Un informe de inteligencia militar permitió destapar a dos poderosos narcotraficantes que, desde las sombras, estarían detrás de la operación criminal de las estructuras ‘Carlos Patiño’ y ‘Martín Villa’, brazos armados de las disidencias de las Farc bajo el mando de alias ‘Iván Mordisco’. Se trata de alias ‘Cheli’ y alias ‘Toro’, de 35 y 40 años respectivamente, dos hombres oriundos del norte del Cauca que comenzaron en el negocio de la marihuana y hoy manejan complejas redes de tráfico internacional de cocaína.¿A dónde envían droga estos capos?El informe señala que estos dos capos envían mensualmente más de cinco toneladas de droga hacia Centroamérica, con cargamentos que tienen como principales compradores al Cártel de Jalisco Nueva Generación y al Cártel de Sinaloa. Recientemente, también se detectaron despachos menores hacia la Nueva Familia Michoacana, organización que atraviesa un proceso de reacomodo en México y que ha encontrado en la cocaína colombiana un salvavidas para sostener su aparato criminal.La riqueza de ‘Cheli’ y ‘Toro’, amasada durante más de una década en el narcotráfico, ha sido invertida a través de testaferros en fincas, balnearios, ganadería, apartamentos y vehículos de carga, lo que les ha permitido lavar capitales y mantenerse en la clandestinidad. Parte de esas fortunas financian directamente a las disidencias: proveen fusiles M16, Tavor, AK-47, explosivos, municiones y equipos de comunicaciones, además de dinero en efectivo para sostener operaciones armadas.¿Qué negocio tienen con estructuras de 'Iván Mordisco?A cambio, la ‘Carlos Patiño’ en el Cauca y la ‘Martín Villa’ en el Meta deben garantizar la protección de cultivos ilícitos, cristalizaderos y rutas del narcotráfico que permiten sacar la cocaína hacia el exterior. Este engranaje asegura dividendos millonarios para ambas partes, consolidando un pacto criminal que refuerza el poder de alias ‘Iván Mordisco’ en regiones estratégicas.Las investigaciones también revelaron que ‘Cheli’ y Toro mantenían negocios con alias ‘Kevin’, segundo cabecilla de la ‘Carlos Patiño’, quien se entregó a las autoridades en agosto pasado en zona rural de El Estrecho, Cauca. Sin embargo, los dos narcos lograron evadir operativos recientes gracias a una amplia red de informantes dentro de la población civil, que los alerta cada vez que la fuerza pública inicia movimientos en sus corredores de movilidad.Aunque las autoridades cuentan con fotografías y huellas dactilares de ambos, sus nombres aún no han podido ser confirmados. Aun así, quedaron rastros en trámites notariales realizados con identidades falsas, los cuales ya fueron detectados y están siendo rastreados por la Dijín y el Ejército.
El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, responsabilizó directamente al Gobierno nacional del debilitamiento de las capacidades de la fuerza pública y de las condiciones que permitieron el ataque de las disidencias de las Farc en Amalfi, Antioquia, que dejó varios uniformados muertos y heridos.En entrevista para Mañanas Blu, con Néstor Morales, el mandatario lamentó la lentitud en la reacción del Estado frente al hostigamiento. “A las 11:30 de la mañana ya teníamos un saldo lamentable de seis uniformados muertos y otro tanto heridos. Y no puede ser que 30 bandidos hayan puesto en jaque casi durante 24 horas a la institucionalidad en su conjunto”, afirmó.Rendón aclaró que su crítica no es contra la Policía ni contra los soldados, sino contra el Gobierno. “Es una falta de determinación del Gobierno nacional, de una conducción eficiente de las capacidades en su conjunto”, aseguró.¿Fracasó política de paz total?El gobernador señaló que la política de paz total ha fortalecido a las estructuras criminales en Antioquia. “Por cuenta de esa política equívoca de Petro, las disidencias Farc han crecido en Antioquia un 70 %, el Clan del Golfo un 60 %. Municipios que habían sido declarados libres de coca hoy son de nuevo enclaves cocaleros”, indicó.A esto se suma, según Rendón, la bonanza del oro ilegal. “Todo eso ha engrosado las rentas criminales, que los tienen estrenando uniformes riquísimos con tecnología como esta que pusieron infortunadamente ayer, al servicio del terror y con la que no cuenta la fuerza pública”, denunció.¿Qué pasa con los recursos para la fuerza pública?Uno de los señalamientos más fuertes del mandatario fue contra la reducción de inversión en seguridad. “¿Cómo se explica usted que una brigada como la Cuarta en Antioquia, que tiene bajo su jurisdicción más de 90 municipios, este año haya recibido apenas 32 millones de pesos para inversión? Con eso no tanquea ni los vehículos de un pelotón ni las motocicletas en un par de meses”, dijo.Rendón comparó esa cifra con el esfuerzo que hizo su administración para imponer la tasa de seguridad y recaudar un billón de pesos. “No lo hacíamos por capricho, sino porque entendíamos la precariedad dotacional, de infraestructura, de equipamiento en la que estaban soldados y policías. El Gobierno nacional desmanteló la capacidad de inversión que debía tener rutinariamente la fuerza pública”, aseguró.El gobernador agregó que “lo único que llega oportunamente a soldados y policías es su salario”, y denunció que buena parte de los helicópteros Black Hawk están en tierra por falta de mantenimiento.Rendón también criticó la liberación de jefes de las disidencias bajo la figura de “gestores de paz”. Recordó la captura de alias Calarcá y otros cabecillas en Barbosa, Antioquia, en 2023, quienes posteriormente fueron liberados. “Petro y su fiscal de bolsillo, la fiscal Camargo, los declararon gestores de paz y los liberaron. ¿Qué le puede quedar en el corazón a un soldado o un policía cuando recuerda eso?”, cuestionó.Para el mandatario, esas decisiones equivocadas hoy tienen consecuencias en departamentos como Valle y Antioquia. “Cuánto dolor nos hubiésemos evitado si ese criminal estuviera tras las rejas”, afirmó.Escuche la entrevista completa en el audio adjunto:
El alcalde de Cali, Alejandro Eder, advirtió tras el atentado con carro bomba ocurrido en la ciudad que lo sucedido no puede verse como un hecho aislado, sino como una amenaza que puede expandirse a otras regiones de Colombia si no hay una respuesta rápida y contundente de las autoridades nacionales.En entrevista para Mañanas Blu, con Néstor Morales, Eder explicó que la situación en Cali es “estable”, con presencia permanente del ministro de Defensa y de la cúpula militar, quienes permanecen en la capital del Valle del Cauca para coordinar las acciones tras la emergencia.El mandatario confirmó que en las próximas horas se pondrá en marcha un Puesto de Mando Unificado permanente entre la Nación, la Alcaldía, la Gobernación y la fuerza pública con el objetivo de recuperar la zona de Jamundí.“Venimos advirtiendo desde hace 20 meses que Jamundí es la principal amenaza para Cali. Es inaceptable tener 2.000 hectáreas de coca a 15 kilómetros de la Universidad del Valle. Eso es como si en Bogotá estuvieran sembradas al lado de la Universidad de La Sabana”, señaló Eder.¿Cuál era el objetivo del atentado en Cali?El alcalde fue enfático en que el ataque con carro bomba buscaba causar una masacre. “Uno no pone un camión bomba a las 2:50 de la tarde por la carrera Octava, que es una calle principal de Cali que tiene trancón a esa hora, si no es para matar. Querían asesinar, querían sembrar terror”, afirmó.Sobre el segundo vehículo cargado con explosivos que no estalló, explicó que se trató de una falla de los atacantes. “Gracias a Dios no explotó, pero no quiero decir que por chambones. Son grupos de traquetos que están aprendiendo, pero que tienen que ser atendidos ya porque su objetivo es asesinar colombianos y reclutar niños en barrios marginados”, agregó.Eder reconoció que la fuerza pública mantiene su profesionalismo, pero insistió en que enfrenta limitaciones de recursos. “La capacidad de inteligencia que teníamos hace algunos años, la que permitió operaciones como Jaque o la caída de Cano, hoy está desfinanciada. Se han recortado hasta en un 30 % los recursos para seguridad, afectando capacidades estratégicas como la aérea. Eso es lo que se debe recuperar”, indicó.El mandatario aseguró que desde la Alcaldía se han duplicado los recursos de seguridad, al igual que en otras ciudades del país, pero recalcó que los municipios no tienen cómo financiar inteligencia, helicópteros ni aumentar pie de fuerza. “Eso lo debe hacer el Gobierno nacional”, sostuvo.El alcalde comparó a los actuales disidentes con los exguerrilleros con los que alguna vez negoció en La Habana. Recordó la captura de alias 'Sebastián', uno de los responsables del ataque, a quien describió como un joven que tenía brackets. “En más de una década nunca vi un desmovilizado con frenos. Eso quiere decir que tienen tiempo y comodidad para entrar a la ciudad y hacerse ese tipo de procedimientos. Estos no son guerrilleros, son delincuentes traquetos”, señaló.¿Cómo frenar el terrorismo en Cali?Eder insistió en que no se debe hablar de paz con estos grupos. “Con esta gente no hay nada que hablar, son delincuentes. Se puede hablar de sometimiento a la justicia, pero lo más importante ahora es empoderar a la fuerza pública para que recobre el control territorial”, dijo.El mandatario reiteró que lo ocurrido en Cali no es solo un problema local. “Esto no es aceptable para los caleños y no puede ser aceptable para Colombia, porque ese deterioro se está viviendo en todo el país. Si no hay un actuar contundente y rápido, lo que estamos viviendo aquí próximamente se vivirá en otras ciudades e intermedias de Colombia”, advirtió.Finalmente, valoró que el presidente Gustavo Petro calificara a estos grupos como “organizaciones terroristas” y que diera instrucciones claras para recuperar el territorio. “Ese es un paso importante, pero ahora necesitamos que se materialicen los recursos y se ejecute lo acordado. Aquí está en juego la vida de los caleños y de todos los colombianos”, concluyó.Escuche la entrevista completa en el audio completo:
Las comunidades rurales del sur de Bolívar emitieron una alerta a las autoridades denunciado constantes amenazas, desplazamientos y enfrentamientos armados como consecuencia de la presencia de criminales del ELN y el Clan del Golfo que se disputan el control del territorio, los cultivos ilícitos y las rutas del narcotráfico.En respuesta a este llamado ciudadano, el Ejército, a través de la Brigada 19 y la Fuerza de Despliegue Rápido N.º 9, desplegó una ofensiva militar para contrarrestar la expansión y el accionar de estos grupos ilegales.Cabecillas ELNUno de los principales objetivos de esta operación son los cabecillas del frente de Guerra ‘Darío Ramírez Castro’ del ELN, quienes han impuesto el terror en la zona. Se trata de Jesús Navarro Robles, alias ‘Omar’ o ‘Casinga’, máximo jefe de esta estructura. Bajo su mando se han ordenado ataques armados y hostigamientos contra tropas del Ejército, así como acciones de intimidación a pobladores en la serranía de San Lucas.Le sigue alias ‘Ernesto’, líder de la subregión Sur-Norte del mismo frente, señalado como autor de múltiples atentados contra la fuerza pública y la comunidad. Según inteligencia militar, este cabecilla dirige a sus hombres desde las zonas altas de la serranía, donde ha instalado campamentos para coordinar emboscadas y amedrentamientos.Otro de los hombres más buscados por las autoridades es alias ‘Harold’, responsable de operar la Compañía Tito Marín, y quien ha introducido el uso de drones con explosivos como forma de ataque a las tropas en terreno, generando preocupación por la capacidad tecnológica y el poder destructivo que ha adquirido la estructura criminal bajo su mando.Cabecillas Clan del GolfoPero la amenaza no termina ahí. En paralelo al accionar criminal del ELN, el Clan del Golfo también tiene fuerte presencia en esta región. Al mando de la estructura ‘Arístides Mesa Páez’, aparece Roineiro David Jiménez, conocido como alias ‘Jefferson’, un hombre que es considerado uno de los jefes más violentos de esa organización en el sur de Bolívar, con un largo prontuario por extorsión, tráfico de armas y coordinación de redes criminales en zona rural.A su lado delinque Luis Alberto Henao Cardozo, alias ‘Bejuco’, cabecilla de la subestructura ‘Euclides Arley Pérez Góez’, quien ha liderado enfrentamientos directos contra el ELN en la Serranía del Guamocho, buscando ampliar su dominio y controlar corredores estratégicos para el transporte de cocaína. Completa la cúpula alias ‘Piña’, jefe de la subestructura ‘Erlín Pino Duarte’, también implicado en homicidios selectivos y alianzas con redes ilegales para sostener el poder territorial de su grupo.La confrontación entre estos grupos armados deja a las comunidades rurales atrapadas en medio del fuego cruzado, por lo que el objetivo de la operación militar en curso es neutralizar las capacidades criminales de estas estructuras, impedir que continúen expandiéndose y garantizar la seguridad de miles de familias afectadas por años de abandono estatal y violencia sistemática.Las tropas del Ejército intensificaron patrullajes, aseguramiento de veredas, instalación de puntos de control y ofensivas en áreas montañosas de difícil acceso. Además, se reforzó la inteligencia en coordinación con la Fiscalía y otras autoridades, buscando golpear las finanzas y las redes de apoyo de estos grupos, al tiempo que se brinda protección a líderes sociales y campesinos que han sido amenazados por denunciar.
Venezuela eligió el jueves a su reina de belleza en una noche cargada de luces, música y muchas lentejuelas que algunos en la audiencia vieron como un respiro ante la tensión por el despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe.La candidata del estado Miranda, Clara Vegas Goetz, representará a Venezuela en el certamen de Miss Universo en 2026. Sucede a Stephany Abasali, que terminó segunda finalista en este concurso internacional de hace dos semanas.Uno de los espectáculos de mayor tradición en Venezuela, el Miss Venezuela se celebró por tercer año consecutivo en la terraza de un centro comercial de Caracas, lejos del lujo de los grandes escenarios del pasado en este país en crisis.Muchos en el público acudieron con vestidos largos de lentejuelas y tacones altos, o esmoquin.Un petardo sonó de repente a lo lejos. "¡Ay, nos invadieron!", bromeó una mujer. Es un chiste recurrente desde que Estados Unidos movilizó al Caribe al mayor portaviones del mundo junto a buques de guerra, aviones caza y miles de soldados.Washington sostiene que el despliegue forma parte de operaciones contra el narcotráfico, aunque el presidente Nicolás Maduro insiste que el objetivo es derrocarlo y apoderarse de las riquezas del país.Jorge Guillén y Jean Piero Torrealba, maquilladores de 52 y 45 años, asisten religiosamente al Miss Venezuela. Desde la tribuna de cemento, aplaudieron, comentaron, hicieron sus pronósticos."Esto te saca de esa realidad", dijo Torrealba a la AFP sin referirse directamente a la crisis con Estados Unidos. Es un tema delicado en Venezuela."En Venezuela primero es el Miss Venezuela, luego el béisbol y tercero el fútbol", señaló por su parte Oswan Vegas, estudiante de 23 años.El desfile en traje de baño celebró "la venezolaneidad", según el presentador. Y en el último desfile de Abasali hubo música dedicada a Venezuela con trajes típicos y muchas banderas.Vegas Goetz es hija de Andreína Goetz, Miss Venezuela 1990, y figuraba entre las favoritas."Nosotros como venezolanos trabajamos por el futuro", dijo en inglés para remendar una torpe respuesta en español. "Trabajamos por un futuro más brillante. Amor, paz y felicidad".El Miss Venezuela ha debido reinventarse tras las dificultades económicas de este país caribeño y un grave escándalo de explotación sexual.
La estatal Ecopetrol inició la operación de la Granja Solar La Iguana, un complejo fotovoltaico ubicado en Yondó (Antioquia) que aportará 26 megavatios pico (MWp) de capacidad instalada para respaldar las operaciones industriales de la compañía en el Magdalena Medio. El proyecto, levantado sobre 26 hectáreas, reúne 42.840 paneles solares capaces de producir cerca de 42,2 gigavatios-hora (GWh) anuales.La energía generada será destinada al autoabastecimiento de la Refinería de Barrancabermeja y de los campos de producción Casabe y Llanito, lo que permitirá sustituir aproximadamente el 6% de la electricidad que estos activos demandan.De acuerdo con la empresa, la entrada en funcionamiento del complejo liberará 1,09 GBTUD de gas natural, hoy utilizado para autogeneración, y evitará la emisión de unas 26.000 toneladas de CO₂ al año, equivalente al consumo energético anual de 23.500 viviendas.Con la puesta en marcha de este proyecto, Ecopetrol continúa ampliando su matriz de autogeneración renovable, que tiene como meta alcanzar 900 MW instalados en 2025. La compañía destacó que la iniciativa se alinea con sus planes de eficiencia energética y descarbonización en un segmento altamente intensivo en consumo eléctrico.Durante la fase de construcción se generaron 286 empleos, de los cuales 221 correspondieron a mano de obra local. Entre ellos participaron 39 mujeres, incluidas 29 cabeza de hogar. El proyecto también impulsó programas de formación y apoyo educativo en la zona: un curso técnico en alianza con el Sena para 120 mujeres, acompañamiento académico para 160 estudiantes de grado 11 y la intervención de la cubierta de la Institución Educativa La Patria, con una inversión cercana a los 800 millones de pesos.“Esta Granja Solar es un paso firme en nuestra visión de buscar que Ecopetrol sea cada vez más eficiente, enfocada en garantizar la seguridad y la soberanía energética del país, y la transición hacia combustibles más limpios, con un importante compromiso con el desarrollo de las regiones para avanzar hacia un futuro más sostenible en Colombia”, afirmó el presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa Barragán.La Granja Solar La Iguana se suma a las iniciativas de generación renovable que Ecopetrol ha desplegado en distintas regiones del país, en momentos en que el sector energético enfrenta el desafío simultáneo de garantizar seguridad en el suministro y avanzar hacia la reducción de emisiones.
Estados Unidos quiere reajustar su presencia global para centrarse más en América Latina y en la lucha contra la migración, según la nueva estrategia de la administración de Donald Trump publicada a primera hora del viernes.El documento, titulado "Estrategia Nacional de Seguridad", expone con firmeza el objetivo de de reforzar la influencia de Estados Unidos en América Latina, donde la administración Trump está atacando a presuntas narcolanchas, está inmersa en una confrontación con el mandatario izquierdista Nicolás Maduro, y busca tomar el control de recursos clave como el Canal de Panamá.Concebido para desarrollar la visión "America First" (Estados Unidos Primero) de Trump, la nueva estrategia estadounidense marca una reorientación de su política de los últimos años que se centró en Asia, aunque sigue identificando a China como su principal competidor.El documento presenta a Trump como el modernizador de la Doctrina Monroe, proclamada hace dos siglos, en la que Estados Unidos declaró a América Latina fuera del alcance de potencias rivales, entonces europeas.Washington reajustará su "presencia militar global para hacer frente a amenazas urgentes en nuestro Hemisferio, y alejarnos de escenarios cuya importancia relativa para la seguridad nacional estadounidense ha disminuido en las últimas décadas o años", reza el texto.Washington quiere además, bajo la presidencia de Trump, poner fin a las migraciones masivas en el mundo y hacer del control de las fronteras "el elemento principal de la seguridad" estadounidense, de acuerdo al documento."La era de las migraciones masivas debe llegar a su fin. La seguridad de las fronteras es el elemento principal de la seguridad nacional", señala la nueva estrategia."Debemos proteger a nuestro país contra las invasiones, no solo contra las migraciones descontroladas, sino también contra las amenazas transfronterizas como el terrorismo, las drogas, el espionaje y la trata de personas", agrega.En el documento, Washington también critica duramente a los aliados europeos y señala que Estados Unidos respaldará a quienes se opongan a los valores promovidos por la Unión Europea, especialmente en materia de inmigración.El texto añade que Estados Unidos también impediría que otras potencias dominen, pero precisó: "Esto no significa desperdiciar sangre y recursos para limitar la influencia de todas las grandes y medianas potencias del mundo".
La Contraloría General de la República advirtió que persisten fallas estructurales en la forma como el país protege sus páramos. Según los resultados de auditorías realizadas entre 2023 y 2024, el Ministerio de Ambiente y las autoridades regionales no han logrado coordinarse de manera efectiva para implementar los Planes de Manejo de Páramos ni para avanzar en el saneamiento predial, dos procesos esenciales para garantizar la conservación de estos ecosistemas estratégicos.“Estamos ad portas de lo que será una nueva posesión ya de Contralores Territoriales, en la cual nos vamos a estar convocando a una reunión para presentar y definir esta estrategia, de la cual deben formar parte, de igual manera, el Ministerio del Medio Ambiente, la Procuraduría General de la Nación, la Fiscalía General de la Nación, las corporaciones autónomas regionales y, de igual manera, el Congreso de la República”, indicó el Contralor.El organismo de control también hizo un seguimiento macrofiscal a los recursos destinados a la protección de páramos entre 2020 y 2024, encontrando brechas significativas entre lo asignado y lo ejecutado. Durante ese periodo se rastrearon USD 72.7 millones de cooperación internacional, $25.293 millones aportados por el Ministerio de Ambiente y más de $215.000 millones ejecutados por las CAR, pero los avances siguen siendo limitados.En este contexto, el contralor General, Carlos Hernán Rodríguez Becerra, insistió en la necesidad de diseñar una política pública nacional que unifique criterios y establezca responsabilidades claras entre entidades como el Ministerio de Ambiente, la Procuraduría, la Fiscalía y los entes de control territorial. La propuesta se enmarca en la estrategia “Páramos en la Cima del Control – Un Nuevo Ciclo”, que busca fortalecer la vigilancia sobre los recursos y acciones dirigidas a la protección de estos ecosistemas.Rodríguez recordó que los páramos son refugio de cientos de especies endémicas y hogar de más de 76.000 habitantes con profundos vínculos socioculturales con el territorio. “El 50% de los páramos a nivel mundial están en Colombia. Razón por la cual es urgente que Colombia diseñe una política pública dirigida exclusivamente a que exista una adecuada coordinación de carácter interinstitucional que nos permita proteger esa reserva que nos caracteriza a nivel mundial”, aseguró.Pese a su importancia, los páramos enfrentan amenazas crecientes como la expansión agrícola, la praderización, la ganadería intensiva, la introducción de especies exóticas y la minería. Estas presiones están transformando sus coberturas naturales y reduciendo su capacidad de regulación hídrica, lo que pone en riesgo su biodiversidad y su función como fábricas de agua del país.El Contralor insistió en que avanzar hacia un modelo de desarrollo sostenible debe ser una prioridad nacional. Según el ente de control, la protección de los páramos no solo es una necesidad ambiental: es una responsabilidad del Estado colombiano y un compromiso con las generaciones futuras.
El reciente borrador de decreto del Gobierno Nacional sobre el ajuste al deslizamiento del salario mínimo encendió las alarmas en el sistema pensional privado. Según Andrés Velasco, presidente de Asofondos, la implementación de esta medida implicaría que los trabajadores colombianos tendrían que laborar hasta diez años adicionales para lograr una pensión de un salario mínimo, debido al aumento en el costo de las rentas vitalicias y la disminución del respaldo financiero por parte del Estado.En diálogo con Mañanas Blu con Néstor Morales, Velasco explicó con detalle los impactos fiscales y previsionales del borrador y advirtió que, en caso de aplicarse, “habría menos pensionados y se pondría en riesgo el aseguramiento previsional, que cubre invalidez, incapacidad y sobrevivencia”.Un descalce creciente por el deslizamiento del salario mínimoEl eje de la controversia está en la diferencia entre el aumento anual concertado del salario mínimo y las variables técnicas que deberían fundamentarlo —inflación y productividad—. Velasco detalló que esta brecha genera un descalce que debe ser compensado por el Gobierno a las aseguradoras que pagan rentas vitalicias.“El aumento del salario mínimo tiene un componente discrecional y político que genera un descalce en las bolsas de las aseguradoras. Eso debe ser compensado”, explicó. Pero el borrador de decreto busca reducir ese monto de compensación, lo que para Asofondos “pone en riesgo las promesas de pago a los pensionados”.Para este año, la compensación que debe girar el Gobierno asciende a 2 billones de pesos, cifra que se vería reducida si el decreto entra en vigor.Afectación a millones de afiliadosVelasco advirtió que la medida afectaría no solo a las aseguradoras y fondos privados, sino a la estabilidad futura de 18 a 20 millones de afiliados al régimen de ahorro individual.“Estamos hablando de los colombianos que han confiado en los administradores de fondos de pensiones… El decreto haría más difícil pensionarse”, señaló.De acuerdo con sus cálculos, mientras hoy una persona necesita ahorrar alrededor de 350 millones de pesos para financiar una renta vitalicia equivalente a un salario mínimo, con la medida el monto ascendería a 450 millones. En sus palabras: “Una persona tendría que acumular 100 millones adicionales. Eso significa cotizar diez años más”.El impacto también se traduciría en una reducción del 20% de las mesadas para quienes aspiran a una pensión superior al salario mínimo.Riesgo para las pensiones por invalidez y sobrevivenciaUno de los puntos más sensibles es el efecto sobre el seguro previsional, que cubre invalidez, incapacidad y muerte. Según Velasco, la prima necesaria para financiar este seguro se volvería impagable bajo el esquema propuesto:En tal escenario, el Gobierno tendría que asumir directamente estas coberturas, lo que implicaría un costo fiscal estimado de 2 billones de pesos anuales durante la próxima década.Además, Velasco recordó que en los últimos años se han pensionado alrededor de 141.000 colombianos bajo el sistema privado. Sin embargo, de haberse aplicado el decreto, “solo 6.000 habrían podido pensionarse”.Impacto indirecto en Colpensiones y en el pasivo pensionalAunque Colpensiones afirmó que el decreto no afecta directamente a los afiliados al régimen de prima media, Velasco aclaró que los aumentos del salario mínimo por encima de la inflación impactan el pasivo pensional del Estado: “Colpensiones tiene un pasivo cercano al 100% del PIB, que crece cada vez que el salario mínimo sube por encima de criterios técnicos”.Por ello, si bien los pensionados de Colpensiones no sufrirían directamente los ajustes del decreto, sí lo harían los contribuyentes a través de mayores cargas fiscales a futuro.Una advertencia técnica y un llamado al diálogoPara Asofondos, los efectos potenciales del decreto justifican la apertura de una mesa técnica con el Gobierno Nacional. “Queremos mostrar nuestros números y que entiendan que esto tiene efectos”, insistió Velasco al cierre de la entrevista.
Una operación militar puso fin a la carrera criminal de alias ‘Libardo’, uno de los hombres más buscados del país, cabecilla principal de la estructura ‘Ismael Ruiz’ y ficha clave del Bloque Central Isaías Pardo de las disidencias de las Farc.La operación se llevó a cabo en la vereda Las Delicias, zona rural del municipio de Páez, Cauca. En una casa camuflada en medio de las montañas, alias ‘Libardo’ se escondía junto a varios miembros de su estructura, entre ellos menores reclutados a la fuerza que estaban siendo adoctrinados. El lugar funcionaba como un centro de entrenamiento ideológico y militar.Su trayectoria delictiva es extensa. Según inteligencia militar, este peligroso criminal participó activamente en las filas de la extinta guerrilla de las Farc y luego en las disidencias bajo el mando de ‘Iván Mordisco’. En 2022 fue el responsable de la emboscada en San Luis, Neiva, que dejó siete policías muertos.Desde entonces, su nombre estuvo ligado a múltiples ataques contra tropas del Ejército, secuestros, asesinatos de excombatientes firmantes del acuerdo de paz, y actos de terrorismo con drones, como el ataque a la base militar de Casaverde en julio de 2024.Alias ‘Libardo’ era más que un cabecilla armado. De acuerdo con su perfil criminal, ejercía control territorial en varios municipios del Tolima y el Huila, extorsionaba al sector comercio, cafetero y transportador, y lideraba la instrumentalización de menores para nutrir sus filas armadas.Su caída representa, según el almirante Francisco Cubides, comandante general de las FFMM, un golpe estratégico que debilita la expansión criminal del bloque ‘Isaías Pardo’ y reduce la amenaza contra civiles, líderes sociales y la Fuerza Pública.Este hombre era requerido por la Fiscalía por homicidio, extorsión, concierto para delinquir y porte ilegal de armas, y sobre él pesaba una recompensa de más de 1.600 millones de pesos. En apenas tres años, pasó de guerrillero raso a ser el sucesor de alias ‘Cholinga’ y se convirtió en el hombre de confianza de alias ‘Iván Mordisco’.La muerte de este criminal marca un antes y un después en la ofensiva militar contra las disidencias de las Farc en el suroccidente del país. Las FFMM sostienen que se han registrado más de 340 combates en lo corrido del año, con un incremento del 40 % en operaciones ofensivas. Ahora, el objetivo son alias ‘Marlon Vásquez’ y alias ‘Chapolo’, quienes heredaron estructuras debilitadas, sin el liderazgo violento de ‘Librado’.
Una operación conjunta entre el Ejército Nacional y la Policía permitió recuperar un millonario cargamento de café que había sido robado en el sur del país. El hecho se registró en zona rural del municipio de Cajibío, Cauca, donde tropas de la brigada 29, en coordinación con unidades de la división de Policía del Cauca, ubicaron una tractomula que transportaba más de 32 toneladas de café tipo exportación. Según estimaciones, el valor de la carga supera los 1.000 millones de pesos.El hallazgo se dio tras una maniobra de inteligencia que permitió interceptar el vehículo antes de que la mercancía fuera movilizada fuera del departamento. Durante el operativo fueron capturadas dos personas, señaladas por las autoridades de pertenecer al grupo armado residual estructura Jaime Martínez, una organización criminal con injerencia en esa región y con antecedentes en el robo sistemático de mercancías de alto valor.Además de recuperar el café, los uniformados incautaron un equipo de comunicación y un inhibidor de señal, elementos que, según las autoridades, iban a ser utilizados por los delincuentes para evitar el rastreo satelital de la tractomula y así dificultar su ubicación tras el robo.Tanto los capturados como el material decomisado quedaron a disposición de la Fiscalía, mientras continúan las investigaciones para establecer la totalidad de la red criminal involucrada. Las autoridades destacan que este tipo de acciones afectan directamente las finanzas de los grupos ilegales que operan en el suroccidente colombiano.
El Frente de Guerra Occidental del ELN amenaza con la ejecución de un nuevo paro armado en todo el departamento del Chocó que se extenderá durante dos días, desde las 00:00 horas del viermes 25 de julio hasta la medianoche del sábado 26.La declaración, difundida por medios locales y redes sociales, advierte a la población sobre restricciones totales en la movilidad terrestre y fluvial, lo que dejaría a miles de personas confinadas en sus viviendas durante el fin de semana.El grupo armado ilegal hace un llamado directo a la ciudadanía, incluyendo transportadores de carga y pasajeros, para que se abstengan de circular durante el tiempo estipulado. “Nuestras unidades estarán presentes en los corredores de movilidad para dar cumplimiento a dicha orden”, se lee en el mensaje de amenaza.Este tipo de paros armados generan afectaciones directas a la población civil, no solo por el confinamiento forzado, sino por el impacto en el abastecimiento de alimentos, medicamentos y servicios esenciales. Comerciantes, viajeros y comunidades indígenas que dependen de la movilidad diaria para sus actividades se verán especialmente afectados.La Defensoría del Pueblo ya ha emitido alertas tempranas sobre la presencia de actores armados en el territorio y el riesgo que representan para la vida e integridad de las comunidades. Se espera pronunciamiento oficial por parte del Gobierno y de las FFMM, que deberán coordinar una respuesta ante esta amenaza que, de concretarse, pondría en jaque la seguridad y el desarrollo de actividades básicas en gran parte del departamento.
El grupo de la Mesa Nacional Cacaotera se pronunció hoy en contra de los precios del cacao en el país y pidieron a la ministra de Agricultura, Martha Carvajalino, abrir la conversación para construir un acuerdo que permita estabilizar los precios del grano a los productores en ciertas regiones del país.La tonelada de cacao se paga a 8.300 dólares en el exterior, pero en Colombia se paga el kilo a $22.000 cuando, según los cacaoteros, deberían pagarlo a más de 30.000 pesos.Ederson Niño Navarro, presidente de la Mesa Nacional Cacaotera en Santander, aseguró que si antes del 30 de julio el Gobierno no da una respuesta, harán un paro en las principales vías del país, como la Panamericana y la troncal del Magdalena medio. “Lo que corresponde a la mesa nacional cacaotera, que agrupa a una gran parte de las familias cacaoteras del país, tendríamos que generar un paro nacional haciendo la legítima protesta para defender el sector productivo del país”, anunció Niño.A través de un comunicado, la Mesa Nacional Cacaotera de Colombia denunció que las políticas públicas en torno al cacao no se han abordado de manera correcta por este Gobierno, por lo que esperan una respuesta de la ministra Carvajalino, a más tardar en la tarde de este martes 22 de julio.“Denunciamos las prácticas desplegadas por las grandes industrias y exportadores que ejercen el monopolio sobre la producción, el comercio, la transformación y la exportación del cacao en sus diferentes formas, así como la falta de actuación por parte de los órganos rectores del gremio cacaotero”, se lee en el comunicado firmado por representantes de las mesas cacaoteras de Santander, Huila, Tolima, Bolívar, Arauca y la Asociación Campesina Agropecuaria y Piscícola de Santander.La propuesta de los cacaoteros al Gobierno es que se reúnan este 24 de julio para hablar de las necesidades del sector.Sin embargo, la Federación Nacional de Cacaoteros (Fedecacao) informó, a través de un comunicado, que ellos no están convocando a ningún tipo de manifestación, paro cacaotero, y que mantienen un diálogo abierto y constante con el Ministerio de Agricultura.
El director general de la Policía, general Carlos Fernando Triana, llegó al departamento de Arauca para asumir personalmente el seguimiento del caso del subintendente y patrullero secuestrados por el ELN en zona rural del municipio de Tame.Los secuestrados son el subintendente Franque Esley Hoyos Murcia y el patrullero Fabián Pérez Mendoza, ambos adscritos al cuerpo élite de investigación de la Dijin, quienes fueron interceptados y privados de la libertad en medio de su labor cotidiana que es investigar ataques contra líderes sociales y defensores de derechos humanos en concordancia con el acuerdo de paz de la Habana en 2016.El general Triana se reunió con autoridades locales y la cúpula policial de la región para coordinar acciones de búsqueda y protección a sus vidas.“El ELN es absolutamente responsable por la integridad y la vida de nuestros policías”, afirmó el director, quien destacó que los uniformados cumplían funciones orientadas al esclarecimiento de homicidios contra líderes sociales y defensores de derechos humanos, en el marco del acuerdo de paz firmado en La Habana.Triana anunció que el secuestro será denunciado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por representar una violación grave al Derecho Internacional Humanitario. Además, expresó su solidaridad institucional con las familias de los policías retenidos y exigió su liberación inmediata y sin condiciones.“No es solo un ataque a dos servidores públicos, es un ataque directo al trabajo de protección de líderes sociales en el país. Gracias a ellos se han logrado esclarecer 26 homicidios de líderes sociales en Arauca en los últimos tres años”, destacó el general.
El ELN confirmó en las últimas que tiene en su poder a los dos agentes de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijín) de la Policía, secuestrados durante una operación de “control territorial” en el departamento de Arauca.Según la información del ELN, los hechos ocurrieron el 20 de julio de 2025, cuando los dos policías se movilizaban por la vía que conecta el municipio de Tame con la ciudad de Arauca, en ese momento fueron interceptados por hombres fuertemente armados.Los secuestrados fueron identificados como Franki Esley Hoyos Murcia, subintendente con 17 años de servicio Y Yordin Fabián Pérez Mendoza, patrullero con más de 10 años en la institución.El ELN afirmó haberles incautado dos pistolas 9mm, un computador y documentos. En el comunicado, el ELN asegura que los agentes están “sanos y salvos” y responsabiliza al Estado de cualquier daño que sufran, especialmente en caso de intentos de rescate militar.
Fue en medio de patrullajes de control que un perro antiexplosivos de la Fuerza de Despliegue Rápido N.º 1 de la Fuerza de Tarea Omega del Ejército logró ubicar un artefacto explosivo improvisado junto a unas viviendas en una de las vías por donde se iba a realizar el desfile militar del 20 de julio.Este artefacto, dicen las autoridades, se encontraba dentro de bolsas de basura y había sido dejado en medio de las viviendas y cerca de un jardín infantil, zona de la inspección La Julia, del municipio de Uribe, Meta.Tras la verificación, un equipo de explosivos, detonaciones y eliminación de artefactos, siguiendo todos los protocolos establecidos, procedió a despejar la zona con el apoyo de la Policía, y posteriormente realizó la destrucción de este artefacto de manera controlada.“Con esta acción, se neutralizaron las acciones del enemigo que buscaba atentar contra la vida e integridad de la población civil y las tropas desplegadas durante la conmemoración de los 215 años de Independencia”, destacó el Ejercito.La Fuerza de Tarea Omega rechazó este acto que pudo afectar muchas vidas y anunció el refuerzo de las operaciones ofensivas en la zona para combatir los grupos armados organizados, por lo que invitó a la población a denunciar todo acto sospechoso a través de la línea 107 antiterrorismo.
La Cuarta División del Ejército confirmó que tropas desplegadas en zona rural del municipio de Calamar, en el departamento del Guaviare, fueron blanco de un ataque con artefacto explosivo improvisado lanzado mediante un dron por las disidencias de las Farc, en hechos ocurridos el pasado 3 de julio de 2025.De acuerdo con el comunicado oficial, los responsables del ataque serían integrantes de la las disidencias de las Farc, quienes emplearon un dron para arrojar una granada de fabricación artesanal contra las instalaciones del Batallón de Infantería de Selva N.° 24 General Camacho Leyva, adscrito a la Vigésima Segunda Brigada de Selva.El artefacto detonó en el costado oriental externo del puesto de mando, donde se encontraba personal militar del dispositivo avanzado de combate. Sin embargo, gracias a las medidas de protección activadas por los soldados, no se presentaron afectaciones en el personal ni daños a la infraestructura militar.Tras la detonación, las tropas activaron el plan de reacción y contrataque, que incluyó el despliegue de medios aéreos no tripulados para asegurar el perímetro en un radio de 360 grados. Las unidades en la zona fueron alertadas y el dispositivo de seguridad permanece en máximo alistamiento para prevenir nuevos ataques.El Ejército Nacional calificó este hecho como una violación al derecho internacional humanitario y anunció que se adelantarán las respectivas denuncias ante las autoridades competentes. Asimismo, la Cuarta División reiteró su compromiso con la seguridad del suroriente colombiano, la defensa de la población civil y el respeto por los derechos humanos, manteniendo su presencia activa y contundente en la región.
Este martes, se desató una ola violenta por parte de las disidencias de las Farc al mando de alias 'Iván Mordisco' en diferentes zonas del Cauca y el Valle, incluida Cali. Los hechos dejan hasta el momento cinco personas heridas y cuatro más fueron asesinadas. Dese la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales, Asocapitales, rechazaron los ataques advirtiendo que la política de paz ha fallado."Estas acciones, ocurridas en el suroccidente del país, son consecuencia del debilitamiento de las capacidades de la fuerza pública y del fortalecimiento de organizaciones criminales, cuyo accionar se ha visto facilitado por una política de paz fallida, la ausencia de una estrategia clara de seguridad y lucha contra el crimen, la reducción del presupuesto en defensa, y la expansión acelerada de economías ilegales en centros urbanos y zonas rurales"; señala en un comunicado Asocapitales.Por otro lado, hicieron un llamado para que se tomen medidas urgentes con el fin de garantizar la seguridad en Colombia."La ocupación permanente de los territorios controlados por economías criminales, el combate al tráfico de armas y explosivos, la finalización inmediata de cualquier zona afectada por ceses al fuego, la reconstrucción del pie de fuerza y de las capacidades operativas de la fuerza pública, así como el fortalecimiento de la acción judicial contra el crimen y las organizaciones terroristas, son medidas urgentes e inaplazables", dice el documento.
El presidente Gustavo Petro lideró este martes un consejo extraordinario de seguridad en Buenos Aires, Cauca, junto a altos funcionarios de su Gobierno y la cúpula militar. Allí, luego de escuchar a los habitantes de la vereda Munchique, donde ocurrió la emboscada que dejó seis soldados muertos este martes, así como intercambiar algunas impresiones con los militares que sobrevivieron al ataque, el mandatario anunció cambios en las tropas desplegadas en esta región.En primer lugar, se ordenó el reemplazo inmediato de los soldados que prestan servicio militar obligatorio por soldados profesionales con entrenamiento en operaciones especiales.“Tiene que haber un cambio táctico en la disposición del Ejército en el departamento del Cauca, disminuyendo sustancialmente el número de soldados de servicio militar y aumentado sustancialmente el porcentaje de solados profesionales, para darle más capacidad al Ejército en la región”, señaló el presidente.La intención del Gobierno es aumentar la capacidad del Ejército en esta zona que es utilizada por los grupos armados ilegales como tránsito para el paso de sustancias ilícitas hacia el Pacífico.Asimismo, el presidente identificó problemas sociales que impiden que la población y en particular los jóvenes tengan oportunidades diferentes a las de vincularse con los grupos armados que controlan los pasos del narcotráfico.“La región viene presentando un alza en la tasa de homicidios respecto al año pasado que ya llega al 60 por ciento. Lo cual muestra, y en el consejo de seguridad de Buenos Aires se expresó, una carencia de inversión social en todo el territorio”, agregó el mandatario.El presidente anunció, además, que su Gobierno diseñará una “fuerte política social que estará ligada a una mayor capacidad del Ejército para ejercer control del territorio” para desactivar la violencia en esta crítica región del país en donde el poder del narcotráfico se cobra la vida de líderes sociales, indígenas y genera desplazamiento forzado de familias y comunidades enteras.
El presidente Gustavo Petro lideró un consejo de seguridad con el ministro de Defensa, Iván Velásquez y la cúpula militar para analizar la situación de orden público en el departamento del Cauca donde en las últimas horas fueron asesinados seis militares a manos de las disidencias.El mandatario aseguró que fue un ataque premeditado de la columna Jaime Martinez, que “es de las Farc originales”. Por eso advirtió que “la posibilidad de diálogos hoy no está circunscrita al cese de las operaciones militares, hasta esta hora sólo hemos hablado de una posibilidad, nada más”.“La posición es que la acción militar no cesa mientras no haya realmente una voluntad real de negociación. La Fuerza Pública no va a salir de la región caucana”, le advirtió Petro a las disidencias.Sostuvo el mandatario que hasta hora los dos únicos procesos en los que se avanza son con el ELN y el diálogo entre bandas armadas de Buenaventura, conocidos como los Shotas y los Espartanos.El presidente Gustavo Petro anunció que el Ejército no abandonará a la zona del Naya, donde se produjo este martes una emboscada que costó la vida de siete militares a manos de disidencias de las Farc. Además, el mandatario aseguró que tropas reforzarán operativos de seguridad en Putumayo y Arauca, foco de acciones de grupos armados ilegales en los últimos días. "El consejo de seguridad, además de lamentar la muerte de estos muchachos, tomó unas medidas de reacción, que se desencadenarán en Putumayo, en la zona caucana y en Arauca, donde también se están presentando conflictividades en crecimiento. El Ejército no abandonará la zona donde permanece en este momento en el Cauca, que es a la entrada de la región del Naya, que es la forma geográfica desde la cordillera hasta el océano Pacífico. Obviamente tiene que ver con rutas del narcotráfico que utilizan el área para llegar hasta el mar", sostuvo el mandatario. El ataque de de las Farc esta madrugada en zona rural de Buenos Aires, en Cauca, dejó siete soldados muertos. La emboscada se produjo sobre las 3:00 de la mañana, cuando miembros del grupo Jaime Martínez hostigaron y atacaron con fusil, tatucos y granadas al Ejército en la vereda (zona rural) Munchique.El grupo Jaime Martínez, uno de los más activos en esta zona del Cauca y responsable de ataques a comunidades indígenas y asesinatos de líderes sociales e indígenas, está integrado dentro del comando coordinador de occidente de las disidencias de las Farc, que responde a las órdenes, supuestamente, de "Iván Mordisco".Este líder disidente emitió hace varias semanas su compromiso con la paz total y con entablar diálogos con el Gobierno y, de esa forma, pidió un cese al fuego a sus filas, aludiendo a no atacar si no están bajo ataque, una orden que no es la primera vez que se incumple.Para el municipio de Buenos Aires, así como los aledaños de Santander de Quilichao y Caldono, la Defensoría del Pueblo ha emitido varias alertas tempranas, la última vigente de agosto de este año, por "la disputa territorial" entre el Comando Coordinador de Occidente y la Segunda Marquetalia, que, comandada por "Iván Márquez" es el otro gran grupo disidente de las FARC.
El presidente Gustavo Petro anunció que el Ejército no abandonará a la zona del Naya, donde se produjo este martes una emboscada que costó la vida de siete militares a manos de disidencias de las Farc. Además, el mandatario aseguró que tropas reforzarán operativos de seguridad en Putumayo y Arauca, foco de acciones de grupos armados ilegales en los últimos días. "El consejo de seguridad, además de lamentar la muerte de estos muchachos, tomó unas medidas de reacción, que se desencadenarán en Putumayo, en la zona caucana y en Arauca, donde también se están presentando conflictividades en crecimiento. El Ejército no abandonará la zona donde permanece en este momento en el Cauca, que es a la entrada de la región del Naya, que es la forma geográfica desde la cordillera hasta el océano Pacífico. Obviamente tiene que ver con rutas del narcotráfico que utilizan el área para llegar hasta el mar", sostuvo el mandatario. El ataque de de las Farc esta madrugada en zona rural de Buenos Aires, en Cauca, dejó siete soldados muertos. La emboscada se produjo sobre las 3:00 de la mañana, cuando miembros del grupo Jaime Martínez hostigaron y atacaron con fusil, tatucos y granadas al Ejército en la vereda (zona rural) Munchique.El grupo Jaime Martínez, uno de los más activos en esta zona del Cauca y responsable de ataques a comunidades indígenas y asesinatos de líderes sociales e indígenas, está integrado dentro del comando coordinador de occidente de las disidencias de las Farc, que responde a las órdenes, supuestamente, de "Iván Mordisco".Este líder disidente emitió hace varias semanas su compromiso con la paz total y con entablar diálogos con el Gobierno y, de esa forma, pidió un cese al fuego a sus filas, aludiendo a no atacar si no están bajo ataque, una orden que no es la primera vez que se incumple.Para el municipio de Buenos Aires, así como los aledaños de Santander de Quilichao y Caldono, la Defensoría del Pueblo ha emitido varias alertas tempranas, la última vigente de agosto de este año, por "la disputa territorial" entre el Comando Coordinador de Occidente y la Segunda Marquetalia, que, comandada por "Iván Márquez" es el otro gran grupo disidente de las FARC.
Cuatro personas murieron asesinadas este lunes en Leticia, Amazonas, denunciaron organismos de defensa de los derechos humanos. De acuerdo con Indepaz, los hechos se registraron cuando dos hombres que se desplazaban en una motocicleta arribaron a un establecimiento público y abrieron fuego de forma indiscriminada en contra de las personas que departían en el lugar.“Las víctimas fueron identificadas como Leonardo Alexander Moreno Manuares, Antonio Manuares y Khan Carlos Valderrama”, indicó en un comunicado el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz). El nombre de la cuarta persona no ha trascendido de momento.La organización no gubernamental recordó la alerta temprana de la Defensoría del Pueblo, que señalaba el aumento de la comisión de homicidios y muertes violentas, al parecer por hechos relacionados con dinámicas de economías ilegales, aunque otras versiones aseguran que se trata de dispositivos de control por parte de actores armados ilegales, presuntamente a través de señalamientos contra líderes o autoridades étnicas.“La situación es especialmente gravosa en Leticia por la dinámica de violencia de su vecino municipio de Tabatinga en el Brasil”, advirtió Indepaz.Según el comunicado, los grupos armados ilegales que actúan en la zona son los llamados Comandos de frontera, el frente Carolina Ramírez, así como otras bandas que actúan por tercerización con influencia de grupos brasileros.Líderes sociales, bajo amenazaUn total de 46 defensores de derechos humanos y líderes sociales fueron asesinados durante el tercer trimestre del año en el país, lo que supone un aumento del 64 % con respecto al mismo periodo del año anterior, reveló el pasado viernes el Programa Somos Defensores.Los dos últimos meses de este trimestre, específicamente 54 días, coincidieron con el comienzo del mandato del presidente Gustavo Petro, que asumió el pasado 7 de agosto. En este tiempo ocurrieron 25 de los 46 homicidios confirmados por el Sistema de Información sobre Agresiones contra Personas Defensoras de Derechos Humanos en Colombia.
Recientemente, se han presentado enfrentamientos entre el grupo Comandos de la Frontera y las disidencias de las Farc en el Putumayo. Las disputas han afectado gravemente a la población civil, pues se están presentando homicidios y desplazamientos en esa zona del país.El alto comisionado para la Paz, Danilo Rueda, aseguró que, aunque el Gobierno nacional tiene disposición para el diálogo, también hay límites y llamó a estas estructuras a cesar la violencia.Según explicó, ya recibió una respuesta por parte de estos grupos y ahora el Gobierno verificará si efectivamente disminuye la violencia en esa zona del país.“Hay una serie de compromisos y vamos a verificar cómo responden, estamos en desarrollo de esa exigencia y solicitud, y vamos a ver, estamos hablando de esos temas”, manifestó el comisionado.Por otro lado, explicó que uno de los 10 grupos con los cuales el Gobierno ha tenido acercamientos en medio del proceso de paz total se comprometió a la protección del ambiente como parte de demostrar su voluntad de paz.“Y también, en algunos casos con un grupo armado hay unos acuerdos de respeto a los bosques y las aguas y el inicio de un proceso de reforestación y de un corte en la ampliación de la siembra de hojas de coca”, señaló Rueda.Desde Barrancabermeja, el presidente Gustavo Petro se refirió al enfrentamiento entre grupos ilegales que dejó 18 muertos en el departamento de Putumayo y cuestionó el actuar de las disidencias de las Farc.“Se va desatando la masacre y la barbarie, miren lo que vimos en Putumayo, ¿ustedes creen que eso son los conflictos propios de una guerrilla política que quiere tomarse el poder nacional para hacer una revolución? Lo que vimos es el conflicto entre dos disidencias que dicen ser de las antiguas Farc masacrándose de una manera tan dantesca”, señaló el presidente.Le puede interesar:
Según las autoridades, hombres que se movilizaban en dos motocicletas ubicaron a las víctimas, presuntos consumidores de sustancias alucinógenas, quienes estarían compartiendo. De al menos 10 personas que se encontraban en el lugar, en Puerto Asís, Putumayo, cuatro murieron y otros tres resultaron heridos en el ataque de los pistoleros.La comunidad del sector asegura que se escucharon más de 30 disparos hechos contra los afectados. Los fallecidos respondían a los nombres de María Rangel Daza, Delio Geovanni Cortez, Yohandris Carrasco Hernández, presuntamente de nacionalidad venezolana, y otra persona de sexo masculino que aún no ha sido identificada.Los heridos responden a Jeidy Cuajiboy Cortez, Omaira Yurani Cortez y Jhon Cabrera Castro; otro herido estaría por ser identificado.Ante los graves hechos cuyos autores son desconocidos, las autoridades del municipio ordenaron un dispositivo para ubicar a los responsables de la masacre.El ataque armado recrudeció el orden público en la segunda ciudad del departamento.