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El abogado Eduardo Matson, sobreviviente de la toma y retoma del Palacio de Justicia, calificó como “simbólica” la resolución de acusación proferida por la Fiscalía contra nueve exintegrantes del Ejército Nacional, procesados por presuntos actos de tortura cometidos contra civiles detenidos irregularmente durante los hechos del 6 y 7 de noviembre de 1985 en Bogotá.
La decisión fue adoptada por una fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia, quien consideró que existían elementos contra los entonces miembros de unidades de inteligencia militar que participaron en las operaciones posteriores a la incursión del M-19.
Matson, una de las víctimas del caso, señaló en diálogo con Blu Radio que la decisión llega demasiado tarde y que, aunque representa un avance formal, carece de verdadero peso para efectos de justicia. Recordó que pasaron treinta años antes de que se produjera un llamado a indagatoria y que solo ahora, cuarenta años después de los hechos, se expide una acusación.
Para él, esto demuestra la falta de diligencia del Estado: “Esto es simbólico, porque ahora viene el recurso de apelación, reposición, que es lo que seguramente viene. Y si para una acusación se demoraron diez años, para la apelación, mínimo, vendrán cinco o diez años más. Los implicados seguirán muriendo y envejeciendo, y para llegar después al juicio y a la sentencia, yo creo que pasarán, unos veinticinco años, y ya todo esto quedará en nada” agregó.
El sobreviviente también cuestionó lo que considera una ausencia sostenida de voluntad institucional. “Ha habido un silencio cómplice de las autoridades para impulsar todo lo referente al Palacio de Justicia”, dijo.
Aunque reconoce que la acusación es importante para mantener vivo el expediente, insiste en que no tiene efectos prácticos. Incluso planteó, desde una perspectiva crítica, la posibilidad de un eventual indulto, tal como se otorgó al M-19, aun cuando advierte que sería ilegal por tratarse de delitos de lesa humanidad.
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La postura del indulto lo considera al explicar que uno de los principios del derecho es la celeridad y la eficacia “es importante que se haya emitido la resolución de acusación, es importante que el proceso siga adelante, pero en última no tiene una trascendencia judicial, jurídica, que diga uno, bueno, van a meterlos presos”.
Los militares retirados llamados a juicio como presuntos coautores impropios del delito de tortura agravada son: el mayor general (r) Iván Ramírez Quintero; los coroneles (r) Edilberto Sánchez Rubiano y Fernando Blanco Gómez; el mayor (r) Óscar William Vásquez Rodríguez; y los sargentos (r) Ferney Ulmardín Causayá Peña, Luis Fernando Nieto Velandia, Gustavo Arévalo Moreno, Antonio Rubay Jiménez Gómez y Bernardo Alfonso Garzón Garzón.
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