No para la controversia entre la Cancillería y la empresa Thomas Greg & Sons después de qué el ministro Álvaro Leyva decidiera declarar desierta la licitación para adjudicar el servicio de elaboración y distribución de los pasaportes en el país.
Cabe recordar, que el canciller Leyva tomó la decisión alegando que el proceso no garantizaba la libre competencia al quedar sólo un proponente que era la unión temporal conformada por dicha firma.
En horas de la mañana de este martes, 24 de octubre, se conoció un documento en el que Thomas Greg & Sons radica ante la Procuraduría una solicitud de conciliación extrajudicial con la Cancillería, como paso previo a lo que podría ser una posible demanda que terminaría en un multimillonario costo para la nación.
La firma advierte que al haberse declarado desierto el proceso se generó “un perjuicio de sus derecho económicos, tal y como lo advirtió la Procuraduría General de la Nación en la constancia dejada en la audiencia, en donde expresó que las actuaciones del Fondo podrían generar un daño antijurídico al proponente”.
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Por eso, Thomas Greg expresa siete pretensiones, entre las cuales, las primeras son que se revoquen las resoluciones en las que se declara desierto el proceso para que le entreguen el contrato que tenía un valor cercano a los 600.000 millones de pesos.
Si lo anterior no ocurre, la firma solicita que se condene al Fondo Rotatorio de Relaciones Exteriores a pagar una suma de 107.507 millones de pesos que corresponde a la suma de las ganancias que habrían obtenido de la ejecución del contrato, pero además advierte que pediría otros $10.000 millones por el daño reputacional a la empresa.
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Vale la pena destacar que la misma empresa terminó recibiendo un contrato de forma directa, vía urgencia manifiesta, lo que le permite seguir prestando el servicio por un año.
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