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Cese bilateral al fuego con grupos armados: ¿cuál será el papel de la Iglesia católica?

El presidente Gustavo Petro anunció que este cese bilateral al fuego será hasta el 30 de junio de 2023.

Gustavo Petro
Grupos armados ilegales // Foto: AFP, imagen de referencia

Antes de finalizar el 2022, el presidente de la República, Gustavo Petro , anunció que, a partir de este primero de enero de 2023, cinco grupos criminales en los que se encuentra el ELN , Clan del Golfo, Estado Mayor Central, Segunda Marquetalia y disidencias de las Farc inician un cese al fuego hasta el 30 de junio de 2023.

Sin embargo, este cese al fuego tendrá un acompañamiento de organismos internacionales y otros nacionales como es el caso de la Iglesia católica, que fue clara en señalar que su trabajo se centrará en el monitoreo y la verificación estará a cargo de la ONU.

“El monitoreo es una labor más de acompañamiento a las comunidades, de ayudar a que las comunidades puedan expresarse, que puedan dar a conocer sus voces de aliento, respaldo, de preocupaciones e inquietudes y la Iglesia hace monitoreo. Los monitoreos son más labores de diálogo de escucha permanente, es una labor de acompañamiento que ayuda a entender, que ayuda a llevar pedagogía a los territorios y ayuda a crear confianza”, detalló monseñor Héctor Fabio Henao, delegado de la Conferencia Episcopal de Colombia (CEC) para las relaciones Iglesia-Estado

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El representante de la Iglesia fue claro en señalar que la verificación estará a cargo de la ONU que cuenta con un equipo amplio.

“Hasta ahora es una labor que ha sido hecha en otros ceses al fuego anteriores, por ejemplo, por las Farc y también con el ELN en el pasado y esas verificaciones fueron hechas por las Naciones Unidas que tiene la capacidad técnica y tiene el personal formado para ello, porque ahí hay que adoptar una serie de medidas que son de carácter técnico”, agregó monseñor Henao en dialogo con Blu Radio.

Para Monseñor, el anuncio hecho por el presidente Gustavo Petro beneficia, especialmente, a los pobladores de regiones como Arauca, Norte de Santander, Caquetá, Putumayo, Chocó, Cauca y el nordeste antioqueño, zonas donde la mayor influencia la tienen esos grupos armados y donde hay más delitos y más ataques contra la población civil.

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