La Defensoría del Pueblo emitió la Alerta Temprana de Inminencia 008 de 2026 para el departamento de Guainía, ante los riesgos que enfrentan comunidades indígenas por la disputa territorial entre el Frente José Daniel Pérez Carrero, del ELN y el Frente Acacio Medina, de las disidencias de las Farc.
La advertencia se concentra en la zona rural de Inírida y en las áreas no municipalizadas de Puerto Colombia, San Felipe, La Guadalupe y Cacahual, donde habitan los pueblos indígenas Curripako, Yeral, Baniwa, Sikuani y Puinave.
Según el análisis, la disputa por el control de rutas del narcotráfico y de la minería ilegal ha derivado en la imposición de regímenes de control social por parte de los grupos armados, lo que está afectando la autonomía de las comunidades y su vida cotidiana en los territorios.
Uno de los principales impactos se evidencia en la restricción de la movilidad por los ríos, que constituyen las principales vías de transporte en la selva. De acuerdo con la defensoría, los actores armados han convertido estos corredores fluviales en zonas controladas donde se limita el tránsito de las comunidades para actividades básicas como la pesca o el desplazamiento hacia otras poblaciones, lo que ha generado situaciones de confinamiento que afectan a miles de personas.
Señalan que la situación también genera especial preocupación por los riesgos para niñas, niños y adolescentes, debido a la posibilidad de reclutamiento forzado por parte de los grupos armados. Además, se han reportado amenazas contra docentes en los resguardos, lo que ha provocado la suspensión de actividades escolares y la parálisis de procesos educativos en varias comunidades.
"Ante la gravedad de los hechos, calificando como extremo el nivel de riesgo para la población civil en los territorios focalizados como consecuencia de graves violaciones a los derechos humanos e infracciones al DIH, la Defensoría del Pueblo solicita una respuesta inmediata y coordinada del Estado”.
La entidad instó al Ministerio de Defensa y a la fuerza pública a reforzar la seguridad en los ejes fluviales fronterizos, mientras que a la Unidad para las Víctimas le pidió garantizar asistencia humanitaria para atender posibles situaciones de desabastecimiento en las comunidades que puedan quedar confinadas por la intensificación del conflicto.
La Defensoría insistió en que la protección de la vida, la autonomía y el territorio de los pueblos indígenas es una obligación del Estado, y advirtió que se requieren acciones urgentes para evitar que la situación derive en una crisis humanitaria de mayores proporciones en esta región del país.
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