Las propuestas del uribismo, más de 20 temas solo en materia de justicia

El documento presentado por el Centro Democrático se llama “Bases de un Acuerdo Nacional de Paz” y contiene propuestas que aunque ya están en el acuerdo de paz, merecen ser profundizadas a juicio de la oposición, además de otras que sí parecen ser novedad. El texto hay que analizarlo desde atrás hacia adelante, porque en sus conclusiones se va lanza en ristre contra la Jurisdicción Especial para la Paz, que es uno de los pilares fundamentales del acuerdo de La Habana, y con el que se pretende someter a las Farc a la justica. El uribismo pide que la eliminen para ser reemplazada por un sistema de justicia transicional al interior de la justicia colombiana. Propone crear las Cortes para la Paz (dice el acuerdo de La Habana que será el Tribunal de Especial para la Paz). La propuesta uribista le da atribuciones a la Corte Suprema para que sea el tribunal superior de esas cortes. Las Cortes para la Paz tendrán cuatro salas: sala de las amnistías e indultos, sala de reconocimiento de la verdad, sala de control de garantías y sala de juzgamiento, esto de acuerdo con la propuesta. Además de eso, propone crear las Fiscalías para la Paz, que estarían adscritas a la Fiscalía General de la Nación y cuya labor será acusar ante las diferentes instancias. Esas cortes, además, tendrán injerencia en los actos particulares y miembros de la fuerza pública que se presenten voluntariamente; de lo contrario, seguirán en la justicia ordinaria, y piden entre cinco y 20 años de privación de la libertad para quienes sean los condenados. Según el texto del acuerdo, entre 5 y 8 años de restricción de la libertad caerá en quienes reconozcan su responsabilidad de manera temprana por los delitos más graves y cabe señalar que durante ese tiempo realizarán trabajos de reparación como el desminado y la sustitución de cultivos. La otra alternativa es de 5 a 8 años en una cárcel ordinaria para quienes reconozcan sus delitos después de la investigación y antes de la sentencia. Y la más grave es la pena de hasta 20 años para quienes no reconozcan los delitos. Dice el acuerdo: “en todo caso la privación efectiva de libertad no será inferior a 15 años ni superior a 20 en el caso de conductas muy graves”, página 147. ¿Qué dice el uribismo? “Un mínimo de 5 años y un máximo de 20 años de privación de la libertad como sanciones a imponer por las cortes de paz para delitos graves”. Si hay reconocimiento sea autor o cómplice de la conducta, “las sanciones serían de 5 a 8 años de privación efectiva de la libertad, así sea en lugares de reclusión alternativos como granjas agrícolas”. Si no se acepta la responsabilidad, “de 15 a 20 años de privación efectiva de la libertad y para los cómplices o meros intervinientes que no reconozcan responsabilidad la sanción será de 10 a 15 años. Algo nuevo será que esas cortes no podrán desconocer los casos juzgados de la justicia ordinaria y proponen que sean homologadas las condenas que tengan un monto de condena mayor al de la justicia transicional. En plata blanca: el uribismo no está de acuerdo con que se cree un tribunal que no esté en el ordenamiento jurídico colombiano, pero comparte en buena parte las características esenciales del Tribunal Especial para la Paz de La Habana. Nuevamente resalta que el acuerdo final no incorpore a la Constitución Nacional porque no se podría modificar, sino que lo implemente mediante el Congreso de la República para que esta corporación pueda hacerle los ajustes necesarios. El grueso del acuerdo Para el Centro Democrático es importante darle énfasis a la producción empresarial a mayor escala, sin dejar de lado la economía campesina, familiar y comunitaria, mientras que en el acuerdo está contemplado solo “El desarrollo de la economía campesina y familiar (cooperativa, mutual, comunal, micro empresarial y asociativa solidaria)”, página 18. Propuesta nueva: el Centro Democrático pide el respeto a la propiedad privada, que en el acuerdo de La Habana no es mencionado. Propuesta repetida: El uribismo también pide promover la participación ciudadana dentro de las instancias y competencias de las instituciones democráticas; propuesta que está textualmente en el Punto 2 del acuerdo “Participación política: Apertura democrática para construir la paz: fortalecer el pluralismo y por tanto la representación de las diferentes visiones e intereses de la sociedad, con las debidas garantías para la participación y la inclusión política”. Tierras En este tema se destaca esta propuesta nueva. El acuerdo de La Habana dice que las personas beneficiarias del plan de adjudicación gratuita y del subsidio integral de tierras “serán seleccionadas con la participación de las comunidades locales —hombres y mujeres—, como garantía de transparencia y eficacia. Gobierno y comunidades velarán por evitar la especulación con la tierra en el marco de estos programas”. El Centro Democrático dice que quienes seleccionen a los beneficiarios en “ningún caso podrán ser las Farc, a través de organizaciones en los territorios de su influencia”. Propuesta repetida: frente a los temas de los baldíos, el texto de La Habana es claro en señalar que solo los baldíos indebidamente apropiados u ocupados podrán ser beneficiarios del programa de formalización. El uribismo propone las tierras baldías ocupadas de buena fe deberán ser respetadas. También piden que quede claro en el texto que los recursos provenientes de la economía de guerra, incluida la tierra despojada, serán para reparar a las víctimas. Propuesta: revisar las distorsiones de la Ley 1448 (Ley de Víctimas y Restitución de Tierras), que habla de la figura de los compradores de buena fe no exentos de culpa. El acuerdo sí dice que revisará esa ley en varios de sus apartes, por ejemplo, en el tema de víctimas, mas no en ese punto. Catastro y reserva campesina Estos dos temas son propuestas nuevas del Centro Democrático. Frente a las zonas de reserva campesina, piden que no haya ningún tipo de atención preferencial que afecte a los campesinos que no estén en esas zonas de reserva. Y frente al castastro piden que la Reforma Rural Integral se acoja al artículo 9 de la Ley 101 de 1993, que establece que “Cuando las normas municipales sobre el uso de la tierra no permitan aprovechamientos diferentes de los agropecuarios, los avalúos catastrales no podrán tener en cuenta ninguna consideración distinta a la capacidad productiva y la rentabilidad de los predios, así como sus mejoras”. Nuevos cambios políticos (participación política) En este capítulo, el Centro Democrático inicia con el Estatuto de Oposición que en este momento se discute en el Congreso. Asegura que en el acuerdo no queda explicado que el estatuto cobije y le entregue garantías a todas las fuerzas políticas de oposición. Además, dicen, “gradúa a las FARC de legítimo opositor”. Pero en el acuerdo sí está esa propuesta. Dice textual en la página 78: “De igual forma será el espacio de interlocución y seguimiento para la seguridad y protección de las y los integrantes de los partidos y movimientos políticos y sociales, especialmente los que ejerzan la oposición, y el nuevo movimiento que surja del tránsito de las FARC-EP a la actividad política legal y de sus integrantes en proceso de reincorporación a la vida civil”. Otra propuesta nueva es la exigencia de umbrales mínimos en procesos electorales para evitar la proliferación indiscriminada de partidos y movimientos. Esto, porque de acuerdo con el texto de paz en la página 44 dice que se harán cambios institucionales que favorecerán el tránsito de partidos y movimientos para que “obtengan y conserven la personería jurídica, y en particular para facilitar el tránsito de organizaciones y movimientos sociales con vocación política hacia su constitución como partidos o movimientos políticos”. El uribismo también se va contra las 16 Circunscripciones Transitorias Especiales para la Paz. En el acuerdo quedó que solo pueden ser usadas por víctimas: “Los candidatos y candidatas en todo caso deberán ser personas que habiten regularmente en estos territorios o que hayan sido desplazadas de ellos y estén en proceso de retorno”. ¿Qué pide el uribismo? Que se incluya también la participación de todos los partidos políticos que están en esas zonas. Finalmente, pide que la reforma al Sistema Electoral debe recaer en el Congreso con el apoyo del Consejo Nacional Electoral. Las Farc en la política Quizás este capítulo es el que más ha generado discrepancias entre los uribistas y el Gobierno. En diferentes escenarios el presidente aseguró que las Farc no tendrían curules a dedo, pero al final quedó establecido que esa guerrilla tendrá 10 curules en el Congreso en el 2018 y tres vocerías en el Senado y Cámara, respectivamente, apenas entre en vigencia el acuerdo. El uribismo ha insistido wn que los exguerrilleros que ocupen esas curules no podrán ser los que hayan cometido delitos de lesa humanidad, a lo que el Gobierno ha respondido con evasivas. En todo caso, el tema ha quedado en el limbo, pues en el texto de La Habana no se especifica ese punto, que levanta suspicacias entre los uribistas y promotores del NO, en vista de las pifiadas anteriores del presidente Santos. El uribismo pide que por ningún motivo las Farc tendrán asiento en el Consejo Nacional Electoral, porque alegan que esa condición muchos partidos actuales no la tienen. Pues bien, esta es una propuesta nuevas porque en el texto de La Habana, en su página 64, dice que las FARC-EP, una vez en la actividad política, podrán “designar de manera transitoria un delegado(a) ante el Consejo Nacional Electoral, quien tendrá voz pero no voto, y podrá participar en las deliberaciones de esa corporación”. Y acerca de las 3 vocerías transitorias de las Farc en Senado y Cámara, respectivamente, y sus curules por ocho años, el uribismo pide que no sean ocupadas por guerrilleros que hayan cometido delitos de lesahumanida. Como se indicó antes, el acuerdo por supuesto le da derechos políticos a los exguerrilleros, pero no especifica quiénes podrán participar. Frente al papel de ECOMÚN (Economías Sociales del Común) el uribismo pide que se mire el alcance y analice si no reemplaza el papel que ya realizan otras entidades del Estado vigentes. Esa tendrá cobertura nacional y podrá tener seccionales territoriales. “Las y los hoy miembros de las FARC-EP podrán afiliarse voluntariamente a esta entidad”, agrega el acuerdo. Esa cooperativa, además, administrará las 31 emisoras de las FARC luego del proceso de desarme. Frente a la Comisión Nacional de Garantías, que tendrá como objeto el diseño y hacer “seguimiento de la política pública y criminal en materia de desmantelamiento de cualquier organización o conductas criminales”, el uribismo pide que no tengan participación las Farc en esa comisión. Hasta ahora, según el texto de La Habana, la comisión será presidida, entre otras personas, por el presidente Juan Manuel Santos, los ministros de Defensa y Justicia, el Fiscal General de la Nación, entre otras. Para el uribismo, darle cabida a las Farc sería una conducta punible. Además de que no esté enfocada a combatir solo a organizaciones herederas del paramilitarismo, sino a todas las organizaciones, entre otros temas, como que los exguerrilleros no incidan en las normas de inteligencia del Estado. El numeral 3.4.7.3.3 del acuerdo de paz dice que se creará un Cuerpo de Seguridad y Protección, “integrado por personal de confianza del nuevo partido o movimiento político que surja del tránsito de las FARC”. El uribismo pide que la autorización debe darla la Policía Nacional con valoración psicológica y profesional. La pena de las Farc en el narcotráfico En este punto es clave entender que el Acuerdo de paz, en su página 97, deja al narcotráfico como un delito multicausal. El uribismo pide que sea reconocido como un delito autónomo no amnistiable y que quede por sentado que las FARC deberán reconocer su responsabilidad en este punto. Además de que el Gobierno y esta guerrilla consideren la propuesta del fiscal general de la Nación Néstor Humberto Martínez de reanudar la aspersión aérea. Otro punto, el numeral 4.1.3.4 del acuerdo de La Habana, habla de la posibilidad de que el gobierno renuncie a condenar judicialmente a los cultivadores de droga. El uribismo pide que se revise ese punto por el crecimiento acelerado de los cultivos, argumentan. El perdón a las víctimas “No existe en este Acuerdo un compromiso explícito de las FARC para contribuir de manera efectiva con la reparación económica de sus víctimas”. El acuerdo sí habla de reparación material, pero, según el uribismo, es difuso. Sin embargo, el 1 de octubre las FARC se comprometieron a entregar sus bienes lícitos e ilícitos para la reparación de sus víctimas. “Procederemos a declarar ante el gobierno los recursos monetarios y no monetarios que han venido conformando nuestra economía de guerra”, dijo las Farc ese día a través de un comunicado publicado en redes sociales. Falta que lo dejen textual en el acuerdo Frente a los secuestrados, los uribistas solicitan que las Farc deben entregar la totalidad de secuestrados que tienen en su poder y responder por los desaparecidos. En el acuerdo tampoco queda especificado ese punto. Cabe resaltar que en punto de víctimas, el acuerdo sí dice textual, página 112, que es necesario que las FARC reconozcan a “todas las víctimas del conflicto, no solo en su condición de víctimas, sino también y principalmente, en su condición de ciudadanos con derechos”. También de la responsabilidad de esa guerrilla frente a ellas. En el acuerdo de paz también quedó establecido que la Comisión de la Verdad será conformada por el Gobierno y las FARC. El uribismo pide que sea conformada, además, por las fuerzas políticas que están en el Congreso “para darle un alcance amplio”, agregan. Justicia e impunidad de acuerdo con el uribismo En este último capítulo es quizás donde más se concentran las propuestas del uribismo y hacen una crítica directa a varios artículos del acuerdo de paz. Según el uribismo, el artículo 65 del acuerdo instituye a jueces extranjeros para administrar justicia en Colombia, violando la Constitución y la ley. Sin embargo, las personas que sean sometidas a la Jurisdicción Especial para la Paz podrán solicitar que la Sección que vaya a conocer su caso se integre por 3 magistrados colombianos y 2 extranjeros en los términos que esa jurisdicción designe. Acierta el uribismo en su crítica al artículo 36 del acuerdo de paz cuando dicen que contempla la elegibilidad política para responsables de delitos graves y de lesa humanidad. Ese punto quedó establecido en el acuerdo que “la imposición de cualquier sanción no inhabilitará para la participación política ni limitará el ejercicio de ningún derecho, activo o pasivo, de participación política”. En el artículo 36 del acuerdo pide aclarar la extensión de la amnistía a los delitos políticos y conexos cometidos en el desarrollo de la rebelión. Para el uribismo se abre la puerta para amnistiar el asesinato de soldados y policías, y apoya todas las conductas de la rebelión. También critican el artículo 44 y 59 del texto de la Habana. Aseguran que aplicas los mismos fundamentos de cadena de mando y responsabilidad jerárquica para las Fuerzas Militares, a las FARC. Dice textual el artículo 44: “- En concordancia con lo anterior, respecto a los agentes del Estado, se establece un tratamiento especial, simultáneo, equilibrado y equitativo basado en el Derecho Internacional Humanitario”, página 137. El artículo 60 es de mera interpretación. Dicen que Acuerdo de Justicia abre la puerta para que los máximos responsables de Crímenes de Lesa Humanidad que “digan toda la verdad” no tengan pena carcelaria o medida equivalente”. En el texto de La Habana quedó de la siguiente manera. “Las sanciones tendrán como finalidad esencial satisfacer los derechos de las víctimas y consolidar la paz. Deberán tener la mayor función restaurativa y reparadora del daño causado, siempre en relación con el grado de reconocimiento de verdad y responsabilidad”, página 146. Y finalmente, aseguran que la extradición no será efectiva respecto de hecho o conductas “ocurridas antes de la firma del acuerdo final y dificulta la aplicación de la medida para miembros de las Farc cuya conducta se haya cometido con posterioridad a la firma”. Aciertan. El texto del acuerdo entre las Farc y el Gobierno lo dice textualmente. Asegura que no se podrá extraditar ni tomar medidas de aseguramiento para extraditar a culpables de hechos que estén en este sistema “ocasionados u ocurridos durante el conflicto armado interno o con ocasión de este hasta la finalización del mismo, trátese de delitos amnistiables o de delitos no amnistiables”, página 150. BLU Radio conversó con dos de los tres negociadores del uribismo, el exministro Carlos Holmes Trujillo y el senador Iván Duque, y ambos dijeron que este documento efectivamente son los lineamientos generales del Centro Democrático para negociar con el Gobierno y en la medida de que vayan siendo analizados armarán el documento final.