Durante los primeros 30 días del año, las operaciones militares desplegadas en varias zonas críticas del país dejaron un balance de alto impacto contra grupos armados organizados y redes de economías ilícitas. Las acciones, concentradas principalmente en Catatumbo, Cauca, Arauca, Nariño y el sur de Bolívar, según las Fuerzas Militares, se enfocaron en golpear estructuras de mando, frenar rentas criminales y recuperar control territorial en corredores estratégicos.
De acuerdo con general Hugo López, comandante general de las FFMM, en este periodo fueron neutralizados 631 integrantes de organizaciones ilegales: 543 fueron capturados, 34 se sometieron a la justicia, 28 menores fueron recuperados y 11 murieron en desarrollo de operaciones.
En paralelo, las autoridades reportaron la incautación de 165 armas de fuego, más de 22.800 municiones y 199 artefactos explosivos. Entre los resultados señalados figura la desarticulación de la Comisión 34 de las disidencias, en Carmen de Atrato (Chocó), con 11 sometimientos, y la estructura Jhonier Arenas en Leticia (Amazonas), donde hubo capturas, menores recuperados y bajas en combate.
En un mes se incautaron más de 38 toneladas de clorhidrato de cocaína, 21 toneladas de hoja de coca y fueron destruidos 188 laboratorios de procesamiento. Las autoridades estiman que el golpe a estas cadenas ilegales representa pérdidas cercanas a los 1.254 millones de dólares para las organizaciones criminales, al impactar producción, transformación y rutas de salida.
Las operaciones incluyeron intervenciones contra minería ilegal y sabotaje a infraestructura energética. En ese frente fueron capturadas 41 personas por explotación ilícita de yacimientos, incautadas 66 dragas y 256 equipos entre motores, bombas y plantas eléctricas. También se evitó daño a tres tramos de oleoductos y se destruyeron 13 válvulas clandestinas utilizadas para el hurto de combustibles.
Dentro de los resultados más sensibles está la caída de cabecillas señalados de coordinar acciones armadas y control territorial. Entre ellos alias ‘Santiago’, identificado como jefe del ELN en el occidente del país, vinculado a acciones contra población civil y trabajo de expansión organizativa, y alias “Polo”, cabecilla de disidencias en Amazonas, señalado de manejar seguridad, logística y dinamización de rentas ilegales en la región.