Pasaportes: vía decreto, Gobierno busca blindar la Imprenta y evitar prórrogas con Thomas Greg

En medio del nuevo capítulo de pasaportes en Colombia, que ahora pasará a ser responsabilidad del jefe de despacho Alfredo Saade, el ministerio del Interior prepara un borrador de decreto para blindar a la Imprenta Nacional, entidad que se haría cargo de la elaboración de estos documentos en alianza con el Gobierno de Portugal.El borrador de decreto tiene como objeto reglamentar el artículo 5 de la Ley 109 de 1994, que obliga a las entidades públicas del orden nacional a contratar con la Imprenta Nacional de Colombia la producción, edición, impresión, divulgación y comercialización de documentos oficiales.Según el documento, esta reglamentación busca asegurar la soberanía documental del Estado, la seguridad jurídica y la interoperabilidad de los documentos públicos. Se enfatiza que la Imprenta Nacional debe ser priorizada para estos contratos, salvo que no pueda atender los requerimientos o que el solicitante demuestre mejores condiciones en el sector privado.En cuanto a los documentos de seguridad, el borrador de decreto establece que la producción de pasaportes, cédulas de extranjería, Permisos por Protección Temporal (PPT), Permisos Especiales de Permanencia (PEP) y otros documentos oficiales con altos estándares de seguridad debe regirse por esta reglamentación. Aunque la expedición sigue siendo responsabilidad de las entidades competentes —como la Cancillería, en el caso de los pasaportes—, el decreto señala que la Imprenta Nacional puede encargarse de su producción, siempre y cuando cumpla con los requisitos técnicos, de seguridad y de confidencialidad. Estos documentos son considerados personalizados y sensibles, por lo que deben incluir elementos como datos biométricos, trazabilidad y validación digital, alineándose con políticas de protección de datos y modernización del Estado.Finalmente, se establece que la Agencia Colombia Compra Eficiente será la encargada de verificar el cumplimiento de esta obligación contractual mediante la plataforma Secop II. Las entidades públicas que incumplan con la obligación de contratar con la Imprenta Nacional serán reportadas a la Procuraduría General y a sus oficinas internas de control.