Un presunto caso de estafa masiva dejó a un grupo de 12 personas sin poder viajar durante Semana Santa, luego de que, según la denuncia, un intermediario habría gestionado de forma fraudulenta la compra de tiquetes aéreos hacia Santa Marta.
De acuerdo con el documento de denuncia conocido por Blu Radio, los hechos se remontan a enero de 2026, cuando el grupo decidió organizar un viaje entre el 2 y el 5 de abril. Para ello, acudieron a un hombre que ya había gestionado tiquetes anteriormente para familiares y conocidos, lo que generó confianza entre los afectados.
Según el relato, el 21 de enero realizaron un primer pago por $3.9 millones para asegurar los vuelos. Posteriormente, el 23 de febrero, completaron la suma acordada con una segunda transferencia de $4.2 millones. En ese momento, aseguran, la reserva aparecía activa en la página web de la aerolínea y contaban con códigos de verificación aparentemente válidos.
Sin embargo, la situación cambió el día del viaje. En la madrugada del jueves 2 de abril, al llegar al puente aéreo en Bogotá, los pasajeros lograron pasar un primer filtro de verificación e incluso algunos avanzaron hasta el abordaje. Fue allí donde personal de la aerolínea detuvo el proceso.
Andrea Ortiz, denunciante y una de las afectadas cuenta que, inicialmente, se les informó sobre un saldo pendiente cercano a los $19 millones, lo que impedía el embarque. Posteriormente, otra versión indicó que, aunque los tiquetes habían sido pagados, un día antes del vuelo se habría solicitado el reembolso total de la compra.
Los afectados sostienen que dicha solicitud se habría hecho sin su autorización y que, desde ese momento, no lograron volver a comunicarse con el intermediario Daniel Carreño, quien bloqueó llamadas y mensajes.
El resultado fue que el grupo perdió los vuelos y no pudo viajar a su destino. Además del dinero pagado por los tiquetes, estimado en más de $8 millones, los denunciantes reportan pérdidas adicionales cercanas a los $4.8 millones por concepto de hospedaje ya cancelado.
El caso fue puesto en conocimiento de la Fiscalía y de la Aeronáutica Civil, mientras los afectados denuncian no solo el impacto económico, sino también las consecuencias emocionales derivadas de la situación.