El Gobierno nacional tiene listo el primer proyecto con el que intentará hacer realidad su propuesta de paz total. A las 10 de la mañana de este martes, en la Secretaría de la Cámara de Representantes, el ministro del Interior, Alfonso Prada, radicará la prórroga a la ley 418 de 1997, conocida como la ley de orden público, la cual tiene vigencia de cuatro años y, además de dar herramientas para garantizar el orden público en todo el territorio nacional, ha servido como instrumento para adelantar procesos de paz.
Así fue hace ocho años, en el Gobierno de Juan Manuel Santos, en pleno desarrollo de las conversaciones con las FARC, pero también hace cuatro años, con Iván Duque, que abrió la puerta a continuar los diálogos con el ELN, pese a que estos no avanzaron.
Esta vez, el Gobierno de Gustavo Petro quiere usar esta norma para permitir al presidente dialogar, no solo con el ELN, sino también con otros grupos armados, como el Clan del Golfo.
Es el senador Iván Cepeda fue el arquitecto de esta iniciativa con la que se pondrá en marcha su ambicioso proyecto de conversaciones con las distintas estructuras ilegales. El documento se titula "Proyecto de Ley, por medio del cual se define la política de paz del Estado, y se dictan otras disposiciones”, contiene 19 artículos. Su enfoque: la seguridad humana.
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Es satisfactorio registrar que el PL que define la política de paz como política de Estado (reforma ley 418/97) en la que trabajamos durante meses, será radicada por el Gobierno. Esta ley, entre otras medidas: crea el Gabinete y las regiones de paz, el Servicio Social para La Paz
— Iván Cepeda Castro (@IvanCepedaCast) August 30, 2022
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En primer lugar, establece que “la política de paz será prioritaria en los asuntos de Estado, transversal a estos, e integral, tanto en lo referente a la implementación de acuerdos, como con relación a procesos de negociación, diálogo y acogimiento a la justicia”.
Pero va más allá, porque plantea que después de este, los gobiernos que vengan van a tener que garantizar la continuidad de las políticas públicas de paz y, en consecuencia, “tendrán el deber de concluir aquellas que sean fijadas por administraciones precedentes”.
De otro lado, crea la figura de miembro-representante, que serán básicamente las personas que deleguen los grupos ilegales para sentarse a dialogar, negociar y suscribir acuerdos con el Gobierno, y a quienes el presidente podrá levantarles sus órdenes de captura.
Y hay más: en medio de las conversaciones podrán concertar la ubicación temporal en determinadas zonas del territorio nacional, “de considerarse conveniente”. En esos territorios quedará suspendida la ejecución de las órdenes de captura, incluidas las órdenes de captura con fines de extradición, contra estos y los demás miembros del grupo organizado al margen de la ley.
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La condición: que no estén ubicadas en áreas urbanas y se garantice el normal y pleno ejercicio del Estado de Derecho. Se crearán las regiones de paz para desarrollar los diálogos. El alto comisionado para la paz va a ser quien reciba el listado de los integrantes de cada organización, bajo el principio de buena fe.
El gabinete ministerial tendrá una función de gabinete de paz para diseñar políticas en cada una de las aristas tendientes a garantizar la paz y rendir cuentas sobre el mismo.
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Finalmente, se acabará el servicio militar obligatorio y se creará el servicio social para la paz, con duración también de 12 meses, pero enfocado en áreas como la alfabetización de las comunidades, la protección de la naturaleza y el trabajo con las víctimas. Finalmente, se creará un fondo para la paz, para asegurar todas las inversiones.
El proyecto deberá ser aprobado por el Congreso de la República.
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