Un operativo conjunto el Ejército y la Policía permitió ubicar y neutralizar un arsenal de alto poder perteneciente a las disidencias de las Farc al mando de alias 'Iván Mordisco', en zona rural del departamento del Meta. El material de guerra estaba oculto en la vereda La Floresta, jurisdicción de El Castillo, y según inteligencia, iba a ser usado en ataques contra la Fuerza Pública y comunidades de Meta y Guaviare.En el depósito ilegal fueron halladas 190 granadas adaptadas para drones, 56 granadas de mortero, 88 minas antipersonal y 100 detonadores. El hallazgo confirma la evolución de las tácticas de esta estructura armada criminal, que está apostándole al uso de explosivos lanzados desde el aire para maximizar daño y alcance.El director de la Policía, el general William Rincón Zambrano, aseguró que el resultado golpea directamente las capacidades logísticas del grupo armado y evita posibles acciones violentas. Según dijo, el arsenal representaba una amenaza directa para uniformados y población civil.Desde el departamento de Policía Meta también advirtieron que el material incautado permitiría ataques con drones cargados de explosivos, una modalidad que ha encendido alertas en varias regiones del país. Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para denunciar movimientos sospechosos que permitan anticipar atentados.La operación contó con el apoyo de la Fiscalía y sigue en desarrollo para ubicar a los responsables del almacenamiento del material y debilitar la estructura 'Martín Villa', señalada de operar bajo el mando de Mordisco. Mientras tanto, las autoridades mantienen presencia reforzada en la zona ante posibles retaliaciones.
El pronunciamiento de la JEP se da luego de la denuncia presentada por los familiares del dirigente social Pedro Julio Movilla Galarcio, junto con el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Cajar) y el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice), quienes alertaron sobre una excavación ilegal realizada el 3 de febrero de 2025 en las instalaciones de la Escuela de Logística del Ejército, antigua sede de la Brigada XX en Bogotá.Según indicaron, el punto intervenido había sido identificado como un posible sitio donde podrían encontrarse restos de Movilla.En ese mismo sentido, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses informó a la JEP que encontró rastros de sangre humana en uno de los elementos materiales recuperados, el cual se encuentra protegido por una medida cautelar adoptada en septiembre de 2024, a solicitud de víctimas del conflicto armado.Según explicó la Jurisdicción, el rastro biológico fue identificado en un elemento recuperado en la zona que la propia JEP reportó como vulnerada en febrero de 2025, cuando detectó una excavación no autorizada en áreas de interés forense que estaban bajo protección judicial.Tras conocer esa intervención, la JEP interpuso denuncia ante la Fiscalía General de la Nación, solicitó la apertura de investigaciones disciplinarias e inició un incidente de desacato.“Como resultado de esta última decisión, la JEP sancionó al director de la Escuela de Logística, teniente coronel Jorge Emerson Melgarejo Escobar, con tres días de arresto y una multa de diez salarios mínimos legales vigentes, al hallarlo responsable de permitir una intervención no autorizada en el predio protegido, ubicado en la localidad de San Cristóbal, en Bogotá. La sanción de multa fue confirmada por la Sección de Apelación el 8 de octubre de 2025”, aseguran en el comunicado.La Jurisdicción aseguró que la información sobre el hallazgo fue comunicada directamente a la familia de Pedro Julio Movilla y a las organizaciones solicitantes de la medida cautelar.
Aunque grupos armados ilegales han manifestado que no interferirán en el proceso democrático, en terreno persisten situaciones que afectan el ejercicio político.El presidente de Indepaz, Camilo González, señaló que estructuras como el ELN, el Clan del Golfo y algunas disidencias de las Farc han firmado declaraciones en las mesas de conversación con el Gobierno Nacional en las que se comprometen a no intervenir en las elecciones. Sin embargo, advirtió que posteriormente se presentan hechos que alteran la actividad política.“Se presentan situaciones que luego ellos mismos explican como situaciones inmanejables, errores por el control de territorios, porque tienen la pretensión de ser los dueños y los que dan permiso o no. Entonces eso, por supuesto, tiene repercusiones muy negativas para el ejercicio de la política”, aseguró González.Según el directivo, estas justificaciones generan restricciones para candidatos, líderes sociales y comunidades, afectando el desarrollo democrático.El presidente de Indepaz señaló que actualmente hay al menos 81 municipios con alertas graves frente a la perspectiva electoral. No obstante, afirmó que esto no significa necesariamente que en todos ellos se vaya a impedir la instalación de puestos de votación o que se produzcan sabotajes directos, pero sí refleja un contexto delicado para el normal desarrollo de las campañas.Además, subrayó que en cerca de 300 municipios se registran alteraciones y riesgos asociados a prácticas tradicionales como la compra y el rastreo de votos.“En cerca de 300 municipios, las alteraciones y los peligros para las elecciones tienen que ver con las tradicionales formas de corrupción, como la compraventa y el rastreo de votos, además del manejo del clientelismo. Pero la parte de la violencia directa, que ya hemos visto en disparos y atentados, incluso en Bogotá, sigue presente en diferentes regiones”, agregó.Aunque los grupos en negociación han reiterado su voluntad de no interferir en el proceso electoral, la situación en terreno evidencia que persisten dinámicas de presión armada y control territorial que podrían impactar el ejercicio democrático.
Desde hace tres días se intensificaron los hostigamientos en El Carmen, Norte de Santander. Los enfrentamientos armados en pleno casco urbano no solo han dejado un policía muerto y ataques contra la fuerza pública, sino que mantienen a los menores fuera de las aulas y expuestos al fuego cruzado.Según Luis Fernando Niño, consejero de Paz de Norte de Santander, entre 300 y 350 estudiantes permanecen sin asistir a clases debido a los combates y a la presencia de hombres armados en el casco urbano.“Ayer, cuando se dio el primer ataque, inició a las seis y cuarto de la mañana aproximadamente, que es la hora de ingreso de los estudiantes al colegio. Hoy fue igual, en las horas de la mañana. La persona que nos ha dado información desde la institución educativa habla de aproximadamente entre 300 y 350 menores que no han podido ir a clases”, aseguró Niño.La suspensión de las clases también implica que los estudiantes no tengan acceso al Plan de Alimentación Escolar.“A esto hay que sumarle no solo las clases, sino el tema del Plan de Alimentación Escolar, que es parte de este suplemento importante para que los niños puedan realizar sus labores diarias. Todo esto, obviamente, se ve afectado en medio del fuego cruzado que se está dando, reitero, en el casco urbano, con población civil en medio, violando así el derecho internacional humanitario”, agregó el consejero de Paz.Sin embargo, la principal preocupación es el riesgo que enfrentan los menores ante la posibilidad de quedar en medio del fuego cruzado o ser víctimas de reclutamiento forzado.“Ahorita, con los enfrentamientos, se ha deteriorado mucho más esto, pero en otras zonas del Catatumbo también, por el miedo al reclutamiento forzado, los padres de familia no envían a sus hijos porque pueden pisar un campo minado, pueden quedar en medio del fuego cruzado o también pueden ser reclutados”, añadió.Las autoridades reiteraron que, mientras persistan los hostigamientos en El Carmen, más de 300 menores seguirán sin poder regresar a clases, en medio de una escalada violenta que aumenta el riesgo de reclutamiento forzado en el Catatumbo.
Este domingo, 15 de febrero, en una ceremonia reservada, la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) entregó simbólicamente los restos que serían de Camilo Torres Restrepo al padre jesuita, Javier Giraldo, quien en 2019 presentó la solicitud que impulsó la búsqueda del cuerpo del conocido “cura guerrillero”.El evento empezó con una eucaristía en la capilla Cristo Maestro, en el campus de la Universidad Nacional y continuó en la sede de la Unidad de Búsqueda en el centro de Bogotá.Este domingo, se conmemoraron los 60 años de la muerte de Camilo Torres quien falleció durante un enfrentamiento armado con el Ejército en zona rural de San Vicente de Chucurí, en el departamento de Santander. Su cuerpo fue sepultado de manera clandestina y durante décadas se desconoció su paradero.Sin embargo, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses continuaba los estudios periciales sobre las muestras remitidas por la UBPD, en medio de limitaciones ocasionadas por el estado y las condiciones de las estructuras óseas.Ariel Cortés, director general de Medicina Legal, informó que el equipo interdisciplinario forense sigue los protocolos establecidos en la investigación asociada a la identificación del cuerpo, y que solo se iba a pronunciar cuando existiera información concluyente siguiendo el debido proceso.El jueves de la semana pasada, la Unidad de Búsqueda había indicado que estaba a la espera de los últimos análisis forenses, necesarios para emitir el informe integral de identificación y el reporte definitivo de lo ocurrido.“Contar con el informe final integral de identificación es una condición ineludible para avanzar en el proceso de entrega digna y culturalmente pertinente del padre Camilo Torres Restrepo a su buscador”, precisó la entidad tras agregar que además de los restos contaban con muestras de familiares exhumadas en 2024, que fueron analizadas en Colombia y Estados Unidos, lo que permitió avances en la investigación.No obstante, este domingo el sacerdote jesuita Javier Giraldo, recibió un cofre marrón oscuro horas después de participar en una eucaristía en honor a Camilo Torres Restrepo.La ceremonia simbólica estuvo encabezada por la directora de la UBPD, Luz Janeth Forero, con el acompañamiento del excomisionado de Paz Danilo Rueda. La jornada se extendió por casi cuatro horas y concluyó hacia las nueve de la noche.
Este domingo, el presidente Gustavo Petro anunció que el Gobierno Nacional expedirá en los próximos días un nuevo decreto sobre el salario mínimo para el año 2026. La medida responde a la orden del Consejo de Estado, el máximo tribunal de lo contencioso administrativo, que recientemente suspendió de forma provisional el incremento del 23,7 % decretado a finales del año pasado.A pesar del revés judicial, el mandatario fue enfático al asegurar que la esencia de su política salarial se mantiene firme: "Dado que esta es una sentencia que nos ordenan, yo voy a aceptar el que se genere un decreto transitorio", afirmó Petro durante una alocución televisada. El objetivo central es preservar lo que el Ejecutivo ha denominado el "salario vital", fijado inicialmente en dos millones de pesos.Según Petro, "el nuevo decreto va a mantener un salario vital", aunque aclaró que, para cumplir con las exigencias del Consejo de Estado, máximo tribunal de lo contencioso administrativo, presentará nuevos estudios que justifican la subida del salario mínimo.Petro no dio detalles de cómo podría modificarse el mínimo, pero este domingo circularon en medios locales versiones de que el mandatario puede subir aún más el "salario vital", hasta los 2.155.000 pesos mensuales.El pasado viernes, después de que el Consejo de Estado ordenara la suspensión provisional del decreto que aumentó en un 23,7 % el salario mínimo, Petro se hizo eco en X de unos mensajes del economista colombiano Daniel Ossa, profesor asistente en la Universidad de Denver (EE.UU.), según el cual la remuneración básica puede ser incluso mayor para cerrar la brecha social.El jefe de Estado aseguró que los cálculos sobre salario relativo en Colombia y el rezago entre salario y productividad laboral respaldan la decisión adoptada por el Ejecutivo a finales del año pasado.¿Qué es el salario mínimo móvil?La graan novedad de la alocución fue la propuesta de transitar hacia un salario móvil. Según el presidente, este modelo permitiría que la remuneración básica de los trabajadores no sea una cifra estática anual, sino un valor que se ajuste dinámicamente según las variables de la economía nacional."En Colombia rige un salario vital, que es el mínimo vital de una familia y que es móvil. Ese criterio no lo pusimos en el decreto. Creo que esta orden de la Constitución debe exponerlo en el nuevo decreto. ¿Móvil que significa? Que si varían las condiciones, se varía también el salario por decreto. Debe mantener esa flexibilidad", planteó Petro, argumentando que esta figura encuentra respaldo en la sentencia 815 de la Corte Constitucional.
Luego de la decisión del Consejo de Estado de suspender el incremento salarial del 23,7 %, el presidente Gustavo Petro anunció en su alocución de este domingo que expedirá un nuevo decreto transitorio. El mandatario, además, habló de la implementación del salario mínimo móvil, una figura que busca que la remuneración no sea una cifra estática anual, sino que se ajuste dinámicamente para garantizar el sustento de la canasta familiar vital.¿Qué es el salario mínimo móvil y cómo operaría?A diferencia del modelo tradicional de ajuste fijo, la movilidad implica que el salario responda con flexibilidad a las realidades económicas del país. “Móvil significa que si varían las condiciones, varía también el salario; debe mantener esa flexibilidad”, explicó el jefe de Estado. El objetivo técnico es que el pueblo trabajador no pierda capacidad de compra frente a la inflación, asegurando que el monto siempre cubra las necesidades básicas determinadas por el DANE.Petro confirmó que el nuevo documento mantendrá inicialmente el valor del "salario vital" fijado para 2026 en dos millones de pesos. No obstante, advirtió que la cifra podría modificarse al alza tras presentar nuevos estudios al Consejo de Estado.“Si queremos cerrar la brecha ahora, el salario mínimo vital debería ser de 2. 155.000 pesos mensuales”, publicó el presidente antes de su alocución.Concertación y movilización nacionalPara definir el futuro de la remuneración, el Gobierno convocó a la Comisión de Concertación este lunes, con la participación del ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, sindicatos y gremios económicos. “Se puede hacer un pacto, indudablemente oiremos, pero inmediatamente después haremos el decreto nuevo transitorio”, enfatizó el presidente.Finalmente, Petro hizo un llamado a la ciudadanía para que este jueves se movilice en las plazas públicas del país. Según el mandatario, la defensa de esta "conquista histórica" no solo depende de argumentos jurídicos o económicos, sino de la "fuerza del pueblo trabajador" en las calles para respaldar la estabilidad del ingreso familiar.
En un contexto marcado por la reciente reconfiguración política del país, el ministro de Interior, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, emitió un balance contundente sobre la situación de orden público en Venezuela. Durante un acto oficial en el estado Nueva Esparta, el funcionario afirmó que la nación caribeña se posiciona actualmente como la más segura de todo el continente americano.Según las cifras presentadas por el también vicepresidente sectorial de Política, Seguridad Ciudadana y Paz, Venezuela registra actualmente "menos de tres delitos por cada 100.000 habitantes". Esta estadística, de acuerdo con el ministro, coloca al país en una posición de vanguardia respecto a sus vecinos regionales."Esto lo voy a decir con total y absoluta responsabilidad, no hay un solo país de América que tenga mejores índices de seguridad que Venezuela, no lo hay", sostuvo Cabello en declaraciones transmitidas por Venezolana de Televisión (VTV).Vigilancia semanal y el reto de la ciberseguridadEl alto funcionario subrayó que el Ejecutivo mantiene un monitoreo constante sobre la actividad criminal. Según sus declaraciones, las autoridades revisan "todas las semanas los índices delictivos" para ajustar las estrategias de los cuadrantes de paz. No obstante, reconoció que, si bien los delitos tradicionales han mostrado una tendencia a la baja, se ha detectado un incremento específico en los delitos informáticos, un fenómeno global que también ha impactado la infraestructura digital venezolana.Cabello también destacó el crecimiento en el interés de los jóvenes por profesionalizarse en el área de seguridad. Según el ministro, las solicitudes de ingreso a la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad (UNES) han aumentado significativamente. Para el titular de Interior, este fenómeno es una señal de confianza ciudadana, afirmando que el pueblo venezolano "no tiene miedo" a pesar de la inestabilidad política vivida a inicios de año.Un despliegue masivo para el asueto de CarnavalEl anuncio de estas cifras coincide con el inicio de las festividades de Carnaval. Para garantizar la paz durante el asueto, el Gobierno ha ordenado un despliegue sin precedentes. Desde el pasado jueves, un total de 228.028 funcionarios, entre militares, policías y personal de protección civil, se encuentran desplegados en todo el territorio nacional.Este operativo representa un incremento del 19,7% en comparación con el despliegue realizado en 2025, cuando se movilizaron 190.495 efectivos. El refuerzo del pie de fuerza busca cubrir los principales ejes viales, balnearios y centros turísticos del país durante los días de festividad que concluyen el próximo martes.
Lo que comenzó como una travesía por los imponentes paisajes de la Sierra Nevada de Santa Marta, el sistema montañoso litoral más alto del mundo, estuvo a punto de terminar en tragedia para el ciudadano estadounidense Clark Andrews Shimeall. El extranjero permaneció atrapado por cerca de 20 horas en las zonas altas del macizo, enfrentando condiciones climáticas adversas y un rápido deterioro de su estado de salud.La emergencia se activó formalmente el pasado viernes 13 de febrero, alrededor de las 5:00 de la tarde. Según relató la gobernadora del Magdalena, Margarita Guerra, la alerta llegó directamente desde el consulado de Estados Unidos: "Por la situación de salud de un ciudadano norteamericano que se encontraba en la Sierra Nevada de Santa Marta. Desde ese momento iniciamos una articulación con el Ejército Nacional, el hospital San Rafael, el hospital Julio Méndez, nuestro gabinete departamental, el Ministerio de Salud, la Fuerza Aeroespacial Colombiana, con el fin de hacerle rescate a este ciudadano".Un operativo de alta montaña y diplomaciaLa complejidad del terreno, ubicado a más de 10.000 pies de altura, exigió una coordinación sin precedentes. La Gobernación del Magdalena informó que el éxito de la misión dependió del liderazgo de la mandataria Guerra y de un engranaje institucional que involucró al Ministerio de Salud, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), la embajada de los EE. UU. y el Ejército Nacional.Sin embargo, un factor determinante fue la participación de las comunidades indígenas. Estos guardianes del territorio fueron los encargados de localizar y trasladar a Shimeall a un punto seguro para facilitar su extracción aérea. "El rescate se cumplió gracias al liderazgo de la gobernadora del Magdalena, Margarita Guerra, y el trabajo conjunto con el Ministerio de Salud, la UNGRD, la embajada de los EE. UU, el Ejército Nacional y las comunidades indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta, para salvaguardar la vida del extranjero", detalló el comunicado oficial.El traslado: De Jekichen a la Unidad de Cuidados IntensivosTras ser estabilizado inicialmente por las comunidades y organismos de socorro, un helicóptero de la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC) despegó desde Bogotá con destino a la comunidad indígena de Jekichen (Yechiuin). El primer punto de atención fue Nabusimake, considerada la capital espiritual de los Arhuacos, donde el paciente recibió los primeros auxilios antes de su traslado final a Santa Marta.El diagnóstico médico fue delicado. Al momento de su extracción, Shimeall presentaba un cuadro crítico: "Equipo médico de tercer nivel atiende al ciudadano estadounidense cuyo rescate demandó casi 20 horas (...) presenta dificultades pulmonares y deshidratación severa", confirmaron las autoridades.Recuperación y respuesta institucionalUna vez el helicóptero aterrizó en el Batallón Córdoba, Shimeall fue movilizado en una ambulancia de alta complejidad hacia el Hospital Julio Méndez Barreneche. Allí, la administración departamental garantizó una cama en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) con un equipo multidisciplinario.La gobernadora Guerra destacó la celeridad del proceso a través de sus redes sociales, enfatizando que el resultado se dio en tiempo récord: "Fruto del trabajo coordinado entre el Gobierno Nacional y la Gobernación del Magdalena. Cuando se trata de salvar vidas, actuamos sin demora, con responsabilidad y compromiso".Este incidente resalta la importancia de la activación de protocolos como el Centro Regulador de Urgencias y Emergencias (CRUE) y el Puesto de Mando Unificado (PMU), herramientas que permitieron mantener una comunicación minuto a minuto con el ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, y la familia del afectado en Estados Unidos.
El ministro del Interior, Alfonso Prada, reveló que el Gobierno ya recibió confirmación por parte del secretario de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para acompañar la verificación del cese al fuego bilateral con el ELN, la Segunda Marquetalia, el Estado Mayor Central, el Clan del Golfo y las Autodefensas de la Sierra Nevada, anunciado por el presidente Petro el 31 de diciembre de 2022. De acuerdo con el jefe de la cartera de la política, el objetivo es contar también con el acompañamiento de la MAP-OEA, representación de las Fuerzas Armadas. la Iglesia católica y organizaciones sociales en el territorio. "Ayer (domingo) recibimos la confirmación del secretario general de la ONU de vincularse a este proceso de acompañamiento del cese al fuego en estos cinco frentes. Esperamos que también esté ahí nuestras Fuerzas Armadas a través del Ministerio de Defensa. Habrá voceros de cada una de esas organizaciones y también de la OEA, de la misión de acompañamiento al proceso de paz en Colombia, la MAP-OEA. Además, esperamos dos actores claves: la Iglesia y las organizaciones sociales en el territorio", sostuvo Prada. El ministro Prada, además, anunció que bimestralmente el Gobierno de Gustavo Petro hará un reporte que servirá a modo de rendición de cuentas para que la opinión pública conozca el avance de los esfuerzos de paz. "Se prevé que cada dos meses hagamos un corte de cuentas, casi que una rendición de cuentas al país de cómo evoluciona en cada uno de los territorios con cada una de estas organizaciones", sostuvo. De acuerdo con el funcionario, cada organización tendrá un protocolo distinto del cese al fuego, los cuales serán de carácter reservado, por lo menos en un primer momento. “Hay un protocolo que se suscribe con cada una de las organizaciones, seguramente van a tener los mismos parámetros, porque es básicamente el mismo repliegue de actividades, el mismo compromiso de cesar todo tipo de fuego, de disparos, cesar los fusiles contra la población civil y las fuerzas armadas. Todos van a quedar en protocolos individuales, pero básicamente van a tener la misma lógica”, declaró. El ministro Prada aseguró que las críticas y comentarios por parte de la opinión pública son bienvenidos para alimentar y fortalecer el proceso; el funcionario que el cese al fuego del Gobierno Petro dista mucho de experiencias anteriores, especialmente porque en esta oportunidad no habrá un despeje territorial. “Cada crítica y comentario que se haga nos va a ayudar muchísimo. No es un movimiento menor en relación con la paz total. Hay una profunda diferencia y es que no vamos a despejar aquí 40.000 kilómetros cuadrados para que se muevan a sus anchas cada una de estas organizaciones, sin que haya presencia del Ejército colombiano o de las Fuerzas Armadas”, sostuvo el funcionario.
El mininterior Alfonso Prada aseguró en entrevista con Mañanas Blu que no se debería comparar, con la experiencia del Caguán, el cese al fuego bilateral con el ELN, la Segunda Marquetalia, el Estado Mayor Central, el Clan del Golfo y las Autodefensas de la Sierra Nevada, anunciado por el presidente Petro el 31 de diciembre de 2022.El ministro Prada aseguró que las críticas y comentarios por parte de la opinión pública son bienvenidos para alimentar y fortalecer el proceso; el funcionario que el cese al fuego del Gobierno Petro dista mucho de experiencias anteriores, especialmente porque en esta oportunidad no habrá un despeje territorial. “Cada crítica y comentario que se haga nos va a ayudar muchísimo. No es un movimiento menor en relación con la paz total. Hay una profunda diferencia y es que no vamos a despejar aquí 40.000 kilómetros cuadrados [de territorio] para que se muevan a sus anchas cada una de estas organizaciones, sin que haya presencia del Ejército colombiano o de las Fuerzas Armadas”, sostuvo el funcionario.El ministro Prada, además, anunció que bimestralmente el Gobierno de Gustavo Petro hará un reporte que servirá a modo de rendición de cuentas para que la opinión pública conozca el avance de los esfuerzos de paz. "Se prevé que cada dos meses hagamos un corte de cuentas, casi que una rendición de cuentas al país de cómo evoluciona en cada uno de los territorios con cada una de estas organizaciones", sostuvo. De acuerdo con Prada, cada organización tendrá un protocolo distinto del cese al fuego, los cuales serán de carácter reservado, por lo menos en un primer momento. “Hay un protocolo que se suscribe con cada una de las organizaciones, seguramente van a tener los mismos parámetros, porque es básicamente el mismo repliegue de actividades, el mismo compromiso de cesar todo tipo de fuego, de disparos, cesar los fusiles contra la población civil y las fuerzas armadas. Todos van a quedar en protocolos individuales, pero básicamente van a tener la misma lógica”, declaró. En cuanto a la verificación del cese del fuego, el ministro del Interior reveló que ya se recibió confirmación por parte de la ONU y que el objetivo es contar con el acompañamiento de la MAP-OEA, representación de las Fuerzas Armadas. la Iglesia católica y organizaciones sociales en el territorio. "Ayer (domingo) recibimos la confirmación del secretario general de la ONU de vincularse a este proceso de acompañamiento del cese al fuego en estos cinco frentes. Esperamos que también esté ahí nuestras Fuerzas Armadas a través del Ministerio de Defensa. Habrá voceros de cada una de esas organizaciones y también de la OEA, de la misión de acompañamiento al proceso de paz en Colombia, la MAP-OEA. Además, esperamos dos actores claves: la Iglesia y las organizaciones sociales en el territorio", sostuvo Prada.
El ministro del Interior, Alfonso Prada, explicó en Mañanas Blu las bases del cese al fuego bilateral con el ELN, la Segunda Marquetalia, el Estado Mayor Central, el Clan del Golfo y las Autodefensas de la Sierra Nevada, anunciado por el presidente Petro el 31 de diciembre de 2022. El funcionario reveló que cada dos meses el Gobierno rendirá cuentas a la ciudadanía sobre sus resultados. "Se prevé que cada dos meses hagamos un corte de cuentas, casi que una rendición de cuentas al país de cómo evoluciona en cada uno de los territorios con cada una de estas organizaciones", sostuvo. De acuerdo con Prada, cada organización tendrá un protocolo distinto del cese al fuego, los cuales serán de carácter reservado, por lo menos en un primer momento. “Hay un protocolo que se suscribe con cada una de las organizaciones, seguramente van a tener los mismos parámetros, porque es básicamente el mismo repliegue de actividades, el mismo compromiso de cesar todo tipo de fuego, de disparos, cesar los fusiles contra la población civil y las fuerzas armadas. Todos van a quedar en protocolos individuales, pero básicamente van a tener la misma lógica”, declaró. El ministro Prada aseguró que las críticas y comentarios por parte de la opinión pública son bienvenidos para alimentar y fortalecer el proceso; el funcionario que el cese al fuego del Gobierno Petro dista mucho de experiencias anteriores, especialmente porque en esta oportunidad no habrá un despeje territorial. “Cada crítica y comentario que se haga nos va a ayudar muchísimo. No es un movimiento menor en relación con la paz total. Hay una profunda diferencia y es que no vamos a despejar aquí 40.000 kilómetros cuadrados para que se muevan a sus anchas cada una de estas organizaciones, sin que haya presencia del Ejército colombiano o de las Fuerzas Armadas”, sostuvo el funcionario.En cuanto a la verificación del cese del fuego, el ministro del Interior reveló que ya se recibió confirmación por parte de la ONU y que el objetivo es contar con el acompañamiento de la MAP-OEA, representación de las Fuerzas Armadas. la Iglesia católica y organizaciones sociales en el territorio. "Ayer (domingo) recibimos la confirmación del secretario general de la ONU de vincularse a este proceso de acompañamiento del cese al fuego en estos cinco frentes. Esperamos que también esté ahí nuestras Fuerzas Armadas a través del Ministerio de Defensa. Habrá voceros de cada una de esas organizaciones y también de la OEA, de la misión de acompañamiento al proceso de paz en Colombia, la MAP-OEA. Además, esperamos dos actores claves: la Iglesia y las organizaciones sociales en el territorio", sostuvo Prada.
Antes de finalizar el 2022, el presidente de la República, Gustavo Petro, anunció que, a partir de este primero de enero de 2023, cinco grupos criminales en los que se encuentra el ELN, Clan del Golfo, Estado Mayor Central, Segunda Marquetalia y disidencias de las Farc inician un cese al fuego hasta el 30 de junio de 2023.Sin embargo, este cese al fuego tendrá un acompañamiento de organismos internacionales y otros nacionales como es el caso de la Iglesia católica, que fue clara en señalar que su trabajo se centrará en el monitoreo y la verificación estará a cargo de la ONU.“El monitoreo es una labor más de acompañamiento a las comunidades, de ayudar a que las comunidades puedan expresarse, que puedan dar a conocer sus voces de aliento, respaldo, de preocupaciones e inquietudes y la Iglesia hace monitoreo. Los monitoreos son más labores de diálogo de escucha permanente, es una labor de acompañamiento que ayuda a entender, que ayuda a llevar pedagogía a los territorios y ayuda a crear confianza”, detalló monseñor Héctor Fabio Henao, delegado de la Conferencia Episcopal de Colombia (CEC) para las relaciones Iglesia-EstadoEl representante de la Iglesia fue claro en señalar que la verificación estará a cargo de la ONU que cuenta con un equipo amplio.“Hasta ahora es una labor que ha sido hecha en otros ceses al fuego anteriores, por ejemplo, por las Farc y también con el ELN en el pasado y esas verificaciones fueron hechas por las Naciones Unidas que tiene la capacidad técnica y tiene el personal formado para ello, porque ahí hay que adoptar una serie de medidas que son de carácter técnico”, agregó monseñor Henao en dialogo con Blu Radio.Para Monseñor, el anuncio hecho por el presidente Gustavo Petro beneficia, especialmente, a los pobladores de regiones como Arauca, Norte de Santander, Caquetá, Putumayo, Chocó, Cauca y el nordeste antioqueño, zonas donde la mayor influencia la tienen esos grupos armados y donde hay más delitos y más ataques contra la población civil.
Tras el anuncio hecho por el presidente Gustavo Petro de un cese al fuego bilateral con cinco grupos criminales en los que se encuentra el ELN, Clan del Golfo, Estado Mayor Central, Segunda Marquetalia y las disidencias de las Farc, hasta el 30 de junio de 2023, el cual será verificado, diferentes sectores reaccionaron.Uno de los primeros en responder fue el representante de la ONU en Colombia, Carlos Ruiz Massieu, quien señalo lo siguiente desde su cuenta de Twitter:“Saludo el anuncio de cese al fuego bilateral hecho por el presidente @petrogustavo. Naciones Unidas apoya todos los esfuerzos orientados a reducir la violencia en los territorios, a proteger a las comunidades afectadas por el conflicto y a construir paz en Colombia”, expresó Carlos Ruiz Massieu.Por su parte, el senador del Pacto histórico Iván Cepeda también se pronunció y dijo que es un buen mensaje para el inicio del 2023. “Que mejor manera para comenzar el año del 2023 que con un anuncio de alto al fuego con cinco organizaciones armadas. Esa es una demostración práctica de que la paz total no es un sueño; comienza a plasmarse una realidad tangible para Colombia que tanto lo necesita hoy”, subrayó Cepeda.Uno de los actores que estará en la mesa y participará activamente será el Ministerio del Interior y, al respecto, se pronunció desde las redes sociales donde señaló:“Es una decisión que nos llevará con seguridad al inicio de la #PazTotal en los territorios. Se escuchó la voz de las organizaciones sociales y salvará la vida de muchos colombianos y de nuestros soldados, caminamos a la paz total”, escribió en su red social el ministro del Interior, Alfonso Prada.Desde la oposición, la senadora del Centro Democrático explicó que no es muy claro el mensaje del presidente y despierta algunas preocupaciones.“Uno siente una enorme preocupación cuando se habla de cese bilateral porque indica la parálisis de la fuerza legitima del Estado para combatir estas estructuras criminales. Preocupa también porque, hasta el momento, no hemos visto ningún gesto de paz, el cese debería ser unilateral verificable para saber que sí hay voluntad para negociar y una preocupación adicional es que los colombianos hoy no tenemos claro cuál es la agenda, las líneas rojas y bajo qué parámetros se está surtiendo esta negociación”, apuntó la senadora del Centro Democrático Paola Holguín.Le puede interesar:
La Sección de Apelación de la JEP ratificó la competencia de esa jurisdicción para investigar el magnicidio de Álvaro Gómez Hurtado, asesinado el 2 de noviembre de 1995 en Bogotá, cuando salía de dictar clases en la Universidad Sergio Arboleda.La familia del líder conservador había solicitado a la JEP revocar esa competencia y enviar el caso a la Fiscalía; sin embargo, la jurisdicción consideró que existen elementos suficientes para mantener la investigación en su órbita.“La JEP tiene competencia material para adelantar la investigación por el presente caso. Aunado a ello, y reconociendo el interés legítimo que asiste a las víctimas en reclamar que se haga justicia por los hechos, la SA identifica que le corresponde al Estado encauzar de manera objetiva la totalidad de las acciones que resulten conducentes para garantizar el cumplimiento efectivo de su obligación de investigar y sancionar a los responsables”, señala la resolución de la Sección de Apelación.La jurisdicción precisó que, aunque mantiene la competencia, la justicia ordinaria puede avanzar en otras hipótesis, ya que la JEP se concentrará en la relacionada con la presunta responsabilidad de la extinta guerrilla de las Farc.“La Sección de Apelación insiste en que debe tenerse presente que la competencia que asume la JEP para investigar los homicidios de Álvaro Gómez Hurtado y José del Cristo Huertas Hastamorir solamente cobija la hipótesis relacionada con la presunta responsabilidad de exmiembros de las Farc-EP y, en consecuencia, no configura ningún tipo de interferencia con los avances que puedan seguir obteniéndose en la JPO por parte de las instituciones que se encuentran indagando la responsabilidad de otros agentes estatales y no estatales que no estarían sujetos a la competencia del órgano judicial transicional, por lo menos hasta la fecha. En ese sentido, como ya lo indicó la Sala de Reconocimiento, la Fiscalía y la Comisión de Investigación y Acusación podrán continuar con su función constitucional, en tanto siguen ostentando la titularidad de la acción penal de las investigaciones ya reseñadas y que no son objeto de estudio por la JEP”, agregaron los magistrados.La familia de Álvaro Gómez ha reiterado que no cree en la versión de la extinta guerrilla de las Farc, según la cual esa organización es responsable del magnicidio. Sus familiares sostienen que habría una responsabilidad de Estado e incluso han señalado por su presunta responsabilidad al expresidente Ernesto Samper.En la resolución también se indica: “Aunque no existe un nivel de certeza determinante, tampoco es descartable la responsabilidad de las Farc-EP y, en esa medida, se entiende que esta hipótesis podrá encontrar una evolución mientras avanza la investigación y el esclarecimiento de los patrones de violencia y hasta que se logre determinar de manera contundente la existencia, o no, de la responsabilidad penal que ha sido formulada por los comparecientes. Lo anterior, bajo la debida garantía de que en cada etapa del proceso las víctimas y demás intervinientes tendrán las oportunidades correspondientes para presentar, de acuerdo con las reglas procesales aplicables, las objeciones que estimen pertinentes”.La Sección recordó además que la jurisdicción tiene competencia prevalente para investigar hechos relacionados con el conflicto armado. En ese sentido, explicó que miembros del antiguo Secretariado de las Farc-EP afirmaron que el asesinato obedeció a una retaliación por las posturas políticas de Gómez Hurtado en la época del surgimiento de esa guerrilla, cuando los calificó como “repúblicas independientes”.
Miroslav Jenca, jefe de la Misión de Verificación de la ONU, explicó que uno de los mayores desafíos se concentra en regiones como el Catatumbo, donde el desplazamiento forzado y el confinamiento continúan afectando a miles de personas. Según señaló, en el marco de las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz (Citrep) y las Curules de Paz, cerca de 100.000 personas no pueden ejercer su derecho al voto debido a que se ven obligadas a desplazarse constantemente de un lugar a otro como consecuencia de la violencia.“Hay alrededor de 100.000 personas que prácticamente no pueden votar porque se desplazan de un lugar al otro”, aseguró.El jefe de la misión relató que durante sus recientes visitas a esta región, incluida la zona rural del municipio de Tibú y sectores como Versalles, pudo constatar la complejidad de la situación humanitaria y de seguridad. “Hablé con la gente en Versalles, y allá la situación de veras es muy, muy compleja, muy difícil”, afirmó.En ese contexto, Jenca insistió en que garantizar el derecho al voto es esencial para la democracia colombiana. “Yo pienso que es muy importante asegurar, garantizar el derecho al voto a todos los votantes y todas las votantes aquí en Colombia”, reiteró, haciendo énfasis en la necesidad de adoptar medidas para las regiones más afectadas por el conflicto.El jefe de la misión también se refirió a las responsabilidades frente al desarrollo de la campaña electoral. Señaló que el gobierno colombiano tiene un papel central en la protección del proceso democrático, al ser el único con el uso legítimo de la fuerza. En ese sentido, recalcó que el Gobierno debe garantizar un entorno seguro para todos los precandidatos y precandidatas, de manera que puedan hacer campaña sin amenazas ni restricciones indebidas.No obstante, Jenca aseguró que los propios precandidatos también deben contribuir activamente a la construcción de elecciones libres y en paz, respetando las reglas del juego democrático y promoviendo un ambiente de tolerancia y no violencia durante la contienda electoral.“Claro que los precandidatos también tienen responsabilidad de contribuir a las elecciones libres y en paz”, añadió.Finalmente, expresó el interés de la comunidad internacional en que todos los actores políticos respalden y firmen compromisos públicos "por que aquí hablamos de la democracia en Colombia".
El informe 'Compromiso con un proceso electoral libre y en paz en Colombia', elaborado por la Defensoría del Pueblo, analiza el periodo comprendido entre julio y diciembre de 2025, donde se evidencia que el ambiente electoral se desarrolla en un contexto de alta tensión política.Al mismo tiempo, señalan que la figura presidencial ha ocupado un lugar central en las narrativas de las precandidaturas, desplazando el énfasis en propuestas hacia la confrontación política.Uno de los hallazgos más preocupantes es la persistente subrepresentación de las mujeres en la contienda presidencial. “De las 99 precandidaturas activas identificadas al 15 de diciembre, solo 12 corresponden a mujeres (12,12 %), frente a 87 hombres (87,8 %). Esta brecha muestra una subrepresentación persistente que repercute en la visibilidad de las mujeres en la discusión electoral y limita su capacidad para posicionar agendas propias”.Durante la fase temprana de definición de precandidaturas, las redes sociales y plataformas digitales se consolidaron como el principal escenario de visibilidad política, ante la ausencia de campañas formales y el acceso desigual a medios tradicionales.Para la Defensoría “esta centralidad también amplifica riesgos asociados a la desinformación, la polarización discursiva y el uso de lenguaje violento, factores que inciden de manera directa en la calidad del debate democrático”.La Defensoría señala que el ambiente electoral estuvo marcado por hechos de alto impacto, como el magnicidio del precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay; los procesos de definición de candidaturas mediante consultas; la escogencia de Paloma Valencia como candidata presidencial del Centro Democrático; y el anuncio de consultas interpartidistas para el 8 de marzo.“El aumento de las fricciones en las relaciones entre el gobierno colombiano y el de Estados Unidos, lo que ha causado un distanciamiento entre las administraciones. Hoy las relaciones entre ambos países ocupan un lugar más importante dentro del debate electoral actual, que el que han tenido en otros periodos similares”, señala.En materia de violencia política, la Misión de Observación Electoral reportó que durante 2025 se registraron 415 hechos de violencia contra liderazgos políticos, sociales y comunales. Aunque esta cifra representa una disminución frente al año preelectoral de 2021, la violencia continúa afectando de manera desproporcionada a los liderazgos políticos.El informe advierte que, si bien existe una condena abierta y generalizada a los ataques físicos, no se observa el mismo nivel de rechazo frente al uso de expresiones violentas, estigmatizantes o narrativas difundidas por terceros en redes sociales que pueden derivar en incitaciones a la violencia.Los resultados del informe muestran niveles altos de cumplimiento en la defensa de la primacía de la vida, el reconocimiento de la juventud y el respeto por las instituciones. Sin embargo, revelan niveles bajos en aspectos clave como la promoción del lenguaje constructivo y la eliminación de la estigmatización, así como en la garantía de difusión de información veraz.En particular, el punto relacionado con la información veraz presenta el nivel más bajo de cumplimiento y alineación, evidenciando la ausencia de protocolos o lineamientos para la verificación de contenidos, especialmente entre las precandidaturas que no suscribieron el Compromiso.Según la Defensoría, esto “revela la persistencia de patrones comunicativos que priorizan la confrontación violenta, las emociones y la deslegitimación del adversario por encima de la argumentación y la deliberación sustantiva. Que se ataque más a las personas que a los argumentos es un desafío profundo para la calidad de la democracia dentro y fuera de los entornos digitales”.Aunque durante el periodo analizado no se identificaron hechos documentados de violencias de género facilitadas por la tecnología, la Defensoría advierte que “no se puede ignorar que este tipo de violencias encuentran un nicho habilitante en entornos digitales donde se dan este tipo de confrontaciones en el periodo preelectoral”.La entidad alerta de que la violencia de género facilitada por la tecnología afecta de manera particular a mujeres, personas jóvenes y grupos minoritarios, y cuando se combina con la violencia contra las mujeres en política, configura un escenario especialmente preocupante para candidatas, militantes y liderazgos femeninos.Finalmente, la Defensoría subraya que la libertad de expresión es un pilar esencial del debate democrático, pero advierte que no puede convertirse en un escudo para la desinformación ni para el uso de lenguaje que promueva violencia.
La Jurisdicción Especial para la Paz imputó a 15 exintegrantes del Bloque Oriental y 7 del Bloque Sur, estructuras en las que se concentraron los secuestros más complejos, prolongados y violentos del conflicto armado.En el caso del Bloque Oriental, la estructura fundacional y más grande de la antigua guerrilla, la JEP los halló responsables por secuestros cometidos en Arauca, Casanare, Cundinamarca, Guainía, Guaviare, Meta, Vaupés y Vichada, así como en algunas zonas de Boyacá, Caquetá y Santander.Para el Bloque Sur, las conductas investigadas ocurrieron principalmente en Huila, Caquetá, Putumayo, Nariño, Amazonas y en sectores de Cauca y Meta.Los imputados del Bloque Oriental son: Wilmar Antonio Marín, quien fue conocido como ‘Hugo o Hugo 22’; Bernardo Mosquera, quien fue conocido como ‘Negro Antonio’; Nelson Quintero, quien fue conocido como ‘Arcesio Angarilla’; Marco Fidel Suárez, quien fue conocido como ‘Arsenio Mejía o Kokoriko’; Holmes Puentes, quien fue conocido como ‘Ricaurte Páez’; Marcos Patiño, quien fue conocido como ‘Efrén o Patequeso’; Germán Gómez, quien fue conocido como ‘Lucas 40’, ‘Lucas Urueta’ o ‘El Médico’; José Ricaurte Valencia, quien fue conocido como ‘Jerónimo Gutiérrez’ o ‘Caresanto’; Luis Garzón, quien fue conocido como ‘Severiano’; Elmer Caviedes, quien fue conocido como ‘Albeiro Córdoba’; Rodolfo Restrepo, quien fue conocido como ‘Víctor Tirado’; Bertulfo Caicedo, quien fue conocido como ‘Alberto Pitufo’; Julián Saavedra, quien fue conocido como ‘William Sánchez’ o ‘Plinio’; Olivo Guantiva, quien fue conocido como ‘Robledo’; y Gerardo Aguilar, quien fue conocido como ‘César’.Por su parte, los imputados del Bloque Sur son: Fabián Ramírez; Floresmiro Burbano (Martín Corena); Darío Lee Díaz (Robledo); Luis Montes (Euclides Bermúdez); Ángel García (Hernán Benítez); Ezequiel Hueguía (Rolando Romero); y William Tovar (Franklin Smith Caicedo). Según la JEP, este bloque tuvo un papel central en secuestros con fines de canje, especialmente contra figuras políticas, entre ellas Ingrid Betancourt, entonces candidata presidencial, y Clara Rojas, su fórmula vicepresidencial y jefa de campaña.La investigación estableció que, debido a su mayor capacidad operativa y control territorial, el Bloque Oriental recibió durante años a víctimas de secuestro provenientes del Bloque Sur, particularmente aquellas retenidas para intercambio por guerrilleros presos. Estas personas permanecieron durante largos periodos en campamentos selváticos, en condiciones extremas de cautiverio.La Sala de Reconocimiento llamó a estos comparecientes a reconocer responsabilidad por crímenes de guerra de toma de rehenes, así como por otros delitos cometidos durante el cautiverio, entre ellos homicidio, tortura, tratos crueles, atentados contra la dignidad personal, violencia sexual y desplazamiento forzado.Además, les atribuyó crímenes de lesa humanidad por graves privaciones de la libertad y conductas asociadas, como desaparición forzada, asesinato, esclavitud y otros actos inhumanos, los cuales, por su gravedad, no pueden ser objeto de amnistía ni perdón judicial.La investigación concluyó que los excombatientes imputados tenían control efectivo sobre su tropa y capacidad de imponer disciplina, por lo que son responsables tanto por haber impartido órdenes directas que derivaron en secuestros y asesinatos, como por no impedir los abusos cometidos contra las víctimas durante el cautiverio.Algunos de ellos, además, participaron de manera directa en crímenes graves y comandaron campamentos donde las personas permanecieron privadas de la libertad durante años.De acuerdo con la JEP, el Bloque Oriental fue responsable del 34 % de los secuestros atribuidos a las Farc-EP en todo el país, mientras que el Bloque Sur concentró el 8 %. Sin embargo, el 18 % de las víctimas acreditadas ante la JEP señalan al Bloque Sur como responsable. Entre las 4.439 víctimas acreditadas, 1.239 atribuyen su secuestro al Bloque Oriental y 771 al Bloque Sur.La JEP documentó que ambos bloques actuaron bajo tres patrones criminales: secuestros para financiar la organización, para forzar intercambios por guerrilleros presos y para ejercer control social y territorial. En este último patrón se registraron trabajos forzados, castigos colectivos y asesinatos de personas que intentaron escapar del cautiverio.Con estas imputaciones, la Sala de Reconocimiento de Verdad cerró la investigación del Caso 01 y dejó delimitada la lista de responsables por el secuestro en las Farc-EP. El proceso entra ahora en la etapa de reconocimiento de responsabilidad, en la que los imputados deberán aceptar o rechazar los cargos en un plazo de 30 días.De haber reconocimiento, se avanzará hacia sanciones propias de carácter restaurativo; de lo contrario, los casos podrán ser remitidos al Tribunal para la Paz o a la Unidad de Investigación y Acusación, donde podrían derivar en juicios con penas de hasta 20 años de cárcel.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) reiteró su llamado al Gobierno nacional para que se sume con recursos económicos a la búsqueda de personas desaparecidas en La Escombrera, en Medellín.El presidente de la JEP, Alejandro Ramelli, explicó que, hasta ahora, el proceso de excavación ha sido sostenido principalmente con recursos de la Alcaldía de Medellín y la Gobernación de Antioquia, lo que ha permitido garantizar la continuidad de las labores en el corto plazo. No obstante, advirtió que la magnitud del trabajo que aún falta por realizar hace indispensable un respaldo económico directo del Gobierno nacional.“Es enorme lo que hay que mover de escombros y demás, pues sí es fundamental que el Gobierno nacional, digamos, de manera directa apoye económicamente para que esa búsqueda sea posible y no solamente la Alcaldía de Medellín, que es algo que yo he venido insistiendo hace mucho tiempo”, aseguró Ramelli.Desde el Tribunal para la Paz, el magistrado Gustavo Salazar Velázquez, de la Sección de Reconocimiento, explicó que el proceso en La Escombrera corresponde a una excavación continuada que demanda una alta cantidad de recursos. Según detalló, actualmente existe una bolsa conjunta de financiación integrada por aportes de la JEP, la Alcaldía de Medellín y la Gobernación de Antioquia.De acuerdo con el magistrado, la Jurisdicción Especial para la Paz aporta los equipos forenses y la mano de obra, mientras que la Alcaldía de Medellín ha asumido el cubrimiento del bienestar de las víctimas y el suministro de la maquinaria amarilla necesaria para las excavaciones.“En este momento estamos recontratando la maquinaria amarilla por parte de la Alcaldía de Medellín, la maquinaria retoma la semana entrante y estamos garantizando recursos hasta mediados, finales del mes de agosto y sabiendo de la alta exigencia de recursos, vinculamos al Gobierno nacional para que incorpore recursos para el proceso de excavación”, afirma el magistrado.En ese marco, explicó que ya se han iniciado conversaciones con distintas entidades para definir los mecanismos de aporte. Entre ellas, el Departamento Nacional de Planeación, el Ministerio de Hacienda, el Ministerio del Interior y el Ministerio de las Artes, este último involucrado en el proceso de memorialización de La Escombrera, que se adelanta desde el año pasado y que cuenta con una fase avanzada.
El abogado jurídico del Clan del Golfo aseguró que la suspensión temporal de los diálogos con el Gobierno nacional se produjo luego de las declaraciones del ministro de Defensa, Pedro Sánchez, que calificó como “supremamente graves” y como un incumplimiento de los acuerdos alcanzados en la mesa.Según Ricardo Giraldo, abogado contratado por el EGC para el proceso de paz total, las declaraciones del ministro de Defensa, Pedro Sánchez, desconocieron un punto central del proceso: “El respeto por la identidad de las partes”.En ese sentido, recordó que existe una resolución del 5 de septiembre de 2025 mediante la cual el presidente de la República reconoce la autodenominación del grupo como Ejército Gaitanista de Colombia y no como Clan del Golfo.“Si están unos diálogos, unas conversaciones, unas negociaciones, como lo quieran llamar, para salir del conflicto, yo creo que lo más importante es el respeto a la identidad de las partes, como una primera medida. Entonces, eso fue lo primero que se incumplió”, afirmó el abogado.Giraldo cuestionó además que el grupo fuera señalado como un “cartel” y como el dueño del narcotráfico en Colombia.“Lo señala como el cartel del clan del golfo, como si ellos fuesen los dueños del narcotráfico en Colombia. Y en la mesa ha quedado demostrado que eso no es así, mis representados controlan el mercado, eso no lo puede negar nadie, pero de que sean los dueños, no”, añadió Giraldo.Finalmente, el abogado explicó que la decisión de suspender los diálogos fue adoptada de manera temporal e indefinida, sin establecer plazos para su reanudación, y que el levantamiento de la suspensión dependerá de la respuesta que entregue el Gobierno nacional frente a las declaraciones cuestionadas.Desde el Gobierno, el alto comisionado para la Paz, Otty Patiño, asegura que las órdenes de captura contra los principales líderes del Clan del Golfo se encuentran suspendidas, en el marco del espacio de conversación sociojurídica que adelanta el Gobierno nacional con ese grupo armado ilegal.“Desde el pasado diciembre, se encuentran suspendidas la ejecución de órdenes de captura de estos líderes conforme a lo establecido en la Resolución 274 de 2025 de la Presidencia de la República. Tanto la Fiscalía General de la Nación como el Ministerio de Defensa están informados de cada paso del proceso en el marco de la coordinación institucional correspondiente”, aseguran desde el comisionado en un comunicado.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) admitió de manera provisional la comparecencia de José Leonairo Dorado Gaviria, quien fue sargento viceprimero del Ejército Nacional y se desempeñó durante años en el área de inteligencia. Fue condenado en la justicia ordinaria por extorsión, al aprovechar información confidencial y apropiarse de 22 millones de pesos, y actualmente se encuentra privado de la libertad.En 2018, la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas (SDSJ) rechazó su sometimiento por considerar que la Jurisdicción no tenía competencia material sobre la conducta por la que fue condenado. Esa decisión fue confirmada por la Sección de Apelación, y en los años siguientes la SDSJ se mantuvo en lo ya resuelto, pese a nuevas solicitudes del compareciente para ingresar al sistema transicional.Con el paso del tiempo, Dorado Gaviria amplió sus aportes y afirmó tener conocimiento, e incluso participación, en múltiples hechos delictivos, relacionados con su labor como integrante de la inteligencia militar encubierta del Ejército.A partir de esa información, la Sala de Reconocimiento de Verdad (SRVR) lo llamó a rendir versión voluntaria dentro de los macrocasos 06 y 08 y emitió un concepto preliminar positivo sobre sus contribuciones, al considerar que podrían ser relevantes.En abril de 2024, un despacho de la SDSJ resolvió desarchivar la actuación transicional, al concluir que las nuevas solicitudes del compareciente incluían hechos y conductas que debían ser analizados para determinar si podían ser competencia de la JEP.El auto señaló que esos relatos podrían contribuir al esclarecimiento de violaciones a los derechos humanos cometidas durtante su vinculación a la Brigada XX y al Batallón Charry Solan, en particular aquellas asociadas a estructuras de inteligencia militar, como asesinatos y desapariciones forzadas presentadas ilegítimamente como bajas en combate, así como posibles vínculos entre miembros de la fuerza pública y grupos paramilitares en distintas regiones del país.Posteriormente, la defensa de Dorado interpuso un recurso de apelación, solicitando que se revisara la decisión que había negado beneficios transicionales y que se analizara la conexidad entre su conducta y el conflicto armado, teniendo en cuenta su rol funcional dentro del Ejército y los aportes entregados ante la JEP.En diálogo con Blu Radio, Pedro Díaz, magistrado de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP, por donde pasó el proceso en una primera instancia, explicó el alcance de esta admisión provisional y lo que se espera del compareciente dentro del sistema transicional.“Eso significa que debe aportar aquello más de lo que se ha establecido en las investigaciones, los procesos y sentencias de la justicia ordinaria, que sean razonados, que sean verdades, que a la JEP le permita contrastar no solo señalamientos o expresiones reiterativas o genéricas, sino que esto permita avanzar en las investigaciones y especialmente de los hechos de desaparición forzada y asesinatos ocurridos durante esa década de los años 80 y comienzos de los 90, en que los servicios de inteligencia de las fuerzas militares fueron muy activos en este patrón y práctica criminal”, detalló el magistrado. Finalmente, el magistrado señaló que en estos casos, la prioridad es garantizar los derechos de las víctimas y conocer la verdad en crímenes que son considerados de los más graves por el derecho internacional, como la desaparición forzada.
La mesa de negociación entre el Gobierno nacional y el Clan del Golfo atraviesa un momento delicado tras el anuncio de suspensión provisional de los diálogos por parte del grupo armado ilegal. De acuerdo con la delegación del Gobierno, la decisión se habría tomado de manera unilateral y sin comunicación oficial que precise sus alcances.“Nos hemos enterado de una decisión unilateral de suspensión provisional; dicen ellos que es para algunas consultas. Esperamos una notificación formal y enterarnos bien del detalle”, aseguró Álvaro Jiménez, negociador del Gobierno con el Clan del Golfo.Según se conoció, la suspensión estaría relacionada con declaraciones realizadas en las últimas horas por el ministro de Defensa, Pedro Sánchez. Jiménez indicó que la información conocida hasta ahora apunta a una reacción del grupo armado frente a esos pronunciamientos.“Entendí, de la información que ha sido conocida, que es a raíz de unas declaraciones que el señor ministro de Defensa hizo en la mañana de hoy y esperamos un poco los desarrollos para poder asumir un comportamiento respecto de las mismas”, añadió.Jiménez señaló que la delegación se encuentra a la espera de mayores desarrollos para definir su postura frente a la decisión anunciada, y reiteró que, hasta el momento, no existe una notificación formal que confirme la suspensión ni sus términos.El delegado del Gobierno también subrayó que las acciones y procedimientos del Ministerio de Defensa son competencia exclusiva de esa cartera y que no corresponde a la mesa de negociación contradecirlas.“Las acciones y procedimientos del Ministerio de Defensa son competencia del señor ministro; yo no las voy a contradecir, pero he podido conversar con él y el señor ministro de Defensa me ha indicado que ellos cumplirán con el compromiso que se ha hecho en las mesas; por tanto, espero que haya alguna precisión al respecto”.Por ahora, el Gobierno espera que el Clan del Golfo notifique oficialmente su decisión, precise si la suspensión será temporal y aclare qué ocurrirá con el futuro de los diálogos.
El 2025 cerró como uno de los años más críticos para la movilidad humana forzada en Colombia. De acuerdo con el balance Dinámicas de Movilidad Humana Forzada en Colombia de la Defensoría del Pueblo, durante el año se registraron 133 eventos de desplazamiento forzado masivo, que afectaron a 107.924 personas, así como 99 eventos de confinamiento, que restringieron la movilidad de 128.825 personas en distintas regiones del país.En comparación con el año anterior, el número de personas desplazadas aumentó un 318,3 %, mientras que los casos de confinamiento crecieron un 19,4 %. “El informe advierte que las cifras superaron ampliamente las de 2024 y reflejan graves afectaciones a comunidades civiles en diferentes territorios”, afirma el documento.La subregión del Catatumbo, en Norte de Santander, concentró la mayor parte de las afectaciones. La crisis registrada a comienzos de año dejó más de 73.000 personas desplazadas, equivalente al 73 % del total nacional. Municipios como Tibú y El Tarra encabezaron los reportes, y durante el resto del año se mantuvieron nuevos episodios de desplazamiento y confinamiento.Otros departamentos como Nariño, Cauca y Antioquia también reportaron desplazamientos masivos, mientras que en confinamiento los mayores impactos se registraron en Chocó, Norte de Santander, Cauca, Huila, Guaviare, Antioquia y Valle del Cauca, que concentraron el 80,3 % de los casos del país. Solo en Chocó se contabilizaron 23.645 personas confinadas, la cifra más alta a nivel nacional.Solo en diciembre de 2025, se documentaron 10 eventos de desplazamiento forzado masivo, con 4.680 personas afectadas, y 6 eventos de confinamiento, que limitaron la movilidad de 18.450 personas.Nuevamente, Catatumbo concentró la mayor parte de las emergencias, con más de 3.700 personas desplazadas y 6.283 confinadas en ese periodo. Frente a diciembre de 2024, el incremento fue drástico: 676,2 % más personas desplazadas y 921,7 % más afectadas por confinamiento.El informe también advierte sobre el impacto migratorio. Entre el 1 de enero y el 15 de diciembre de 2025, 152.858 migrantes irregulares transitaron por Colombia, un 61 % más que en 2024. A esto se suma el retorno de 20.474 personas desde Norte y Centroamérica, en su mayoría de nacionalidad venezolana.Adicionalmente, la Defensoría acompañó a 5.204 connacionales deportados desde España, Estados Unidos y Chile, por medio de 50 vuelos humanitarios.“Durante estos procesos, la entidad recibió quejas por violencia basada en género, abuso sexual, requisas inapropiadas, deficiencias en aseo, alimentación y atención médica, así como posibles actos de discriminación o xenofobia”, aseguraron desde la Defensoría.Finalmente, la entidad advirtió que “el desplazamiento forzado masivo en el país, durante 2025, creció más de tres veces en relación con el 2024, evidenciando el recrudecimiento del conflicto armado en el territorio nacional y la ineficacia del Estado con las medidas de prevención y protección de los derechos de la población”.
El informe RED-clutamiento 2.0 de la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la JEP documenta que al menos 1.749 menores de edad fueron reclutados en Colombia entre 2017 y 2026. Uno de los principales hallazgos es el uso sistemático de redes sociales para atraer a niños y adolescentes, especialmente en zonas rurales.“Desde 2021, el reclutamiento de niños y niñas es el tipo de victimización a la población civil que más rápido crece en Colombia (por encima de masacres, asesinato de líderes sociales, desplazamiento forzado y confinamiento). Esto coincide con el uso sistemático de las redes sociales”, asegura el informe.De acuerdo con el documento, el 44 % de los casos registrados en 2025 estuvieron asociados directamente al reclutamiento a través de plataformas digitales.Las cifras muestran, además, un crecimiento sostenido: mientras en 2022 se registraron 151 casos de reclutamiento, en 2023 la cifra subió a 255; en 2024 alcanzó los 362 y en 2025 llegó a 386 casos. En apenas cuatro años, el incremento supera el 150 %, convirtiéndose en una de las violencias con mayor crecimiento en el país.De acuerdo con la UIA, el uso de TikTok y Facebook ha facilitado que los casos de reclutamiento se dupliquen mensualmente en algunos territorios. Antes de la expansión del reclutamiento digital, estos hechos se concentraban en 97 municipios; hoy se registran en 248 municipios, lo que representa un aumento del 156 %.“Las redes sociales han propiciado que se presenten casos de reclutamiento en lugares donde jamás habíamos registrado hechos (inclusive en la época más álgida del conflicto armado con las Farc-EP)”, subraya el informe.Según el documento, los reclutadores digitales reproducen estereotipos de género binarios para hacer más atractiva la oferta y generar identificación entre niños y adolescentes. En algunos casos, convocan a menores a supuestos torneos de fútbol, asegurando que asistirán cazatalentos extranjeros que los llevarán a equipos profesionales fuera del país.El escrito señala que las disidencias de las Farc, bajo el mando de alias ‘Iván Mordisco’, son el grupo armado que más niños recluta a través de redes sociales. Esta estructura concentra 116 cuentas activas en Facebook y TikTok, con publicaciones que alcanzan en promedio más de 20.000 visualizaciones y, en algunos casos, millones de reproducciones.Su principal zona de operación está en el suroccidente del país, especialmente en Cauca, Valle del Cauca y Nariño, departamentos donde opera el 67 % de las cuentas identificadas.En total, el informe identificó 186 cuentas en redes sociales vinculadas a actividades de reclutamiento, con un promedio de 6.700 seguidores por cuenta.La UIA alerta que, si no se adoptan medidas urgentes de prevención y control, entre 2026 y 2030 podrían registrarse más de 2.300 nuevos casos de reclutamiento, lo que equivaldría a que un menor sea vinculado a un grupo armado cada 12 horas.