definirá entre Nueva Caledonia, Jamaica o la República Democrática del Congo. Aunque este sábado, 6 de diciembre, la Fifa confirmará las ciudades en las que se disputarán los partidos de este grupo, en el sonajero están cinco ciudades: Houston, Atlanta y Miami (Estados Unidos), además de Ciudad de México y Guadalajara (México). Asimismo, se conocerán los horarios y estadios donde jugará el equipo comandado por el seleccionador Néstor Lorenzo.¿Cuándo jugará Colombia?De acuerdo con la información conocida por Blog Deportivo, Colombia debutará el 17 de junio ante Uzbekistán, un rival poco habitual en el fútbol internaciona, pues este será su primer Mundial. Las dos ciudades propuestas para este primer juego son Ciudad de México o Houston, sedes que definirán el escenario para el estreno de los dirigidos por Néstor Lorenzo. Sobre Uzbekistán, el análisis previo destaca a su futbolista más costoso: Abdukodir Khusanov, defensa de 21 años del Manchester City, tasado en 35 millones de euros.El segundo compromiso de Colombia será el 23 de junio, cuando enfrente al ganador del repechaje internacional. Este partido también se jugará en territorio mexicano o estadounidense: Guadalajara o Houston aparecen como las alternativas. El repechaje definirá al último integrante del grupo entre tres selecciones con perfiles muy distintos: la potencia física de la República Democrática del Congo, la velocidad caribeña de Jamaica y la sorprendente presencia de Nueva Caledonia, que busca dar el golpe.Finalmente, la fase de grupos cerrará el 27 de junio, con el duelo más esperado: Colombia vs. Portugal, que se disputará en Atlanta o Miami. Será el partido estelar del Grupo K, un choque con uno de los combinados más fuertes del continente europeo, liderado por figuras de talla mundial y con el anhelado reencuentro entre Cristiano Ronaldo y James Rodríguez, excompañeros en el Real Madrid.Aunque falta la confirmación oficial del calendario por parte de la Fifa, la delegación de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) comenzará su travesía para encontrar hoteles y las mejores instalaciones para que se prepare Colombia durante el Mundial 2026.
En un operativo realizado por la Secretaría de Movilidad, la Secretaría de Seguridad y la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá en el barrio Aranjuez de Medellín se logró dar un golpe contundente en contra de los piques ilegales que se han convertido en una práctica habitual en la ciudad y en una de las más perseguidas por las autoridades.El reporte entregado muestra que durante el procedimiento se lograron realizar 133 comparendos y se inmovilizaron casi 60 motocicletas vinculadas directamente a los piques ilegales, mientras que las multas se hicieron por la participación en la actividad ilegal o ausencia de documentos al día.El secretario de Movilidad de Medellín, Pablo Ruiz, explicó que este tipo de operativos se vienen realizando de manera frecuente en la capital de Antioquia para poder tener una mejor movilidad durante las celebraciones decembrinas."En la última semana realizamos 259 intervenciones en sectores como Las 70, El Parque Lleras, Las Palmas y otros corredores viales. Practicamos 180 pruebas de alcoholemia y movilizamos 269 vehículos", destacó Ruiz.Sobre lo que ha ocurrido en Medellín durante los últimos días hay que decir que se impusieron 1.095 comparendos por mal parqueo, 45 por informalidad en la prestación del servicio de transporte público y 180 por no portar el casco. Además, se realizaron 269 inmovilizaciones de vehículos y 523 de motocicletas.Este año los operativos en zonas de alta afluencia como la 70 y el Parque Lleras han permitido fortalecer los controles, ya que, por ejemplo, en la 70 se han desarrollado 307 operativos con 4.702 comparendos y 1.702 inmovilizaciones.
Este importante pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia se da tras la condena en segunda instancia a una empresa por la muerte de un operario, quien recibió un disparo de francotirador mientras realizaba labores de reparación en el oleoducto- Caño Limón Coveñas, región donde operan grupos armados ilegales. Para el alto tribunal, la infraestructura petrolera situada en zonas de conflicto representa un escenario de algo riesgo para los bienes y para las personas que hacen algún tipo de labor allí."Si bien el Ejército Nacional indicó que no hubo alarmas de seguridad en la zona, no pasó por alto que la empleadora tenía conocimiento de las advertencias a la comunidad por el grupo ilegal, lo que ponía en riesgo a sus trabajadores, máxime cuando en agosto de 2014 el mismo oleoducto había sido objeto de ataque terrorista", se lee en el fallo.En ese sentido la Sala Laboral con una óptica de derechos humanos y sobre todo la responsabilidad empresarial, aseguró que las compañías deben adoptar medidas efectivas y seguras más aún cuando tienen información de primera mano que indica que el orden público en la zona donde se llevan a cabo las labores es riesgoso.La omisión según el fallo proferido por la Corte Suprema de Justicia, puede dar lugar a responsabilidad por los daños sufridos a los trabajadores, allí también señalan que, si bien el mantenimiento del orden público es de resorte del Estado y de las fuerzas militares, ello no exime la responsabilidad de cada empresa.Finalmente, la Corte señaló que en estos casos el empleador está obligado a cumplir con estricta rigurosidad los protocolos de seguridad y a atender todas las alertas existentes, descartando cualquier conducta imprudente o exceso de confianza.
El Congreso debate el proyecto que prorroga la ley 418 de orden público con la que se busca darle facultades especiales al Presidente Petro. Este miércoles, en Mañanas Blu cuando Colombia está al aire, se analizará qué tan conveniente resulta que el mandatario tenga dichas potestades y si en virtud de esas facultades podrían los narcotraficantes terminar incluidos en la JEP. Sobre el tema habló monseñor Rubén Darío Jaramillo, Obispo de Buenaventura, quien aseguró que "cualquiera puede entrar", sin distingo de bandas criminales. "No podemos pensar en cerrar la puerta desde el principio. Aquí se está afectando a todas las ciudades de nuestro país unas bandas criminales que se van organizando cada vez más y van respondiendo a estructuras. Ese desmonte es muy importante. Nosotros sabemos que no está construida, pero elaborarla no es nada fácil", declaró. Según monseñor Jaramillo, la clave es generar un clima de confianza. "Hay que crear un clima de confianza. Saben que no vamos bajo un interés ni político ni económico, el único interés es la paz. Si queremos bajar la criminalidad, tenemos que pensar que el Estado tiene que bajar al nivel de poder ofrecer alternativas; nadie se va a entregar gratis”, dijo. “El Estado debe asumir el control de los territorios (...) ha fallado y ha dejado los territorios solos. Queremos que los jóvenes tengan otra alternativa distinta a tomar un arma e ir a cobrar una extorsión”, agregó el obispo de Buenaventura. Así avanzan los acercamientosEsta semana el grupo conocido como "Segunda Marquetalia" bajo el mando de alias 'Iván Márquez' manifestó su intención de sumarse a las negociaciones. Se trata uno de los grupos a los que el Gobierno busca incluir en esta política, aunque, como pasa con el otro gran grupo de disidencias, el Estado Mayor Central comandado por 'Iván Mordisco', hay críticas de cierta parte de la sociedad que considera que ellos ya tuvieron su acuerdo de paz -el de 2016- y no quisieron acogerse a él, por lo que no ven con buenos ojos una segunda oportunidad.Sin embargo, estas posibles negociaciones, tanto con las disidencias como con los paramilitares Clan del Golfo y otros grupos armados y narcotraficantes, no podrán lanzarse hasta que el Congreso apruebe el proyecto de ley de "paz total" que reforma algunas leyes para permitir un sometimiento a la justicia o la negociación política con ellos, que es lo que pretende el Gobierno.Las conversaciones con el ELN, un diálogo que el Gobierno piensa retomar el mes que viene formalmente, quedan fuera de esa ley, pues las bases ya fueron sentadas por la Administración de Juan Manuel Santos (2010-2018) y se busca retomar desde el punto en que las negociaciones se cayeron.
El Centro de Recursos para el Análisis del Conflicto (Cerac) publicó un informe frente a las acciones violentas que se presentaron en el mes de septiembre e involucrarían a la guerrilla del ELN. Allí, se reflejó una disminución de las acciones armadas que se presentaron en los departamentos de Norte de Santander y Arauca, zona de frontera. En el mismo sentido, el documento reveló que, en lo corrido de este año han bajado las acciones violentas atribuidas a esa guerrilla, si se compara con el 2021.Una de las personas asesinadas fue un soldado en zona rural de El Zulia, Norte de Santander, el 1 de septiembre. En Tibú, el 28 de septiembre, tres personas fueron secuestrados y les hurtaron el vehículo en el que se transportaban. Mientras que, en Arauca, durante un combate entre fuerza pública y ELN murió otro soldado; cinco más resultaron heridos."En septiembre, el ELN liberó a un civil y a un soldado del Ejército a quienes esa guerrilla había secuestrado en septiembre de 2021 y en agosto de 2022, respectivamente. Las víctimas fueron entregadas a comisiones humanitarias en Arauca y Norte de Santander", agregan.Sobre las operaciones de las Fuerzas Armadas contra esta guerrilla, el Cerac tiene registrado un operativo en el que no se usó la fuerza y se logró la captura de un guerrillero, en Norte de Santander."En septiembre, se registraron siete acciones ofensivas violentas que no fueron atribuidas a un grupo armado, pero que ocurrieron en municipios en los que Cerac registró reciente presencia violenta del ELN. En esas acciones violentas hubo reporte de víctimas: cuatro civiles murieron", señalan.Es importante recordar que el alto comisionado para la Paz, Danilo Rueda, reveló que en las regiones donde delinque esta guerrilla se ha registrado una disminución de los hechos violentos y que esto demostraría la voluntad de esa guerrilla para entablar los diálogos de paz que van a empezar en noviembre.
A pesar del anuncio del cese unilateral del fuego, por parte de las disidencias de las Farc al mando de ‘Iván Mordisco’, en el departamento del Cauca persisten choques armados que involucran a ese grupo ilegal. En el más reciente enfrentamiento, comunidades indígenas quedaron en medio de las balas.Los enfrentamientos se presentaron en el centro poblado de Pioyá, ubicado en zona rural de Caldono, donde hombres armados, al parecer de las disidencias, buscaron refugio y trinchera para responder al ataque que recibieron desde una zona montañosa por parte de guerrilleros del ELNGerardo Trochez, gobernador indígena resguardo La Aguada de Caldono, dijo que sus comunidades quedaron en medio del fuego cruzado."Lo rechazamos, quien lleva del bulto es la comunidad que nada tiene que ver con esta guerra. La comunidad indígena está quedando en medio del fuego cruzado, estos grupos están enfrentados y lo que hacen es refugiarse en los centros educativos, en las casas de las familias. Se perjudica no solo a la familia sino a la población civil”, sostuvo el líder indígena.El asesor de paz de la Gobernación del Cauca, Gustavo Andrés González, dijo que es importante que los grupos al margen de la ley respeten el derecho internacional humanitario y saquen a la población civil de los enfrentamientos"Que se estudie si los anuncios que hacen los diferentes grupos se están cumpliendo. Las otras organizaciones armadas deben entender que hay un intento de desescalamiento del conflicto y que a la vez sus acciones en contra estos grupos promueven otras situaciones que terminan dejando a la población civil en medio de acciones violentas", dijo el funcionario.Los enfrentamientos entre disidencias y ELN, que se disputan el control del territorio, se desplazan hacia la zona montañosa del norte del Cauca.
En medio de un debate de control político en la Comisión Segunda del Senado, el ministro de Defensa, Iván Velásquez, respondió los cuestionamientos de los congresistas quienes le preguntaron por la afirmación del director de la Policía, general Henry Sanabria, de que detrás de las invasiones a predios en el país estarían grupos ilegales como el ELN, las disidencias de las Farc y el Clan del Golfo.Además, el ministro también se refirió a las preocupaciones que existen por la creación de grupos de defensa de ganaderos que se han unido para proteger sus predios por miedo a las invasiones.“Hemos sido enfáticos en el señalamiento de qué no habrá ninguna tolerancia con la posibilidad de la aparición de fuerzas paramilitares. Ni siquiera el ejercicio de mecanismos propios de defensa. Esto de justicia por mano propia, ni siquiera eso es admisible porque el Estado tiene que cumplir su responsabilidad de brindar la seguridad la población”, aseguró el ministro ante los congresistas.Durante su intervención, el ministro Velásquez trató temas de seguridad nacional, la política de paz y del nuevo relacionamiento de la fuerza pública y las FF. MM. con los ciudadanos.El ministro aseguró que, de los 70 procedimientos de desalojo, que se han hecho en los cerca de 45 días que lleva el gobierno Petro, tres fueron este miércoles. Puntualmente, en el de corregimiento de San Sebastián de Lorica, Córdoba, que estaban invadidos desde el 22 de julio.Además, dijo que se tergiversó sus palabras del martes 20 de septiembre de que él habría sugerido la reducción de los hombres de la fuerza pública, aclaró que, por el contrario, él a lo que se refería es que en la medida que se tenga una fuerza pública más especializada no se necesitaba tantos hombres. Ratifica que, por ahora, se necesita más.Le puede interesar: ¿Qué es la paz total? En #BluLeExplica le contamos los detallesEscuche y siga el podcast Diagnóstico Criminal
La masacre de cuatro indígenas awá en Barbacoas, Nariño, fue registrada por una cámara de seguridad ubicada a las afuera del billar escena del múltiple homicidio.El caso se registró en el caserío de Altaquer, donde cuatro indígenas departían al momento de ser atacados por hombres armados que llegaron al lugar y dispararon sin mediar palabras.Uno de los casos más recientes de violencia contra los awá ocurrió el pasado 3 de julio, cuando tres jóvenes de ese pueblo fueron asesinados a tiros por disidencias de las Farc en el Resguardo indígena Inda Sabaleta (Nariño), cuando estaban en una reunión.La Asociación Minga denunció en ese momento que los grupos armados seguían asesinando indígenas pese a que este pueblo es reconocido por la Corte Constitucional en riesgo inminente de extinción y tiene medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).La Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) aseguró la semana pasada que hasta mediados de junio de este año habían sido asesinados al menos 85 indígenas en el país, y más de 30 de ellos pertenecían al pueblo awá.Otros casos con repercusión este año fueron los de José Albeiro Camayo, excoordinador de la guardia indígena asesinado el 24 de enero por disidentes de las Farc, y el de Breiner Cucuñame, de 14 años de edad, solo unos días antes en el mismo resguardo, Las Delicias, en Cauca.Vea el video aquí:
Una operación militar puso fin a la carrera criminal de alias ‘Libardo’, uno de los hombres más buscados del país, cabecilla principal de la estructura ‘Ismael Ruiz’ y ficha clave del Bloque Central Isaías Pardo de las disidencias de las Farc.La operación se llevó a cabo en la vereda Las Delicias, zona rural del municipio de Páez, Cauca. En una casa camuflada en medio de las montañas, alias ‘Libardo’ se escondía junto a varios miembros de su estructura, entre ellos menores reclutados a la fuerza que estaban siendo adoctrinados. El lugar funcionaba como un centro de entrenamiento ideológico y militar.Su trayectoria delictiva es extensa. Según inteligencia militar, este peligroso criminal participó activamente en las filas de la extinta guerrilla de las Farc y luego en las disidencias bajo el mando de ‘Iván Mordisco’. En 2022 fue el responsable de la emboscada en San Luis, Neiva, que dejó siete policías muertos.Desde entonces, su nombre estuvo ligado a múltiples ataques contra tropas del Ejército, secuestros, asesinatos de excombatientes firmantes del acuerdo de paz, y actos de terrorismo con drones, como el ataque a la base militar de Casaverde en julio de 2024.Alias ‘Libardo’ era más que un cabecilla armado. De acuerdo con su perfil criminal, ejercía control territorial en varios municipios del Tolima y el Huila, extorsionaba al sector comercio, cafetero y transportador, y lideraba la instrumentalización de menores para nutrir sus filas armadas.Su caída representa, según el almirante Francisco Cubides, comandante general de las FFMM, un golpe estratégico que debilita la expansión criminal del bloque ‘Isaías Pardo’ y reduce la amenaza contra civiles, líderes sociales y la Fuerza Pública.Este hombre era requerido por la Fiscalía por homicidio, extorsión, concierto para delinquir y porte ilegal de armas, y sobre él pesaba una recompensa de más de 1.600 millones de pesos. En apenas tres años, pasó de guerrillero raso a ser el sucesor de alias ‘Cholinga’ y se convirtió en el hombre de confianza de alias ‘Iván Mordisco’.La muerte de este criminal marca un antes y un después en la ofensiva militar contra las disidencias de las Farc en el suroccidente del país. Las FFMM sostienen que se han registrado más de 340 combates en lo corrido del año, con un incremento del 40 % en operaciones ofensivas. Ahora, el objetivo son alias ‘Marlon Vásquez’ y alias ‘Chapolo’, quienes heredaron estructuras debilitadas, sin el liderazgo violento de ‘Librado’.
Una operación conjunta entre el Ejército Nacional y la Policía permitió recuperar un millonario cargamento de café que había sido robado en el sur del país. El hecho se registró en zona rural del municipio de Cajibío, Cauca, donde tropas de la brigada 29, en coordinación con unidades de la división de Policía del Cauca, ubicaron una tractomula que transportaba más de 32 toneladas de café tipo exportación. Según estimaciones, el valor de la carga supera los 1.000 millones de pesos.El hallazgo se dio tras una maniobra de inteligencia que permitió interceptar el vehículo antes de que la mercancía fuera movilizada fuera del departamento. Durante el operativo fueron capturadas dos personas, señaladas por las autoridades de pertenecer al grupo armado residual estructura Jaime Martínez, una organización criminal con injerencia en esa región y con antecedentes en el robo sistemático de mercancías de alto valor.Además de recuperar el café, los uniformados incautaron un equipo de comunicación y un inhibidor de señal, elementos que, según las autoridades, iban a ser utilizados por los delincuentes para evitar el rastreo satelital de la tractomula y así dificultar su ubicación tras el robo.Tanto los capturados como el material decomisado quedaron a disposición de la Fiscalía, mientras continúan las investigaciones para establecer la totalidad de la red criminal involucrada. Las autoridades destacan que este tipo de acciones afectan directamente las finanzas de los grupos ilegales que operan en el suroccidente colombiano.
El Frente de Guerra Occidental del ELN amenaza con la ejecución de un nuevo paro armado en todo el departamento del Chocó que se extenderá durante dos días, desde las 00:00 horas del viermes 25 de julio hasta la medianoche del sábado 26.La declaración, difundida por medios locales y redes sociales, advierte a la población sobre restricciones totales en la movilidad terrestre y fluvial, lo que dejaría a miles de personas confinadas en sus viviendas durante el fin de semana.El grupo armado ilegal hace un llamado directo a la ciudadanía, incluyendo transportadores de carga y pasajeros, para que se abstengan de circular durante el tiempo estipulado. “Nuestras unidades estarán presentes en los corredores de movilidad para dar cumplimiento a dicha orden”, se lee en el mensaje de amenaza.Este tipo de paros armados generan afectaciones directas a la población civil, no solo por el confinamiento forzado, sino por el impacto en el abastecimiento de alimentos, medicamentos y servicios esenciales. Comerciantes, viajeros y comunidades indígenas que dependen de la movilidad diaria para sus actividades se verán especialmente afectados.La Defensoría del Pueblo ya ha emitido alertas tempranas sobre la presencia de actores armados en el territorio y el riesgo que representan para la vida e integridad de las comunidades. Se espera pronunciamiento oficial por parte del Gobierno y de las FFMM, que deberán coordinar una respuesta ante esta amenaza que, de concretarse, pondría en jaque la seguridad y el desarrollo de actividades básicas en gran parte del departamento.
El grupo de la Mesa Nacional Cacaotera se pronunció hoy en contra de los precios del cacao en el país y pidieron a la ministra de Agricultura, Martha Carvajalino, abrir la conversación para construir un acuerdo que permita estabilizar los precios del grano a los productores en ciertas regiones del país.La tonelada de cacao se paga a 8.300 dólares en el exterior, pero en Colombia se paga el kilo a $22.000 cuando, según los cacaoteros, deberían pagarlo a más de 30.000 pesos.Ederson Niño Navarro, presidente de la Mesa Nacional Cacaotera en Santander, aseguró que si antes del 30 de julio el Gobierno no da una respuesta, harán un paro en las principales vías del país, como la Panamericana y la troncal del Magdalena medio. “Lo que corresponde a la mesa nacional cacaotera, que agrupa a una gran parte de las familias cacaoteras del país, tendríamos que generar un paro nacional haciendo la legítima protesta para defender el sector productivo del país”, anunció Niño.A través de un comunicado, la Mesa Nacional Cacaotera de Colombia denunció que las políticas públicas en torno al cacao no se han abordado de manera correcta por este Gobierno, por lo que esperan una respuesta de la ministra Carvajalino, a más tardar en la tarde de este martes 22 de julio.“Denunciamos las prácticas desplegadas por las grandes industrias y exportadores que ejercen el monopolio sobre la producción, el comercio, la transformación y la exportación del cacao en sus diferentes formas, así como la falta de actuación por parte de los órganos rectores del gremio cacaotero”, se lee en el comunicado firmado por representantes de las mesas cacaoteras de Santander, Huila, Tolima, Bolívar, Arauca y la Asociación Campesina Agropecuaria y Piscícola de Santander.La propuesta de los cacaoteros al Gobierno es que se reúnan este 24 de julio para hablar de las necesidades del sector.Sin embargo, la Federación Nacional de Cacaoteros (Fedecacao) informó, a través de un comunicado, que ellos no están convocando a ningún tipo de manifestación, paro cacaotero, y que mantienen un diálogo abierto y constante con el Ministerio de Agricultura.
El director general de la Policía, general Carlos Fernando Triana, llegó al departamento de Arauca para asumir personalmente el seguimiento del caso del subintendente y patrullero secuestrados por el ELN en zona rural del municipio de Tame.Los secuestrados son el subintendente Franque Esley Hoyos Murcia y el patrullero Fabián Pérez Mendoza, ambos adscritos al cuerpo élite de investigación de la Dijin, quienes fueron interceptados y privados de la libertad en medio de su labor cotidiana que es investigar ataques contra líderes sociales y defensores de derechos humanos en concordancia con el acuerdo de paz de la Habana en 2016.El general Triana se reunió con autoridades locales y la cúpula policial de la región para coordinar acciones de búsqueda y protección a sus vidas.“El ELN es absolutamente responsable por la integridad y la vida de nuestros policías”, afirmó el director, quien destacó que los uniformados cumplían funciones orientadas al esclarecimiento de homicidios contra líderes sociales y defensores de derechos humanos, en el marco del acuerdo de paz firmado en La Habana.Triana anunció que el secuestro será denunciado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por representar una violación grave al Derecho Internacional Humanitario. Además, expresó su solidaridad institucional con las familias de los policías retenidos y exigió su liberación inmediata y sin condiciones.“No es solo un ataque a dos servidores públicos, es un ataque directo al trabajo de protección de líderes sociales en el país. Gracias a ellos se han logrado esclarecer 26 homicidios de líderes sociales en Arauca en los últimos tres años”, destacó el general.
El ELN confirmó en las últimas que tiene en su poder a los dos agentes de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijín) de la Policía, secuestrados durante una operación de “control territorial” en el departamento de Arauca.Según la información del ELN, los hechos ocurrieron el 20 de julio de 2025, cuando los dos policías se movilizaban por la vía que conecta el municipio de Tame con la ciudad de Arauca, en ese momento fueron interceptados por hombres fuertemente armados.Los secuestrados fueron identificados como Franki Esley Hoyos Murcia, subintendente con 17 años de servicio Y Yordin Fabián Pérez Mendoza, patrullero con más de 10 años en la institución.El ELN afirmó haberles incautado dos pistolas 9mm, un computador y documentos. En el comunicado, el ELN asegura que los agentes están “sanos y salvos” y responsabiliza al Estado de cualquier daño que sufran, especialmente en caso de intentos de rescate militar.
Fue en medio de patrullajes de control que un perro antiexplosivos de la Fuerza de Despliegue Rápido N.º 1 de la Fuerza de Tarea Omega del Ejército logró ubicar un artefacto explosivo improvisado junto a unas viviendas en una de las vías por donde se iba a realizar el desfile militar del 20 de julio.Este artefacto, dicen las autoridades, se encontraba dentro de bolsas de basura y había sido dejado en medio de las viviendas y cerca de un jardín infantil, zona de la inspección La Julia, del municipio de Uribe, Meta.Tras la verificación, un equipo de explosivos, detonaciones y eliminación de artefactos, siguiendo todos los protocolos establecidos, procedió a despejar la zona con el apoyo de la Policía, y posteriormente realizó la destrucción de este artefacto de manera controlada.“Con esta acción, se neutralizaron las acciones del enemigo que buscaba atentar contra la vida e integridad de la población civil y las tropas desplegadas durante la conmemoración de los 215 años de Independencia”, destacó el Ejercito.La Fuerza de Tarea Omega rechazó este acto que pudo afectar muchas vidas y anunció el refuerzo de las operaciones ofensivas en la zona para combatir los grupos armados organizados, por lo que invitó a la población a denunciar todo acto sospechoso a través de la línea 107 antiterrorismo.
La Cuarta División del Ejército confirmó que tropas desplegadas en zona rural del municipio de Calamar, en el departamento del Guaviare, fueron blanco de un ataque con artefacto explosivo improvisado lanzado mediante un dron por las disidencias de las Farc, en hechos ocurridos el pasado 3 de julio de 2025.De acuerdo con el comunicado oficial, los responsables del ataque serían integrantes de la las disidencias de las Farc, quienes emplearon un dron para arrojar una granada de fabricación artesanal contra las instalaciones del Batallón de Infantería de Selva N.° 24 General Camacho Leyva, adscrito a la Vigésima Segunda Brigada de Selva.El artefacto detonó en el costado oriental externo del puesto de mando, donde se encontraba personal militar del dispositivo avanzado de combate. Sin embargo, gracias a las medidas de protección activadas por los soldados, no se presentaron afectaciones en el personal ni daños a la infraestructura militar.Tras la detonación, las tropas activaron el plan de reacción y contrataque, que incluyó el despliegue de medios aéreos no tripulados para asegurar el perímetro en un radio de 360 grados. Las unidades en la zona fueron alertadas y el dispositivo de seguridad permanece en máximo alistamiento para prevenir nuevos ataques.El Ejército Nacional calificó este hecho como una violación al derecho internacional humanitario y anunció que se adelantarán las respectivas denuncias ante las autoridades competentes. Asimismo, la Cuarta División reiteró su compromiso con la seguridad del suroriente colombiano, la defensa de la población civil y el respeto por los derechos humanos, manteniendo su presencia activa y contundente en la región.
Este martes, se desató una ola violenta por parte de las disidencias de las Farc al mando de alias 'Iván Mordisco' en diferentes zonas del Cauca y el Valle, incluida Cali. Los hechos dejan hasta el momento cinco personas heridas y cuatro más fueron asesinadas. Dese la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales, Asocapitales, rechazaron los ataques advirtiendo que la política de paz ha fallado."Estas acciones, ocurridas en el suroccidente del país, son consecuencia del debilitamiento de las capacidades de la fuerza pública y del fortalecimiento de organizaciones criminales, cuyo accionar se ha visto facilitado por una política de paz fallida, la ausencia de una estrategia clara de seguridad y lucha contra el crimen, la reducción del presupuesto en defensa, y la expansión acelerada de economías ilegales en centros urbanos y zonas rurales"; señala en un comunicado Asocapitales.Por otro lado, hicieron un llamado para que se tomen medidas urgentes con el fin de garantizar la seguridad en Colombia."La ocupación permanente de los territorios controlados por economías criminales, el combate al tráfico de armas y explosivos, la finalización inmediata de cualquier zona afectada por ceses al fuego, la reconstrucción del pie de fuerza y de las capacidades operativas de la fuerza pública, así como el fortalecimiento de la acción judicial contra el crimen y las organizaciones terroristas, son medidas urgentes e inaplazables", dice el documento.
El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, atribuyó el atentado terrorista que iba a a ser llevado a cabo en Miraflores, Guaviare, a las disidencias de las Farc al mando de alias ‘Iván Mordisco’. De acuerdo con el jefe de la cartera, esto confirma que la voluntad de alias ‘Mordisco’ nunca ha sido la paz.“Gracias a la capacidad de anticipación de nuestra Fuerza Pública, neutralizamos un plan criminal del Frente 1 del Bloque Amazonas que buscaba aterrorizar a nuestra población que transita en el área de Miraflores, Guaviare”, indicó el ministro de Defensa sobre el frustrado atentado terrorista.Un lancha cargada con explosivos fue abandonada en inmediaciones del puerto de Miraflores y, según el ministro, fue por la intervención oportuna de técnicos antiexplosivos que se evitó una tragedia. En la lancha, destaca la autoridad, fueron encontrados los siguientes elementos:4 cilindros con 20 kg de explosivos cada uno.Potencial destructivo de 200 metros a la redonda“Nuestros equipos ejecutaron una detonación controlada en zona segura, protegiendo la vida de soldados y civiles. En este momento se desarrollan operaciones para capturara los terroristas. No vamos a permitir que el terrorismo regrese a nuestros territorios”, agregó el ministro.Sánchez agregó además que el Estado colombiano tiene un programa de atención humanitaria al desmovilizado. “Desmovilícense. No le sigan haciendo daño a nuestros campesinos y a Colombia”.