La aprobación reciente en la Cámara de Representantes del proyecto de ley para reformar el sistema de salud ha desencadenado una fuerte respuesta por parte de la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (Acemi).Acemi manifiesta su preocupación, señalando que la reforma a la salud como está no aborda eficazmente los problemas sistémicos y no garantiza una mejora en la atención a los pacientes. Entre las principales inquietudes expresadas, se destaca el desdibujamiento del rol de las (EPS), lo que no permite la gestión del riesgo y elimina la gestión integral de la salud de la población.El documento que avanza al Senado es criticado por la agremiación debido a que plantea un arreglo institucional con confusiones en roles y responsabilidades, lo que podría afectar a los usuarios. Acemi también resalta la falta de sostenibilidad del proyecto, tanto en términos de costos de implementación como en la ausencia de un responsable claro del riesgo financiero del sistema.Durante su trámite en el Congreso, el proyecto acumuló defectos de forma y fondo, según advierte Acemi, anticipando su posible inconstitucionalidad. La asociación alerta sobre el riesgo de afectar la atención adecuada a pacientes, especialmente aquellos con enfermedades de alto costo, debido a la carencia de un plan de transición serio y estudiado.La propuesta de un pagador único también recibe críticas, ya que Acemi argumenta que esto abandona un modelo de colaboración público-privada en favor de un sistema de salud manejado exclusivamente por el Estado.En este contexto, Acemi espera en que el Senado de la República lleve a cabo un debate amplio e informado, involucrando a todos los actores del sistema, incluyendo pacientes y usuarios que han expresado públicamente no haber sido escuchados durante el proceso.Le puede interesar:
Ante la aprobación del 80 % del articulado de la reforma a la salud aprobada en la Plenaria de la Cámara, la presidenta de Acemi, Ana María Vesga, dijo que espera que en el Senado sí haya un verdadero debate sobre la iniciativa.“Pasamos el escenario de la Cámara de Representantes, continuamos la conversación en el Senado y esperamos que en ese espacio realmente tengamos un debate a profundidad”, aseguró Vesga.Para Acemi, la aprobación de gran parte de la reforma no es una derrota para las EPS. “Derrotados no. Esta es una conversación que tiene cuatro momentos, llevamos dos, nos faltan dos en los que tenemos enorme confianza. Creemos que la discusión en el Senado será distinta”.Sobre el documento fiscal de la reforma a la salud que dio a conocer ayer el Ministerio de Hacienda, Acemi espera que se presente un documento que realmente permita conocer el impacto financiero de la reforma.“No es un aval fiscal, es un documento de factibilidad sujeto al cumplimiento de unas condiciones (…) Esperamos que el aval fiscal llegue en propiedad y esperamos que el Ministerio de Hacienda lo defienda ante el Congreso”, comentó Vesga.También los diferentes expertos en salud dieron a conocer sus visiones sobre la reforma y los impactos que tendría su aprobación en el Congreso.Mario Cruz, vicepresidente técnico de Acemi, controvierte la posición del ministro de salud sobre que la UPC es suficiente y que las atenciones del sistema disminuirán en el tiempo por la política de prevención. “Pareciese que todas las cifras, todas las voces gritaran al unísono, menos las del Ministerio de Salud”, dijoEl vicepresidente explicó el déficit financiero del sistema de salud: “Por cada 100 pesos que está recibiendo el sistema, está gastando 103 y eso de ninguna manera es sostenible en el tiempo”, esto porque después de la pandemia disparó el gasto en salud.Andrés Vecino, profesor e investigador en la Universidad John Hopkins, dijo: “De la misma manera, como la Ley 100 originalmente creó un sistema de salud para un país urbano y lo aplicó tanto para lo urbano como para lo rural, estamos viendo una reforma que está aplicando un sistema de salud rural para un país que es un 80 % urbano”. Además, resaltó que le preocupa que la reforma deje de lado la atención de segundo y tercer nivel.Sobre el documento fiscal que presentó el MinHacienda en relación a la reforma a la salud, Vecino aseguró: “Este no es el aval que requiere el Congreso para aprobar el articulado; es un estudio de escenarios (….) Lo que esto potencialmente indica es que los recursos que van a ser requeridos para el sistema de salud puede ser inferiores a lo que permitiría el marco fiscal de mediano plazo”.Para Anif, las preocupaciones de la reforma a la salud radican en el financiamiento y el descuido del resto del sistema mientras se da el debate de la iniciativa.“Por estar discutiendo una reforma que cambia radicalmente el modelo de atención y de salud, se está dejando de atender los problemas que hoy ya siente el sistema incluso antes de la reforma”, dijo Anwar Rodríguez, presidente (e) de Anif.Le puede interesar:
Luego de que la Superintendencia Nacional de Salud revelara que 20 EPS no tienen los recursos para cubrir todos sus gastos básicos, ACEMI, que agremia a la mayoría de estas entidades, respondió que esos cálculos no son del todo ciertos y que el problema financiero que enfrenta el sector sí depende de los dineros que gira el Gobierno nacional.Según la Supersalud, solo cuatro de las 24 EPS tienen un recurso adecuado para su reserva técnica. Las demás solo cuentan con $6,3 billones para respaldar ese fondo cuando el monto debería ser de $18,7 billones.En esa declaración, Ulahí Beltrán, superintendente de Salud, agregó que eso estaría relacionado por la falta de capitalización o de fortalecimiento patrimonial por parte de las EPS y no por incumplimientos del Gobierno.Ante esto, ACEMI señaló que no compartía esos pronunciamientos, pues hay más factores que inciden en esa falta de recursos de la reserva técnica.Agregan que la ley sí permite deducir recursos de esas reservas para pagar obligaciones como cuentas por cobrar a la ADRES en temas fuera del plan básico de salud y otras relacionadas con la prestación.Las EPS insistieron en que las demoras en los giros sí afectan el respaldo de la reserva pues termina diezmando el patrimonio neto. Reseñan, por ejemplo, que actualmente tienen pérdidas acumuladas por $5.6 millones de pesos, pese a los $1.5 billones que han invertido sus accionistas.En esa medida, ACEMI asegura que no pueden separar la discusión sobre la reserva técnica de la crisis financiera que enfrenta el sector y, por ello, es necesario tener una mesa técnica permanente con varios actores para buscar soluciones.Vea también
A finales de agosto se conoció una carta en la que tres de las EPS más grandes del país (Sura, Sanitas y Compensar) alertaban sobre la difícil situación financiera que atraviesan por la deuda que tiene el Gobierno con las entidades desde hace mucho tiempo, además, mencionaban puntos claves que debían revisarse para que los recursos asignados cubrieran realmente las necesidades del sistema.Ahora, a meses de enviada esa carta, ¿hubo algún cambio o respuesta para solucionar la crisis que atraviesan las EPS en el país? Al respecto habló en Mañanas Blu, cuando Colombia está al aire, Ana María Vesga, presidenta de Acemi.Según dijo, luego de esto, el Gobierno quedó con el compromiso de volver a las EPS con el análisis de suficiencia y de visión presupuestal, de cara a “una acción concreta para ajustar y reparar” el sistema de salud. Sin embargo, Vesga indicó que aún no hay soluciones, por lo que desde Acemi enviaron una propuesta.“Cuando las EPS no cumplen los indicadores financieros, la Superintendencia Nacional de Salud procese a la intervención. Por esa razón nosotros enviamos una propuesta al Gobierno; entregamos el riesgo financiero. Continuar de esta manera, sin la UPC suficiente y con un presupuesto que se está quedando corto, es imposible seguir asumiendo el riesgo financiero”, comentó.¿Se puede venir una intervención para Sanitas EPS y las demás?“Claro, para Sanitas y todas las demás que están en la misma situación de incumplimiento o próximas a incumplir esos indicadores con los que la mide la Superintendencia de salud”, respondió la presidenta de Acemi en Blu Radio.Si eso llega a pasar, explicó, llevará tiempo tal y como suele pasar en los procesos de intervención a entidades. De cara al usuario, lo que sucedería es que la Superintendencia “entra a administrar la EPS”, lo cual no representaría un traslado de los usuarios, según destacó.“Esos procesos, desde luego, lastiman la oportunidad y la atención de los usuarios que es lo que se debe evitar y, por eso, hemos insistido al Gobierno para que haga ese análisis completo de la suficiencia presupuestal para evitar llegar a una situación de esta naturaleza”, puntualizó.Vea la entrevista completa en Mañanas Blu, cuando Colombia está al aire:
El vicepresidente técnico y de estudios de Acemi, Mario Cruz, expresó su preocupación por el financiamiento de las EPS.“La plata no está alcanzando, de cada $100 que reciben las EPS están gastando $103, esa es la realidad financiera del sistema. Sobre las platas del otro año, el ministerio nos ha advertido que hay un déficit para el 2024. Estamos pensando una reforma sin tener la plata completa”, aseguró.Cruz afirmó que esta situación se debe a varios factores, incluida la pandemia de COVID-19, la expansión del plan de beneficios en 2022 y problemas en la actualización de la UPC, por lo que señaló que la siniestralidad muestra que las EPS están gastando más de lo que reciben, lo que demuestra la restricción presupuestal del sistema.“Muy seguramente los recursos se agotaran rápidamente y la mayoría de la población quedará desamparada a mitad de año, como ocurría hace 30 años. En julio o septiembre estaremos en ese indeseable escenario”, alertó.Considera que con la reforma a la salud se está “construyendo una casa en el aire” y advierte que pueden llegar al año 2025 sin tener claro los recursos para el sistema de salud.“No está la plata para los CAP, no están los recursos para los equipos extramurales, aún no hay plata para el cierre de este año, no está la plata para el Soat. Hay unas cuentas que no encajan”, explicó Cruz.El gremio advierte que, más allá de quitarles la capacidad de operación y financiamiento, se les va a hacer responsables del mal funcionamiento del sistema en cualquier caso.Puede ver:
El "pacto por una mejor salud" en Colombia, que incluye a la Andi, Acemi, pacientes, clínicas y hospitales, hizo un llamado a la Cámara de Representantes. Su solicitud es clara: desean participar en la subcomisión creada la semana pasada para discutir y consensuar reforma a la salud, y quieren que la voz de la ciudadanía y los sectores de la salud sea parte fundamental de esta transformación.En su pronunciamiento, estos grupos le piden al presidente de la Cámara de Representantes, Andrés Calle, que los incluya en la subcomisión conformada por todos los partidos políticos y que fue creada para abordar diversos aspectos de la reforma a la salud. Para ellos, esto debe ser el primer pilar del acuerdo nacional propuesto por el presidente Petro.Los miembros de este pacto enfatizan que las afirmaciones de algunos congresistas, que sugieren que la subcomisión busca entorpecer y retrasar el debate de la reforma, son inexactas. Argumentan que el Congreso es precisamente el lugar para debatir una iniciativa de tanta relevancia.Augusto Galán, vocero del Pacto Nacional por un Mejor Sistema de Salud, expresó su satisfacción por la creación de la subcomisión y manifestó la voluntad del grupo de participar activamente en las mesas de trabajo. También valoró el compromiso del gobierno nacional en escuchar las preocupaciones sobre el desfinanciamiento del sistema.Mientras tanto, Maria Inés Delgado, representante de Pacientes Colombia, destacó la necesidad de un diálogo transparente para descubrir la verdad en medio de la incertidumbre que sienten los pacientes.Bruc MacMaster, presidente de la Andi, subrayó la importancia de un enfoque técnico y serio en la búsqueda de mejoras para la reforma a la salud. Además, celebró la apertura de discusiones sobre los giros que el Estado realiza a las Entidades Promotoras de Salud (EPS) y los presupuestos máximos.El Pacto por una Mejor Salud en Colombia reiteró que han enviado una carta al presidente de la Cámara en busca de su inclusión en la subcomisión.El presidente de la Andi, Bruc MacMaster, concluyó destacando que el acuerdo nacional no puede limitarse a las ideas de unas pocas personas y que calificar un debate sobre la reforma como dilación va en contra del propósito fundamental del Congreso.Le puede interesar
La Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (ACEMI) emitió un comunicado en el que aclaró que los 10 billones de pesos que el Gobierno se comprometió girar a las EPS Sanitas, Sura y Compensar no son parte de recursos nuevos, sino unos que ya estaban comprometidos.Por lo que el Gobierno no está contemplando otorgar recursos adicionales a todas las EPS o a un grupo de ellas, aparte de los giros mensuales que ya se han venido realizando en concepto de Unidad de Pago por Capitación (UPC).El pago de los 10 billones de pesos se refiere a la continuación de los pagos a las EPS, considerando el valor previamente establecido por el Gobierno para cubrir la UPC.Por ahora las conversaciones, que comenzaron esta semana, entre las EPS y el Gobierno giran entorno al monto exacto de los pagos.ACEMI ha planteado que la UPC actual no es suficiente para abordar integralmente los gastos en salud. El gremio argumenta que este cálculo se basa en valores que están atrasados por al menos dos años, lo que no refleja adecuadamente la realidad financiera de las EPS y los costos asociados a la atención médica.El compromiso al que se llegó entre el Gobierno y las EPS es que no se va a detener la prestación del servicio de salud a partir de septiembre como lo habían alertado Sanitas, Sura y Compensar.Le puede interesar:
El Ministerio de Salud y las EPS lograron un principio de acuerdo para garantizar el respectivo funcionamiento del sistema de salud en lo que resta de 2023. El Gobierno se comprometió a desembolsar 10 billones de pesos que permitan la atención de enfermedades de alta complejidad.Este dinero será desembolsado a las EPS que habían advertido una situación financiera compleja: Sanitas, Sura y Compensar. Se espera que estos recursos sean girados en lo que queda de 2023.“A las EPS, en este caso Sura, Compensar y Sanitas, se les ha girado más de 14 billones de pesos al mes de julio y les vamos a girar otros 10 billones si continúan atendiendo a los pacientes. Yo le he dicho claramente a las EPS que tengan cuidado porque los están utilizando para montar una crisis”, señaló el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo.El segundo acuerdo al que llegaron Gobierno y EPS es evaluar un nuevo método de cálculo del monto que año a año se les gira a estas entidades prestadoras de salud. Así lo señaló también Ana María Vesga, presidente de Acemi, gremio de las EPS.“Pudimos expresar los temas que particularmente están inquietando y hay una buena disposición al diálogo. Precisamente, con esa buena disposición, que aportemos todos para asegurar que el cálculo a futuro se haga de manera más ajustada a las realidades”, señaló al término de la reunión.No suspender los servicios médicos y seguir dialogando en mesas técnicas fueron los otros dos acuerdos a los que llegaron el ministerio y las EPS.Todo empezó el pasado 27 de julio, cuando al ministro de Salud le llegó una carta de tres páginas enviada por el gerente general de EPS Sura, Pablo Otero; el presidente de Sanitas, Juan Pablo Rueda; y el director de salud de Compensar, Andrés Barragán. En dicha misiva, se alertó acerca de la situación financiera delicada y angustiosa que atraviesa el sistema de atención médica.Además, en el escrito se abordó la sostenibilidad financiera de estas entidades, debido a que el valor de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) resulta insuficiente para cubrir el conjunto de beneficios de salud, sumado a los pagos pendientes por presupuestos máximos, reembolsos y gastos relacionados con la pandemia de COVID-19.Los presidentes le dijeron al ministro que se debía llegar a una solución para “evitar el colapso y daño irreversible que impacte a la población y al sistema” y que cada vez es más difícil continuar con la prestación de los servicios, tanto así que la operación en septiembre estaría en veremos.Puede ver:
Ana María Vesga, presidenta de la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (ACEMI), habló en Mañanas Blu, con Néstor Morales, de la actual crisis de las Empresas Promotoras de Salud (EPS) y sus repercusiones en el sistema de salud del país. Vesga expresó su inquietud sobre el impacto en cadena que provoca la crisis en una EPS sobre el sistema en su totalidad.Ana María Vesga inició la conversación destacando la oportunidad abierta para dialogar con el Gobierno sobre la crítica situación que enfrentan las EPS y sus usuarios. Hizo alusión a la teoría del dominó y describió cómo el fallo o la quiebra de una EPS genera una avalancha de usuarios hacia otras EPS, generando un desbalance en la atención y recursos disponibles“Este es un sistema donde todas las EPS, que recogen 50 millones de colombianos, evidentemente en la medida en que se empieza a generar un fallo en una, pues todos esos usuarios llegan y es lo que ha venido pasando con las liquidaciones anteriores. Empiezan a llegar por traslado a las otras EPS en condición de enfermedad, con carga, con una UPC insuficiente. Entonces, desde luego, pues el efecto del daño de una empieza a dañar a las otras. Sí, y es lo que está sucediendo hoy en día”, expresó.Traslados por enfermedad y efecto en la UPCLa presidenta de ACEMI explicó cómo los traslados de usuarios entre EPS, en condiciones de enfermedad y con una Unidad de Pago por Capitación (UPC) insuficiente, desencadenan una cadena de problemas que afectan a todas las EPS."El efecto del daño de una empieza a dañar a las otras", puntualizó Vesga, quien destacó que gran parte de los problemas actuales en las EPS provienen de traslados de más de 10 millones de usuarios, resultado de intervenciones en las EPS en los últimos años.Vesga subrayó que la solución no radica en restringir el acceso a tratamientos y servicios, sino en asegurar que los recursos sean suficientes para cubrir las necesidades de la población. Propuso una "gran conversación sobre la suficiencia de la UPC", que incluya un cierre definitivo de cuentas para pagar deudas por conceptos antiguos que están afectando la capacidad financiera de las EPS. Esta propuesta, denominada "punto final 2.0", busca aliviar la presión financiera en las entidades.Vesga también abordó la cuestión de los tratamientos de alto costo y afirmó que, según el ordenamiento legal colombiano, los fallos judiciales que ordenan su inclusión no pueden revertirse. Enfatizó en la importancia de asegurar recursos suficientes para cubrir estos tratamientos, sin restringir el acceso de los pacientes.La presidenta de ACEMI propuso dos medidas para mejorar la fórmula de cálculo de la UPC. La primera es considerar la condición de salud de los pacientes en los ponderadores utilizados para calcularla. La segunda es incorporar mecanismos de ajuste periódicos que reflejen la dinámica del gasto a lo largo del año, especialmente ante fenómenos inflacionarios y cambios en la tasa de cambio.Vesga afirmó que la advertencia de algunas EPS sobre la insostenibilidad de la situación no es una amenaza, sino una señal de la urgente necesidad de encontrar soluciones. Hizo hincapié en que todas las EPS están afectadas por pérdidas acumuladas y destacó la importancia de la conversación con el gobierno para reevaluar y reformular la UPC.La crisis de la EPSLas EPS Compensar, Sanitas y Sura enviaron una carta al Ministerio de Salud en la que advierten que podrían cerrar sus operaciones a partir de septiembre debido a problemas financieros.Las tres entidades, que atienden a más de 13 millones de afiliados, señalan que tienen una deuda acumulada de $1,6 billones, de los cuales $870.871 millones corresponden a Sanitas, $568.638 millones a Sura y $204.206 millones a Compensar.Estas deudas, según las EPS, se deben a varios factores, entre ellos el retraso en los pagos por parte del Gobierno, el aumento de los costos de los servicios de salud y la baja rentabilidad de las operaciones.“Es nuestra intención y responsabilidad presentarle a usted, de primera mano, la difícil y angustiosa situación financiera que atraviesa nuestro sistema de salud y así mismo, manifestarle la gran preocupación de viabilidad que hoy enfrentamos como EPS serias, responsables y comprometidas con el cuidado y el bienestar de la población”, señala la carta.Las EPS piden al Gobierno que tomé medidas urgentes para evitar que se materialice la crisis.
Con las recientes advertencias que han hecho las tres EPS más grandes del país -Sanitas, Sura y Compensar- al Gobierno nacional sobre los problemas financieros que tienen, Acemi, gremio que agrupa todas estas entidades del país, dio a conocer las 10 condiciones que plantean para iniciar diálogos sobre el sistema de salud.Y es que se acordó el pasado miércoles la apertura de dos mesas de trabajo para abordar diferentes temas en cada una de ellas como la insuficiencia de la UPC y las cifras de cartera que reciben las EPS frente a los servicios que no están incluidos en el Plan de Beneficios en Salud.Además, el ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, aseguró el jueves que no es correcto hablar de desfinanciamiento en el sistema salud y que el Gobierno está preparado para atender a aquellos pacientes cuya EPS, de ser el caso, quiebre.Dentro de ese contexto, Acemi respondió a dichas declaraciones de Jaramillo y planteó un total de 10 condiciones para iniciar estos diálogos con el Gobierno sobre la sostenibilidad financiera del sistema de salud, una “conversación de interés nacional, que compromete a todos los actores del sistema y no se limita a una coyuntura particular de este año”, puntualizaron.Estas son las 10 condiciones de Acemi para iniciar diálogo con GobiernoLa sostenibilidad financiera del sistema de salud se convierte en un tema de interés nacional, involucrando a todos los actores y trascendiendo coyunturas temporales.Los problemas de financiamiento arrastran una insuficiencia estructural acumulada, agravada por dificultades en el flujo de recursos en los últimos años. Se requiere abordar tanto situaciones antiguas como recientes.La Unidad de Pago por Capitación (UPC) no cubre adecuadamente los costos de atención. En 2022, las EPS gastaron más de lo recibido por concepto de UPC, debido a cálculos basados en valores desactualizados.Las frecuencias de atención no se han incrementado solo en un 3 %, como se afirmó. Las EPS reportan aumentos del 20 % al 25 %, influenciados por la post pandemia y la incertidumbre generada por reformas.Los Presupuestos Máximos (PM) han sufrido reducciones notables en 2022 y 2023, incumpliendo principios de anualidad e integralidad. Los recursos no se han girado en tiempo y no se han ajustado adecuadamente.Es imperativo avanzar en la implementación del giro directo para servicios y tecnologías cubiertos por los presupuestos máximos.El reconocimiento gubernamental de abordar problemas específicos es positivo: análisis de lo No PBS y suficiencia de la UPC. Anticipar el giro no basta si los recursos no satisfacen las necesidades.Dada la complejidad del sistema, la colaboración de todos sus actores es esencial para prevenir una crisis que afecte a los usuarios.Enfocarse solo en las fallas y quejas no es productivo. Aunque hay que atender las PQR y tutelas, Colombia cuenta con una gran cantidad de atenciones exitosas en un sistema que presta millones de atenciones al día.Reconociendo los avances y éxitos del sistema, es fundamental concentrarse en mejorar las deficiencias con un enfoque constructivo.Le puede interesar
La polémica por la elección del nuevo rector de la Universidad Nacional, que hoy tiene prácticamente paralizadas las actividades académicas en el centro universitario público más importante del país, comenzó desde hace semanas, tras los resultados de las elecciones internas que se llevaron a cabo.En esas elecciones, que por cierto tuvieron una baja participación de los miembros de la comunidad educativa, el ganador fue Leopoldo Múnera, incluso superando a José Ismael Peña, quien al final del proceso resultó elegido como rector de la Universidad, el pasado 21 de marzo.De acuerdo con las normas de la Universidad Nacional, en el proceso de elección del rector, la última palabra la tienen los ocho integrantes del Consejo Superior Universitario, quienes tras un prolongado y controvertido proceso de deliberación y votaciones, decidieron seleccionar al actual vicerrector José Ismael Peña como el nuevo rector del centro educativo, por encima de Leopoldo Múnera, quien daba por descontada su elección.Peña fue elegido con 5 de los 8 votos de los integrantes del Consejo Superior Universitario, lo cual desató la furia de Leopoldo Múnera, a quien ya le había ocurrido algo similar en la elección de 2012, y de sus simpatizantes, que llamaron a la “resistencia civil”, ocasionando una creciente anomalía en el normal desarrollo de las actividades de la Universidad Nacional.Vea también: encapuchados obligaron a vigilantes de la Universidad Nacional a tomar gasolinaUno de los componentes detrás de esta polémica, sin duda es el político, porque aunque nadie lo quiere aceptar públicamente, el pulso entre Peña y Múnera se podría traducir como un desafío entre el statu quo dominante en la Universidad Nacional por medio de Dolly Montoya y sus colaboradores más cercanos, con vasos comunicantes con la facultad de ingeniería y con las empresas del sector privado, y el candidato que más le simpatizaba al gobierno del Presidente Gustavo Petro: Leopoldo Múnera es visto como un hombre cuya propuesta va dirigida a la reivindicación del movimiento estudiantil y sus luchas para defender la educación pública.Tras la elección de Peña, a la Ministra de Educación Aurora Vergara le correspondía firmar el acto administrativo previo para proceder a su posesión, sin embargo pese a que la secretaria general de la Universidad ha enviado en varias oportunidades el documento al despacho de la ministra desde el pasado 21 de abril, Vergara no lo quiso firmar, argumentando que no cumple con los requisitos que ella sugirió, entre ellos que se hagan públicas las posiciones de ella frente a cada una de las discusiones y que se divulgue cómo quedó la votación frente a cada uno de los puntos a debatir, a excepción del proceso de elección, que es privado.Hoy se necesita encontrar una solución al entuerto que afronta la Universidad Nacional, sumida en una profunda crisis marcada por la violencia de quienes utilizan las vías de hecho como la toma de la rectoría, el uso de capuchas para agredir y robar en las cafeterías y bloquear e incendiar TransMilenio en la carrera 30 y en la calle 26, pero sobre todo para evitar que continúe el perjuicio académico para más de 57 mil estudiantes que cursan pregrado y postgrado en el centro educativo.
Los encapuchados de los disturbios de este 2 de mayo en la Universidad Nacional, en Bogotá, agredieron al personal de vigilancia y los obligaron a tomar gasolina. Así lo informó el secretario de Seguridad, César Restrepo.Además, el secretario de Seguridad le dijo a Blu Radio que cuenta con información que indica que los encapuchados extrajeron gasolina de los vehículos dentro de la universidad para crear las conocidas bombas molotov. "Al haber estos elementos siempre hay riesgo de que puedan utilizarse para incendiar instalaciones dentro de la Universidad Nacional", añadió.Lea también: TransMilenio: vándalos le han costado a Bogotá casi $100 millones en 2024Los encapuchados también atacaron la estación de TransMilenio Ciudad Universitaria, ubicada sobre la calle 26. En las cámaras de seguridad quedó registrado cómo varias personas ingresaron con sus rostros cubiertos con máscaras para vandalizarla y luego prenderle fuego en los torniquetes con bombas molotov.Así quedó la estación Ciudad Universitaria tras ser vandalizadaEsta estación quedó con serios daños en los torniquetes de entrada y en los dispositivos que reciben el pago del pasaje. Además, quedó el rastro de las llamas y vidrios regados en el piso.Estos hechos se registraron en medio de las protestas por la elección del nuevo rector de la Universidad Nacional, José Ismael Peña.Galán anuncia investigación por vandalismo en Universidad NacionalTan pronto se registraron los actos de vandalismo, el alcalde Carlos Fernando Galán anunció una investigación para recolectar pruebas y ubicar a los responsables de los disturbios en la Universidad Nacional y en la estación de TransMilenio.
En el contexto del Día Mundial de la Contraseña, la empresa de seguridad informática ESET destacó la importancia de evitar ciertos errores al crear contraseñas que pueden comprometer la seguridad de tus cuentas. En Colombia y alrededor del mundo, prácticas como la creación de contraseñas simples, su reutilización y el compartir claves con terceros son alarmantemente comunes y riesgosas.Según Fabiana Ramirez, Investigadora de Seguridad Informática en ESET Latinoamérica, la gestión inadecuada de las contraseñas se ha normalizado tanto que muchas personas optan por opciones fáciles de recordar para agilizar el acceso a servicios, ignorando los riesgos de seguridad que esto conlleva. En este Día Mundial de la Contraseña, estos son los cinco errores más comunes que debería evitar al establecer tus contraseñas:Reutilización de contraseñas: un estudio de Google reveló que más del 50% de las personas reutilizan sus contraseñas, aumentando el riesgo de ataques de 'credential stuffing', donde los atacantes usan credenciales filtradas para acceder a varias cuentas.Contraseñas simples: las contraseñas como "12345" o "password" son extremadamente vulnerables. Integrar datos personales en tus contraseñas también puede hacerlas fácilmente adivinables, según revelan encuestas de Google.Almacenamiento inseguro de contraseñas: guardar contraseñas en papel, notas adhesivas, o documentos de texto puede dejar tus cuentas expuestas si alguien accede física o remotamente a estos datos.Compartir contraseñas: compartir contraseñas, incluso con personas de confianza, puede resultar en un uso indebido o en la propagación incontrolada de tus credenciales.Cambios periódicos de contraseñas sin criterio: cambiar contraseñas regularmente sin una razón válida puede llevar a crear variantes predecibles y no aumenta la seguridad de la cuenta.Crear una contraseña robusta puede ser una tarea complicada, pero es esencial para proteger tu identidad digital. Considera usar frases como contraseñas, activar el doble factor de autenticación siempre que sea posible y utilizar un administrador de contraseñas para gestionarlas de manera segura y eficiente.
La Fiscalía General de la Nación conformó un grupo especial de investigadores del CTI para que continúe indagando y recopilando pruebas para determinar las circunstancias de modo, tiempo y lugar que rodearon la muerte de la niña Kerly Cuevas, de 8 años, cuyo cuerpo fue hallado en zona boscosa del municipio de Girón, Santander.Un juez de garantías ordenó enviar a la cárcel al hombre capturado por la Policía como presunto responsable de raptar y cometer el asesinato de la menor. Alirio Gualdrón, de 60 años, el fiscal del caso le imputo el delito de desaparición forzada agravada. Mientras avanza la investigación la Fiscalía determinará si en la próxima audiencia le imputa el delito de homicidio o feminicidio. “Eso lo determinara las pruebas”, dijo una fuente a Blu Radio.“Según la investigación, la madre de la víctima acostumbraba a dejar a su hija al cuidado de una vecina, pues tenía que trabajar. Al parecer, el compañero sentimental de esta última aprovechó un descuido de su pareja para llevarse a la niña. Ante la ausencia de la menor la responsable de su cuidado avisó a la progenitora de esta, quien de inmediato informó a las autoridades del hecho”, señala el comunicado oficial de la Fiscalía.Al ser interrogado por lo sucedido, Alirio Gualdrón, habría entregado versiones contradictorias; además de ocultarle a la familia y a la Policía información sobre el paradero de la víctima.Ahora la mamá de la víctima piensa llevar el cadáver su hija hacia su natal Venezuela y hacer el entierro allá en el vecino país.“A la niña la podemos recordar, como una buena niña, flaca, pelo castaño, una niña muy alegre muy atenta, jugaba mucho con los dos amiguitos que tenía en la plazoleta. Ahora me voy para Venezuela con el cuerpo de mi hija y allá voy a hacer la sepultura, pero yo acá antes de llevármela voy a tenerla un momento para que los amigos la visiten”, confirmó la mamá de la niña.Comunicado Fiscalía:
Blu Radio logró conocer que el Tren de Aragua está detrás de las amenazas de extorsión el día jueves, durante la tarde y parte de la noche a todos los colegios privados ubicados en Chía, Cundinamarca.El Ojo de la noche llegó precisamente hasta la Alcaldía porque hasta esta madrugada el mandatario, el secretario de Gobierno, los docentes, los rectores y el Gaula de la Policía de Cundinamarca estuvieron reunidos verificando y analizando todo lo que pasó.De acuerdo con lo recogido, los delincuentes llamaron a cada uno de los representantes de todos los planteles educativos, inicialmente pidiendo una reunión urgente para poder garantizar la seguridad de todas las personas que trabajan en los colegios.De inmediato, todos se comunicaron, llamaron a la Alcaldía y allí la respuesta del Gaula. Blu Radio habló con el alcalde de Chía, Leonardo Donoso, quien contó los pormenores de esta grave denuncia que hicieron los maestros en este punto al norte de Bogotá.“Activamos la ruta, verificamos, contactamos al Gaula y reunimos esta misma noche a todos los miembros de los colegios privados. Asistieron, se logró generar una valoración, lo más importante es que no hay víctimas, pero se logró darle un manejo y darle a conocer cómo es el modus operandi de esta modalidad de extorsión”, detalló el mandatario local.Hombres del Gaula asumieron la investigación, recibieron los testimonios de todas las personas afectadas. Lo curioso es que no se entiende cómo hicieron para conseguir los números telefónicos exactos de todos los rectores, y representantes de los planteles educativos.Lo cierto es que ya están al tanto de la situación y precisamente fue el encargado de esta reunión, uno de los tenientes que estuvo con todos los docentes, quien resaltó el actuar de los rectores e instó a siempre denunciar estos casos.“Hay que resaltar la labor de o la función que cumplieron los profesores, que fue llamar a las autoridades de manera inmediata ellos se comunican con el Gaula de la Policía Nacional y posteriormente pues nosotros activamos la ruta para iniciar la investigación. A la comunidad invitarla a que cuando reciban esta clase de llamadas mantengan la calma y de manera inmediata se comuniquen con la línea 165 del Gaula de la Policía Nacional”, expresó.Igual el pánico se generó, los docentes sienten incertidumbre, pero el alcalde dice que tienen que estar tranquilos porque ya todo el tema de seguridad está activado.Escuche el reporte completo del Ojo de la noche en el audio adjunto