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Una demanda presentada ante el Consejo de Estado puso en entredicho la legalidad de las Zonas de Ubicación Temporal (ZUT) creadas por el Gobierno Nacional en el marco de las negociaciones con el autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia, Clan del Golfo. La acción judicial fue interpuesta por los abogados Mauricio Pava , actual defensor del exministro Ricardo Bonilla y Nicolás Dupont Bernal, quienes solicitaron la nulidad de la resolución presidencial que dio origen a estas zonas y la suspensión provisional de sus efectos mientras se adopta una decisión de fondo.
La demanda cuestiona la Resolución expedida por el presidente de la República, mediante la cual se establecieron tres Zonas de Ubicación Temporal en áreas rurales de los municipios de Belén de Bajirá y Unguía, en el Chocó, y Tierralta, en Córdoba, con el propósito de facilitar la ubicación gradual y progresiva de integrantes de este grupo armado ilegal a partir del 1 de marzo de 2026.
Según el documento radicado, estas zonas fueron acordadas el 5 de diciembre de 2025 en Doha, Catar, durante las conversaciones entre delegados del Gobierno Nacional y representantes del Clan del Golfo, en el marco del documento denominado “Compromisos de Paz en Doha”. Allí se pactó la creación de las ZUT como parte del proceso de conversación sociojurídico orientado al sometimiento a la justicia de esta estructura criminal.
No obstante, los demandantes sostienen que, aunque la paz es un objetivo constitucional, no puede construirse al margen del orden jurídico. En el texto de la demanda se advierte que “la paz es un fin constitucional irrenunciable, pero no puede construirse al margen del orden constitucional. Cuando el Ejecutivo actúa sin sujeción a la ley, incluso con fines legítimos, se compromete el propio Estado de Derecho”. Con base en ese argumento, solicitan que se declare la nulidad de la Resolución por infracción de las normas en que debía fundarse y por falta de competencia.
Uno de los ejes centrales de la acción judicial es que la creación de las ZUT y los beneficios asociados , como la suspensión de órdenes de captura para integrantes, no estaría respaldada por el andamiaje jurídico de la política de “paz total”, aprobada por el Congreso y avalada de manera parcial por la Corte Constitucional. A juicio de los demandantes, sin una ley de sometimiento en firme, el Ejecutivo no puede disponer de territorios donde se garantice un trato preferencial a estructuras armadas ilegales.
La demanda recuerda que, para darle sustento jurídico a este tipo de negociaciones, el entonces ministro de Justicia radicó un proyecto de Ley de Sometimiento, que no ha sido aprobado. En ese contexto, los abogados advierten que no existiría una ley habilitante vigente que permita la creación de Zonas de Ubicación Temporal como las pactadas en Doha, menos aún en regiones como Chocó y Córdoba, que han sido históricamente epicentro de la acción criminal y del control armado del Clan del Golfo.
“El Congreso de la República, y no el Ejecutivo, es el llamado a definir el marco normativo del sometimiento a la justicia y las condiciones bajo las cuales pueden establecerse Zonas de Ubicación Temporal”, señala el escrito. Y agrega que, al expedir la resolución sin ese respaldo legal, el presidente habría invadido una competencia exclusiva del legislador, actuando “en ausencia total de la ley habilitante requerida”.
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Ahora será el Consejo de Estado el encargado de analizar los argumentos de la demanda y decidir si decreta la suspensión provisional de la resolución mientras se resuelve de fondo la legalidad de las ZUT.
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