Un año de crisis en el Catatumbo: más de 105.000 víctimas y una guerra que no cede

Hoy se cumple un año desde que estalló la crisis en el Catatumbo tras el recrudecimiento de la confrontación entre el ELN y las disidencias del Frente 33. El informe de la Defensoría del Pueblo reconstruye cómo, en medio de los enfrentamientos, el miedo se instaló en la vida cotidiana: el temor a quedar “en medio de las balas, a perder sus vidas”, o a que reclutaran a sus hijos llevó a familias enteras a salir de manera masiva hacia Ocaña, Cúcuta y Tibú, incluso caminando durante días.De acuerdo con el informe, entre el 16 de enero y el 7 de diciembre de 2025, la Unidad para las Víctimas incluyó en el Registro Único de Víctimas a 105.203 personas, principalmente por desplazamiento forzado, además de amenazas, confinamiento y abandono o despojo forzado de tierras.Un año después, la crisis es una realidad que sigue empujando a la gente a desplazarse, a vivir bajo amenaza y a tomar decisiones sin garantías. La entidad advierte que, pasada la tensión inicial, muchas familias intentaron retornar para recuperar sus tierras y sus animales, pero varias tuvieron que salir otra vez.“Los catatumberos cuentan que los grupos armados ilegales llegan a sus casas y les dicen que mantengan sus maletas listas porque en cualquier momento les toca volver a salir”, aseguran en el informe.El mismo informe subraya que, aproximadamente, un 27% de la población total del Catatumbo tuvo que desplazarse en el marco de estos enfrentamientos, en un escenario que califica como desplazamiento masivo proscrito por el derecho internacional.Además, deja constancia de que no hay certeza sobre la población que pudo desplazarse hacia Venezuela: para el 24 de enero de 2025, la OIM estimaba 5.789 personas, de las cuales 75% serían de nacionalidad venezolana.El informe recoge denuncias sobre reglas impuestas a la vida cotidiana: restricciones de movilidad, retenes con revisión de celulares y la obligación de “informar” salidas y retornos.“Si usted va a ir a una cita médica, debe mostrarles el papel de la cita, o, por ejemplo, si va a ir a mercar, cuando regrese tiene que mostrarles lo que compró para que ellos miren que realmente si estaba haciendo mercado", relató un labriego para el informe.Además se reportan controles sobre rutas y horarios, y prácticas de inspección de teléfonos que, según el documento, se han intensificado, afectando incluso a funcionarios, organizaciones y representantes de la Iglesia que deben mostrar sus celulares para poder continuar.La Defensoría documenta relatos de familias que, al huir, encontraron después sus bienes en manos de los grupos armados, con prohibición de reclamar lo que antes era suyo."Yo me enteré que mi casa ya estaba habitada por personas cercanas al ELN. Además, supe que usaron mis animales de granja como las gallinas y los cerdos para alimentar las tropas, y me dañaron todos los cultivos que tenía. En total, perdí como 12 millones de pesos de un proyecto productivo que tenía. Ahora estoy endeudado y sin con qué trabajar”, subrayó una lideresa para el informe.En esa misma línea, el informe señala que el ELN ha condicionado el retorno a “filtros impuestos por el grupo armado, lo que compromete el principio de retorno seguro y voluntario”. Y en materia de tierras, consigna que a abril de 2025 la Unidad de Restitución de Tierras había recibido 411 solicitudes para proteger predios abandonados por sus propietarios o tenedores.La Defensoría integra datos que muestran la dimensión del daño a la población civil: en el periodo citado se incluyen 12 niños, niñas y adolescentes reclutados, 20 personas víctimas de tortura y 22 víctimas por minas antipersonal, munición sin explotar y artefactos explosivos improvisados.El consolidado reporta 163 homicidios, incluidos 6 firmantes, al menos 3 líderes sociales y 10 menores de 18 años. A esto se suman los impactos sobre mujeres: entre el 16 de enero y el 30 de noviembre de 2025, la Defensoría dice haber conocido 634 casos de violencias basadas en género, con 151 asociados a trata de personas por explotación sexual, matrimonio servil y trabajos forzosos.Los drones y explosivos improvisados aparecen como una amenaza permanente. Con base en datos del Comando General de las Fuerzas Militares, entre abril de 2024 y el 21 de diciembre de 2025 se registraron 394 ataques con drones (275 en 2025), con 2 menores de 18 años y 24 integrantes de la Fuerza Pública muertos, además de 43 civiles heridos y 265 miembros de la Fuerza Pública lesionados.La Defensoría recoge que las comunidades viven con la zozobra de que “en cualquier momento” un dron ataque viviendas o parcelas; incluso relata que, durante una visita humanitaria en septiembre, comunidades dijeron que los drones se escuchaban sobrevolando las aulas o aparecían cerca de las escuelas, al punto de que muchos padres prefieren no enviar a sus hijos por temor a una detonación.En paralelo, el secuestro sigue siendo una práctica de poder y presión. La Comisión Humanitaria informó que participó en 29 liberaciones, desarrolladas en misiones humanitarias, y que en 2025 se logró la libertad de 121 personas; sin embargo, la Defensoría, regional Norte de Santander, reportó que 59 personas permanecían secuestradas. La Unidad para las Víctimas incluyó 108 eventos de secuestro y 162 personas por hechos ocurridos entre el 16 de enero y el 7 de diciembre de 2025; el informe agrega que, según datos de la Defensoría, al menos 180 personas habrían estado secuestradas en el Catatumbo durante 2025.El negocio de la coca, con ganancias “exorbitantes”, es descrito como motor de la confrontación. En el informe se cita que, según fuentes de inteligencia militar, ese negocio puede dejar cerca de 10.000 millones de pesos al año. En esa línea, el personero de Ocaña, Jorge Armando Bohórquez, adviertió que “para acabar la guerra debemos acabar primero que todo con el combustible de la guerra. Y el combustible de la guerra son los cultivos ilícitos”. A esto se suma el dato de UNODC-SIMCI (2025), citado en el informe, según el cual el Catatumbo pasó de 42.043 hectáreas sembradas con coca en 2022 a 43.867 en 2023; y que Tibú concentra el 52% del total regional, con 23.029 hectáreas.En medio de esa economía, la Defensoría registra que las comunidades describen extorsiones a comerciantes, cobros por pasos irregulares y mecanismos de control como “carnetización” o exigencias simbólicas, además de presiones sobre obras comunitarias.Además advierte indicios de llegada de nuevos actores armados a la confrontación, como Autodefensas de la Sierra Nevada y el Ejército Gaitanista de Colombia (Clan del Golfo), en un territorio estratégico por su frontera porosa con Venezuela y los corredores hacia el Magdalena Medio y la Costa Atlántica.Las consecuencias también se han sentido fuera de los límites rurales. El informe señala que Cúcuta, además de recibir desplazados, enfrenta disputas de estructuras armadas y normas impuestas en barrios: fronteras invisibles, restricciones de movilidad y riesgos de reclutamiento, especialmente en el área urbana. Y en el propio Catatumbo, el documento resalta impactos sobre pueblos indígenas como los Barí, cuyo confinamiento y riesgo de enfrentamientos han alterado su vida y su seguridad alimentaria.Sin embargo, el informe es enfático en señalar que, para las comunidades, la respuesta del Estado ha sido insuficiente. Los habitantes del Catatumbo denuncian que, pese a los anuncios y a la declaratoria del estado de conmoción interior a comienzos de 2025, las promesas no se tradujeron en cambios reales en el territorio. Relatan que la presencia institucional fue temporal y que, una vez se retiró la fuerza pública, las condiciones de inseguridad y abandono persistieron.La Defensoría recoge el descontento de líderes y comunidades que aseguran que el problema no fue la declaratoria de la conmoción interior, sino que las medidas anunciadas “se quedaron en promesas” y con el paso del tiempo “se diluyeron, volviendo al estado de abandono estatal en el que han estado sumidos por décadas”.A ello se sumó la decisión de la Corte Constitucional que declaró inexequibles los decretos que permitían la financiación de proyectos estratégicos, lo que, según el informe, anuló las posibilidades materiales del Gobierno para concretar las intervenciones prometidas.El informe también advierte sobre las dificultades estructurales que enfrenta cualquier intento de transformación del territorio. El propio Gobierno nacional reconoció, al establecer medidas para financiar las necesidades de seguridad y sociales durante la conmoción interior, que no existen recursos suficientes para cubrir los proyectos que requiere la región.A esto se suman las condiciones de seguridad, que obstaculizan el desarrollo de obras y programas, pues los actores armados limitan el acceso al territorio o imponen cobros a contratistas para permitir el ingreso.Pese a este panorama, el informe señala que los habitantes del Catatumbo no han renunciado a su deseo de vivir en un territorio en paz. Las comunidades insisten en que los actores armados participen en las negociaciones y le demandan al Estado el cumplimiento efectivo de los acuerdos que se puedan alcanzar en esos escenarios.Otro reclamo recurrente es la necesidad de contar con medios de vida alternativos a la economía de la coca, así como avances reales en la construcción y mantenimiento de vías en condiciones óptimas que les permitan comunicarse entre municipios y con los centros urbanos, y sacar sus productos de manera segura.En materia de derechos, las comunidades insisten en la urgencia de garantizar el acceso a salud, educación, vivienda, seguridad alimentaria y crédito, como condiciones mínimas para permanecer en el territorio.Los afectados reclaman una respuesta estatal imparcial, especialmente por parte de las instituciones encargadas de la protección y la atención a víctimas. Finalmente, demandan atención psicosocial para enfrentar el miedo, la zozobra y el profundo malestar que ha dejado esta crisis.A pocos meses de concluir el mandato del Gobierno nacional, el Catatumbo continúa a la espera de que los proyectos anunciados se materialicen y se implementen conforme a las circunstancias del territorio.