Al cierre del debate organizado por Blu Radio, los cinco precandidatos presidenciales del Centro Democrático (Andrés Guerra, Miguel Uribe Turbay, María Fernanda Cabal, Paloma Valencia y Paola Holguín) coincidieron en una respuesta clave: todos afirmaron que estarían dispuestos a hacer una coalición política con Vicky Dávila.La pregunta fue parte de una ronda de respuestas rápidas, sin espacio para matices ni explicaciones. "¿Participaría usted en una coalición política con Vicky Dávila?", interrogó Ricardo Ospina, director del Servicio Informativo de Blu Radio. Sin titubeos, los cinco aspirantes respondieron con un rotundo sí.Durante el mismo segmento del debate, los precandidatos también mostraron coincidencias en otros temas fundamentales. Todos apoyaron una reforma para reducir el tamaño del Congreso, defendieron la cadena perpetua para violadores de niños y se manifestaron a favor de prohibir el consumo recreativo de marihuana en espacios públicos.Frente a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), las posturas variaron entre quienes piden eliminarla y quienes abogan por modificarla o ejercer mayor control.¿Quién será el candidato del uribismo?Durante este debate, más allá de sus coincidencias ideológicas, cada precandidato expuso su visión y estilo de liderazgo. Paloma Valencia destacó su preparación y resultados. Paola Holguín apeló a su disciplina, datos y trayectoria política. Andrés Guerra propuso una conexión profunda con las regiones y el campo. Miguel Uribe habló de modernización, eficiencia y superación de la pobreza extrema. María Fernanda Cabal se centró en restaurar el orden y los valores.En conjunto, el debate giró en torno a las críticas al Gobierno Petro y a la visión compartida de que Colombia necesita recuperar el orden institucional, restablecer la autoridad y generar confianza para la inversión y el crecimiento.
En el bloque de reformas del debate presidencial organizado por Blu Radio y dirigido por Ricardo Ospina, los precandidatos del Centro Democrático criticaron con dureza el rumbo que ha tomado el país bajo las iniciativas sociales del gobierno Petro. Coincidieron en que las reformas actuales no buscan mejorar lo que existe, sino destruirlo en nombre de una ideología, y propusieron su propia hoja de ruta para un eventual gobierno desde el 7 de agosto de 2026.Andrés Guerra denunció que el gobierno ha ideologizado todas las reformas —la de salud, pensional y laboral— y que, en lugar de corregir fallas puntuales, ha propuesto transformaciones que desinstitucionalizan al país. Pidió defender las reformas construidas desde el Congreso, evitar que el Ejecutivo use recursos públicos con fines proselitistas y prometió impulsar cambios en salud, trabajo y especialmente en la autoridad del Estado.Miguel Uribe fue enfático: "Colombia necesita cambios, pero no destrucción". Anunció un paquete legislativo que presentaría desde el primer día de su gobierno. Propuso una reforma laboral que genere empleo y formalización; una pensional basada en el ahorro; una reforma a la salud con seguridad jurídica e incentivos a la inversión; una tributaria para bajar impuestos y duplicar el tamaño de la economía; y una reforma institucional para reducir la burocracia. También habló de una ley de sometimiento para estructuras criminales, una reforma a la justicia y una reglamentación de la consulta previa para facilitar obras e inversión.María Fernanda Cabal centró su discurso en una idea provocadora: "Petro es peor que el COVID". Dijo que las reformas del Pacto Histórico han sido un desastre y que la prioridad debe ser devolverle esperanza a la gente con crédito accesible, cero IVA para bienes productivos de mipymes, subsidios para el recambio de electrodomésticos y vivienda digna. Denunció que 50.000 familias perdieron su subsidio de vivienda por culpa del gobierno actual y propuso una educación sin adoctrinamiento y una salud como la que, según ella, ya había funcionado en Colombia. “Aquí hay que recoger lo bueno y devolverle esperanza a la gente”, concluyó.Siga EN VIVO el debate de precandidatos del Centro DemocráticoPaloma Valencia propuso una gran reforma para reducir la informalidad que afecta a más de 13 millones de trabajadores. Planea crear un régimen simple de tributación por cinco años, facilitar el acceso a crédito y fomentar el ahorro pensional desde el nacimiento. También habló de articular pensión con vivienda como herramienta de ingresos en la vejez, reforzar el fuero penal militar, y lanzar un bono escolar que permita a las familias más vulnerables elegir colegios públicos o privados con financiación estatal. A esto sumó una reforma a la justicia más rápida, accesible y territorial.Paola Holguín advirtió que lo primero que haría sería desmontar el “modelo estatista” del Gobierno Petro. Su prioridad sería una reforma laboral para reducir el desempleo y la informalidad, promover el contrato sindical como alternativa flexible y fortalecer un sistema de salud que, según ella, no necesita reforma sino rescate. También planteó mantener y mejorar los fondos privados de pensiones, impulsar una educación sin adoctrinamiento y, con urgencia, hacer una reforma tributaria que simplifique el sistema, baje impuestos y reduzca el tamaño del Estado.
Durante el más reciente debate presidencial organizado por Blu Radio, los precandidatos del Centro Democrático dejaron clara su postura frente a uno de los temas más urgentes para el país: seguridad y paz. Coincidieron en su diagnóstico: la paz total del Gobierno Petro ha fracasado y ha dejado a las Fuerzas Militares en una encrucijada jurídica y operativa que, según ellos, favorece a los criminales y debilita al Estado.La senadora Paola Holguín propuso una política de “seguridad integral” basada en prevención, control, represión y rehabilitación. Insistió en eliminar el reconocimiento político a grupos armados como el ELN y las disidencias de las FARC, y establecer un marco único de sometimiento a la justicia. También planteó recuperar el fuero militar y fortalecer la defensa jurídica de soldados y policías.Por su parte, Andrés Guerra denunció la existencia de “11 polvorines” en el país y afirmó que los poderes mafiosos ayudaron a elegir a Gustavo Petro. Propuso una presencia estatal real, una justicia fortalecida y un liderazgo con “autoridad carismática” que recorra el país y recupere la institucionalidad.Miguel Uribe, por su parte, prometió terminar con “la farsa de la paz total” y llevar a cabo una ofensiva estatal que presione el sometimiento de los grupos ilegales. Propuso reincorporar a miembros retirados de la fuerza pública, declarar el asesinato de policías como crimen de lesa humanidad y crear una póliza de defensa judicial financiada por el Estado para proteger jurídicamente a los uniformados.Siga EN VIVO el debate de los precandidatos del Centro DemocráticoMaría Fernanda Cabal fue una de las más críticas: calificó el modelo actual como una “paz cocal” y denunció que Colombia tiene 300.000 hectáreas de coca produciendo hasta seis cosechas al año. Acusó al Acuerdo de La Habana de haber arrodillado el Estado ante el crimen y aseguró que “la paz no se negocia, se impone”. Pidió convertir la seguridad en una política de Estado, pactada con las Cortes y el Congreso, que permita erradicar sin depender de permisos de los cultivadores ilegales.Finalmente, Paloma Valencia señaló que la cocaína ya supera al petróleo como producto de exportación. Propuso atacar las finanzas ilegales a través de inteligencia financiera, erradicación forzosa de cultivos ilícitos y una estrategia dual de mano firme con el crimen y corazón grande con los campesinos, a quienes plantea convertir en socios del desarrollo rural.
Con el inicio oficial del calendario político para las elecciones presidenciales de 2026, el partido Centro Democrático realizó su primer debate entre precandidatos presidenciales. En este encuentro moderado por el director del Servicio Informativo de Blu Radio, Ricardo Ospina, los cinco aspirantes —Paloma Valencia, María Fernanda Cabal, Paola Holguín, Miguel Uribe y Andrés Guerra— presentaron sus razones para querer liderar el partido y aspirar a la Presidencia de la República.Paloma Valencia destacó su preparación y el deseo de transformar a Colombia. "Yo me he venido preparando, demostrando que en todo lo que hago me vuelvo buena, eficiente, porque doy resultados", afirmó. Para ella, la clave está en brindar oportunidades, fortalecer la educación, y apoyar a las mujeres cabeza de hogar.Paola Holguín habló desde su historia personal y su compromiso con un enfoque más técnico que ideológico. "Ser presidente es un sueño desde los cuatro años", dijo. Aseguró que su propuesta se basa en la disciplina, la sensatez y el uso de datos para tomar decisiones. Además, defendió los pilares del partido: seguridad, confianza inversionista, cohesión social, austeridad estatal y diálogo ciudadano.Andrés Guerra, con experiencia desde el nivel local y regional, ofreció una visión cercana a las regiones y al sector rural. "Este país necesita carisma, necesita un coequipero, necesita un líder, necesita un ser que sea buena persona", sostuvo. Guerra planteó la necesidad de un presidente que conozca el territorio, que una la academia, lo público y lo privado.Miguel Uribe centró su intervención en la importancia de pensar en el futuro. "Aspiro a la presidencia de Colombia para que este país dé un salto cuántico, gigante al futuro", aseguró. Prometió reducir el tamaño del Estado, eliminar el derroche y acabar con la pobreza extrema. Habló también de su experiencia como secretario de gobierno de Bogotá y del impacto que tuvo el secuestro y asesinato de su madre, Diana Turbay.María Fernanda Cabal apeló a la fe, la autoridad y el orden como fundamentos para el cambio. “Yo quiero regresar este país al orden y la tranquilidad que se perdieron”, afirmó. Criticó duramente al Gobierno actual y prometió combatir la impunidad, erradicar la mediocridad y defender los valores judeocristianos.Escuche el debate aquí:
El Consejo Gremial Nacional hizo un llamado público a las Altas Cortes, la Registraduría Nacional, el Consejo Nacional Electoral, las Fuerzas Militares, la Policía, los medios de comunicación, el sector empresarial y a la ciudadanía para rodear y defender la Constitución, las instituciones y la voluntad expresada por los colombianos en las urnas. La petición surge en medio de la controversia generada por las declaraciones del presidente Gustavo Petro sobre un supuesto fraude en las elecciones presidenciales y tras la suspensión del proceso de empalme con el gobierno entrante.La presidenta del Consejo Gremial Nacional, Natalia Gutiérrez, aseguró que el país debe rechazar, exclusivamente por las vías legales y democráticas, cualquier intento presente o futuro de desconocer el mandato popular. En ese sentido, insistió en que todas las instituciones del Estado están llamadas a garantizar el respeto por el orden constitucional y a proteger la estabilidad democrática en este momento político.El pronunciamiento del gremio se produjo luego de que el presidente Petro afirmara, sin presentar pruebas, que la elección presidencial habría sido alterada por un fraude internacional. Para el sector empresarial, este tipo de declaraciones ponen en entredicho la legitimidad del proceso electoral y afecta la confianza de los ciudadanos en las instituciones encargadas de garantizar la transparencia de los comicios.Natalia Gutiérrez también cuestionó que el mandatario desconozca el triunfo del presidente electo, Abelardo de La Espriella, y sostenga que el ganador fue Iván Cepeda. Según el Consejo Gremial, esas afirmaciones desconocen la decisión soberana de los colombianos y alimentan la incertidumbre que podría traducirse en una mayor polarización y en riesgos para la convivencia democrática. De esta forma rechazando los llamados a la denominada "desobediencia civil", al considerar que incentivan la confrontación entre los ciudadanos.Finalmente, el Consejo Gremial reiteró su respaldo al presidente electo y pidió que el proceso de transición de gobierno se lleve a cabo con plenas garantías y estricto apego a la Constitución y al Estado de derecho.
El Gobierno nacional, a través del Ministerio de Transporte, ha avanzado en la reglamentación de los Vehículos Eléctricos Livianos de Movilidad Personal Urbana (Velpu), un sector que, según la ministra María Fernanda Rojas en diálogo con Mañanas Blu, ha crecido con "mucho desorden".El objetivo de esta normativa es reglamentar la Ley 2486 aprobada el año pasado y responder a la creciente preocupación por la seguridad vial, tras siniestros recientes que han cobrado vidas en ciudades como Bogotá.Equipamiento obligatorio: más que un simple accesorioPara garantizar la seguridad de los usuarios, el Ministerio ha establecido requisitos técnicos estrictos para estos vehículos. Según la ministra Rojas, los dispositivos "deben tener frenos, deben tener luz blanca delantera, luz roja" y otros elementos esenciales para la visibilidad y respuesta en la vía. Uno de los puntos más relevantes es el uso de protección personalLa ministra fue enfática al señalar que debe usarse "un casco certificado con unas especificaciones técnicas que exige el Ministerio de Transporte y una prenda retrorrefectiva". Al ser consultada sobre el tipo de casco, aclaró que, por ahora, se requieren "cascos de moto que son los únicos que están certificados en el país propiamente", dado que son los únicos que garantizan protección ante las velocidades y la potencia de estos vehículos. ¿Por dónde pueden transitar?La normativa define con claridad los espacios prohibidos para los Velpu. Queda establecido que "por andenes y otra infraestructura peatonal no se puede circular". Asimismo, está prohibido su tránsito por túneles, viaductos, vías férreas y corredores donde la velocidad máxima supere los 80 km/h. En cuanto a la cicloinfraestructura, el límite de velocidad nacional se fija en 25 km/h.No obstante, la ministra explicó que se otorga autonomía a los mandatarios locales: "estamos dándole una ventaja a las administraciones locales. Si una alcaldía considera que debe ser menor la velocidad... el límite de velocidad por el cual se circule en las ciclorrutas, lo puede establecer". Identificación y sancionesA diferencia de las motocicletas, la Ley 2486 prohíbe exigir placa o matrícula para estos vehículos. Para sortear esta limitación y facilitar el control, se ha creado un "adminículo que es una lámina" que debe ser instalada por el vendedor. Esta lámina debe contener información clave como la velocidad máxima, número de serie y potencia, permitiendo a las autoridades realizar un seguimiento en caso de robo o infracciones. Respecto al incumplimiento de estas normas, los usuarios se enfrentan a las sanciones de tránsito ya existentes, que incluyen la posible retención del vehículo.La ministra advirtió que "las sanciones pueden llegar hasta seis salarios mínimos de multa diarios vigentes", dependiendo de la gravedad de la infracción. El control quedará en manos de los organismos de tránsito locales, quienes deberán velar porque estos vehículos no superen los límites de velocidad y cuenten con todo el equipo de protección reglamentario.
El presidente Gustavo Petro aseguró este martes, a través de un mensaje publicado en su cuenta de X, que entregará el poder el próximo 7 de agosto, fecha en la que concluye su mandato constitucional, y sostuvo que no permanecerá en el cargo pese a que, según dijo, le han solicitado hacer "cosas que serían inconstitucionales".En su publicación, el mandatario afirmó que el proceso de entrega del Gobierno continuará conforme a lo establecido por la ley, aunque insistió en que el empalme seguirá desarrollándose de manera pública."El empalme es ante el pueblo, es una entrega pública del gobierno que termina el seis de agosto a las 12 de la noche, porque ese fue el mandato del pueblo y obedezco al pueblo, a nadie más", escribió.Petro añadió que no aceptará permanecer en el poder más allá del término de su mandato."Me piden cosas que serían inconstitucionales como permanecer en el poder sabiendo que los que vienen no ganaron las elecciones. No lo haré porque el mandato popular que se me otorgó tiene un final y soy un demócrata y respeto la Constitución", señaló.Las declaraciones del jefe de Estado se conocen en medio de la crisis alrededor del proceso de empalme con el gobierno del presidente electo, Abelardo De La Espriella.Este mismo martes, el mandatario electo anunció la suspensión inmediata del empalme, al argumentar que el Gobierno saliente pretendía utilizar ese mecanismo para legitimar actuaciones que, según su criterio, desconocen el orden constitucional. En ese pronunciamiento sostuvo que la transición debía desarrollarse bajo principios de transparencia y dentro del marco institucional.Frente a esa decisión, Petro respondió que el proceso de entrega del Gobierno continuará y afirmó que se dispondrán "sillas vacías" para los representantes del gobierno entrante mientras deciden reincorporarse al empalme.El presidente también reiteró que respetará el resultado del calendario institucional y dejará el cargo al finalizar el periodo para el que fue elegido, insistiendo en que su mandato "tiene un final" y que su actuación estará enmarcada en el cumplimiento de la Constitución.El mensaje hace parte de una extensa publicación en la que el mandatario abordó otros temas relacionados con la transición de gobierno y lanzó nuevas críticas contra el presidente electo y su equipo. Sin embargo, en relación con el relevo presidencial, Petro enfatizó que la entrega del poder se realizará el 6 de agosto, conforme a los tiempos establecidos para el cambio de gobierno.Trino completo del presidente Gustavo Petro
En el occidente de Medellín buscan a tres jóvenes venezolanos que habrían sido secuestrados por un grupo delincuencial. Sobre las víctimas no se conocen amenazas previas ni relación con asuntos criminales.En todo un misterio para sus familias y las autoridades en Medellín se ha convertido el paradero de tres jóvenes identificados como Daniel Jesús Vargas, Luis Fernando Puerta y Ángel José Villena.Han pasado varias semanas desde que los tres hombres venezolanos fueron vistos por última vez en el occidente de Medellín y, hasta ahora, no existe una pista clara sobre su paradero.La última vez que se tuvo noticia de ellos fue el pasado 16 de junio, cuando departían en un sector conocido como Curva de Dimas, en el barrio Robledo Aures.Desde ese momento se perdió todo rastro de los tres extranjeros y tras interponer las respectivas denuncias se activó el mecanismo de búsqueda como lo indicó Carlos Arcila, secretario de Paz y Derechos Humanos de la Alcaldía de Medellín.“Ya nosotros pues con seguridad la fiscalía y policía nacional hemos buscado pues ya el rastreo y la identificación y estamos pues atentos eh que que puede resultar y estamos pues con las familias también verificando”, afirmó.Aunque oficialmente no existe una hipótesis concluyente, las primeras líneas investigativas apuntan a que los tres jóvenes habrían sido interceptados por integrantes de una estructura delincuencial con presencia en esa zona del occidente de Medellín.Entre las organizaciones que aparecen mencionadas dentro de las indagaciones figura el grupo delincuencial conocido como ‘Los Pesebreros’. Sin embargo, hasta el momento ninguna autoridad ha atribuido formalmente la responsabilidad de la situación a esa organización, por lo que Arcila indicó que esa posibilidad continúa siendo materia de investigación.“Estaban eh departiendo y como que ahí los abordaron y no volvieron a saber de ellos. Eh son población venezolana y eh no eran apenas tenían familiares ahí, pero no vivían en el sector y apenas habían llegado a vivir en el territorio”, agregó.El funcionario también explicó que hasta el momento no hay reporte de amenazas o algún tipo de riesgo previo que se haya denunciado por parte de alguno de los desaparecidos, así como tampoco su relación con actividades delincuenciales o antecedentes judiciales que pudieran entregar nuevas pistas sobre el caso.
La Superintendencia Nacional de Salud anunció que durante julio inspeccionará todos los dispensarios de medicamentos de Compensar EPS en Bogotá, luego de recibir denuncias de usuarios sobre largas filas, demoras de hasta siete horas para recibir sus medicamentos y presuntos malos tratos durante la atención. La medida evidencia que las dificultades en el acceso a tratamientos persisten pese a las acciones de vigilancia que adelanta la entidad.El anuncio fue hecho por el superintendente delegado para la Protección al Usuario, Juan David Duque, quien indicó que las inspecciones buscan verificar las condiciones de atención y evitar que continúen las demoras que, según los reportes, afectan principalmente a adultos mayores y pacientes con atención prioritaria. La Superintendencia aseguró que realizará seguimiento permanente a los dispensarios para revisar el cumplimiento en la entrega oportuna de medicamentos.La intervención hace parte del denominado Plan 100, estrategia con la que la Supersalud informa haber realizado más de 1.000 visitas de inspección a gestores farmacéuticos y dispensarios en los 32 departamentos del país para identificar barreras en el acceso a medicamentos. Sin embargo, las denuncias conocidas en Bogotá muestran que continúan presentándose dificultades para los usuarios en la prestación de este servicio.Las cifras entregadas por la propia entidad reflejan la dimensión de las quejas. Entre el 1 y el 5 de julio de 2026, Compensar registró 1.101 reclamos relacionados con problemas en la entrega oportuna de medicamentos. De estos, 130 permanecían abiertos al momento del reporte, mientras que el porcentaje de cierre alcanzaba el 88,19 %.
