La activista venezolana Ana Karina García, directora de la Fundación Juntos se Puede, denunció una serie de seguimientos y hostigamientos contra ella y su equipo de trabajo en Bogotá. Su organización brinda acompañamiento a población migrante y refugiada venezolana en situación de vulnerabilidad.
Según García, su asistente fue interceptada este miércoles por dos hombres con acento venezolano, quienes, tras confirmar que trabajaba con ella y con la fundación, le arrebataron violentamente el celular. “La empujaron hacia una esquina, la acorralaron, le quitaron el celular, le pidieron que lo desbloqueara y se lo llevaron”, relató.
La activista aseguró que una camioneta con placas venezolanas ha estado vigilando la sede de la fundación y su vivienda desde agosto. “Esta realidad, luego del atentado del lunes en Bogotá contra dos activistas venezolanos, nos genera una enorme preocupación por la vida y la integridad física de quienes somos perseguidos políticos del régimen de Nicolás Maduro”, advirtió.
García solicitó protección inmediata al Gobierno nacional, la Cancillería, la Defensoría del Pueblo y la UNP, sin obtener hasta ahora respuesta. Además, pidió celeridad en los trámites de refugio, medidas de protección colectiva para perseguidos políticos y una evaluación de riesgo directa para líderes sociales, periodistas y defensores de derechos humanos exiliados en Colombia.
La denuncia se conoce tres días después del atentado contra los activistas Yendri Velásquez y Luis Peche, quienes fueron atacados a tiros el lunes 13 de octubre de 2025 en el norte de Bogotá. Ambos sobrevivieron, pero el hecho desató temor entre la diáspora venezolana y fue calificado por la opositora María Corina Machado como una “escalada inédita” de violencia política.
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