El gremio de los restaurantes en Colombia, representado por Acodres, atraviesa una etapa de cambios importantes. Brany Prado, director ejecutivo de la asociación para la región Pacífica y Amazonia, habló en entrevista con el Radar de Blu Radio sobre las transformaciones internas, los desafíos del sector y las oportunidades que se están creando para jóvenes y empresarios.Prado confirmó que la Junta Directiva Nacional de Acodres decidió poner fin al contrato de Guillermo Gómez, quien se desempeñaba como presidente, debido a presuntas irregularidades. Según el directivo, la decisión busca garantizar la transparencia y sostenibilidad de una organización con más de 65 años trabajando por la industria gastronómica del país. “Es el inicio de una nueva era, en la que debemos ajustarnos a las necesidades de una industria en constante evolución”, aseguró.Uno de los enfoques principales de esta nueva etapa es promover la sostenibilidad y mejorar las condiciones laborales en el sector. Prado destacó la importancia de reducir el desperdicio de alimentos y fomentar la integración de jóvenes al gremio, ofreciéndoles empleos formales y oportunidades de capacitación.En este sentido, Acodres lidera el programa Cocina Futuro, una iniciativa que ha permitido formar gratuitamente a más de 100 jóvenes al año desde su creación en 2021. “Encontramos que muchos de estos jóvenes no accedían al sector gastronómico porque no tenían la experiencia o formación necesaria. Con este programa, eliminamos esas barreras”, explicó Prado. Las ventas del gremio de restaurantes en ColombiaSin embargo, el panorama no es del todo alentador. Prado señaló que las ventas en el sector han caído más del 40 % en 2023, afectadas por factores como el aumento en el costo de la gasolina y los peajes. “Estamos enfrentando una situación similar a la pandemia, pero sin las restricciones sanitarias”, afirmó. Además, manifestó que propuestas como la reforma tributaria no generan el impacto positivo esperado, y sugirió ajustes como convertir el impuesto al consumo en un IVA deducible.En cuanto a las tendencias gastronómicas, Prado destacó que cada región tiene sus particularidades. En Barranquilla, por ejemplo, crece la oferta de cocina italiana, mientras que en Cali predomina la gastronomía mexicana. En Medellín, la comida rápida tiene una gran aceptación, y Bogotá sigue apostando por la cocina tradicional.“El sector gastronómico es diverso, como nuestro país, y debemos trabajar para preservarlo y fortalecerlo”, concluyó Prado, quien ve en esta nueva etapa de Acodres una oportunidad para transformar y revitalizar la industria.
El presidente de la Asociación Colombiana de la Industria Gastronómica en el Atlántico, Carlos Chemas, advirtió sobre las repercusiones que traería para el sector de la gastronomía la aprobación de los artículos 13 y 17 de la reforma laboral, siendo este uno de los proyectos banderas del Gobierno del presidente Gustavo Petro.Chemas alertó que el primero de los artículos mencionados estipula que la empresas deben pagar a sus trabajadores las horas nocturnas a partir de las 7:00 de la noche y no desde las 9:00, tal como rige en la actualidad, lo que podría aumentar sus costos de producción hasta en un 8,95 %, adhiriéndose a las preocupaciones de Fenalco. Por su parte, el segundo artículo establece llevar el pago de un recargo del 100 % al trabajo en días de descanso. Y es que, muy a pesar de que la implementación de este artículo se daría de manera gradual, teniendo en cuenta que el recargo para 2025 será del 80 %, en el año 2026 del 90 % y hasta de un 100 % para el año 2027; de igual manera se verían "perjudicados". "Los recargos dominicales no serán del 75 %, sino de hasta el 100 %. Evidentemente, nos veremos afectados porque el sector de la gastronomía trabaja hasta esa hora y tener dos horas más de recargo nocturno perjudicarían en gran medida nuestra operación", explicó Chemas en diálogo con el portal Zona Cero. En este sentido, indicó que al consumidor final le tocaría pagar ese costo adicional lo que, sin duda alguna, también tendría repercusiones en los establecimientos comerciales dado que si se incrementa el costo de los alimentos para el usuario, seguramente se vería disminuido el flujo de comensales en los diferentes locales comerciales.Por su parte, sobre el hecho de retrasar el horario de apertura de los comensales considera que “no sería buena opción”, dado que esto llevaría a que tengan que eliminarse servicios como la hora del almuerzo que, al igual que la cena, son los que mueven la mayor parte del recaudo.
El precio del corrientazo, plato típico colombiano que consiste en un almuerzo completo, subió un 15 % en enero de 2024, según informó la Asociación Colombiana de la Industria Gastronómica (Acodrés).El aumento se debe a la inflación, que en 2023 alcanzó el 9.28 %, y a la subida de los precios de los alimentos, como la papa, los cárnicos y los productos lácteos.En Bogotá, el precio promedio del corrientazo pasó de 13.000 a 14.000 pesos.“Si sirvo pescado me toca un renacuajo. Los precios están tan altos que no me queda más remedio que subir el precio del corrientazo”, dijo, en tono jocoso, Pablo Cárdenas, dueño de un restaurante en el centro de Bogotá, en entrevista con Mañanas Blu.Cárdenas dijo que vende unos 50 corrientazos al día y que el aumento del precio le ha afectado la clientela. “Algunos clientes se han ido a otros restaurantes, pero otros lo han entendido”, dijo.Guillermo Gómez, presidente ejecutivo a nivel nacional de Acodres, explicó en una entrevista con Noticias Caracol las razones detrás del aumento en el precio del "corrientazo" y ha abordado la situación económica que enfrenta el sector.Gómez destacó que los restaurantes, representados por Acodres, no incrementan los precios de manera caprichosa, sino que responden a las presiones de costos que afectan la viabilidad de sus operaciones.El presidente ejecutivo señala que los ajustes anuales de salarios mínimos, el impuesto saludable, y otros factores como servicios públicos y arriendos, contribuyen a una presión constante sobre los costos de los negocios gastronómicos.Gómez explicó que la materia prima, que debería representar un máximo del 35 % del costo de un plato, ha alcanzado un preocupante 42 %. Los servicios públicos, especialmente la energía eléctrica, han aumentado considerablemente, llegando a representar hasta el 24 % en la costa atlántica. Además, los arriendos, un asunto privado sin intervención estatal, continúan en aumento.
La Asociación Colombiana de la Industria Gastronómica (Acodres) advirtió sobre un panorama desafiante para la industria en el año 2024, marcado por incrementos significativos en los costos que impactarán directamente en los precios de los menús de los restaurantes, como el corrientazo.Guillermo Gómez, presidente ejecutivo a nivel nacional de Acodres, explicó a Noticias Caracol el porqué del incremento de un 15 % en el precio del corrientazo y destacó que los restaurantes, representados por el gremio, no incrementan los precios de manera caprichosa, sino que responden a las presiones de costos que afectan la viabilidad de sus operaciones. "Para que un restaurante tenga una estructura de costos viable, es decir, que no trabaje para no ganar, sino que pueda generar ingresos. Se recomienda que la materia prima no pase el 35 % del precio del plato. Hoy, como están los precios de los alimentos, ese promedio es casi que imposible, ha subido hasta el 42 % el tema de la materia prima. Los servicios públicos deben ser máximo el 10 % del costo del plato. Hoy en día vemos cómo, especialmente, la energía eléctrica se ha vuelto costosísima", explicó.Por qué subió el corrientazoEn ese contexto, en conversación en Mañanas Blu, con Néstor Morales, el propietario de un restaurante en el centro de Bogotá, Pablo Cárdenas, se refirió a este incremento y confirmó que, aunque sí subió el corrientazo, él personalmente no lo aumentó en un 15 %."Básicamente los productos que ha subido más son la papa y los cárnicos, como el pollo, la carne y el cerdo. En cuanto a otros ítems, sería el arriendo, que todos los años sube, los servicios públicos y la nómina, la nómina que todos los días de enero hay que subirle, por ley", aclaró Cárdenas.De acuerdo con el propietario, el aumento y la cifra de la inflación le dejaba el plato casi en 14.500 pesos, pero él decidió dejarlo en los 14.000 porque también "hay que pensar en el consumidor, hay que tener en cuenta eso, porque aquí hay mucha competencia también" y se puede bajar la clientela.Qué lleva un corrientazoDe igual modo, el propietario explicó lo que lleva un corrientazo por lo general: "Está la proteína que puede elegir entre carne sudada, carne asada, pechuga, pollo dorado que es pierna pernil o chuleta de cerdo o hígado, cualquiera de esos manejo normalmente y sobregarriga". Vea la entrevista completa en el audio adjunto:
Luego de que se desatara una polémica el pasado 28 de agosto, por la carta de la Asociación Colombiana de la Industria Gastronómica (Acodres) asegurando que dejarían la venta de viche, bebida tradicional del Pacifico, en los establecimientos de comida, por las constantes redadas y decomisos de la Secretaría de Salud de Bogotá, la entidad confirmó que se suspende temporalmente los operativos en la capital.La secretaría emitió un comunicado en la noche de este 29 de agosto, anunciando la suspensión temporal de los operativos de inspección, vigilancia y control relacionados con la bebida ancestral, mientras se superan los vacíos identificados en la norma sanitaria de suspensión.“Este tipo de bebida tiene un marco normativo que todavía es poco claro y que debemos mejorar de la mano del Gobierno nacional, del Invima específicamente como entidad encargada de hacerlo. En ningún caso, desde la Secretaría Distrital de Salud se está haciendo una persecución ni a productores, ni a establecimientos que lo están expendiendo”, explicó el secretario de Salud, Alejandro Gómez López.De igual forma, las autoridades distritales convocaron para el viernes 1 de septiembre, en las instalaciones de la Secretaría de Salud, una mesa de trabajo con representantes del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) y de los sectores que se consideran afectados por las acciones de control, para poder aclarar dudas sobre este producto proveniente de los departamentos de Valle del Cauca, Nariño y Chocó.Los diferentes gremios esperan que esta sea una medida temporal y que en el futuro se pueda volver a ofrecer el producto que hace parte del patrimonio colectivo de las comunidades negras afrocolombianas de la Costa del Pacífico colombiano.Vea también
Desde la Asociación Colombiana de la Industria Gastronómica, Acodres, le solicitan al Gobierno nacional que se reúna con empresarios del sector gastronómico para cambiar la resolución 2013 que prohibió la venta en el país de 59 insumos de cocina altos en sodio, entre esos la salsa de soya y la mostaza dijon, que está afectando a la industria en el país.El director ejecutivo de Acodres, Henrique Gómez París, aseguró que no están en contra de la ley de sodio, ya que esta se encarga de nombrar qué alimentos tienen alta concentración de sodio, lo que en realidad buscan es hablar con miembros del Gobierno de Gustavo Petro para modificar la resolución que fue expedida durante la pandemia y que no está permitiendo el ingreso al país de insumos como el extracto de pescado, la mostaza dijon y la salsa de soya.Los restaurantes aseguran que muchos clientes se vienen quejando porque sienten que los platos insignia de muchos restaurantes han bajado de calidad.En la asociación mencionan que los esfuerzos por buscar nuevos insumos en remplazo de los que fueron prohibidos han causado que el sabor en muchos platos haya cambiado, por lo que buscan una manera de cambiar esa resolución que cumplirá dos años.En diálogo con Blu Radio, el director de Acodres, Henrique Gómez, mostró sus preocupaciones frente a la falta de estos insumos.“Esta prohibición ha generado varios problemas, ahora con la falta de los ingredientes empiezan a saberle insípidos a la gente, genera un sabor distinto y por eso el comensal se va bravo de restaurante diciendo que se volvió malo, perdió calidad, cuando, en realidad, se trata de una prohibición que consideramos pasa por encima de varias normas, incluso institucionales”, dijo.Se espera que en los próximos días este gremio se logre reunir con Ángela Lucía Cortés Morales, subdirectora de Salud Nutricional, para encontrar alternativas frente a esta situación.Puede ver:
La Procuraduría sancionó en primera instancia al exalcalde de Villavicencio Juan Felipe Harman Ortiz con una suspensión de seis meses por irregularidades en el trámite de un despacho comisorio relacionado con la entrega y restablecimiento de un bien inmueble.De acuerdo con el Ministerio Público, durante el desarrollo de una diligencia judicial, el entonces mandatario local adelantó actuaciones que no estaban permitidas legalmente para el rol que desempeñaba como funcionario comisionado.Según la decisión disciplinaria, Harman dio trámite a recusaciones y posteriormente se declaró impedido dentro del proceso, pese a que la ley prohíbe este tipo de actuaciones en ese contexto.La Procuraduría Delegada Disciplinaria de Juzgamiento 4 concluyó que estas decisiones ocasionaron retrasos injustificados en el cumplimiento de una orden judicial emitida en 2022, cuyo propósito era restablecer derechos relacionados con un inmueble. Para el ente de control, la situación afectó la ejecución oportuna de una determinación adoptada por la autoridad competente.El organismo disciplinario calificó la conducta del exalcalde como una falta grave cometida a título de culpa grave. Sin embargo, debido a que Harman ya no ocupa el cargo por el cual fue investigado, la sanción de suspensión fue convertida en el pago equivalente a salarios básicos mensuales.No obstante, el proceso aún no queda en firme. La defensa del exmandatario interpuso un recurso de apelación ante la Sala Disciplinaria de Juzgamiento de Servidores Públicos de Elección Popular, que deberá revisar el fallo de primera instancia y definir si lo ratifica, modifica o revoca.
Un enérgico reclamo por la falta de resultados y el temor de que el asesinato del coordinador de la asociación Camawari, Luis Aurelio Araujo, quede en la impunidad hicieron autoridades indígenas de diez resguardos y familiares del líder indígena, quienes alzaron su voz ante las nulas capturas un año después de su crimen.La desconfianza es total y se podía ver en sus rostros. Por eso, solo piden que la Fiscalía agilice las investigaciones que permitan establecer los móviles y los responsables materiales e intelectuales de este atroz crimen.El asesinato del coordinador de Camawari, Luis Aurelio Araujo, se produjo el 3 de junio de 2025, cuando el líder indígena, junto a sus dos escoltas, fue interceptado en zona rural del municipio de Ricaurte, en Nariño, por varios hombres armados que, sin mediar palabra, les dispararon en varias oportunidades y posteriormente incineraron el vehículo en el que se transportaban Araujo y los dos integrantes de su esquema de seguridad de la UNP.Esneirder García, coordinador de Camawari, aseguró que un año después nadie dice ni hace nada y que lo peor es que las autoridades guardan silencio sobre este asesinato, dijo el líder indígena.Durante la celebración de la homilía que se realizó en el municipio de Ricaurte, tras cumplirse un año del crimen, el coordinador de Camawari, García, afirmó con voz entrecortada: “Rechazamos de manera contundente cualquier acto de violencia que atente contra la autonomía de nuestros pueblos, la vida, la dignidad y nuestra cultura ancestral”.García dijo que matar a un líder social es intentar silenciar una voz, borrar una historia y quebrar un territorio, pero que jamás podrán callar a toda una comunidad que sigue esperando respuestas de la Fiscalía General de la Nación, aseguró el coordinador de Camawari.“El pueblo Awá no puede seguir contando muertos. La violencia no es el camino y la vida se respeta”, manifestó García, quien afirmó que las autoridades indígenas estudian la posibilidad de elevar una queja ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.Cristian Nastacuás, concejal del municipio de Ricaurte, en el piedemonte costero nariñense, fue más allá y aseguró que la llamada paz total territorial no ha sido positiva para la región porque los homicidios continúan y de esto nadie habla por temor a los grupos armados ilegales.Las mujeres del piedemonte costero nariñense y las gobernadoras de los resguardos indígenas de la comunidad Awá dicen que sigue intacto el dolor profundo y la indignación porque afirman que el asesinato del líder indígena no solo fue una pérdida irreparable para su comunidad, sino que dejó una herida abierta para todo el departamento.Las autoridades indígenas emitieron un comunicado para pedir que la Fiscalía acelere las investigaciones.
El excandidato vicepresidencial Leonardo Huerta, fórmula de la excandidata Clauda López, anunció públicamente su respaldo al candidato presidencial Abelardo de La Espriella de cara a la segunda vuelta electoral. Durante una entrevista en Recap Blu de Blu Radio, aseguró que el escenario político actual obliga a los ciudadanos y dirigentes a escoger entre las dos opciones que avanzaron a la definición presidencial.Huerta señaló que, aunque se considera una persona de centro, considera necesario asumir una posición clara en el actual contexto político. “El país tiene dos opciones que escogió el domingo pasado, abrumadoramente mayoritarias. Uno tiene que tomar decisiones. Yo he dicho que soy de centro, pero tomo decisiones”, afirmó.El dirigente sostuvo que su respaldo no obedece a una relación personal con De La Espriella, a quien aseguró no conocer. Sin embargo, manifestó que ve en su candidatura una posibilidad de cambio frente a la continuidad del actual Gobierno Nacional.“A Abelardo no lo conozco, ni me gusta ni me disgusta. No he hablado nunca con él, pero hay dos caminos: la continuidad y la posibilidad de un cambio, nosotros somos la nueva historia. Tengo que escoger entre esos dos. Acá no hay otro camino, ni irse a ver ballenas. Yo tomo decisiones y asumo la responsabilidad”, expresó.En sus declaraciones, Huerta también lanzó críticas a la gestión del Gobierno y cuestionó la participación política del presidente durante el proceso electoral. Según dijo, no respaldará un proyecto que, a su juicio, no cumplió con las transformaciones prometidas al país.“La continuidad del Gobierno, creo yo, no es la opción. Intervino en política indebidamente llenando plazas públicas y echando Twitter a favor de los candidatos, eso es una afrenta contra la ley”, afirmó. Además, agregó: “No voy a premiar a un Gobierno que no generó el cambio prometido. Por el otro lado hay esperanza, expectativa de cambio y una nueva historia”.Durante la entrevista, el excandidato también destacó la fórmula vicepresidencial de De La Espriella y elogió la trayectoria del exministro José Manuel Restrepo. Huerta resaltó su experiencia en el manejo del Estado y sus capacidades de liderazgo.“José Manuel Restrepo me pareció un gran funcionario, que conoce el Estado, empático, nunca fue grosero”, manifestó al referirse al exministro, considerado una de las figuras más visibles de la campaña.Por otra parte, Huerta defendió la transparencia de las elecciones en Colombia y aseguró que el sistema electoral ofrece suficientes garantías para los votantes y los candidatos. En ese sentido, hizo un llamado a confiar en las instituciones y en los resultados que surjan de las urnas.“El sistema electoral de Colombia es el mejor del mundo porque es del siglo pasado. Aquí el voto y el conteo es manual, garante, transparente y abierto. Entonces cómo no confiar en la ciudadanía”, sostuvo.Finalmente, reiteró que su decisión de respaldar a De La Espriella está basada en la expectativa de un cambio político para el país y en su inconformidad con los resultados de la actual administración.“Tengo dos opciones. Una al menos me genera el beneficio de la duda de que va a haber un cambio, este Gobierno lo prometió y no lo vi”, concluyó Huerta al explicar las razones de su apoyo en la segunda vuelta presidencial.
La confrontación armada registrada en la vereda Miracotes, en el municipio de Teorama, deja en evidencia los riesgos que enfrenta la población civil en medio de los hechos de violencia que afectan a la región.Según se conoció, una bala impactó el techo de una vivienda ubicada en el barrio 28 de Diciembre y posteriormente cayó sobre una cama al interior del inmueble. Afortunadamente, en el momento del incidente no había personas en el lugar donde terminó el proyectil, por lo que no se reportaron heridos.El hecho ha generado preocupación entre los habitantes del sector, quienes manifiestan temor por quedar expuestos a las consecuencias de los enfrentamientos armados que se presentan en la zona entre el Ejército Nacional y la guerrilla del ELN.La comunidad hizo un llamado a las autoridades para que se adopten medidas que permitan proteger a la población civil y evitar que este tipo de situaciones pongan en riesgo la vida y la integridad de los residentes.
Las fuerzas armadas de Estados Unidos realizaron un nuevo ataque contra una lancha, supuestamente ligada al narcotráfico, que transitaba en aguas internacionales del Pacífico y confirmaron la muerte de los dos tripulantes de la nave.De acuerdo con el Comando Sur, la operación forma parte del plan "Lanza del Sur" y publicaron, en su cuenta oficial de X, el vídeo del momento en el que la lancha es alcanzada por un proyectil a alta velocidad.Los dos tripulantes que murieron durante el operativo se suman a los más de 200 acumulados, en un periodo de casi 10 meses de ataques a embarcaciones acusadas de narcotráfico, desde que inició el plan en agosto de 2025.Durante las últimas semanas, Estados Unidos ha intensificado la serie continua de operaciones, con múltiples ataques en distintos puntos del Caribe y el Pacífico oriental, con un promedio de tres ataques a la semana.El Gobierno estadounidense sostiene que los objetivos eran embarcaciones vinculadas a redes de narcotráfico catalogadas como organizaciones "terroristas" o criminales transnacionales, lo que justificaría el uso de fuerza militar en lugar de operaciones policiales tradicionales.Las mismas fuerzas armadas destinadas para estos operativos son las que realizaron la misión de captura del presidente depuesto de Venezuela, Nicolás Maduro, en Caracas el 3 de enero pasado.Diversas organizaciones de derechos humanos, entre ellos entidades como Human Rights Watch y Amnistía Internacional, han cuestionado la legalidad de los ataques y alertado de que no existen verificaciones independientes sobre la identidad de los fallecidos ni sobre su presunta vinculación con redes de narcotráfico, lo que ha alimentado cuestionamientos sobre la transparencia de las operaciones.