La Procuraduría General de la Nación presentó sus observaciones al proyecto borrador del Gobierno Nacional con el que se propone a reglamentar la declaratoria y delimitación de las reservas naturales temporales y con el que se vetaría las actividades de exploración y explotación minera en el país.
Para el procurador delegado de Asuntos Ambientales, Minero Energéticos y Agrarios, Gustavo Guerrero, causa extrañeza que en las Memorias Justificativas del Proyecto de Decreto se señale que el mismo no implica ningún impacto económico, por el contrario, se evidencia que su aplicación podría generar en la práctica una situación de veto o parálisis respecto a las actividades de exploración y explotación minera.
“Esta figura no puede ser empleada para establecer vetos generales territoriales con un carácter temporal indefinido para el desarrollo de actividades como la explotación de recursos no renovables. Estoy invitando al gobierno nacional a que efectivamente en donde existan condiciones para declarar áreas protegidas mientras se surta el proceso de declaratoria se constituyan las reservas y luego se levanten una vez efectuada la declaratoria de área protegida”, expreso el procurador Guerrero.
Así mismo, la Procuraduría refiere que en el marco de una medida que debe ser netamente provisional, el Proyecto de Decreto otorga la competencia a la autoridad ambiental para tomar decisiones definitivas en materia de la continuidad de las actividades de explotación minera, mediante la determinación de medidas encaminadas al cierre definitivo de las operaciones mineras.
Las observaciones también incluyen la necesidad de analizar desde diferentes sectores, las consecuencias sociales, económicas, jurídicas que se podrían derivar de la eventual expedición del Proyecto de Decreto, nacional, expresando además que el Gobierno Nacional no tiene la competencia absoluta frente a la explotación de los recursos naturales no renovables de la Nación.
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