A través de un comunicado, el partido Centro Democrático lanzó una alerta por riesgos electorales en el departamento del Casanare, a causa del traslado del lugar de los escrutinios para las elecciones del próximo 8 de marzo.Según la denuncia, el lugar definido para este proceso es alejado de la zona urbana de Yopal, y no cuenta con la infraestructura y la seguridad necesaria.“No existe ese encerramiento, está en obra el área y eso no brinda unas garantías físicas de seguridad. La denuncia es grave. A hoy, la Gobernación de Casanare tampoco tiene punto donde van a ser los escrutinios departamentales”, señaló a BLU Radio Jonathan Camargo, coordinador departamental, el partido Centro Democrático.En el mismo documento, el partido Centro Democrático llama la atención a su militancia a rodear el proceso electoral y pide a los entes de control las garantías necesarias para el ejercicio democrático.“El llamado es a la Procuraduría y a la Registraduría que no nos permitamos que tengamos una vulneración de los derechos electorales de los casanareños, que esto es grave para nosotros y es grave para el proceso electoral. Creemos que se puede estar configurando hasta delitos electorales de este proceso, teniendo en cuenta que no tenemos la logística”.Por estos, hechos el Centro Democrático ya interpuso una acción de tutela que ya fue admitida por un juez de Yopal.
El informe preliminar sobre el accidente del Beechcraft 1900D matrícula HK-4709, operado por Satena, concluye que la aeronave se estrelló contra una zona montañosa de Norte de Santander mientras descendía hacia el aeropuerto de Ocaña. Según la investigación, el avión inició el descenso con normalidad y mantuvo comunicación con el control aéreo hasta minutos antes del impacto. Los investigadores describen un choque frontal en trayectoria definida y sin fallas previas aparentes.Los últimos registros muestran que el avión descendía rápidamente y perdió contacto tras reportar que estaba a unas 15 millas del destino. Poco después, los sistemas dejaron de enviar datos y se confirmó el impacto en una montaña a unos 6.881 pies de altura, en una zona de difícil acceso. El reporte técnico indica que la aeronave chocó con rumbo aproximado de 286° contra una ladera empinada, en un impacto frontal.La dispersión de restos en un tramo superior a 140 metros y los daños severos en fuselaje, alas y cabina evidencian un choque directo con el terreno, lo que apunta preliminarmente a un evento de tipo vuelo controlado contra el terreno durante la fase de descenso. Aún falta que la investigación profundice en factores humanos y otras variables operacionales.“En el marco de las actividades de inspección y reconstrucción se logró establecer, de manera preliminar, la dinámica del impacto contra el terreno montañoso. La segunda inspección de los restos no evidenció, en la estructura ni en sus componentes, trazas de hollín ni fallas pre-impacto”, destaca puntualmente el informe.El documento también advierte que la escena del accidente fue alterada antes de la llegada de los investigadores, ya que habitantes del sector manipularon restos y recuperaron víctimas, lo que complicó la reconstrucción exacta de los últimos segundos. Aun así, el análisis de los registradores de vuelo y la distribución de piezas permitió establecer que no hubo explosión en el aire y que la aeronave se destruyó al impactar la montaña.La investigación sigue abierta y aún faltan análisis técnicos clave, como factores humanos, condiciones meteorológicas detalladas y funcionamiento de sistemas. Sin embargo, los hallazgos preliminares apuntan a que la combinación de descenso, terreno montañoso y pérdida de referencia situacional fueron determinantes en la tragedia aérea que dejó 15 personas fallecidas.
Dos integrantes de las disidencias de las Farc se sometieron voluntariamente a la justicia en zona rural de López de Micay, en el departamento del Cauca. Tras una operación conjunta de la Armada, el Ejército y la Fuerza Aeroespacial, los hombres, pertenecientes a la estructura ‘Jaime Martínez’, vinculada a las disidencias lideradas por Iván Mordisco, se presentaron ante las autoridades.Los hombres manifestaron su intención de abandonar las armas tras la presión sostenida de operaciones ofensivas en esta zona estratégica del departamento del Cauca. La entrega se produjo en una región marcada por el accionar de grupos armados ilegales, donde las comunidades han denunciado constantes riesgos por combates, explosivos y presencia de estructuras criminales.Durante el procedimiento, los sometidos entregaron un arsenal de armas, entre ellos 12 fusiles, dos pistolas, 26 proveedores y más de 600 cartuchos, además de dos granadas y cañones cortos para ametralladora M-60. También fueron puestos en manos de las autoridades artefactos explosivos improvisados, entre ellos dos cilindros con cerca de 50 kilos de explosivos cada uno, detonadores eléctricos y unos 600 metros de cordón detonante, material que representaba un alto riesgo para la población civil.Junto al armamento, se incautaron equipos de comunicación y elementos de intendencia utilizados por la estructura armada. Tras asegurar el área, los hombres recibieron atención médica y quedaron bajo custodia para iniciar su proceso judicial y eventual reintegración, en medio de los protocolos establecidos para este tipo de sometimientos.
La Contraloría General de la República anunció la activación de un mecanismo de Especial Seguimiento a los recursos destinados para atender la emergencia invernal que golpea al país, en medio del recrudecimiento de la temporada de lluvias y tras múltiples denuncias ciudadanas sobre la ejecución de ayudas y contratos. La medida se concentra en la gestión fiscal de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) y en la implementación del nuevo Decreto de Emergencia Económica expedido por el Gobierno Nacional.De acuerdo con el más reciente balance oficial, con corte al 6 de febrero de 2026, se han registrado 293 eventos asociados a la temporada de lluvias en 24 departamentos y 188 municipios. La emergencia deja 209.839 personas afectadas —correspondientes a 51.979 familias—, así como 26 fallecidos, 9 heridos y 3 desaparecidos en todo el territorio nacional.Aunque la situación es de alcance nacional, el ente de control encendió las alertas por la magnitud de la afectación en Córdoba. De las 4.597 viviendas destruidas en el país, 4.298 se concentran en ese departamento, donde además se reportan 4.023 viviendas afectadas, cinco personas fallecidas, tres heridas y dos desaparecidas. A esto se suma la declaratoria de alerta roja en el embalse de Urrá, lo que agrava el panorama regional.El Especial Seguimiento anunciado por la Contraloría consiste en un examen continuo y sistemático sobre la ejecución de los recursos públicos destinados a la emergencia. El objetivo es verificar en tiempo real el cumplimiento de metas, la correcta destinación presupuestal y la transparencia en la contratación de obras y servicios para la reconstrucción y atención humanitaria.Entre las acciones adoptadas se encuentran requerimientos formales a la UNGRD sobre el Plan de Acción Específico (PAE), articulación con comités departamentales y municipales de gestión del riesgo, participación en Puestos de Mando Unificado (PMU) y verificaciones en territorio con apoyo de personerías y veedurías ciudadanas.La entidad también advirtió que el mayor desafío identificado es la falta de articulación entre municipios, departamentos y la UNGRD. Asimismo, señaló que la entrega de ayudas humanitarias aún no cubre a la totalidad de los afectados y que algunos municipios no han reportado oportunamente el Registro Único de Damnificados, lo que dificulta la focalización de los recursos.En materia presupuestal, el Fondo Nacional de Gestión del Riesgo cuenta con $1,69 billones disponibles para 2026 y reservas presupuestales cercanas a $1 billón correspondientes a 2025, recursos que podrían utilizarse de manera inmediata en la porción no comprometida. La Contraloría vigilará además el paquete de medidas tributarias que acompañará el Decreto de Emergencia, insistiendo en que cada peso recaudado debe destinarse exclusivamente a la atención de la crisis.
La Arquidiócesis de Bogotá difundió un mensaje con motivo del aniversario número 60 de la muerte de Camilo Torres Restrepo, el cura que decidió militar en el ELN y que murió en 1966 en su primer combate.“La Iglesia ora por el eterno descanso del padre Camilo y ruega al Señor por el fin definitivo de toda forma de violencia en Colombia. Al mismo tiempo, nos exhorta a trabajar sin desfallecer por la justicia social” dijo el cardenal Luis José Rueda Aparicio, arzobispo de Bogotá, en el comunicado titulado “El amor nos hace pasar de la muerte a la vida”. Esto con la necesidad de consolidar una paz estable y duradera.La Iglesia afirma en ese texto que la guerra y la violencia representan un fracaso humano y una herida persistente para la nación, también subraya el dolor de las familias afectadas por el conflicto y llama a trabajar por la justicia social dentro del marco del Estado Social de Derecho, además, invita a acoger el clamor de los sectores más vulnerables y a promover una sociedad más incluyente.El comunicado concluye reiterando que la reconciliación y la unidad nacional solo serán posibles si se supera la violencia por vías no armadas y si se fortalecen el diálogo y el respeto por la vida.Este pronunciamiento de la Iglesia se produce en un contexto marcado por nuevos avances en torno a la identificación de los restos óseos que podrían corresponder a Camilo Torres, sin embargo, la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) aclaró que aún no hay resultados definitivos y el Instituto Nacional de Medicina Legal confirmó que el proceso ha enfrentado limitaciones debido al estado y las condiciones de las muestras analizadas.Camilo Torres Restrepo murió el 15 de febrero de 1966, meses después de haberse incorporado al ELN, en zona rural de San Vicente de Chucurí, Santander. Durante décadas se sostuvo que su cuerpo había quedado en poder de militares, hasta que a finales de enero pasado se informó oficialmente sobre el hallazgo de restos que podrían corresponderle.Aunque se cuenta con una muestra biológica orientadora, esta no ha permitido por sí sola establecer una identificación científica definitiva, por lo que se siguen adelantando estudios bajo estrictos criterios técnicos.Medicina Legal explicó también, que la identificación humana exige el vínculo de evidencia genética, antropológica y contextual, y anunció “un programa metodológico de confirmación para realizar las verificaciones necesarias conforme a los estándares técnicos aplicables”.
El crimen de Gustavo Andrés Aponte Fonnegra, ocurrido el pasado 11 de febrero de 2026 en el norte de Bogotá, ha encendido nuevamente la discusión sobre la seguridad en la capital del país y sobre los ataques contra los arroceros. El asesinato no es un hecho aislado; con su caso ya son cinco los empresarios vinculados con el cultivo del arroz que han sido asesinados desde 2023.Aponte fue atacado por sicarios cuando salía de un gimnasio en compañía de su escolta. De acuerdo con los investigadores, el homicidio dejó ver un plan criminal estructurado: hubo seguimientos previos y participación de una organización criminal organizada. El caso encendió la alarma sobre el riesgo que enfrenta el gremio arrocero.Cinco arroceros han sido asesinados desde 2023De acuerdo con información revelada por El Tiempo, las autoridades documentan que, además del asesinato de Gustavo Aponte, existen otros cuatro casos que refuerzan la hipótesis sobre una violencia focalizada contra empresarios del arroz. Las víctimas son:Campo Elías Urrutia, asesinado en diciembre de 2025 en su finca en Tauramena, Casanare. Integraba la junta directiva de Fedearroz.Carlos Yorelmy Duarte Díaz, baleado en 2024 en un restaurante cercano al búnker de la Fiscalía en Bogotá. En su caso se investigan presuntos vínculos con narcotráfico.Mario Patiño, asesinado junto a su hijo en Armenia en 2024.Álvaro Londoño Restrepo y su esposa Zaida Restrepo, atacados en Meta en diciembre de 2023.Los homicidios han generado inquietud sobre un posible patrón criminal dirigido contra el gremio.¿Cuáles son las hipótesis detrás del asesinato de Gustavo Aponte?Entre las líneas de investigación se señala que el motivo del asesinato serían posibles extorsiones; ante ello, se analizan denuncias sobre exigencias de pagos por hectárea sembrada, así como la eventual infiltración de bandas criminales que usarían el negocio del arroz para actividades ilícitas, entre ellas el narcotráfico.Adicionalmente, las autoridades estudian si existen disputas económicas y expedientes judiciales en el entorno financiero de las víctimas. La idea es conocer si hay relación entre los casos o si el homicidio corresponde a motivaciones distintas.El asesinato de Aponte no solo deja a una familia buscando respuestas, sino que profundiza el temor en el sector agrícola del país, donde la alerta no es solo por la productividad, sino también por la seguridad ante el incremento de estructuras criminales.
Tiendas D1 entregó 46.080 kg de ayuda humanitaria para apoyar a las familias afectadas por la emergencia ocasionada por la fuerte temporada de lluvias en el país. Esta representa una de las mayores donaciones individuales en esta fase inicial de atención, según informó la compañía desde Bogotá.De acuerdo con las autoridades, la emergencia invernal ha dejado más de 69.500 familias damnificadas en 16 departamentos y 104 municipios, con mayores afectaciones en Córdoba, Antioquia, Sucre, Bolívar, Cesar, Magdalena, Chocó, La Guajira y Santander. Ante este panorama, se activó un corredor humanitario que articula a más de 24 donantes, 11 bancos de alimentos y una diócesis, con el objetivo de acelerar la llegada de ayudas a los territorios más afectados.La donación de Tiendas D1 estuvo compuesta por alimentos, productos de aseo e higiene personal y artículos de cuidado infantil, que serán distribuidos a través de su alianza con la Asociación de Bancos de Alimentos de Colombia (ABACO), red que se encarga de coordinar el acopio, el transporte y la entrega a las comunidades priorizadas.Para la compañía, la participación en este corredor humanitario hace parte de una estrategia de apoyo directo a las poblaciones más vulnerables en medio de la crisis climática. “Unirnos a este esfuerzo colectivo nos permite contribuir en una situación tan difícil que atraviesan varias regiones del país”, señaló Silvia Juliana Rueda, vicepresidenta de asuntos corporativos de la empresa.
Una niña de siete años perdió la vida luego de ser impactada por una bala perdida durante un ataque sicarial ocurrido en el municipio de Versalles, en el departamento del Valle del Cauca. En el mismo hecho también fue asesinado un hombre.El crimen se presentó en el sector de Las Olivas, donde hombres armados interceptaron a su objetivo y abrieron fuego en repetidas ocasiones. En medio de la ráfaga, uno de los disparos alcanzó a la menor, quien se encontraba en las inmediaciones del lugar.La persona atacada fue identificada como Mario Gómez García. Según las autoridades, murió en el sitio como consecuencia de la gravedad de las heridas.La niña fue auxiliada y trasladada de inmediato a un centro médico; sin embargo, pese a los esfuerzos del personal de salud, falleció horas después.El hecho generó consternación en la población. Jorge Hernán Gómez Ángel, exalcalde de Versalles y primo de la víctima adulta, manifestó a través de redes sociales su dolor por lo ocurrido y aseguró que la tragedia enluta a toda la comunidad.Las autoridades en las últimas horas ofrecieron una recompensa de hasta 30 millones de pesos para identificar y capturar a los agresores.
Las tropas del Batallón de Infantería de la Cuarta Brigada del Ejército Nacional lograron ubicar y destruir dos artefactos explosivos improvisados que fueron instalados en una vía terciaria de la vereda El Pescado en el municipio de Briceño.Lo que explica la fuerza pública es que en esta zona del Norte antioqueño se realizó este procedimiento que permitió neutralizar el accionar criminal del frente 36 de las disidencias de alias 'Calarcá' que pretendían atentar contra la población civil.Además, el Ejército Nacional aseguró que la injerencia del frente 36 no solo afecta la tranquilidad de los pobladores, sino que también golpea fuertemente las operaciones militares para poder contrarrestar la disputa territorial de las disidencias de alias 'Calarcá, Clan de Golfo y ELN.Hay que mencionar que no es el único procedimiento que se hizo recientemente en esta zona de Antioquia, ya que se logró ubicar cuatro artefactos explosivos que fueron instalados a cerca de 500 metros del corregimiento Charcón de Liberia en el municipio de Anorí.Según mencionaron desde las Fuerzas Militares, los explosivos fueron destruidos de manera controlada luego de determinar que, al parecer, los elementos fueron instalados por integrantes del Frente Capitán Mauricio del ELN.Por ahora las autoridades a nivel departamental y la Fuerza Pública buscan fortalecer los operativos en esta zona para poder mitigar los posibles riesgos que se generan con este tipo de explosivos y que eventualmente pueden generar graves daños tanto en uniformados como en la misma población civil.
En medio de la recta final hacia las elecciones del próximo 8 de marzo, el registrador nacional, Hernán Penagos, salió al paso de la controversia generada por la instrucción impartida a los jurados de votación sobre cómo diligenciar el formulario E-14, documento clave en el proceso de escrutinio electoral en Colombia.En entrevista con Néstor Morales en Mañanas Blu, el funcionario fue enfático en señalar que la directriz de dejar en blanco las casillas donde los partidos no obtienen votos “se ha hecho por décadas” y no constituye ningún riesgo de fraude, como lo sugirió el presidente Gustavo Petro en redes sociales.¿Qué es el formulario E-14 y por qué es clave en las elecciones?El formulario E-14 es el acta electoral que diligencian los jurados de votación una vez concluye el conteo de los votos en cada mesa. Este documento contiene el número de votos obtenidos por cada partido o candidato y sirve como base para el preconteo y el escrutinio oficial.La polémica surgió luego de que el presidente Petro cuestionara que se dejaran casillas en blanco en el E-14, argumentando que ello podría abrir la puerta a manipulaciones posteriores. Frente a ello, el registrador explicó que marcar con equis, tachones o círculos los espacios sin votos genera dificultades técnicas.“Hace cuatro años esos E-14 donde no obtenían votos se llenaban de equis y tachones. Eso generó serias dificultades en la digitalización, en la transmisión y en el escrutinio”, sostuvo.Penagos precisó que la instrucción actual busca evitar problemas en la lectura óptica y en la publicación de las actas, las cuales serán digitalizadas y puestas a disposición de la ciudadanía. “Dejarlos en blanco es la posibilidad para que no se generen contratiempos en la digitalización, en la transmisión y en el escrutinio”, reiteró.Transparencia electoral y control ciudadanoUno de los puntos centrales de la entrevista fue la garantía de transparencia en el proceso electoral. El registrador recordó que en cada mesa hay seis jurados de votación, testigos electorales designados por los partidos, delegados de la Procuraduría y observadores internacionales.Además, explicó que los testigos pueden tomar fotografías de cada E-14 al momento de su diligenciamiento, lo que permite comparar posteriormente las actas publicadas en la página oficial de la Registraduría. “No hay ninguna posibilidad de que se alteren las actas electorales porque hay fotos de ellas y porque se van a digitalizar”, aseguró.Penagos también fue contundente al señalar dónde, a su juicio, radican los verdaderos riesgos para la democracia: “¿Sabe dónde está el fraude? El fraude está en la compra de votos, en la intervención de recursos públicos en campañas, en el constreñimiento al elector. Ahí es donde está el fraude en Colombia”.Córdoba y la contingencia por la ola invernalMás allá de la controversia por el E-14, la Registraduría enfrenta retos logísticos en el departamento de Córdoba, especialmente en Montería, debido a las inundaciones provocadas por la ola invernal. Algunos puestos de votación han sido afectados o utilizados como albergues.El registrador anunció jornadas especiales de identificación para ciudadanos que perdieron su cédula. “No se está cobrando por la obtención del documento en razón a la tragedia”, indicó.Asimismo, descartó por ahora la suspensión o aplazamiento de elecciones en esa región. “Estamos buscando mecanismos alternativos para trasladar los puestos y las mesas. Vamos a garantizar que la gente pueda salir a votar sin dificultades”, enfatizó.Jurados de votación y testigos electoralesDe cara al 8 de marzo, ya fueron sorteados cerca de 860.000 jurados de votación, quienes se encuentran en proceso de capacitación desde el 9 de febrero. Penagos hizo un llamado a asistir a las jornadas formativas: “Si no lo hacen, pueden ser sujetos de sanción, pero además es fundamental que entiendan cómo se cuentan los votos y cómo se diligencian las actas”.En cuanto a los testigos electorales, recordó que son designados exclusivamente por los partidos y candidatos ante el Consejo Nacional Electoral. “Puede haber cerca de 35 testigos por cada mesa de votación. La gente que está alrededor del proceso electoral es muy grande”, explicó.Resultados y orden del preconteoSobre la entrega de resultados, el registrador detalló que el preconteo se realizará en tres fases: primero las consultas populares, luego el Senado de la República y finalmente la Cámara de Representantes. La Registraduría realizará simulacros adicionales antes de la jornada para verificar el funcionamiento del sistema.“Desde lo operativo y lo gerencial estamos muy organizados y todo ha funcionado muy bien”, concluyó.
El Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag) presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la Nación por presuntas irregularidades en el pago de la prima de mitad de año correspondientes a los periodos 2024 y 2025. La decisión se adoptó luego de un diagnóstico técnico, jurídico y financiero iniciado en noviembre de 2025 por la actual administración, tras detectar inconsistencias en la liquidación y desembolso de este beneficio.De acuerdo con el informe oficial, fueron revisados 42.400 pagos que suman $458.799 millones. Del total analizado, se identificaron posibles irregularidades por $260.437 millones, es decir, el 56,8 % de los recursos auditados. Entre los hallazgos figuran 4.405 pagos efectuados a personas que tenían sentencias judiciales en firme que negaban el derecho a la prestación, por un monto superior a $83.082 millones.La revisión también evidenció desembolsos a beneficiarios con pensión gracia o doble pensión, vinculaciones por fuera del rango legal, mesadas por encima de los topes permitidos y registros asociados a personas fallecidas. Además, el informe señala que el 15 de agosto de 2025 se emitió un concepto jurídico que modificó la interpretación aplicada para reconocer la prima, sin que existiera una reforma normativa o una sentencia de unificación que respaldara ese cambio.Otro de los puntos advertidos por el FOMAG fue la entrega, en septiembre de 2025, de una base de datos con información de más de 9.000 docentes a un abogado externo. La denuncia incluye a quienes habrían autorizado y ejecutado los pagos, así como al profesional que recibió la información. El vicepresidente del Fondo, Herman Bayona Abello, aseguró que la actuación busca “proteger los recursos del sistema y a los docentes afiliados”, y confirmó que el caso quedó en manos de las autoridades competentes.
Un grupo de cerca de 750 integrantes de la Asociación de Consejos Comunitarios del Norte del Cauca llegó a Bogotá y se instaló en la Concha Acústica de la Universidad Nacional. La movilización, que arribó en 14 buses y varios vehículos, busca presionar al Gobierno para que cumpla compromisos firmados con las comunidades. “Decidimos movilizarnos hacia Bogotá en el entendido de que desde el año 86 se han venido firmando acuerdos con nuestras comunidades y esos acuerdos no han sido cumplidos”, explicó el consejero mayor Alexis Mina.El líder comunitario aseguró que el detonante más reciente fue un acuerdo firmado en 2024 tras una protesta en el peaje de Villarrica, relacionada con reforma rural, educación, salud y vivienda. “Hemos elevado comunicación al Gobierno sin respuesta, entonces la comunidad tomó la determinación de salir a Bogotá. Hemos entrado a este claustro universitario de manera pacífica”, afirmó, al señalar que la acción fue denominada simbólicamente como “con el buen modo, se saca el cimarrón del monte”.Mina aclaró que la presencia en la capital no está ligada directamente a las marchas convocadas por el presidente Gustavo Petro, aunque respaldan varias reformas sociales. “No vamos a acompañar físicamente porque tenemos una agenda propia de movilización alrededor de nuestra agenda de lucha”, sostuvo. Sobre posibles protestas en la ciudad, indicó que la decisión dependerá de lo que defina la asamblea de la organización en las próximas horas.El líder también cuestionó la falta de respuestas institucionales tras reuniones iniciales con delegados del Gobierno. “No hay todavía notificación de funcionarios con capacidad de decisión, no hay trazabilidad de documentación, no hay arquitectura documental”, dijo, señalando preocupación porque ni siquiera existirían actas claras de compromisos previos. Según relató, incluso se les pidió a las comunidades aportar esos documentos.En materia logística, los manifestantes aseguran estar preparados para permanecer el tiempo que sea necesario. “Hemos hecho unas tongas en los territorios, la preparación física de nosotros es inquebrantable”, afirmó Mina, quien aseguró que la duración de la protesta dependerá de la voluntad política del Ejecutivo. “Si el Gobierno toma la decisión de avanzar, en dos o tres días estaríamos desocupándonos de este tema; si no, no tenemos ningún problema en quedarnos acá”.La movilización también busca visibilizar la situación de orden público en el Norte del Cauca, donde, según las comunidades, persisten el reclutamiento de menores, ataques con drones y la expansión de grupos armados ilegales. “Tenemos una situación en territorio que amerita la atención por parte del Gobierno”, concluyó el consejero, insistiendo en que los puntos reclamados incluyen minería, reparación, restitución de tierras y reforma rural integral.
Lo que comenzó como una travesía por los imponentes paisajes de la Sierra Nevada de Santa Marta, el sistema montañoso litoral más alto del mundo, estuvo a punto de terminar en tragedia para el ciudadano estadounidense Clark Andrews Shimeall. El extranjero permaneció atrapado por cerca de 20 horas en las zonas altas del macizo, enfrentando condiciones climáticas adversas y un rápido deterioro de su estado de salud.La emergencia se activó formalmente el pasado viernes 13 de febrero, alrededor de las 5:00 de la tarde. Según relató la gobernadora del Magdalena, Margarita Guerra, la alerta llegó directamente desde el consulado de Estados Unidos: "Por la situación de salud de un ciudadano norteamericano que se encontraba en la Sierra Nevada de Santa Marta. Desde ese momento iniciamos una articulación con el Ejército Nacional, el hospital San Rafael, el hospital Julio Méndez, nuestro gabinete departamental, el Ministerio de Salud, la Fuerza Aeroespacial Colombiana, con el fin de hacerle rescate a este ciudadano".Un operativo de alta montaña y diplomaciaLa complejidad del terreno, ubicado a más de 10.000 pies de altura, exigió una coordinación sin precedentes. La Gobernación del Magdalena informó que el éxito de la misión dependió del liderazgo de la mandataria Guerra y de un engranaje institucional que involucró al Ministerio de Salud, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), la embajada de los EE. UU. y el Ejército Nacional.Sin embargo, un factor determinante fue la participación de las comunidades indígenas. Estos guardianes del territorio fueron los encargados de localizar y trasladar a Shimeall a un punto seguro para facilitar su extracción aérea. "El rescate se cumplió gracias al liderazgo de la gobernadora del Magdalena, Margarita Guerra, y el trabajo conjunto con el Ministerio de Salud, la UNGRD, la embajada de los EE. UU, el Ejército Nacional y las comunidades indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta, para salvaguardar la vida del extranjero", detalló el comunicado oficial.El traslado: De Jekichen a la Unidad de Cuidados IntensivosTras ser estabilizado inicialmente por las comunidades y organismos de socorro, un helicóptero de la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC) despegó desde Bogotá con destino a la comunidad indígena de Jekichen (Yechiuin). El primer punto de atención fue Nabusimake, considerada la capital espiritual de los Arhuacos, donde el paciente recibió los primeros auxilios antes de su traslado final a Santa Marta.El diagnóstico médico fue delicado. Al momento de su extracción, Shimeall presentaba un cuadro crítico: "Equipo médico de tercer nivel atiende al ciudadano estadounidense cuyo rescate demandó casi 20 horas (...) presenta dificultades pulmonares y deshidratación severa", confirmaron las autoridades.Recuperación y respuesta institucionalUna vez el helicóptero aterrizó en el Batallón Córdoba, Shimeall fue movilizado en una ambulancia de alta complejidad hacia el Hospital Julio Méndez Barreneche. Allí, la administración departamental garantizó una cama en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) con un equipo multidisciplinario.La gobernadora Guerra destacó la celeridad del proceso a través de sus redes sociales, enfatizando que el resultado se dio en tiempo récord: "Fruto del trabajo coordinado entre el Gobierno Nacional y la Gobernación del Magdalena. Cuando se trata de salvar vidas, actuamos sin demora, con responsabilidad y compromiso".Este incidente resalta la importancia de la activación de protocolos como el Centro Regulador de Urgencias y Emergencias (CRUE) y el Puesto de Mando Unificado (PMU), herramientas que permitieron mantener una comunicación minuto a minuto con el ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, y la familia del afectado en Estados Unidos.
Este domingo, 15 de febrero, en una ceremonia reservada, la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) entregó simbólicamente los restos que serían de Camilo Torres Restrepo al padre jesuita, Javier Giraldo, quien en 2019 presentó la solicitud que impulsó la búsqueda del cuerpo del conocido “cura guerrillero”.El evento empezó con una eucaristía en la capilla Cristo Maestro, en el campus de la Universidad Nacional y continuó en la sede de la Unidad de Búsqueda en el centro de Bogotá.Este domingo, se conmemoraron los 60 años de la muerte de Camilo Torres quien falleció durante un enfrentamiento armado con el Ejército en zona rural de San Vicente de Chucurí, en el departamento de Santander. Su cuerpo fue sepultado de manera clandestina y durante décadas se desconoció su paradero.Sin embargo, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses continuaba los estudios periciales sobre las muestras remitidas por la UBPD, en medio de limitaciones ocasionadas por el estado y las condiciones de las estructuras óseas.Ariel Cortés, director general de Medicina Legal, informó que el equipo interdisciplinario forense sigue los protocolos establecidos en la investigación asociada a la identificación del cuerpo, y que solo se iba a pronunciar cuando existiera información concluyente siguiendo el debido proceso.El jueves de la semana pasada, la Unidad de Búsqueda había indicado que estaba a la espera de los últimos análisis forenses, necesarios para emitir el informe integral de identificación y el reporte definitivo de lo ocurrido.“Contar con el informe final integral de identificación es una condición ineludible para avanzar en el proceso de entrega digna y culturalmente pertinente del padre Camilo Torres Restrepo a su buscador”, precisó la entidad tras agregar que además de los restos contaban con muestras de familiares exhumadas en 2024, que fueron analizadas en Colombia y Estados Unidos, lo que permitió avances en la investigación.No obstante, este domingo el sacerdote jesuita Javier Giraldo, recibió un cofre marrón oscuro horas después de participar en una eucaristía en honor a Camilo Torres Restrepo.La ceremonia simbólica estuvo encabezada por la directora de la UBPD, Luz Janeth Forero, con el acompañamiento del excomisionado de Paz Danilo Rueda. La jornada se extendió por casi cuatro horas y concluyó hacia las nueve de la noche.
El presidente Gustavo Petro confirmó durante su alocución de la noche de este domingo 15 de febrero de 2026 que el Gobierno expedirá un nuevo decreto transitorio sobre el incremento del salario mínimo, tras la decisión del Consejo de Estado que dejó en suspenso el aumento del 23,78 %. El mandatario aseguró que acatará la orden judicial y que el llamado “salario vital” se mantendrá mientras se expide el nuevo acto administrativo.“Voy a aceptar que se genere un decreto transitorio. Primero vamos a aclarar esto con el magistrado. Esto hace que los ocho días se tengan que usar más. Nosotros, de todas maneras, es orden de la Constitución, lo tendremos en cuenta en el nuevo decreto de fallo transitorio. Lo que significa que el salario vital se mantiene hasta que se expida el nuevo decreto y el nuevo decreto va a tener el salario vital”, afirmó el jefe de Estado.La controversia surge luego de que el Consejo de Estado ordenara al Gobierno nacional emitir un nuevo decreto en un plazo máximo de ocho días, al considerar que el incremento no habría contado con el suficiente sustento técnico. Según el alto tribunal, el ajuste debía estar respaldado por indicadores cuantitativos claros, como la inflación del 5,1 % y la productividad del 0,9 %, y no responder únicamente a una determinación política, con el fin de garantizar la estabilidad económica y la confianza inversionista.Petro también convocó a movilizaciones en todo el país para este jueves 19 de febrero, al invitar al “pueblo trabajador de Colombia” a concentrarse en las plazas públicas.El mandatario aseguró que solicitará una aclaración frente a las decisiones adoptadas y sostuvo que esta discusión no solo es de carácter jurídico, sino que también debe respaldarse con la movilización ciudadana. “Los espero en todas las plazas públicas de Colombia. Convoca al presidente para defender el salario vital”, afirmó Petro.En su alocución de hoy, el presidente dijo que para estudiar el salario mínimo convocó para este lunes una reunión de la Comisión de Concertación en la que estarán su ministro Trabajo, Antonio Sanguino, y representantes del movimiento sindical y del empresariado."Esto lo discutiremos con el empresariado y la clase obrera. Se puede hacer un pacto, indudablemente oiremos, pero inmediatamente después haremos el decreto nuevo transitorio, ojalá con el resultado de una concertación", dijo.El mandatario dejó en claro "que a partir del decreto presidencial del 31 de diciembre del año pasado, en Colombia rige un salario vital que es el mínimo vital de una familia y que es móvil", lo que indica que puede variar.
Tras el reporte del Centro de Operaciones de la Fuerza Naval del Caribe de la Armada de Colombia sobre una embarcación cargada con clorhidrato de cocaína en el Mar Caribe, se activó una operación conjunta que se extendió por más de 72 horas.La lancha tipo Go Fast, equipada con cuatro motores fuera de borda de 300 caballos de potencia y capacidad para transportar cerca de cinco toneladas de alcaloides, fue hallada abandonada en un estero del Golfo de Urabá, en el departamento de Antioquia. La motonave era capaz de alcanzar velocidades de hasta 45 nudos.La Institución Naval estableció que la embarcación habría zarpado desde las costas del departamento de Córdoba con sustancias ilícitas, teniendo como destino final Honduras, en Centroamérica.De manera inmediata, se desplegó una aeronave de la Fuerza Aeroespacial Colombiana para realizar el seguimiento de la embarcación, guiando a las Unidades de Reacción Rápida de las Estaciones de Guardacostas de Cartagena y Urabá para ejecutar la interdicción marítima.Al notar la presencia de las autoridades, los tripulantes cambiaron el rumbo hacia las costas colombianas para intentar evadir la presión sostenida de la fuerza pública e internarse en la zona costera. Sin embargo, tropas del Batallón de Infantería de Marina No. 14 desplegadas en tierra impidieron la maniobra. Ante el asedio, los sujetos emprendieron la huida hacia el Golfo de Urabá, donde finalmente abandonaron la embarcación de 60 pies de eslora —cargada con 30 canecas de gasolina— en una zona de manglares.Posteriormente, tropas del Batallón de Infantería No. 47 "Francisco de Paula Vélez" del Ejército Nacional realizaron la inspección, judicialización e inutilización de la motonave en coordinación con las autoridades competentes. Respecto al cargamento, se presume que fue arrojado al mar durante la persecución, por lo cual aeronaves del Comando Aéreo de Combate No. 3 y buques de la Fuerza Naval del Caribe adelantan actualmente operaciones de búsqueda y registro.Con el éxito de esta operación, la Fuerza Aeroespacial, en conjunto con la Armada de Colombia y el Ejército Nacional ratifica su presión sostenida contra los Grupos Armados Organizados dedicados al narcotráfico, especialmente en la región del Caribe colombiano.
El presidente Gustavo Petro realizará este domingo 15 de febrero de 2026, a las 7:00 de la noche, una alocución presidencial en la que abordará los puntos clave del denominado salario vital y fijará la posición oficial del Gobierno frente a la suspensión temporal ordenada por el Consejo de Estado al decreto que establecía el aumento del salario mínimo para este año. La intervención será transmitida por los canales oficiales y redes sociales de la Presidencia.El pronunciamiento se da luego de que el Consejo de Estado suspendiera provisionalmente el incremento del 23,78 % decretado para 2026, decisión que obliga al Ejecutivo a emitir un nuevo decreto transitorio mientras se estudia el fondo de la demanda. El alto tribunal argumentó que el ajuste debe sustentarse en criterios técnicos como inflación y productividad, y no únicamente en lineamientos de carácter político.Desde el Gobierno han defendido la figura del “salario vital” y han advertido sobre las implicaciones administrativas y jurídicas que podría generar una modificación del decreto, especialmente frente a los pagos ya realizados. Se espera que durante la alocución el presidente precise el camino que seguirá el Ejecutivo para garantizar estabilidad laboral y claridad en la aplicación del salario mínimo en el país."Voy a aceptar que se genere un decreto transitorio. Primero vamos a aclarar esto con el magistrado; esto hace que los 8 días se tengan que usar más. Nosotros, de todas maneras, es orden de la Constitución; lo tendremos en cuenta en el nuevo decreto de fallo transitorio. Lo que significa que el salario vital se mantiene hasta que se expida el nuevo decreto y el nuevo decreto va a tener el salario vital", señaló Petro.El mandatario aseguró que acatará la orden judicial y que el llamado “salario vital” se mantendrá mientras se expide el nuevo acto administrativo.
La candidata a la Cámara de Representantes por el Partido Liberal Colombiano, Lucy Amparo Guzmán González, denunció que fue retenida por hombres armados cuando se movilizaba por zona rural del municipio Santander de Quilichao, en el departamento del Cauca. De acuerdo con el comunicado emitido en su cuenta de Instagram, durante el hecho fue despojada de su vehículo y el esquema de seguridad fue desarmado.En el documento, la candidata confirmó que ella y su equipo están a salvo, pero rechazó lo ocurrido al advertir que es un ataque directo a la democracia y a la libertad de hacer política sin amenazas. En el mismo pronunciamiento, aseguró que el hecho refleja la situación que vive el departamento y señaló que “la violencia sigue buscando imponer el miedo y cerrar el camino a la participación”.La candidata también puso el foco en los riesgos que enfrentan las mujeres en política. “Evidencia un riesgo que no puede seguir ignorándose: la violencia política contra las mujeres, usada para intimidar, silenciar y frenar liderazgos”, afirmó en el comunicado. Por esa razón, su equipo exigió al Gobierno nacional la adopción de medidas de protección para todos los candidatos en el Cauca, con especial atención a los riesgos diferenciados que enfrentan las mujeres.Sobre la situación general de seguridad electoral en el país se pronunció el procurador general, Gregorio Eljach, durante una jornada de paz electoral en Bogotá, cuando le preguntaron por el caso de la candidata Guzman. “Estamos preocupados por garantizar seguridad a todos los que están aspirando, a los que componen sus campañas, a las bancadas, a los partidos y en general a toda la ciudadanía, incluyendo testigos electorales y jurados de votación”, afirmó el jefe del Ministerio Público.El procurador también anunció una nueva reunión de evaluación del Plan Democracia con la cúpula militar y policial para revisar el comportamiento de los territorios con mayor riesgo. Según explicó, el encuentro servirá para “mirar cuáles de los 104 puntos con riesgo extremo de violencia electoral se han reducido y cómo vamos avanzando hacia la recuperación del territorio para unas elecciones tranquilas y en paz”.Eljach confirmó que este trabajo se adelanta de manera conjunta con la Misión de Observación Electoral. Además, indicó que en la próxima reunión participarán la cúpula militar y invitados internacionales para evaluar los avances más recientes del programa de protección electoral.
Expertos antiexplosivos del Ejército y de la Policía desactivaron de manera controlada un vehículo tipo camioneta platón que había sido cargada con más de 200 kilos de explosivos de alto poder destructivo en el municipio de Belén de los Andaquíes en el sur del Caquetá.El gobernador de ese departamento Luis Francisco Ruiz Aguilar, rechazó el frustrado atentado terrorista y expresó que teniendo en cuenta la cantidad de explosivos acondicionados en el automotor el daño habría sido “catastrófico” y había podido afectar tres cuadras a la redonda.Por su parte el general Sergio Guzmán Jaimes, comandante de la Décimo Segunda Brigada del Ejército Nacional, no descartó que esta acción terrorista haya sido autoría de los grupos armados organizados que delinquen el sur del país.“Afortunadamente en un trabajo coordinado entre el Ejército y nuestra Policía logramos neutralizar una acción terrorista que en estos momentos estuviera enlutando al pueblo caqueteños, con esta acción terrorista los diferentes grupos armados que delinquen en la región no les importa los daños colaterales, si, este carrobomba hubiera estallado, el efecto había sido devastador en un municipio tan pequeño como es Belén de los Andaquíes”, dijo el comandante de la unidad militar.Asimismo, la Policía anunció que ya se dispuso de un equipo especializado coordinado con la Fiscalía para adelantar las investigaciones pertinentes, mientras, que la Gobernación del Caquetá ofrece una recompensa de hasta 50 millones de pesos para quien brinde información de los responsables que dejaron abandonado el carrobomba.
La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos contra el exalcalde de Hato Corozal, Casanare, Darío Yesid García Barray, por un presunto incumplimiento en la ejecución del Programa de Alimentación Escolar (PAE) durante la vigencia 2022.De acuerdo con la investigación, el servicio de alimentación dirigido a los estudiantes de las instituciones educativas del área urbana del municipio no se habría iniciado desde el comienzo del calendario académico, como lo establecen las normas que regulan el programa.Según el ente de control, el PAE únicamente se habría prestado durante seis jornadas escolares en octubre y 17 en noviembre, lo que indica que su ejecución se concentró en la parte final del año escolar, afectando el acceso oportuno de los estudiantes a este beneficio.La Procuraduría señaló que el suministro de la alimentación escolar debía garantizarse desde el primer día de clases, con el fin de proteger los derechos de los niños, niñas y adolescentes beneficiarios del programa.Por estos hechos, la Procuraduría Regional de Instrucción de Casanare calificó provisionalmente la conducta como falta grave cometida a título de culpa gravísima, y continuará el proceso disciplinario para determinar la eventual responsabilidad del exmandatario municipal.
Colombia cierra 2025 entre la incertidumbre económica, el deterioro del orden público y un ambiente político cada vez más tenso. El anuncio del Gobierno de querer decretar una emergencia económica para recaudar recursos que no logró vía reforma tributaria abrió un nuevo debate sobre la institucionalidad, la separación de poderes y la transparencia en la toma de decisiones.Ese escenario fue analizado este 21 de diciembre en Sala de Prensa por la profesora de la Universidad de Los Andes, María Margarita Zuleta, quien hizo una lectura crítica del momento que atraviesa el país. Para la académica, la combinación entre inseguridad, problemas fiscales y decisiones excepcionales sin explicaciones claras está profundizando la desconfianza ciudadana justo antes de un año electoral.En medio de ese análisis, Zuleta fue contundente al referirse al decreto de emergencia económica: “La ausencia de transparencia frente al razonamiento que tiene el Gobierno para decretarla es un poco como tomadera de pelo”. La analista cuestionó que, al momento del anuncio, no se conocieran los considerandos del decreto, es decir, los argumentos que justificarían una medida extraordinaria de ese calibre.Emergencia económica y falta de transparencia en el GobiernoZuleta recordó que, según múltiples expertos, no se identifica una circunstancia sobreviniente o una calamidad reciente que sustente jurídicamente la emergencia. “No conocemos los considerandos del decreto”, insistió, al advertir que esa opacidad debilita la legitimidad de la decisión y podría llevar a que la Corte Constitucional la tumbe.A su juicio, el hecho de que el Congreso haya negado la reforma tributaria no puede presentarse como un hecho inesperado. El último año de gobierno, dijo, históricamente es complejo para aprobar reformas estructurales, por lo que decretar una emergencia en ese contexto agrava el choque entre el Ejecutivo y las demás ramas del poder.'Paca' Zuleta advierte problemas en el gasto público y eficiencia del EstadoMás allá de los nuevos impuestos planteados, la profesora puso el foco en un problema estructural. “Al Gobierno no le interesa la eficiencia del gasto público ni la eficiencia de las políticas públicas”, afirmó, al señalar que existen recursos que se aprueban pero no se ejecutan de manera adecuada ni en los tiempos previstos.Zuleta subrayó que el debate no debería limitarse a recaudar más, sino a garantizar que el dinero público se invierta con rigor, planeación y resultados concretos para los ciudadanos. De lo contrario, advirtió, se seguirán repitiendo crisis fiscales que terminan resolviéndose con medidas excepcionales.El análisis también incluyó la situación de orden público, marcada por la reciente ofensiva del ELN y el temor de muchas comunidades. Para la académica, el país vive una sensación de “vuelta al pasado”, con ciudadanos preguntándose si pueden viajar o si su vida está garantizada.Ese contexto, sumado a la emergencia económica y a los escándalos de corrupción, deja un cierre de año complejo y un 2026 cargado de incertidumbre, donde la confianza en las instituciones será uno de los principales retos.
Un juez de la República condenó a nueve meses de prisión a Mario Pastrana Prieto, tras aceptar, mediante preacuerdo, su responsabilidad en el delito de maltrato animal agravado por la agresión contra una perrita criolla identificada como ‘Juana de Arco’, en hechos ocurridos en una vía pública de Ibagué, Tolima.La decisión judicial se dio luego de que la Fiscalía General de la Nación presentara pruebas contundentes, entre ellas videos de cámaras de seguridad difundidos por la ciudadanía en redes sociales, que evidenciaron el momento en el que el hombre golpeó al animal con un palo e incitó a otros dos perros para que la atacaran.De acuerdo con la investigación adelantada por un fiscal del Grupo Especial para la Lucha contra el Maltrato Animal (GELMA), los hechos ocurrieron el 8 de junio de 2024. Posteriormente, el agresor también habría amenazado al propietario de la canina y a su familia.Como consecuencia del ataque, ‘Juana de Arco’ sufrió una contusión en la cabeza y presentó cambios significativos en su comportamiento, con evidencias de miedo extremo y afectaciones emocionales, razón por la cual ha requerido valoraciones veterinarias permanentes.Además de la pena de prisión, el condenado deberá pagar una multa equivalente a 3,75 salarios mínimos legales mensuales vigentes.
El anuncio del Ejército de Liberación Nacional (ELN) de decretar un cese al fuego unilateral durante la temporada de Navidad abrió un nuevo capítulo en el complejo panorama del conflicto armado en Colombia. La medida, presentada por la guerrilla como un “mensaje de paz”, fue recibida con cautela por distintas voces institucionales, entre ellas la defensora del pueblo, Iris Marín, quien expresó una mezcla de alivio y preocupación frente a lo ocurrido.El cese anunciado regirá entre las 00:00 horas del 24 de diciembre y las 00:00 horas del 3 de enero de 2026, e implica la suspensión de operaciones militares ofensivas contra la fuerza pública. Sin embargo, llega después de una semana marcada por ataques, hostigamientos y un paro armado que afectó a varias regiones del país.ELN anunció cese al fuego para Navidad como “mensaje de paz”En su comunicado, el ELN aseguró que la decisión busca enviar una señal de tranquilidad durante las festividades de fin de año. La guerrilla señaló que el respeto a la población civil hace parte de este anuncio, aunque no precisó mecanismos de verificación ni alcances frente a otros actores armados.Este tipo de decisiones no son nuevas. En años anteriores, el ELN ha decretado ceses temporales en fechas especiales, lo que genera expectativas entre las comunidades que viven en zonas históricamente golpeadas por el conflicto, pero también dudas sobre su cumplimiento efectivo.Defensoría del Pueblo pide gestos que protejan a la población civilLa defensora del pueblo, Iris Marín, reaccionó al anuncio con un mensaje claro: el alivio existe, pero la preocupación persiste. En su pronunciamiento recordó que, pese a declaraciones similares en el pasado, las comunidades han seguido enfrentando afectaciones graves.“Recibimos este mensaje con cierto alivio, pero también con angustia”, señaló Marín, al advertir que las acciones recientes del ELN han dejado daños sostenidos contra la población civil. Desde la Defensoría se insistió en que un gesto coherente sería la liberación de las personas que continúan secuestradas, una de las prácticas más rechazadas por la sociedad colombiana.Además, Marín subrayó que el cese de hostilidades debería extenderse a los enfrentamientos que el ELN mantiene con otros grupos armados ilegales, pues estas confrontaciones también generan desplazamientos, confinamientos y riesgos para las comunidades.El recuerdo de ceses pasados y la alerta por regiones como CatatumboLa defensora del pueblo también trajo a colación lo ocurrido hace un año, cuando un anuncio similar no evitó que, meses después, se registraran nuevos ataques contra civiles. Como ejemplo, mencionó la situación en el Catatumbo, donde la confrontación armada derivó en lo que calificó como el desplazamiento masivo más grande de la historia reciente del país.Ese antecedente refuerza la postura de quienes consideran que los anuncios deben ir acompañados de hechos verificables y sostenidos en el tiempo. Para las comunidades, la verdadera señal de paz no está solo en un comunicado, sino en la posibilidad de pasar las festividades sin miedo, sin confinamientos y sin amenazas.“Saludamos el anuncio, pero pedimos más”, concluyó Marín, dejando claro que la expectativa de la institucionalidad y de la ciudadanía es que este cese se traduzca en una protección real de la población civil, más allá del calendario.
La defensora del Pueblo, Iris Marín, se pronunció respecto al anuncio del cese al fuego unilateral del ELN a partir del 24 de diciembre hasta el 3 de enero. Marín recibió con alivio la decisión de la guerrilla, pero aseguró que es un anuncio que también genera angustia, pues las acciones del ELN han provocado daños irreparables a la población.“Un gesto de coherencia sería, por ejemplo, la liberación incondicional de las personas que permanecen secuestradas. El cese de hostilidades debería alcanzar también las hostilidades con otros grupos armados, a quienes les pedimos el mismo alivio en el fin de año”, fue la solicitud que hizo la defensora a través de su cuenta de X.Marín recordó que hace un año la guerrilla hizo un cese al fuego similar; sin embargo, en enero emprendió una ofensiva en el Catatumbo que generó el desplazamiento masivo más grande de la historia reciente de Colombia, razón por la cual la defensora celebró el anuncio, pero pidió más de parte del ELN.