Tambalea una de las iniciativas clave del Gobierno Petro. Este medio confirmó que la ponencia que radicó el presidente de la Corte Constitucional, magistrado Jorge Enrique Ibáñez, pide declarar inexequible la Ley 2381 de 2024.
“Declarar no subsanado el vicio de procedimiento analizado en el Auto 841, proferido por la Sala Plena el 17 de junio de 2025 […] declarar INEXEQUIBLE la Ley 2381 de 2024 por no haberse subsanado los vicios de procedimiento de su formación y haber persistido en ellos durante el fallido trámite de subsanación”, se lee en la ponencia.
Esa fue la decisión que tomó el magistrado Ibáñez tras solicitar en varias ocasiones las actas de las sesiones extras en la Cámara de Representantes, requerimiento que incluso le costó una serie de ataques por parte del Gobierno.
¿Qué viene para la pensional?
Esta ponencia ya está en poder de los nueve magistrados que integran la Sala Plena de la Corte. Sin embargo, hay un asunto que no se ha finiquitado y es la recusación que hoy tiene al magistrado Carvajal en una encrucijada al interior del alto tribunal.
Esta fue una de las últimas decisiones que tomó la Corte: abrir un trámite incidental, al considerar pertinente estudiar la solicitud presentada por el concejal Daniel Briceño y la senadora Paloma Valencia, quienes argumentan que el magistrado Carvajal conceptuó previamente sobre la ley y que, por ende, estaría inhabilitado.
Ese asunto deberá resolverse en la Sala Plena, y hay dos escenarios posibles: si la Corte encuentra fundada la recusación, el magistrado Carvajal sería apartado del conocimiento del caso y, por sorteo, se designaría un conjuez; si no, podrá debatir junto a sus colegas sobre el futuro de esta reforma.
El escenario en la Corte Constitucional ahora es un poco más visible con la ponencia del magistrado Ibáñez, que sienta su postura y pide tumbar la ley.