Para los pueblos indígenas, ejercer su Gobierno propio no es solo un derecho, sino una condición para construir su futuro. Pero, como explica Richard Sierra, eso aún es difícil en muchas regiones de Antioquia.“Eso pone digamos en vilo la posibilidad de acceder a derechos y el proceso organizativo, por lo menos es difícil ejercer gobierno indígena si las condiciones no están dadas para que eso se dé”, detalló Sierra.Pero las propuestas indígenas no solo reclaman cambios institucionales. También piden que se reconozcan sus formas de entender el mundo. Para Víctor Manuel Rodríguez, sin un regreso al origen y a lo espiritual, no habrá paz duradera.“Ese acuerdo de paz hay que sustentarlo, pero hay que reforzarlo con estos otros ítems de lo espiritual, para que esto tenga realmente importancia y asidero y tenga futuro. De lo contrario, llegan unos grupos y deponen de las armas, se hacen acuerdos, se firman acuerdos y luego aparecen otros, porque claro, cada uno va buscando unos intereses materialistas, pero no espirituales, no entienden su origen, hay que regresar al origen”, indicó.Las propuestas están sobre la mesa, desde lo institucional hasta lo espiritual. Lo que faltaría ahora, según hemos escuchado a lo largo del especial, es voluntad política para escucharlas y convertirlas en acciones concretas. Solo así, para las comunidades indígenas, la paz será más que un papel firmado y 7 puntos clave y se convertirá, verdaderamente, en una transformación real desde los territorios.
La paz en Colombia ha sido un anhelo histórico, lleno de acuerdos, tropiezos y desafíos. Pero para los pueblos indígenas, especialmente en Antioquia, esa paz va más allá del silencio de las armas. Es un proceso interior, espiritual y comunitario.Así lo explica Víctor Manuel Rodríguez, gobernador del cabildo indígena Nutabe mayor del Valle de Aburrá: “Para que pueda haber paz fuera de nosotros, tenemos que buscar esa paz interior. Es conociéndonos, sabiendo quiénes somos, de dónde venimos, cuál es nuestra misión. Se ha deteriorado el concepto de paz porque creemos que es soltar una paloma blanca o firmar acuerdos, pero esos acuerdos suelen tener intereses personales o grupales”, afirma.Invisibilización y falta de garantíasSegún la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), los pueblos indígenas siguen en situación de alta vulnerabilidad social y económica, debido a la persistencia del conflicto armado y al bajo reconocimiento institucional.En medio de estas limitaciones, José Adalberto —gobernador del Cabildo Indígena en el Área Metropolitana— hace un pedido urgente: “Hay que pasar de lo escrito al hecho y reconocer a los movimientos indígenas. No revictimizarlos. Un gobernador indígena en la ciudad tiene la misma autoridad que uno civil, pero muchas veces no tiene espacio, ni siquiera un salario mínimo para ejercer su rol”, denuncia.Baja implementación del Acuerdo en los territoriosPese a que el Acuerdo de Paz firmado en 2016 contempla enfoques étnicos y territoriales, su implementación ha sido desigual. Según la Unidad para la Implementación del Acuerdo Final, aunque hay avances en programas como los PDET, en Antioquia se ha registrado baja incidencia territorial y poco cumplimiento normativo por parte de las entidades estatales.A esto se suma una cifra alarmante: 110 indígenas asesinados desde la firma del Acuerdo, según la Unidad Indígena del Pueblo Awá, hasta noviembre de 2024.Richard Sierra, líder indígena del Pueblo Zenú en el Bajo Cauca, advierte que la paz en el papel no se traduce en transformaciones reales: “Si bien ha habido avances, se concentran en el nivel nacional. En los territorios, la implementación del Acuerdo de Paz es casi invisible. Las comunidades siguen sin reconocimiento institucional y sin capacidades para ejercer gobierno propio”, señala.Propuestas de paz desde los pueblos indígenasA pesar del panorama, la Organización Indígena de Antioquia (OIA) resalta el papel propositivo de las comunidades. Muchas de ellas han construido planes de vida y estructuras organizativas autónomas, convirtiéndose en actores clave en la construcción de paz desde los territorios.
El contacto con centros urbanos y otras comunidades ha transformado los modos de producción alimentaria de los pueblos indígenas en Antioquia. Así lo señala el Perfil de Desarrollo Departamental de Grupos Étnicos de la Universidad de Antioquia, que advierte cómo estas dinámicas han afectado prácticas ancestrales como la caza, la pesca y la recolección.Para Víctor Manuel Rodríguez, gobernador del Cabildo Indígena Nutabe Mayor en Medellín y el área metropolitana, este cambio forzado ha motivado a su comunidad a trabajar en procesos de recuperación cultural."Nos impusieron una cultura que no es la nuestra, como pueblos originarios. La cultura indígena Anutá es un pueblo originario que tiene sus usos y costumbres, que había perdido por la civilización y la modernización. Pero, a partir de 1993, cumpliendo un llamado espiritual, hemos venido recuperando. Por eso nosotros hablamos de cuatro tiempos: la recuperación, la restauración, la reivindicación y la resignificación", dice Rodríguez. Aunque muchas comunidades indígenas cuentan con estructuras de Gobierno propio, el desconocimiento de sus derechos por parte de las instituciones y la falta de apoyo estatal dificultan su gobernanza real."El Estado no logra transferir las capacidades para el desarrollo del Gobierno propio", afirma Richard Sierra, líder del pueblo Zenú en el Bajo Cauca. Mientras en regiones como el Bajo Cauca el conflicto armado y el abandono estatal debilitan el liderazgo indígena, en las ciudades el riesgo es otro: la desaparición cultural. "Hay una gerencia étnica, una voluntad política que continúa desde la administración anterior. Pero nuestra voluntad es que haya una Secretaría Indígena, teniendo en cuenta que hay 34 comunidades en riesgo de desaparecer cultural y físicamente, más aún en Medellín", señala el líder José Adalberto, gobernador del Cabildo Indígena en el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, quien hace un llamado urgente a priorizar un enfoque étnico diferencial.Esta solicitud cobra aún más sentido si se considera que, según cifras de la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios, el 32 % de las víctimas de desplazamiento en Colombia durante 2023 fueron indígenas. Muchas de ellas llegaron a Medellín, donde hoy enfrentan pobreza, exclusión y la amenaza de perder su identidad.
En muchos territorios indígenas de Antioquia, el acceso a servicios básicos sigue siendo precario. Según datos de la Universidad de Antioquia, solo el 38 % de estas comunidades cuenta con agua potable, energía o alcantarillado. La conectividad es aún más crítica: apenas el 9,9 % tiene acceso a internet.En ese contexto, hablar de educación o conectividad resulta casi imposible. Así lo vive la comunidad de Caimán Nuevo, en Urabá, según relata Tumiel Santacruz Montoya, líder indígena de Necoclí y Turbo."También la falta de preparación de nuestros jóvenes. Estaba mirando que la U. de A. tiene en este momento varias carreras, pero son las mismas de hace varios años. Nunca vemos otras que nos podrían interesar", afirma Tumiel.La precariedad también se refleja en las viviendas. Muchas casas indígenas se deterioran en silencio. Mientras los Embera aún construyen en guadua y los Zenú combinan bloques con elementos tradicionales, otras comunidades han perdido por completo su arquitectura ancestral.Esa transformación del espacio físico borra, a su vez, parte de la memoria colectiva: "Debemos abrir los ojos, debemos despertar, estar más atentos a no dejarnos permear tanto por el modernismo, a no caer en ese flagelo de las drogas, de la fantasía, de las ilusiones… Considerar que hay que regresar a la tierra", reflexiona Víctor Manuel Rodríguez, líder indígena Nutabe.Rodríguez lamenta que cada vez más indígenas sean expulsados o se vean forzados a migrar a las ciudades, donde enfrentan pobreza, discriminación y la pérdida de sus costumbres.El deterioro de sus condiciones de vida no es un hecho aislado. De acuerdo con la Gobernación de Antioquia, hasta 2019, el 81 % de la población indígena en el departamento presentaba déficit de vivienda, evidenciado en hacinamiento, deterioro estructural y falta de servicios públicos básicos.Esta situación no solo limita su bienestar, sino que profundiza el sentimiento de exclusión y la pérdida de identidad cultural."Muchas de las comunidades que están en territorios de ciudad son víctimas del conflicto, pero revictimizadas en la ciudad. No por el conflicto armado, sino por las instituciones. Usted es indígena, pero allá en el Putumayo; acá en la ciudad no puede serlo", asegura José Adalberto, gobernador del Cabildo Indígena del Área Metropolitana.El líder advierte que los indígenas que migran a las ciudades siguen siendo invisibilizados, y que el Acuerdo de Paz no ha contemplado las problemáticas urbanas de estas comunidades."Por ejemplo, en Medellín hay nueve cabildos indígenas, pero solo uno cuenta con sede propia. Los demás no tienen dónde reunirse ni acceso a equipamientos colectivos. Ese es uno de los grandes retos que el Acuerdo de Paz debe abordar", insiste José Adalberto.
En las comunidades indígenas de Antioquia, mantener viva la cultura no es solo cuestión de memoria, sino de supervivencia. Aunque han tejido procesos organizativos desde sus territorios, los retos persisten. Según un estudio de la Universidad de Antioquia realizado hace dos años, el 30 % de la población indígena mayor de cinco años en el departamento no sabe leer ni escribir, y la cobertura educativa para menores de 14 años no supera el 54 %.Ante ese panorama, Richard Sierra, quien acompaña procesos organizativos en el Bajo Cauca, explica cómo trabajan para evitar, por ejemplo, que desaparezcan las lenguas maternas."Se han generado dinámicas de fortalecimiento al interior de las comunidades en sus procesos organizativos, porque ha habido aculturación y pérdida de la lengua materna. Lo que se ha venido construyendo es, precisamente, la reconstrucción de ese acervo cultural", indicó.Así como recuperar el idioma es parte del alma indígena, el cuerpo espiritual también es vital, sostenido por la medicina ancestral. En ese aspecto de la salud indígena, el Perfil de Desarrollo Departamental de Grupos Étnicos señala que el 63,7 % de esta población acude a los servicios de salud convencional y solo el 9,4 % utiliza remedios caseros.Para líderes como Víctor Manuel Rodríguez, esa tensión entre los dos sistemas se resuelve volviendo al espíritu de la medicina tradicional."Esto lo hemos venido fortaleciendo a través de las medicinas, porque si no fuera por las medicinas sagradas como el abuelo tabaco, el ambil, el mambe, o el maestro yagé —que también son practicadas por otras culturas en Colombia, pero que han llegado hasta acá—, no sería posible. Es a través del espíritu de la medicina como hemos logrado que cada ser entienda y tome la decisión, porque esto se convierte en un llamado, un llamado de convicción personal", señaló Rodríguez.Pero estos saberes no se conservan solo en los resguardos. En la ciudad, donde la cultura indígena resiste desde los márgenes, la medicina ancestral, la agricultura y el respeto a los mayores también se reconfiguran. En Medellín, por ejemplo, los cabildos luchan por mantener vivas las costumbres en un contexto marcado por la modernidad, la tecnología y los cambios generacionales, que no se pueden desconocer, pero sí deben ser una oportunidad, según José Adalberto, autoridad del Cabildo Indígena Inga en Medellín."No podemos desconocer que también hay un proceso de modernización, que trae cambios y no podemos quedarnos solo en la tradición. Hay que potencializarla en el contexto actual. Eso hemos hecho. Cuando se está en la ciudad, uno siente más orgullo de por qué es tan importante la medicina tradicional, sembrar, respetar a los mayores, reunirse en comunidad y generar espacios para jóvenes y niños", detalló.En las comunidades indígenas de Antioquia, la espiritualidad, la medicina y los saberes ancestrales no son solo prácticas: son raíces que sostienen la vida frente al olvido. Pero conservar la cultura también exige defender el territorio. En Medellín, por ejemplo, existen ocho cabildos indígenas urbanos reconocidos, donde más de 3.000 personas luchan por mantener vivas sus tradiciones, muchas veces en medio del desconocimiento y la exclusión.
Según el censo indígena de 2018, en Antioquia se reconocieron como integrantes de esta etnia 37.628 personas, por aquel entonces, el 0.6 % de la población del departamento.Su distribución en el departamento, de acuerdo con la Gobernación, se daba para 2020 en 56 resguardos indígenas, varios de ellos en espacios urbanos o de ciudad, algo que se ha convertido en una problemática para esta comunidad, a la que le limitan el acceso a diferentes derechos.“Al decir que hay cabildos indígenas en ciudad, se invisibilizan muchas situaciones y se vuelve más caos o conflicto, con más barreras en tema presupuestal, de territorio, justicia, salud, propia, rituales. La ciudad, en ocasiones, desconoce -y especialmente las voluntades políticas-, y se genera mayor barrera, creyendo que las comunidades indígenas solo deben habitar los resguardos”, explicó José Adalberto Muyuy, gobernador indígena del Cabildo Inga en Medellín¿Cómo están organizados los indígenas en Medellín?Y es que solo en Medellín, por ejemplo, hay entre 3.000 y 3.550 indígenas auto-reconocidos, organizados en 8 cabildos bases, lo que muestra que en la ciudad la etnia sigue habitando, pese a que autoridades llegaron incluso a declarar extintas algunas de las culturas indígenas."Cuando nosotros empezamos la recuperación de nuestra cultura, empezamos también a tener resistencia, a que se presentara resistencia en estos otros pueblos, porque ellos consideraban que aquí no existía ya la cultura natal, que estaba extinta. En algún momento así lo manifestó el Ministerio del Interior el año 2011-2010, pero pudimos demostrarle y entregarle documentos basados en las crónicas, en la antropología, en los hallazgos arqueológicos del Departamento de Antropología de la Universidad de Antioquia, de la Universidad Nacional, donde les demostramos que acá seguimos", contó Víctor Manuel Rodríguez, gobernador indígena del Cabildo Nutabe Mayor en Medellín y el área metropolitana.¿Los indígenas en Antioquia son incluidos en la consulta previa?Por otra parte, según expresan diferentes líderes indígenas, el problema es mayor aún cuando, más allá del poco reconocimiento en espacios de ciudad, las comunidades que hacen presencia en el departamento no son escuchadas o ni siquiera consultadas."Las administraciones municipales y departamentales nunca nos han tenido en cuenta, porque saben que hay una norma que habla sobre la consulta previa para este tipo de proyectos, pero nunca, hasta el momento, han tenido acercamientos con la comunidad”, detalló Tumiel Santa Cruz, líder de la comunidad de Caimán Nuevo, en Necoclí y Turbo (Urabá), municipios en zona de influencia de lo que será Puerto Antioquia.Así, a pesar de lo pacto en el Acuerdo de Paz, la consulta previa una promesa incumplida para muchas comunidades. Pero esta es solo una mirada inicial a la presencia indígena en Antioquia. En los próximos capítulos, nos adentraremos en las voces que mantienen viva la cultura en medio del desarraigo, que reconstruyen sus raíces tras el desplazamiento, y que resisten desde aspectos como la espiritualidad, la palabra y la medicina ancestral.
El Ministerio de Hacienda radicará un proyecto de ley con mensaje de urgencia para conseguir $1,2 billones destinados a financiar medidas de liquidez del sector eléctrico ante el fenómeno de El Niño. El anuncio se dio en medio de un debate de control político por la crisis energética en la Comisión V del Senado."Necesitamos presentar un proyecto con mensaje de urgencia para conseguir 1,2 billones de pesos que necesitamos para poder seguir financiando las medidas de liquidez que necesitamos mientras pasa el fenómeno del Niño", afirmó el ministro de Hacienda, Miguel Gómez, quien precisó que el proyecto será presentado junto con el Ministerio de Minas y Energía. "Tiene que tener mensaje de urgencia y de urgencia absoluta. Y lo vamos a hacer porque necesitamos ese dinero y porque no vamos a dejar que el país se apague. Eso es lo que queremos evitar y vamos a tratar de hacerlo", agregó el funcionario.Gómez detalló que en el Presupuesto General de la Nación hay $2,5 billones asignados al Ministerio de Minas y Energía, a los que se suma un espacio adicional de $1,6 billones liberado por la ministra mediante una vigencia futura. En total, el sector contará con $4,1 billones el próximo año.Además, el ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, se refirió a la gestión de la administración de Gustavo Petro y afirmó que la crisis energética responde a los cuatro años de inacción. “Porque este sector sobrevivió a Irene Vélez. Difícil un reto más grande para un sector tan importante como el de tener una persona que no solo nunca entendió, sino nunca quiso entender de qué se trataba este sector. Después vino el ministro Palma, que entendía un poco más, pero no hizo nada. Entonces, 4 años de inacción sí generan unos problemas estructurales muy serios”, afirmó el ministro.
El primer día de evacuación en el sector El Jardín, comuna 3-Manrique, dejó un sinsabor entre habitantes de la zona afectada y las autoridades que adelantaron el procedimiento, que dejó 10 viviendas desocupadas.Según la Secretaría de Seguridad de Medellín, a cinco edificaciones se les hizo desmonte para evitar que sean nuevamente ocupadas y las otras cinco viviendas ya fueron demolidas como parte de las acciones necesarias para reducir las condiciones de riesgo y avanzar en la protección de la comunidad.Frente al operativo, del que se difundieron videos sobre la intervención de la Undmo, el secretario de Seguridad Manuel Villa mostró su rechazo a quienes han enfrentado el procedimiento con violencia."La información que nosotros tenemos inicialmente es que cuando él llega y hacen los disparos inicialmente, esos disparos no van dirigidos inicialmente hacia una persona determinada, sino que son disparos intimidantes. En este momento está siendo atendido, está estable, pero, obviamente, pues, tiene que tener todo el cuidado y las intervenciones pertinentes por la herida que, obviamente, pues, se ocasionó", dijo.Por su parte, algunas personas de la comunidad, con megáfono en mano, pidieron garantías durante el proceso.De acuerdo con la Alcaldía, continúan las acciones de acompañamiento a las 73 familias afectadas, con alternativas de alojamiento y apoyo para su traslado. Seis grupos familiares optaron por autoalbergarse y recibieron apoyo para el traslado de sus enseres.Además, ocho familias ya cuentan con una alternativa de alojamiento seguro. De ellas, dos grupos familiares, integrados por seis personas, fueron ubicados temporalmente en hoteles; en dos de estos casos también se garantizó el transporte para su traslado.Por su parte, el Isvimed realizó jornadas de sensibilización con 12 familias sobre las alternativas de alojamiento disponibles. De ese grupo, seis manifestaron interés en acceder a alguna de estas opciones, por lo que el Distrito adelanta la verificación de los requisitos necesarios para determinar cuáles pueden acceder a ellas.
La Corte Suprema de Justicia condenó a 173 meses y 7 días de prisión, más de 14 años, al exgobernador encargado del Chocó Roger Pastor Mosquera Lozano, como responsable del delito de peculado por apropiación en favor de terceros, es decir, que aprovechando su cargo, permitió y facilitó que recursos o bienes del Estado fueran utilizados indebidamente por otra persona.Ante el caso, la Sala Especial de Primera Instancia le impuso una multa de $822.040.529 y lo inhabilitó para ejercer derechos y funciones públicas durante el mismo periodo de la condena. También deberá pagar, de manera solidaria, $4.092.732.928 por daños y perjuicios materiales al Gobierno.La decisión también establece una inhabilidad de carácter intemporal, prevista en el artículo 122 de la Constitución Política, que le impide de manera permanente desempeñar funciones públicas. La Corte, sin embargo, lo absolvió del delito de fraude procesal por el que también había sido procesado. De esta forma, la Sala negó la suspensión condicional de la ejecución de la pena y la prisión domiciliaria.Los hechos que dieron origen al proceso están relacionados con la Resolución 2134 de 2006, expedida por Mosquera Lozano cuando se desempeñaba como gobernador encargado del Chocó. Mediante ese acto administrativo ordenó el pago de $55.737.593 a favor del Fondo de Empleados de la Gobernación del Chocó.Luego, dentro de un proceso ejecutivo laboral, se produjo el cobro de recursos del departamento. Según la Corte, con la actuación del exgobernador y la aquiescencia del entonces juez Primero Laboral del Circuito de Quibdó, se permitió la apropiación indebida de $822.040.529 a favor del fondo.“Bien había podido el procesado abstenerse de ejecutar los comportamientos típicos, pero en su lugar, decidió allanar el camino para que el proceso ejecutivo laboral tuviera el cauce ilegal que con la aquiescencia del exjuez Mena Castillo tomó esa actuación procesal, con las consecuencias negativas que desde el punto de vista pecuniario tuvo que soportar el departamento del Chocó”, se lee en la sentencia.Con esta decisión, la Corte Suprema determinó la responsabilidad penal de Roger Pastor Mosquera Lozano por la apropiación indebida de recursos públicos en favor de terceros y estableció las consecuencias económicas y administrativas derivadas de su conducta.
Este miércoles arrancó en Barranquilla la Asamblea Nacional de Personeros, en la que participan unos 800 funcionarios del Ministerio Público de todo el país, quienes conversan alrededor de los "Derechos a la Ciudad" y la ayuda a damnificados del terremoto.La Defensora del Pueblo, Iris Marín, fue una de las invitadas al evento, destacando la labor de los personeros, pero también aprovechó para referirse a la atención de las afectaciones ocasionadas por sismo de 7.4 grados, ocurrido el pasado 10 de agosto.Frente a este tema destacó que la Defensoría ha estado haciendo seguimiento muy de cerca, pero que después de haber superado la primera etapa de la atención de la emergencia, toca avanzar en las medidas presupuestales que permitan reconstruir las zonas afectadas, así como garantizar el retorno a clases de todos los estudiantes."Hemos venido haciendo seguimiento al tema. Ya ha pasó la primera etapa más urgente, pero es importante avanzar hacia medidas también presupuestales que permitan avanzar en el la reconstrucción y la rehabilitación, que va a ser el tema pues más importante. Hemos estado muy pendientes también de la vuelta al colegio de los menores de edad. Ya el Ministerio de de Educación ha dicho que está a punto de llegar al 95% de la cobertura", expresó. De otra parte, la defensora dio a entender que han resuelto las diferencias con el ministro del Interior, Rodrigo Lara, con quién tuvo un intercambio de opiniones a través de redes sociales por las recientes ofensivas del Gobierno contra estructuras criminales. Dijo Marín que "es deber del Estado combatir el narcotráfico y las economías ilegales". Al tiempo destacó que están haciendo un seguimiento conjunto a las alertas tempranas que han emitido. "Con el ministro de del Interior, Rodrígo Lara, hemos venido intercambiando un par de trinos y además hablamos telefónicamente y estamos a la espera de poder hacer reuniones de seguimiento territorial de las recomendaciones del sistema de alertas tempranas", precisó. Asamblea de personerosLa migración es otro de los temas de conversación durante el encuentro de personeros. Frente a este panorama, el representante de ACNUR en Colombia, Giovanni Lepri, destacó que en este país hay 2,8 millones de personas venezolanas que requieren protección internacional, además de ciudadanos de otras nacionalidades que se encuentran en el país.Advierte que aunque una parte importante ha logrado regularizar su situación migratoria, muchas personas aún permanecen en condición irregular porque no han tenido la oportunidad de acceder a los mecanismos de regularización.
Álvaro Montero vivió un doloroso momento horas antes del partido entre Boca Juniors y São Paulo por los cuartos de final de la Copa Sudamericana, luego de enterarse del fallecimiento de su abuela.Pese al duro golpe emocional, el arquero colombiano decidió estar presente en el compromiso disputado en La Bombonera y posteriormente viajó a Colombia para acompañar a sus seres queridos. La noticia fue mantenida en reserva por el club durante buena parte de la jornada para evitar que la situación afectara al guardameta antes del encuentro.El periodista Juan José Buscalia detalló en Blog Deportivo que Montero fue consultado por el cuerpo técnico sobre si se encontraba en condiciones de jugar y respondió que quería hacerlo antes de viajar a Colombia. Sin duda un gesto que fue especialmente valorado por sus compañeros y el cuerpo técnico de Boca.La actuación del colombiano terminó siendo determinante para que Boca Juniors se impusiera 1-0 con gol de Miguel Merentiel. En los primeros minutos, cuando São Paulo tuvo sus mejores aproximaciones, Montero respondió con una atajada tras un cabezazo ejecutado desde muy cerca, evitando que el conjunto brasileño se pusiera en ventaja.En el segundo tiempo, ya con Boca arriba en el marcador, Montero volvió a aparecer en un momento clave. El guardameta colombiano se quedó con una pelota complicada dentro del área después de una acción de São Paulo que pudo terminar en el empate. De esta manera, protagonizó dos intervenciones consideradas salvadoras y terminó siendo uno de los jugadores destacados del conjunto argentino en la victoria.Montero recibió aplausosLa particularidad fue que los hinchas de Boca desconocían inicialmente el difícil momento que atravesaba el arquero. La ovación que recibió durante el calentamiento no estuvo relacionada con el fallecimiento de su abuela, sino con el buen rendimiento que venía mostrando y la confianza que ha ido adquiriendo desde su llegada al club. Después, sus atajadas durante el partido provocaron nuevas muestras de admiración por parte de la afición.El exMillonarios viajó a Colombia para asistir al sepelio de su abuela y después deberá regresar a Argentina para que el cuerpo técnico determine si estará disponible para el próximo compromiso del equipo.