Tras la alocución nacional del presidente Abelardo De La Espriella sobre la reestructuración del orden público y el levantamiento de tres mesas de diálogos de paz, el exjefe negociador de la delegación gubernamental, Armando Novoa, cuestionó con dureza los argumentos oficiales que justifican la terminación del espacio de diálogo con la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano.Para Novoa, la decisión del Ejecutivo no solo incurre en contradicciones jurídicas y fácticas, sino que además se tomó sin un empalme formal con los ministerios, lo que podría acarrear graves consecuencias de seguridad para las comunidades locales.Avances concretos que desmienten la "falta de voluntad"El exjefe negociador lamentó que el presidente de la República haya fundamentado el levantamiento de la mesa bajo la premisa de que no existían muestras de voluntad de paz por parte del grupo armado.Novoa calificó la justificación del acto administrativo como una "falsa motivación" y enumeró logros tangibles que demuestran lo contrario. “¿Cómo puede afirmarse con algún con alguna base de realidad que no hay voluntad de paz? Y en este momento en Putumayo, en una zona de ubicación temporal, hay 99 personas que dejaron las armas, los uniformes y suscribieron acuerdos individuales para hacer tránsito a la vida civil”, argumentó el exnegociador en diálogo con Mañanas Blu 10:30.A estos hechos sumó otras muestras significativas de paz ocurridas bajo el marco de esa negociación. Detalló que en noviembre del año anterior el grupo entregó 15 toneladas de material explosivo para su destrucción, y que unas 15,000 familias en el departamento de Putumayo firmaron acuerdos voluntarios de sustitución de cultivos ilícitos con el apoyo directo de la mesa.Según Novoa, el impacto en la vida de los habitantes fue directo y cuantificable: “¿Cómo se puede argumentar que no hay voluntad de paz cuando en los departamentos de Nariño y Putumayo, no lo digo yo, lo dice la Fiscalía y los gobernadores de ambos departamentos, registran una disminución de la tasa de homicidios de más del 60 %?”.Inexistencia legal previa y la falta de un empalme institucionalEl exnegociador también reveló que la revocatoria de las delegaciones era jurídicamente innecesaria. El equipo negociador ya había renunciado a su encargo el pasado 16 de julio. Adicionalmente, la mesa carecía de vigencia legal debido a que el Consejo de Estado suspendió provisionalmente, el 1 de julio, la resolución 064 de febrero de 2024 que habilitaba su creación.A este escenario se suma la preocupante falta de comunicación con las nuevas autoridades nacionales. Novoa denunció que no se ha realizado ningún proceso de empalme formal en ningún ministerio para transferir la información de los diálogos.“La falta de un empalme puede estar llevando al nuevo gobierno a errores que pueden tener unas consecuencias muy perturbadoras en los territorios. No solamente son errores terminológicos o legales, sino que pueden tener unas implicaciones en los territorios significativos”, advirtió Novoa.Novoa concluyó haciendo un llamado al gobierno nacional para que escuche a los gobernadores de Nariño y Putumayo, así como a alcaldes de municipios vulnerables como Barbacoas, quienes han demandado masivamente la continuidad de las conversaciones. Escuche aquí la entrevista:
El jefe de la delegación del Gobierno en los diálogos de paz con la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, Armando Novoa, fue enfático en advertir “que la orden impartida por un juez promiscuo del Valle del Guamuez, en el Bajo Putumayo, de suspender el traslado de 100 combatientes del grupo ilegal Comandos de Frontera en este momento es de imposible cumplimiento, dado que las unidades de la coordinadora guerrillera ya se encuentran en el punto de preconcentración”.Novoa dijo a Blu Radio que los combatientes ya han sido trasladados vía helicóptero de los distintos puntos en donde ellos se encontraban operando a un punto cercano a la zona de ubicación y sería completamente incomprensible que en virtud de una orden judicial tuviéramos que devolverlos a sus zonas de origen para que siguieran ejerciendo la violencia en los territorios.El jefe negociador del Gobierno manifestó que ya procedieron a la impugnación inmediata de la decisión, como corresponde al procedimiento que establece el Decreto 2591 de 1991.Novoa llamó la atención en el sentido de la decisión del juzgado no es incompatible con que continúe avanzando ese proceso de reincorporación a la vida civil y también para que se adelanten las gestiones relacionadas con la consulta previa a algunas de las comunidades indígenas que entiendo fueron las autoras de la acción de tutela.Aseguró que antes de todas estas actividades que estamos realizando hubo una reunión con las autoridades y los resguardos indígenas del territorio y hay unos diálogos en curso que están a cargo de la Oficina del Consejero Comisionado de Paz, por eso nos sorprende la instauración de la acción de tutela y nos sorprende aún más que se imparta una orden que desde el punto de vista material es inejecutable.Indicó que hace cerca de un mes él personalmente estuvo presente en el Valle del Guamuez, en La Hormiga, en un punto denominado La Betania, en donde sostuvo una reunión con las comunidades indígenas y allí también estuvieron varias delegaciones de los países garantes que acompañan este proceso, equipos gubernamentales y las puertas del diálogo quedaron abiertas, diálogo que se ha venido adelantando.Mientras tanto, en la zona rural del municipio de La Hormiga, los preparativos para la concentración de los primeros 100 combatientes que están haciendo tránsito a la vida civil continúan y se espera que mañana jueves lleguen al área estipulada por las delegaciones de paz tanto del Gobierno como de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano.
Las declaraciones del presidente Gustavo Petro sobre los procesos de paz con grupos armados desencadenaron una respuesta pública de Armando Novoa, jefe negociador del Gobierno con la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, quien cuestionó que se generalicen todos los diálogos con grupos armados.La controversia comenzó luego de que el presidente Gustavo Petro escribiera en su cuenta de X que “El gran error de los procesos de paz es por parte de los negociadores del estado pensar que se tratan de grupos guerrilleros insurgentes y no lo son. Son organizaciones delictivas que controlan las economías ilícitas y por eso ellos controlan con armas los territorios donde se ubican esas economía”.En ese mismo mensaje, el mandatario sostuvo que cualquier negociación con esos grupos debe pasar por el desmantelamiento paulatino de las economías ilegales y contar con la participación de la Fiscalía en las negoviaciones juridicas.Luego de esto, Novoa publicó 13 mensajes en los que respondió al presidente y defendió los avances de la mesa con la Coordinadora Nacional - EB.“Señor presidente, en Consejo de Ministros que se llevó a cabo semanas atrás, usted mencionó los avances que ha tenido nuestra mesa de diálogos de paz que se adelantan en el sur del país con el GAO llamado Coordinadora Nacional-EB. Nuestra delegación ha logrado avances que deben conocerse. Esto, en medio de críticas que la mayoría de las veces parten de generalizaciones tendenciosas”, escribió en sus redes sociales.En conversación con Blu Radio, el negociador explicó que el objetivo principal de su respuesta era evitar que se hicieran “generalizaciones” sobre todos los procesos de paz abiertos por el Gobierno.“El análisis sobre los resultados de las diologos de paz tiene que hacerse en forma puntual sobre cada mesa. No se pueden hacer generalizaciones como las que están haciendo algunos precandidatos presidenciales que ya han incorporado a su lenguaje corriente la muletilla paz total, fracaso total”, afirmó.Según Novoa, la intención es dejar claro que, según afirma, esa mesa sí ha logrado avances concretos pese a las dificutades presentadas durante el proceso.También le envió un mensaje directo al presidente, al señalar que “es importante que el presidente lo tenga presente porque, en principio, decir que los grupos todos no son sino grupos criminales, pues, a pesar de que están vinculados con la economía del narcotráfico, de que tienen un control del territorio, de que desarrollan sus actividades al margen de la ley, eso ayuda poco porque es que en el caso nuestro fuimos encargados de una negociación política, y por eso nosotros mencionamos la ley y la resolución mediante la cual se me nombra a mí como jefe de delegación”.Uno de los apartes que más llamó la atención de su pronunciamiento fue el punto número seis, en el que aseguró que la Coordinadora Nacional-EB mantiene una “gobernanza armada” en sus zonas de influencia.Consultado sobre el significado de esa expresión, Novoa explicó que, aunque estos grupos no tienen una narrativa ideológica como la que tuvieron antiguas guerrillas, sí han construido estructuras de poder territorial.“A pesar de que no tienen eso, y son grupos desideologizados, sí tienen un accionar que está dentro del campo de lo político, porque han creado allí un orden en materia de economías ilícitas, de reglas de convivencia, de dispensa de justicia, que es supremamente y preocupante. Y si no tenemos un diagnóstico claro de cómo enfrentar ese problema, cualquier política de paz que se intente va a equivocarse porque ellos tienen un nivel de presencia territorial muy fuerte”.Y añadió, “yo a eso le llamo una gobernanza híbrida, otros le llaman una gobernanza criminal, para significar que tienen un poder político ilegal y al margen de la ley en el territorio que no se puede desconocer”.El negociador explicó además que uno de los objetivos de la mesa es precisamente lograr que esas estructuras abandonen no solo las economías criminales, sino también las formas de control social y político que han acumulado en distintas zonas del país.En ese sentido, Novoa insistió en que, aunque se trata de estructuras delincuenciales, sus dinámicas no se limitan únicamente al ámbito criminal. “Son, por supuesto, grupos delincuenciales, pero su actividad no se agota en eso”, afirmó, al explicar que dentro de la mesa también existen discusiones sobre reparación a víctimas, transformación territorial, bienes acumulados por el grupo y posibles procesos de justicia restaurativa.A su juicio, esa complejidad demuestra que el proceso no puede reducirse únicamente a un acuerdo de sometimiento con la Fiscalía.“Todos esos temas quedarían muy deficientemente tratados si simplemente les pedimos que hagan un acuerdo de sometimiento a la justicia. Entre otras cosas, como lo dice el propio presidente, no participa en ninguna mesa”, señaló.Frente al estado actual de los diálogos, Novoa aseguró que la mesa acaba de cerrar su séptimo ciclo tras una reunión realizada en Puerto Asís y confirmó que actualmente varias subcomisiones continúan trabajando.Además, señaló que ya avanzan los preparativos para el ingreso de aproximadamente 100 integrantes del grupo armado a la zona de ubicación temporal creada en el municipio de Valle del Guamuez.
El jefe de la delegación del Gobierno en los diálogos de Paz, Armando Novoa, ratifico la petición hecha en el Putumayo el pasado 23 de enero sobre la necesidad de que haya una destrucción comunitaria de laboratorios para el procesamiento de cocaína en Nariño y Putumayo.En Tumaco, Nariño, Novoa en diálogo con Blu Radio aseguró que esta sería una demostración real por parte de la Coordinadora Nacional Ejercito Bolivariano, disidencia de alias 'Walter Mendoza', de su compromiso por acabar la economía ilegal en esta región y una forma de avanzar en las negociaciones.Dijo que esta propuesta no tiene nada que ver con la reunión entre el presidente Gustavo Petro y Donald Trump en la Casa Blanca en donde se llegaron a algunos acuerdos, sino que ha sido un trabajo desde antes del viaje del mandatario en donde tienen la meta de sustitución de 30.000 hectáreas dedicadas a la producción de coca en Nariño y Putumayo.“Sería un hecho indeseable y quedaría gravemente lesionada la política de paz total del Gobierno en el sur de Colombia”, aseveró de lo que sería no lograr con este plan en esta zona del país.Pero sí mencionó que tras esta reunión hay nuevos retos que se deben asumir de manera inmediata por parte de las mesas de diálogos de paz, en especial con las disidencias de las Farc. Novoa fue enfático en que la petición del presidente ha sido materializar la sustitución de cultivos en comunidad, de las cuales 15.000 deben ser de Putumayo y otras 15.000 de Nariño, que esperan lograrlo antes de que termine marzo.Aseguró que, tras una reunión extraordinaria en el resguardo indígena de Inda Sabaleta y en la zona urbana de Tumaco, quedó ratificado el compromiso de las disidencias de vincularse de manera activa al proceso de sustitución y erradicación de cultivos de coca. También se creó un movimiento popular de campesinos, resguardos indígenas, comunidades étnicas, entre otros, en favor de la erradicación.Entre diciembre de 2025 y enero de 2026, más de 10.000 personas del Putumayo se han inscrito al programa RenHacemos en la región, según Novoa, demostrando así el “compromiso” de las comunidades para poder acabar con la economía ilegal.Por otro lado, Novoa manifestó que tiene la esperanza de que el nuevo ministro de Justicia entienda el tamaño y el reto que hay por delante, en especial por un proyecto del ministro anterior que, según él, afectó en este proceso y que esperan entre en discusión después del 15 marzo, fecha en que habrán pasado las elecciones al Congreso.Esta es el acta de diálogos de paz
Para las delegaciones del Gobierno y la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano es urgente que el Congreso acelere el trámite del proyecto de ley que fijará un marco judicial para el tránsito a la vida civil plena de combatientes y comandantes que se encuentran en conversaciones de paz. Confiaron en que, antes de terminar el año, el presidente Petro expida el acto legislativo que cree las zonas de capacitación integral y ubicación temporal en Nariño y Putumayo.Armando Novoa, jefe negociador del Gobierno, dijo a Blu Radio que “el hecho de que haya una campaña electoral en curso no libera a ningún congresista ni a ninguna congresista de cumplir con su misión institucional”.Aseguró Novoa que “por eso creemos que les corresponde examinar, discutir, tramitar y tomar las decisiones que a ellos les competen en relación con el tema del marco jurídico para la paz. Si deciden hundir ese proyecto, ellos tendrán que responsabilizarse frente al país por esa decisión, pero lo que no pueden hacer es guardar silencio u omitir esa obligación que establece la Constitución, porque los congresistas están elegidos para hacer leyes, no para eludir ese compromiso”, dijo Novoa.Con este llamado a los congresistas de la Comisión Primera de la Cámara de Representantes, terminó en Puerto Asís, en el medio Putumayo, la reunión de las subcomisiones jurídica, de seguridad y de transformaciones, que durante tres días centraron su objetivo en la construcción de los acuerdos para los protocolos que permitan poner en funcionamiento dos zonas de capacitación y ubicación temporal en zonas que están en discusión en los departamentos de Nariño y Putumayo.Armando Novoa, jefe negociador del Gobierno, aseguró a Blu Radio que, en un comienzo, habrá una inversión cercana a los 3.000 millones de pesos en la construcción de las zonas de ubicación integral temporal y que la presencia del jefe de Estado, Gustavo Petro, en Puerto Asís, Putumayo, es muestra del compromiso que tiene su Gobierno con la búsqueda de la paz total.Novoa dijo que la participación de más de 3.000 personas apoyando en el Putumayo este proceso que busca construir la paz es un hecho histórico que los obliga a reafirmar el compromiso de seguir construyendo hechos que avancen la paz en los territorios.Aseguró que las delegaciones, después de examinar distintos aspectos, avanzan en la consolidación de los siguientes documentos: Acuerdo Marco por el cual se establece una zona de capacitación integral y ubicación temporal y sus anexos; y el Protocolo para el funcionamiento de las zonas de capacitación integral y ubicación temporal en Nariño y Putumayo.Mientras tanto, Walter Mendoza, jefe de la delegación del grupo ilegal disidencias Farc - Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, señaló que, a pesar de que los tiempos en el Congreso están muy cortos, confía en la voluntad de los congresistas para sacar adelante el proyecto de ley que les permita tener garantías judiciales para llegar a las zonas de ubicación integral temporal.Existirá un protocolo de monitoreo, verificación y resolución de controversias en las zonas de capacitación integral y ubicación temporal, y señaló que el país debe estar tranquilo, que no se está negociando nada por debajo de la mesa. Finalmente, dijo que, en cumplimiento del acuerdo No. 12 de la MDP y teniendo en cuenta los decretos 1052 y 1053 del 7 de octubre de 2025, se continuará en el departamento de Nariño con el proceso de destrucción de las 14 toneladas de material de guerra.
“Como un paso decisivo en el proceso de desescalamiento en el aspecto militar de la violencia que hay en el territorio donde tienen presencia los frentes de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano”, calificó el jefe de la delegación del Gobierno, Armando Novoa, la firma del acuerdo que permitirá en menos de dos meses la destrucción de 14 toneladas de material de guerra.Según Novoa, este acuerdo se logró luego de tres días de intensos diálogos de la subcomisión de seguridad, que se reunió en la zona rural de Tumaco, en donde quedó pactado que la destrucción de este material bélico y de explosivos se hará en Nariño (9 toneladas) y en Putumayo (4.5 toneladas).“Esta es una excelente noticia para el avance de la política de paz total en Colombia y es un elemento que da credibilidad a los diálogos que hemos adelantado en la mesa de conversaciones”, dijo Novoa.Indicó que, para adelantar el procedimiento de destrucción, se creará una comisión técnica integrada por miembros de la Coordinadora Nacional y del Gobierno nacional, con el acompañamiento de la fuerza pública, que serán los encargados de identificar los terrenos a donde se trasladará el material explosivo para su destrucción, sin afectación al medio ambiente ni a las poblaciones que habitan estos territorios.Aseguró que, a partir de la firma del Acuerdo 12, se establece una hoja de ruta para la destrucción de material de guerra de aquí en adelante, de tal manera que ya no será necesario detenerse de manera innecesaria en la construcción de nuevos acuerdos, porque ya están definidos los parámetros generales para que la Coordinadora Nacional avance en la dejación de las armas ilegales que están en su poder.Dijo que las comunidades pueden estar tranquilas porque se está avanzando en la búsqueda de medidas muy claras en favor de la protección de sus derechos, especialmente el derecho a la vida. Destruir 14 toneladas de material de guerra debe tener un impacto significativo en esos territorios y cambia de manera importante la situación que viven actualmente los miembros de las comunidades.Por su parte, Walter Mendoza, jefe de la delegación de las disidencias de las Farc – Coordinadora Ejército Bolivariano, afirmó que este es un acto simbólico que tiene alcances políticos, jurídicos y humanitarios.“Es un material de guerra que va a quedar ya, pues, destruido, y eso es un gesto de buena voluntad. Hace parte de un acuerdo de la mesa de conversaciones entre el Gobierno Nacional y la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano”, señaló.Este acuerdo, firmado en el resguardo de Inda Zabaleta, zona rural de Tumaco, salvará muchas vidas. También se protegerá a las comunidades, porque al fin y al cabo es material de guerra que, en la guerra y en todas las guerras, se utiliza.Mendoza aseguró que, en cuanto a los explosivos, estos ya van a ser inutilizados, porque así quedó pactado, y han decidido que este es un verdadero gesto de buena voluntad por la paz, que permite avanzar positivamente en el proceso de diálogos entre las dos delegaciones.“Ese paso es muy importante en la destrucción de un material que no es cualquier cosa; es un monto aproximado de 14 toneladas de material bélico que irán a quedar totalmente destruidas”, dijo el jefe de la delegación del grupo ilegal.Hay unos protocolos ya acordados, un acta firmada, donde consta que eso va a ser destruido con procedimientos técnicos, funcionales y prácticos, como lo exige la comunidad internacional, precisó Mendoza.
Fuentes le confirmaron a Blu Radio que el pasado 9 de julio, en el Club de Banqueros de Bogotá, se llevó a cabo una reunión presidida por el ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, junto con los integrantes de la Comisión de Política Criminal, conformada por distintos abogados y catedráticos en derecho penal.El jefe de la cartera estuvo acompañado por dos de sus viceministros, y en el encuentro también participó Armando Novoa, jefe negociador del Gobierno con la Coordinadora Nacional del Ejército Bolivariano, una disidencia de las Farc.Blu Radio pudo establecer que en la reunión se presentaron dos borradores de proyecto de ley: uno respaldado por Montealegre Lynett y otro elaborado por el jefe negociador Novoa.Ambos borradores buscan reformar el tratamiento penal a actores armados en el marco de la paz total, pero con enfoques distintos. El proyecto respaldado por Montealegre propone modificar la Ley de Justicia y Paz (Ley 975 de 2005) para incluir a grupos armados actuales, civiles colaboradores y agentes del Estado, con penas alternativas de 2 a 8 años, entrega de bienes, reintegración territorial y medidas de resocialización. El otro plantea un régimen jurídico especial más amplio y flexible, que distingue entre grupos armados y estructuras de crimen organizado, prevé tratamientos diferenciados por rol, beneficios como libertad condicional y conservación parcial de bienes, y un procedimiento judicial colectivo más ágil. Ambos coinciden en la centralidad de la justicia restaurativa y la reparación de víctimas, pero difieren en la arquitectura legal y los mecanismos procesales.La discusión sobre el proyecto ha generado especial preocupación en Medellín y el Valle de Aburrá, donde se advierte que varios cabecillas de bandas criminales que participaron en el denominado 'tarimazo', un acto en el que se subieron a una tarima en un evento del Gobierno junto al presidente Gustavo Petro, podrían quedar en libertad condicional si se aprueban los beneficios propuestos. Incluso otros delincuentes de alto perfil, como Felipe Marín Silva, alias Pipe Tuluá, podrían acceder a esas mismas prerrogativas judiciales si cumplen los requisitos establecidos.Ambos documentos fueron socializados, y se acordó que en los próximos días se volverá a reunir la Comisión, junto con otras organizaciones de alcance nacional, para conocer en detalle los contenidos del proyecto, que ya empieza a generar desconcierto en algunos sectores políticos, a pocos días del inicio de un nuevo periodo legislativo.El senador Efraín Cepeda se pronunció al respecto: “Creo que sería burlar a la justicia. Que salgan todos los delincuentes a las calles de Colombia para que en la mañana se sienten en una mesa de negociación y en la noche delinquen… yo no estoy con eso”.
En diálogo con Blu Radio en la ciudad de Pasto, donde se cumplió la reunión de la subcomisión Marco Judicial de la Paz Total, el jefe de la delegación del Gobierno, Armando Novoa, aseguró que no hay un cese bilateral al fuego con la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano; sin embargo, manifestó su preocupación por las denuncias de las comunidades de la zona rural de Tumaco y Roberto Payán, en el Pacífico nariñense, en donde en los últimos días se han registrado combates entre el Ejército e integrantes del frente Alfonso Cano, grupo ilegal que hace parte de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano.“No tenemos información oficial, pero estamos consultando realmente qué pasó porque tiene que haber toda la seguridad en esas zonas para que el programa piloto acordado en la mesa de diálogos comience en el menor tiempo posible y se puedan sustituir las 15.000 hectáreas en Nariño y las otras 15 en Putumayo”, aseguró Novoa.El jefe negociador del Gobierno confía que este acuerdo con las disidencias de las Farc Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano no se retrase por culpa de esa ofensiva militar y aseguró que hay que brindarles a las comunidades toda la seguridad y tranquilidad para que puedan adelantar las actividades y compromisos establecidos en la mesa de diálogo con el Gobierno nacional."De tal manera que, aunque no hay una información precisa de los operativos militares que se están cumpliendo en la laguna de Chimbuza y otras zonas de Tumaco y Roberto Payán por parte del Ejército Nacional, vamos a solicitar un informe porque no tenemos el detalle de qué pasó en esa zona, porque nos interesa que haya las mejores garantías de tranquilidad y seguridad para las comunidades y que habrá espacio para iniciar esos programas pilotos de sustitución que comprenden 30.000 hectáreas en Nariño y Putumayo", dijo Armando Novoa.Advirtió que este programa se hará en dos fases, especialmente por los lados del municipio de Tumaco en Nariño, pero insistió en que las operaciones militares en contra de alguna estructura armada ilegal jamás son consultadas con la delegación del Gobierno en la mesa de conversaciones de paz.“Vamos a verificar las denuncias de las comunidades y, si es del caso, elevaremos las preguntas e inquietudes que desde nuestra delegación surjan alrededor de ese tema, pero primero tenemos que enterarnos adecuadamente para poder emitir una opinión de manera responsable”, afirmó Novoa.Es importante que Colombia conozca que en esta mesa de diálogo no hay un cese bilateral de fuego y así hemos trabajado durante casi un año de existencia de la mesa y, por otra parte, reiteró que nos interesa mucho que esos programas piloto de sustitución comiencen en el menor tiempo posible y con todas las garantías de seguridad y tranquilidad para las comunidades, indicó Armando Novoa, jefe de la delegación del Gobierno Nacional.
Armando Novoa, jefe negociador del Gobierno Nacional, reveló a Blu Radio detalles sobre la nueva ronda de diálogos que comenzará este lunes 10 de febrero en Bogotá. Novoa calificó esta etapa como “definitiva”, pues se espera avanzar en la fijación de una agenda concreta con su respectivo cronograma de actividades. “El 2025 debe ser el año no solo del acuerdo con la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, sino también del inicio de la implementación de los acuerdos alcanzados en estos diálogos de paz”, afirmó.El funcionario enfatizó en la importancia de establecer rutas, mecanismos e instrumentos para lograr que Nariño sea la primera zona de paz del país en el marco de estas negociaciones. Sin embargo, advirtió sobre denuncias hechas por las comunidades que deberán ser investigadas. “Debemos ser sinceros con Colombia e indagar las denuncias de constreñimiento, amenazas a líderes sociales y reclutamiento de menores en las zonas donde este grupo armado tiene presencia, particularmente en Nariño y Putumayo”, aseguró Novoa.Entre los principales puntos de la agenda, el jefe negociador destacó la seguridad en los territorios, el respeto al Derecho Internacional Humanitario y la implementación del plan piloto de transformación territorial. “Este plan contempla la sustitución de tres mil hectáreas de hoja de coca en Tumaco, acordado en diciembre para los departamentos de Nariño y Putumayo. Debemos agilizar su ejecución para avanzar en la superación de la violencia en estos territorios”, precisó.Implementación de los acuerdos y denuncias en PutumayoNovoa manifestó su expectativa de que en el segundo semestre del año comience la implementación de los acuerdos pactados con la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, lo que permitiría avanzar en un proceso de desescalamiento del conflicto en las zonas donde operan estas disidencias. “Las delegaciones del Gobierno nacional y la Coordinadora Nacional tienen la mejor voluntad para consolidar esta agenda de negociación. Serán jornadas largas hasta alcanzar el propósito de ambas partes”, aseguró.El encuentro, que se llevará a cabo entre el 10 y el 12 de febrero, tiene como objetivo definir los puntos de la agenda, pero también analizar las denuncias de constreñimiento a comunidades en Putumayo, el reclutamiento de menores y la presencia de hombres armados en zonas urbanas, lo que genera temor entre los habitantes ante eventuales confrontaciones.“Hay voluntad de nuestra parte para que la mesa de diálogo avance positivamente, pero es necesario hacer un análisis sincero de lo que ocurre en estas comunidades. Se han denunciado operativos de la Fuerza Pública, pero también se han reportado casos de constreñimiento por parte de algunos integrantes del grupo ‘Comandos de Frontera’ para influir en las elecciones atípicas en Putumayo. Esto no puede suceder si realmente estamos hablando de paz”, advirtió Novoa.Zona de paz y suspensión de operaciones militaresEl jefe negociador también se refirió al decreto anunciado por el Gobierno Nacional, que ya cuenta con el visto bueno del alto consejero para la paz, Otty Patiño. No obstante, aclaró que “aún es necesario afinar detalles relacionados con la puesta en marcha del programa piloto de transformación territorial, la suspensión de operaciones militares ofensivas en zonas acordadas y el desescalamiento del conflicto. Una vez el decreto esté finalizado, será sometido a consideración del presidente de la República para su aprobación”.Sobre la propuesta de las autoridades de Nariño de crear una zona de paz con un cese multilateral del fuego, Novoa destacó que “toda acción encaminada a traer tranquilidad a las comunidades será recibida con el mejor ánimo. Sin embargo, esta es una decisión que involucra a las Fuerzas Armadas, el Ministerio de Defensa y el alto mando militar, además del presidente de la República, quien tiene la última palabra en materia de orden público”.Finalmente, Novoa dejó claro que el Gobierno no permitirá que en Nariño ocurran hechos similares a los registrados en enero en el Catatumbo. “Nuestra delegación ha adelantado sesiones bajo estricta reserva, y estas no pueden ser objeto de análisis en los medios de comunicación”, subrayó.El funcionario reiteró que propuestas como la de Nariño serán evaluadas con las instancias pertinentes y añadió: “Nuestra meta es clara: lograr una paz definitiva que convierta a Nariño en la primera región de paz en Colombia”.
El Gobierno y la Segunda Marquetalia, comandada por alias 'Iván Márquez', empezaron un proceso de paz en Caracas, Venezuela, este lunes 24 de junio.La mesa se instaló en La Estancia, un centro cultural de la capital venezolana. Allí llegaron las delegaciones del Gobierno y de la Segunda Marquetalia y los países garantes y acompañantes del proceso.El jefe negociador del Gobierno será el exmagistrado del Consejo Nacional Electoral, CNE, Armando Novoa, quien se refirió al proceso. Teniendo en cuenta que la Segunda Marquetalia argumenta que hubo un entrampamiento contra ellos y justifican con eso su alzamiento armado, Novoa aclaró que, para el Gobierno, ninguna razón justifica el hecho de volverse a armar.“En cuanto al entrampamiento hemos agregado también que para nosotros, independiente de las razones que la Segunda Marquetalia ha invocado, no tiene justificación alguna que se hubieran nuevamente alzado en armas. Nosotros no compartimos ese criterio porque ese criterio tiene varios problemas; entre otros que en el fondo lo limita a un pleito entre el Estado y los firmantes del acuerdo que se encuentran en esta agrupación, dejando de lado toda consideración sobre la sociedad y las comunidades que deben ser protagonistas en estos procesos de paz”, señaló Novoa.Por otro lado, asegura que en Colombia hay mecanismos para reaccionar frente a posibles acciones de agresión por parte de algunas autoridades frente al acuerdo. Finalmente, aseguró que el tema del entrampamiento no debería hacer parte de la agenda de negociación.“El tema del incumplimiento y del famoso entrampamiento es un asunto de naturaleza judicial en donde tendrán que intervenir las autoridades que tienen competencia para esclarecer esos hechos; me refiero a la Fiscalía, a la JEP. Hay unos informes de la relatora de Naciones Unidas para los derechos humanos que mencionó de alguna manera ese aspecto, de tal manera que esta es una negociación de otra naturaleza y no podemos adelantar conceptos sobre un asunto que es de carácter judicial”, explicó Novoa.Por último, el jefe negociador también se refirió a la posición del Gobierno frente a la implementación del acuerdo de paz firmado en 2016 con la extinta guerrilla de las Farc.“El Gobierno ha sido claro en el sentido de que la implementación del acuerdo del año 2016 no se ha llevado a cabo de la mejor manera y ha llamado la atención sobre la necesidad de que lo que se llame el acuerdo político y social de carácter nacional incorpore en uno de sus aspectos vertébrales precisamente esta materia”, explicó el exmagistrado del CNE.
Los pasajeros de Iberia en América Latina podrán encontrar la opción de contratar asistencia al viajero durante el proceso de compra de sus pasajes. La medida hace parte de una alianza entre la aerolínea española y Assist Card, que busca integrar este servicio a los canales de venta de vuelos.La implementación se realizará por etapas. En una primera fase estará disponible en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Perú, República Dominicana y Uruguay. Posteriormente se incorporará en Panamá, El Salvador y Paraguay.Así funcionará el nuevo sistemaAl comprar un pasaje de Iberia, los viajeros podrán consultar las alternativas de asistencia al viajero. La contratación será adicional a la compra del tiquete y dependerá de la elección que realice cada pasajero.Según la información entregada por las compañías, los productos contemplan montos de cobertura de entre USD 60.000 y USD 3.000.000, con distintas condiciones de acuerdo con la alternativa seleccionada.Los pasajeros también podrán acceder a una plataforma para consultar y adquirir estos productos fuera del proceso de compra del vuelo.La medida se suma a los cambios en la operación de IberiaLa integración se produce mientras Iberia mantiene su operación entre Europa y América Latina. Actualmente, la aerolínea tiene presencia en 16 países y 21 aeropuertos de la región.En 2026 sumó tres destinos a su red latinoamericana: Recife y Fortaleza, en Brasil, y Monterrey, en México. Para este año, Iberia informó que tiene previstos 5,8 millones de asientos para sus conexiones entre Latinoamérica y Europa.Marina Colunga, directora Comercial de Iberia para América Latina, señaló que la incorporación de la asistencia al proceso de compra responde a los cambios en la forma en que los pasajeros organizan sus viajes.
La Gobernación de La Guajira anunció la construcción de una variante vial de 7,79 kilómetros que busca modificar el tránsito de vehículos de carga pesada por Riohacha y fortalecer la conexión de la capital del departamento con el Caribe y la frontera con Venezuela.El proyecto tendrá una inversión cercana a los 164.000 millones de pesos, financiados con recursos del Sistema General de Regalías correspondientes al bienio 2025-2026.De acuerdo con la administración departamental, la nueva vía conectará la zona del aeropuerto Almirante Padilla con la Troncal del Caribe y el corredor internacional hacia Maicao y Paraguachón, permitiendo que parte del tráfico que actualmente atraviesa el casco urbano pueda utilizar este nuevo corredor.El gobernador de La Guajira, Jairo Aguilar Deluque, señaló que se trata de un proyecto que el departamento ha esperado durante más de cuatro décadas. “Es un proyecto que estamos esperando hace más de cuarenta años, cuatro décadas sufriendo por no tener esta variante”, afirmó el mandatario.Aguilar explicó que los recursos fueron gestionados a través del Órgano Colegiado de Administración y Decisión (OCAD) Regional Caribe, instancia a través de la cual se financian proyectos de conectividad regional con recursos de regalías.Según el gobernador, la obra permitirá mejorar las conexiones de La Guajira con otros corredores estratégicos. “Es uno de los proyectos más importantes que teníamos, porque nos conecta con la vía a Valledupar, la vía a Santa Marta, la Troncal del Caribe y la vía Maicao con el país vecino Venezuela”, señaló.Actualmente, el tráfico pesado que entra y sale de Riohacha utiliza principalmente la avenida 15, un corredor que atraviesa sectores urbanos de la ciudad. El gobernador aseguró que esta situación ha generado problemas de movilidad y mayores tiempos de desplazamiento para quienes deben atravesar la capital guajira.“Todo el tráfico pesado pasa solo por una avenida, que es la avenida 15”, explicó Aguilar, quien agregó que, en horas de mayor congestión, el recorrido entre la Troncal del Caribe y la salida hacia Maicao puede tomar cerca de una hora.Con la variante, la administración departamental espera generar una conexión más directa hacia diferentes puntos estratégicos de Riohacha y facilitar el tránsito de carga sin que los vehículos tengan que atravesar buena parte del casco urbano.El diseño de la vía además contempla 9,9 kilómetros de ciclorruta, 325 señales verticales, obras de drenaje y alcantarillado, además de intervenciones relacionadas con señalización y seguridad vial.La ejecución estará dividida en cinco componentes: estudios y diseños; construcción de la variante; obras hidráulicas; medidas de seguridad vial; y gestión social y ambiental con las comunidades ubicadas en el área de influencia.La vía también permitirá mejorar el acceso a infraestructura considerada estratégica para el desarrollo de Riohacha, entre ella la Universidad de La Guajira, el nuevo hospital de alta complejidad y el nuevo centro penitenciario de la ciudad.“Esto es una arteria clave para el desarrollo socioeconómico, no solo de Riohacha, sino del departamento de La Guajira”, sostuvo Aguilar.De acuerdo con la Gobernación, la obra está proyectada para ejecutarse en un periodo de 16 meses. El gobernador explicó que la intención es que el proyecto avance por fases y que la totalidad de la intervención esté terminada durante el primer trimestre de 2028, según el cronograma planteado por la administración departamental.
Fenalco decidió reprogramar el Congreso Nacional de Comerciantes Empresarios, previsto inicialmente para el 14, 15 y 16 de octubre en Bogotá, como respuesta a la emergencia que dejó el terremoto del pasado 10 de agosto. El presidente del gremio, Jaime Alberto Cabal, anunció que la Junta Nacional se reunirá el próximo jueves 24 de septiembre en Pereira, con la participación de directivos de las seccionales de Caldas, Risaralda, Quindío y Valle del Cauca.El encuentro será, según explicó, un primer espacio de homenaje y acompañamiento a las regiones afectadas. "Hoy nuestra prioridad es acompañar a los comerciantes, ayudar a recuperar sus negocios y apoyar al Gobierno Nacional en su propósito de reconstruir las economías de las regiones afectadas. Por eso hemos tomado esta decisión, que consideramos responsable y solidaria", afirmó Cabal.De acuerdo con el dirigente gremial, más de 30.000 comerciantes resultaron afectados por el sismo y actualmente se concentran en recuperar sus negocios, sus equipos de trabajo y sus actividades productivas. "FENALCO debe estar donde están sus afiliados, especialmente en los momentos más difíciles. Queremos que sepan que no están solos y que el gremio seguirá acompañándolos en este proceso de recuperación", señaló.Cabal explicó que la reprogramación también busca que los empresarios de las regiones impactadas puedan participar en el Congreso una vez superen la primera etapa de la emergencia. "Nuestro Congreso es un espacio para analizar los grandes desafíos del país, aportar propuestas para su recuperación y reconstrucción y definir las prioridades del comercio y del sector empresarial", concluyó.
En medio del debate de control político que se llevó a cabo en la Comisión II del Senado por los bombardeos realizados en territorios con presencia de menores, el ministro de Defensa, el general (r) Jorge Mora, defendió las dos operaciones realizadas en Guaviare, que dejaron cinco menores muertos. Según el ministro, estas acciones respondían a un “deber constitucional” frente a la disputa entre las disidencias de 'Calarcá' y 'Mordisco', que, según dijo, ya deja más de 48 muertos en el departamento."Cuando nosotros determinamos atacar un grupo organizado en un área campamentaria, que se han reunido ahí para preparar un ataque a la población civil o a las tropas, o ir contra una comunidad de estas alertas tempranas, pues nosotros tenemos que actuar antes de que ellos actúen y cometan una masacre, un ataque, y terminen haciendo las acciones que todos los colombianos conocemos. Es una obligación. Aquí está en juego la acción o la omisión", afirmó el general (r) Mora.El ministro afirmó que ya son 11 menores de edad los que han fallecido en los combates que se llevan a cabo en Guaviare por las disputas por el control territorial, de las drogas y de actividades ilícitas entre las dos disidencias de las Farc. También dijo que 10 uniformados han sido asesinados, 16 han resultado heridos y cinco han sido secuestrados. Además, señaló que antes de las operaciones ya existían 368 alertas tempranas de la Defensoría.Ante esta respuesta, la senadora Jennifer Pedraza, una de las principales citantes del debate, calificó como un “falso dilema” el argumento presentado por el ministro. “Aquí nadie le está pidiendo a la fuerza pública que se quede quieta y que omita actuar si considera que es necesario. Sin duda alguna, puede existir la necesidad, pero la posibilidad de utilizar diferentes herramientas para actuar y para intervenir en una determinada región”, afirmó la senadora.Pedraza se refirió a diferentes operaciones militares, como el combate, ejercer presión y el arrinconamiento en el territorio. “Hay muchas herramientas, el ministro las enlistó, que se pueden utilizar y que se deben ponderar antes de tomar la decisión simplista de, no verificamos si hay niños y niñas, ignoramos las alertas tempranas, bombardeamos y después salimos a decir que fijo estaban en combate. Esa práctica sería negligente y violatoria del derecho internacional humanitario”, afirmó Pedraza.Por otro lado, el ministro de Defensa también se refirió a la adhesión de Colombia a la Coalición de las Américas contra los Cárteles, del pasado 12 de agosto, concretada en Ciudad de Panamá mediante un acuerdo firmado por el ministro de Defensa y el secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth. Mora aseguró que la soberanía del país no está en riesgo."Declaramos, y ahí lo establece la declaración, y ahí está mi firma y la firma del secretario de Guerra de los Estados Unidos, Pete Hegseth; eso fue lo que hicimos en Panamá. No estamos vendiendo la soberanía, ni aquí van a pasar tropas, ni aquí va a venir ninguna fuerza, ni de Estados Unidos, ni de Ecuador, ni de ningún país. Estén tranquilos, conozco la responsabilidad que atañe a mi cargo como ministro de Defensa", concluyó el general (r) Jorge Mora.
Bogotá decidió establecer nuevas reglas para el uso de celulares y otros dispositivos móviles en los colegios públicos y privados de la ciudad. La medida quedó contemplada en la resolución ‘(Re)conectarnos para aprender’, de la Secretaría de Educación, que da a las instituciones un plazo de seis meses para adaptar sus normas y definir cómo se manejará el uso de estos equipos durante la jornada escolar.La decisión se conoce en medio de la discusión sobre el impacto que tienen los dispositivos electrónicos en las aulas y después de los resultados de las pruebas PISA 2025. Los datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) muestran que la distracción causada por celulares es un fenómeno que también se presenta en otros países.De acuerdo con el informe, el 28 % de los estudiantes de 15 años, en promedio, aseguró que sus compañeros se distraen con celulares u otros dispositivos electrónicos en la mayoría o en todas las clases de ciencias. En Colombia, la cifra llega al 36 %.¿Por qué Bogotá restringirá el uso de celulares en los colegios?La medida está relacionada con la necesidad de reducir las distracciones durante las clases y favorecer la concentración de los estudiantes.Los resultados de PISA 2025 muestran además una relación entre la distracción digital y el rendimiento académico. Según la OCDE, en más de dos tercios de los países y economías participantes se identificó una asociación entre una mayor distracción causada por dispositivos digitales y un menor desempeño en ciencias.La preocupación por este tema también aumentó durante la pandemia, cuando los dispositivos tecnológicos adquirieron un papel central en los procesos educativos y el aprendizaje virtual.¿Cuánto tiempo tienen los colegios para aplicar la medida?Los colegios públicos y privados de Bogotá cuentan con seis meses para adaptar sus normas internas y establecer las condiciones para el uso de celulares y otros dispositivos durante la jornada escolar.La resolución plantea así un proceso de ajuste para que cada institución incorpore las nuevas disposiciones dentro de sus propias dinámicas.El objetivo señalado en la medida es abordar el uso de la tecnología en los espacios educativos y reducir las situaciones de distracción que puedan afectar el desarrollo de las clases.La discusión sobre los celulares en las aulas también hace parte de un debate internacional. Los datos citados de PISA 2025 muestran que la distracción digital no se limita a Bogotá o Colombia, sino que aparece en distintos sistemas educativos.