El jefe de la delegación del Gobierno en los diálogos de paz con la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, Armando Novoa, fue enfático en advertir “que la orden impartida por un juez promiscuo del Valle del Guamuez, en el Bajo Putumayo, de suspender el traslado de 100 combatientes del grupo ilegal Comandos de Frontera en este momento es de imposible cumplimiento, dado que las unidades de la coordinadora guerrillera ya se encuentran en el punto de preconcentración”.Novoa dijo a Blu Radio que los combatientes ya han sido trasladados vía helicóptero de los distintos puntos en donde ellos se encontraban operando a un punto cercano a la zona de ubicación y sería completamente incomprensible que en virtud de una orden judicial tuviéramos que devolverlos a sus zonas de origen para que siguieran ejerciendo la violencia en los territorios.El jefe negociador del Gobierno manifestó que ya procedieron a la impugnación inmediata de la decisión, como corresponde al procedimiento que establece el Decreto 2591 de 1991.Novoa llamó la atención en el sentido de la decisión del juzgado no es incompatible con que continúe avanzando ese proceso de reincorporación a la vida civil y también para que se adelanten las gestiones relacionadas con la consulta previa a algunas de las comunidades indígenas que entiendo fueron las autoras de la acción de tutela.Aseguró que antes de todas estas actividades que estamos realizando hubo una reunión con las autoridades y los resguardos indígenas del territorio y hay unos diálogos en curso que están a cargo de la Oficina del Consejero Comisionado de Paz, por eso nos sorprende la instauración de la acción de tutela y nos sorprende aún más que se imparta una orden que desde el punto de vista material es inejecutable.Indicó que hace cerca de un mes él personalmente estuvo presente en el Valle del Guamuez, en La Hormiga, en un punto denominado La Betania, en donde sostuvo una reunión con las comunidades indígenas y allí también estuvieron varias delegaciones de los países garantes que acompañan este proceso, equipos gubernamentales y las puertas del diálogo quedaron abiertas, diálogo que se ha venido adelantando.Mientras tanto, en la zona rural del municipio de La Hormiga, los preparativos para la concentración de los primeros 100 combatientes que están haciendo tránsito a la vida civil continúan y se espera que mañana jueves lleguen al área estipulada por las delegaciones de paz tanto del Gobierno como de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano.
Las declaraciones del presidente Gustavo Petro sobre los procesos de paz con grupos armados desencadenaron una respuesta pública de Armando Novoa, jefe negociador del Gobierno con la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, quien cuestionó que se generalicen todos los diálogos con grupos armados.La controversia comenzó luego de que el presidente Gustavo Petro escribiera en su cuenta de X que “El gran error de los procesos de paz es por parte de los negociadores del estado pensar que se tratan de grupos guerrilleros insurgentes y no lo son. Son organizaciones delictivas que controlan las economías ilícitas y por eso ellos controlan con armas los territorios donde se ubican esas economía”.En ese mismo mensaje, el mandatario sostuvo que cualquier negociación con esos grupos debe pasar por el desmantelamiento paulatino de las economías ilegales y contar con la participación de la Fiscalía en las negoviaciones juridicas.Luego de esto, Novoa publicó 13 mensajes en los que respondió al presidente y defendió los avances de la mesa con la Coordinadora Nacional - EB.“Señor presidente, en Consejo de Ministros que se llevó a cabo semanas atrás, usted mencionó los avances que ha tenido nuestra mesa de diálogos de paz que se adelantan en el sur del país con el GAO llamado Coordinadora Nacional-EB. Nuestra delegación ha logrado avances que deben conocerse. Esto, en medio de críticas que la mayoría de las veces parten de generalizaciones tendenciosas”, escribió en sus redes sociales.En conversación con Blu Radio, el negociador explicó que el objetivo principal de su respuesta era evitar que se hicieran “generalizaciones” sobre todos los procesos de paz abiertos por el Gobierno.“El análisis sobre los resultados de las diologos de paz tiene que hacerse en forma puntual sobre cada mesa. No se pueden hacer generalizaciones como las que están haciendo algunos precandidatos presidenciales que ya han incorporado a su lenguaje corriente la muletilla paz total, fracaso total”, afirmó.Según Novoa, la intención es dejar claro que, según afirma, esa mesa sí ha logrado avances concretos pese a las dificutades presentadas durante el proceso.También le envió un mensaje directo al presidente, al señalar que “es importante que el presidente lo tenga presente porque, en principio, decir que los grupos todos no son sino grupos criminales, pues, a pesar de que están vinculados con la economía del narcotráfico, de que tienen un control del territorio, de que desarrollan sus actividades al margen de la ley, eso ayuda poco porque es que en el caso nuestro fuimos encargados de una negociación política, y por eso nosotros mencionamos la ley y la resolución mediante la cual se me nombra a mí como jefe de delegación”.Uno de los apartes que más llamó la atención de su pronunciamiento fue el punto número seis, en el que aseguró que la Coordinadora Nacional-EB mantiene una “gobernanza armada” en sus zonas de influencia.Consultado sobre el significado de esa expresión, Novoa explicó que, aunque estos grupos no tienen una narrativa ideológica como la que tuvieron antiguas guerrillas, sí han construido estructuras de poder territorial.“A pesar de que no tienen eso, y son grupos desideologizados, sí tienen un accionar que está dentro del campo de lo político, porque han creado allí un orden en materia de economías ilícitas, de reglas de convivencia, de dispensa de justicia, que es supremamente y preocupante. Y si no tenemos un diagnóstico claro de cómo enfrentar ese problema, cualquier política de paz que se intente va a equivocarse porque ellos tienen un nivel de presencia territorial muy fuerte”.Y añadió, “yo a eso le llamo una gobernanza híbrida, otros le llaman una gobernanza criminal, para significar que tienen un poder político ilegal y al margen de la ley en el territorio que no se puede desconocer”.El negociador explicó además que uno de los objetivos de la mesa es precisamente lograr que esas estructuras abandonen no solo las economías criminales, sino también las formas de control social y político que han acumulado en distintas zonas del país.En ese sentido, Novoa insistió en que, aunque se trata de estructuras delincuenciales, sus dinámicas no se limitan únicamente al ámbito criminal. “Son, por supuesto, grupos delincuenciales, pero su actividad no se agota en eso”, afirmó, al explicar que dentro de la mesa también existen discusiones sobre reparación a víctimas, transformación territorial, bienes acumulados por el grupo y posibles procesos de justicia restaurativa.A su juicio, esa complejidad demuestra que el proceso no puede reducirse únicamente a un acuerdo de sometimiento con la Fiscalía.“Todos esos temas quedarían muy deficientemente tratados si simplemente les pedimos que hagan un acuerdo de sometimiento a la justicia. Entre otras cosas, como lo dice el propio presidente, no participa en ninguna mesa”, señaló.Frente al estado actual de los diálogos, Novoa aseguró que la mesa acaba de cerrar su séptimo ciclo tras una reunión realizada en Puerto Asís y confirmó que actualmente varias subcomisiones continúan trabajando.Además, señaló que ya avanzan los preparativos para el ingreso de aproximadamente 100 integrantes del grupo armado a la zona de ubicación temporal creada en el municipio de Valle del Guamuez.
El jefe de la delegación del Gobierno en los diálogos de Paz, Armando Novoa, ratifico la petición hecha en el Putumayo el pasado 23 de enero sobre la necesidad de que haya una destrucción comunitaria de laboratorios para el procesamiento de cocaína en Nariño y Putumayo.En Tumaco, Nariño, Novoa en diálogo con Blu Radio aseguró que esta sería una demostración real por parte de la Coordinadora Nacional Ejercito Bolivariano, disidencia de alias 'Walter Mendoza', de su compromiso por acabar la economía ilegal en esta región y una forma de avanzar en las negociaciones.Dijo que esta propuesta no tiene nada que ver con la reunión entre el presidente Gustavo Petro y Donald Trump en la Casa Blanca en donde se llegaron a algunos acuerdos, sino que ha sido un trabajo desde antes del viaje del mandatario en donde tienen la meta de sustitución de 30.000 hectáreas dedicadas a la producción de coca en Nariño y Putumayo.“Sería un hecho indeseable y quedaría gravemente lesionada la política de paz total del Gobierno en el sur de Colombia”, aseveró de lo que sería no lograr con este plan en esta zona del país.Pero sí mencionó que tras esta reunión hay nuevos retos que se deben asumir de manera inmediata por parte de las mesas de diálogos de paz, en especial con las disidencias de las Farc. Novoa fue enfático en que la petición del presidente ha sido materializar la sustitución de cultivos en comunidad, de las cuales 15.000 deben ser de Putumayo y otras 15.000 de Nariño, que esperan lograrlo antes de que termine marzo.Aseguró que, tras una reunión extraordinaria en el resguardo indígena de Inda Sabaleta y en la zona urbana de Tumaco, quedó ratificado el compromiso de las disidencias de vincularse de manera activa al proceso de sustitución y erradicación de cultivos de coca. También se creó un movimiento popular de campesinos, resguardos indígenas, comunidades étnicas, entre otros, en favor de la erradicación.Entre diciembre de 2025 y enero de 2026, más de 10.000 personas del Putumayo se han inscrito al programa RenHacemos en la región, según Novoa, demostrando así el “compromiso” de las comunidades para poder acabar con la economía ilegal.Por otro lado, Novoa manifestó que tiene la esperanza de que el nuevo ministro de Justicia entienda el tamaño y el reto que hay por delante, en especial por un proyecto del ministro anterior que, según él, afectó en este proceso y que esperan entre en discusión después del 15 marzo, fecha en que habrán pasado las elecciones al Congreso.Esta es el acta de diálogos de paz
Para las delegaciones del Gobierno y la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano es urgente que el Congreso acelere el trámite del proyecto de ley que fijará un marco judicial para el tránsito a la vida civil plena de combatientes y comandantes que se encuentran en conversaciones de paz. Confiaron en que, antes de terminar el año, el presidente Petro expida el acto legislativo que cree las zonas de capacitación integral y ubicación temporal en Nariño y Putumayo.Armando Novoa, jefe negociador del Gobierno, dijo a Blu Radio que “el hecho de que haya una campaña electoral en curso no libera a ningún congresista ni a ninguna congresista de cumplir con su misión institucional”.Aseguró Novoa que “por eso creemos que les corresponde examinar, discutir, tramitar y tomar las decisiones que a ellos les competen en relación con el tema del marco jurídico para la paz. Si deciden hundir ese proyecto, ellos tendrán que responsabilizarse frente al país por esa decisión, pero lo que no pueden hacer es guardar silencio u omitir esa obligación que establece la Constitución, porque los congresistas están elegidos para hacer leyes, no para eludir ese compromiso”, dijo Novoa.Con este llamado a los congresistas de la Comisión Primera de la Cámara de Representantes, terminó en Puerto Asís, en el medio Putumayo, la reunión de las subcomisiones jurídica, de seguridad y de transformaciones, que durante tres días centraron su objetivo en la construcción de los acuerdos para los protocolos que permitan poner en funcionamiento dos zonas de capacitación y ubicación temporal en zonas que están en discusión en los departamentos de Nariño y Putumayo.Armando Novoa, jefe negociador del Gobierno, aseguró a Blu Radio que, en un comienzo, habrá una inversión cercana a los 3.000 millones de pesos en la construcción de las zonas de ubicación integral temporal y que la presencia del jefe de Estado, Gustavo Petro, en Puerto Asís, Putumayo, es muestra del compromiso que tiene su Gobierno con la búsqueda de la paz total.Novoa dijo que la participación de más de 3.000 personas apoyando en el Putumayo este proceso que busca construir la paz es un hecho histórico que los obliga a reafirmar el compromiso de seguir construyendo hechos que avancen la paz en los territorios.Aseguró que las delegaciones, después de examinar distintos aspectos, avanzan en la consolidación de los siguientes documentos: Acuerdo Marco por el cual se establece una zona de capacitación integral y ubicación temporal y sus anexos; y el Protocolo para el funcionamiento de las zonas de capacitación integral y ubicación temporal en Nariño y Putumayo.Mientras tanto, Walter Mendoza, jefe de la delegación del grupo ilegal disidencias Farc - Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, señaló que, a pesar de que los tiempos en el Congreso están muy cortos, confía en la voluntad de los congresistas para sacar adelante el proyecto de ley que les permita tener garantías judiciales para llegar a las zonas de ubicación integral temporal.Existirá un protocolo de monitoreo, verificación y resolución de controversias en las zonas de capacitación integral y ubicación temporal, y señaló que el país debe estar tranquilo, que no se está negociando nada por debajo de la mesa. Finalmente, dijo que, en cumplimiento del acuerdo No. 12 de la MDP y teniendo en cuenta los decretos 1052 y 1053 del 7 de octubre de 2025, se continuará en el departamento de Nariño con el proceso de destrucción de las 14 toneladas de material de guerra.
“Como un paso decisivo en el proceso de desescalamiento en el aspecto militar de la violencia que hay en el territorio donde tienen presencia los frentes de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano”, calificó el jefe de la delegación del Gobierno, Armando Novoa, la firma del acuerdo que permitirá en menos de dos meses la destrucción de 14 toneladas de material de guerra.Según Novoa, este acuerdo se logró luego de tres días de intensos diálogos de la subcomisión de seguridad, que se reunió en la zona rural de Tumaco, en donde quedó pactado que la destrucción de este material bélico y de explosivos se hará en Nariño (9 toneladas) y en Putumayo (4.5 toneladas).“Esta es una excelente noticia para el avance de la política de paz total en Colombia y es un elemento que da credibilidad a los diálogos que hemos adelantado en la mesa de conversaciones”, dijo Novoa.Indicó que, para adelantar el procedimiento de destrucción, se creará una comisión técnica integrada por miembros de la Coordinadora Nacional y del Gobierno nacional, con el acompañamiento de la fuerza pública, que serán los encargados de identificar los terrenos a donde se trasladará el material explosivo para su destrucción, sin afectación al medio ambiente ni a las poblaciones que habitan estos territorios.Aseguró que, a partir de la firma del Acuerdo 12, se establece una hoja de ruta para la destrucción de material de guerra de aquí en adelante, de tal manera que ya no será necesario detenerse de manera innecesaria en la construcción de nuevos acuerdos, porque ya están definidos los parámetros generales para que la Coordinadora Nacional avance en la dejación de las armas ilegales que están en su poder.Dijo que las comunidades pueden estar tranquilas porque se está avanzando en la búsqueda de medidas muy claras en favor de la protección de sus derechos, especialmente el derecho a la vida. Destruir 14 toneladas de material de guerra debe tener un impacto significativo en esos territorios y cambia de manera importante la situación que viven actualmente los miembros de las comunidades.Por su parte, Walter Mendoza, jefe de la delegación de las disidencias de las Farc – Coordinadora Ejército Bolivariano, afirmó que este es un acto simbólico que tiene alcances políticos, jurídicos y humanitarios.“Es un material de guerra que va a quedar ya, pues, destruido, y eso es un gesto de buena voluntad. Hace parte de un acuerdo de la mesa de conversaciones entre el Gobierno Nacional y la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano”, señaló.Este acuerdo, firmado en el resguardo de Inda Zabaleta, zona rural de Tumaco, salvará muchas vidas. También se protegerá a las comunidades, porque al fin y al cabo es material de guerra que, en la guerra y en todas las guerras, se utiliza.Mendoza aseguró que, en cuanto a los explosivos, estos ya van a ser inutilizados, porque así quedó pactado, y han decidido que este es un verdadero gesto de buena voluntad por la paz, que permite avanzar positivamente en el proceso de diálogos entre las dos delegaciones.“Ese paso es muy importante en la destrucción de un material que no es cualquier cosa; es un monto aproximado de 14 toneladas de material bélico que irán a quedar totalmente destruidas”, dijo el jefe de la delegación del grupo ilegal.Hay unos protocolos ya acordados, un acta firmada, donde consta que eso va a ser destruido con procedimientos técnicos, funcionales y prácticos, como lo exige la comunidad internacional, precisó Mendoza.
Fuentes le confirmaron a Blu Radio que el pasado 9 de julio, en el Club de Banqueros de Bogotá, se llevó a cabo una reunión presidida por el ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, junto con los integrantes de la Comisión de Política Criminal, conformada por distintos abogados y catedráticos en derecho penal.El jefe de la cartera estuvo acompañado por dos de sus viceministros, y en el encuentro también participó Armando Novoa, jefe negociador del Gobierno con la Coordinadora Nacional del Ejército Bolivariano, una disidencia de las Farc.Blu Radio pudo establecer que en la reunión se presentaron dos borradores de proyecto de ley: uno respaldado por Montealegre Lynett y otro elaborado por el jefe negociador Novoa.Ambos borradores buscan reformar el tratamiento penal a actores armados en el marco de la paz total, pero con enfoques distintos. El proyecto respaldado por Montealegre propone modificar la Ley de Justicia y Paz (Ley 975 de 2005) para incluir a grupos armados actuales, civiles colaboradores y agentes del Estado, con penas alternativas de 2 a 8 años, entrega de bienes, reintegración territorial y medidas de resocialización. El otro plantea un régimen jurídico especial más amplio y flexible, que distingue entre grupos armados y estructuras de crimen organizado, prevé tratamientos diferenciados por rol, beneficios como libertad condicional y conservación parcial de bienes, y un procedimiento judicial colectivo más ágil. Ambos coinciden en la centralidad de la justicia restaurativa y la reparación de víctimas, pero difieren en la arquitectura legal y los mecanismos procesales.La discusión sobre el proyecto ha generado especial preocupación en Medellín y el Valle de Aburrá, donde se advierte que varios cabecillas de bandas criminales que participaron en el denominado 'tarimazo', un acto en el que se subieron a una tarima en un evento del Gobierno junto al presidente Gustavo Petro, podrían quedar en libertad condicional si se aprueban los beneficios propuestos. Incluso otros delincuentes de alto perfil, como Felipe Marín Silva, alias Pipe Tuluá, podrían acceder a esas mismas prerrogativas judiciales si cumplen los requisitos establecidos.Ambos documentos fueron socializados, y se acordó que en los próximos días se volverá a reunir la Comisión, junto con otras organizaciones de alcance nacional, para conocer en detalle los contenidos del proyecto, que ya empieza a generar desconcierto en algunos sectores políticos, a pocos días del inicio de un nuevo periodo legislativo.El senador Efraín Cepeda se pronunció al respecto: “Creo que sería burlar a la justicia. Que salgan todos los delincuentes a las calles de Colombia para que en la mañana se sienten en una mesa de negociación y en la noche delinquen… yo no estoy con eso”.
En diálogo con Blu Radio en la ciudad de Pasto, donde se cumplió la reunión de la subcomisión Marco Judicial de la Paz Total, el jefe de la delegación del Gobierno, Armando Novoa, aseguró que no hay un cese bilateral al fuego con la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano; sin embargo, manifestó su preocupación por las denuncias de las comunidades de la zona rural de Tumaco y Roberto Payán, en el Pacífico nariñense, en donde en los últimos días se han registrado combates entre el Ejército e integrantes del frente Alfonso Cano, grupo ilegal que hace parte de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano.“No tenemos información oficial, pero estamos consultando realmente qué pasó porque tiene que haber toda la seguridad en esas zonas para que el programa piloto acordado en la mesa de diálogos comience en el menor tiempo posible y se puedan sustituir las 15.000 hectáreas en Nariño y las otras 15 en Putumayo”, aseguró Novoa.El jefe negociador del Gobierno confía que este acuerdo con las disidencias de las Farc Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano no se retrase por culpa de esa ofensiva militar y aseguró que hay que brindarles a las comunidades toda la seguridad y tranquilidad para que puedan adelantar las actividades y compromisos establecidos en la mesa de diálogo con el Gobierno nacional."De tal manera que, aunque no hay una información precisa de los operativos militares que se están cumpliendo en la laguna de Chimbuza y otras zonas de Tumaco y Roberto Payán por parte del Ejército Nacional, vamos a solicitar un informe porque no tenemos el detalle de qué pasó en esa zona, porque nos interesa que haya las mejores garantías de tranquilidad y seguridad para las comunidades y que habrá espacio para iniciar esos programas pilotos de sustitución que comprenden 30.000 hectáreas en Nariño y Putumayo", dijo Armando Novoa.Advirtió que este programa se hará en dos fases, especialmente por los lados del municipio de Tumaco en Nariño, pero insistió en que las operaciones militares en contra de alguna estructura armada ilegal jamás son consultadas con la delegación del Gobierno en la mesa de conversaciones de paz.“Vamos a verificar las denuncias de las comunidades y, si es del caso, elevaremos las preguntas e inquietudes que desde nuestra delegación surjan alrededor de ese tema, pero primero tenemos que enterarnos adecuadamente para poder emitir una opinión de manera responsable”, afirmó Novoa.Es importante que Colombia conozca que en esta mesa de diálogo no hay un cese bilateral de fuego y así hemos trabajado durante casi un año de existencia de la mesa y, por otra parte, reiteró que nos interesa mucho que esos programas piloto de sustitución comiencen en el menor tiempo posible y con todas las garantías de seguridad y tranquilidad para las comunidades, indicó Armando Novoa, jefe de la delegación del Gobierno Nacional.
Armando Novoa, jefe negociador del Gobierno Nacional, reveló a Blu Radio detalles sobre la nueva ronda de diálogos que comenzará este lunes 10 de febrero en Bogotá. Novoa calificó esta etapa como “definitiva”, pues se espera avanzar en la fijación de una agenda concreta con su respectivo cronograma de actividades. “El 2025 debe ser el año no solo del acuerdo con la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, sino también del inicio de la implementación de los acuerdos alcanzados en estos diálogos de paz”, afirmó.El funcionario enfatizó en la importancia de establecer rutas, mecanismos e instrumentos para lograr que Nariño sea la primera zona de paz del país en el marco de estas negociaciones. Sin embargo, advirtió sobre denuncias hechas por las comunidades que deberán ser investigadas. “Debemos ser sinceros con Colombia e indagar las denuncias de constreñimiento, amenazas a líderes sociales y reclutamiento de menores en las zonas donde este grupo armado tiene presencia, particularmente en Nariño y Putumayo”, aseguró Novoa.Entre los principales puntos de la agenda, el jefe negociador destacó la seguridad en los territorios, el respeto al Derecho Internacional Humanitario y la implementación del plan piloto de transformación territorial. “Este plan contempla la sustitución de tres mil hectáreas de hoja de coca en Tumaco, acordado en diciembre para los departamentos de Nariño y Putumayo. Debemos agilizar su ejecución para avanzar en la superación de la violencia en estos territorios”, precisó.Implementación de los acuerdos y denuncias en PutumayoNovoa manifestó su expectativa de que en el segundo semestre del año comience la implementación de los acuerdos pactados con la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, lo que permitiría avanzar en un proceso de desescalamiento del conflicto en las zonas donde operan estas disidencias. “Las delegaciones del Gobierno nacional y la Coordinadora Nacional tienen la mejor voluntad para consolidar esta agenda de negociación. Serán jornadas largas hasta alcanzar el propósito de ambas partes”, aseguró.El encuentro, que se llevará a cabo entre el 10 y el 12 de febrero, tiene como objetivo definir los puntos de la agenda, pero también analizar las denuncias de constreñimiento a comunidades en Putumayo, el reclutamiento de menores y la presencia de hombres armados en zonas urbanas, lo que genera temor entre los habitantes ante eventuales confrontaciones.“Hay voluntad de nuestra parte para que la mesa de diálogo avance positivamente, pero es necesario hacer un análisis sincero de lo que ocurre en estas comunidades. Se han denunciado operativos de la Fuerza Pública, pero también se han reportado casos de constreñimiento por parte de algunos integrantes del grupo ‘Comandos de Frontera’ para influir en las elecciones atípicas en Putumayo. Esto no puede suceder si realmente estamos hablando de paz”, advirtió Novoa.Zona de paz y suspensión de operaciones militaresEl jefe negociador también se refirió al decreto anunciado por el Gobierno Nacional, que ya cuenta con el visto bueno del alto consejero para la paz, Otty Patiño. No obstante, aclaró que “aún es necesario afinar detalles relacionados con la puesta en marcha del programa piloto de transformación territorial, la suspensión de operaciones militares ofensivas en zonas acordadas y el desescalamiento del conflicto. Una vez el decreto esté finalizado, será sometido a consideración del presidente de la República para su aprobación”.Sobre la propuesta de las autoridades de Nariño de crear una zona de paz con un cese multilateral del fuego, Novoa destacó que “toda acción encaminada a traer tranquilidad a las comunidades será recibida con el mejor ánimo. Sin embargo, esta es una decisión que involucra a las Fuerzas Armadas, el Ministerio de Defensa y el alto mando militar, además del presidente de la República, quien tiene la última palabra en materia de orden público”.Finalmente, Novoa dejó claro que el Gobierno no permitirá que en Nariño ocurran hechos similares a los registrados en enero en el Catatumbo. “Nuestra delegación ha adelantado sesiones bajo estricta reserva, y estas no pueden ser objeto de análisis en los medios de comunicación”, subrayó.El funcionario reiteró que propuestas como la de Nariño serán evaluadas con las instancias pertinentes y añadió: “Nuestra meta es clara: lograr una paz definitiva que convierta a Nariño en la primera región de paz en Colombia”.
El Gobierno y la Segunda Marquetalia, comandada por alias 'Iván Márquez', empezaron un proceso de paz en Caracas, Venezuela, este lunes 24 de junio.La mesa se instaló en La Estancia, un centro cultural de la capital venezolana. Allí llegaron las delegaciones del Gobierno y de la Segunda Marquetalia y los países garantes y acompañantes del proceso.El jefe negociador del Gobierno será el exmagistrado del Consejo Nacional Electoral, CNE, Armando Novoa, quien se refirió al proceso. Teniendo en cuenta que la Segunda Marquetalia argumenta que hubo un entrampamiento contra ellos y justifican con eso su alzamiento armado, Novoa aclaró que, para el Gobierno, ninguna razón justifica el hecho de volverse a armar.“En cuanto al entrampamiento hemos agregado también que para nosotros, independiente de las razones que la Segunda Marquetalia ha invocado, no tiene justificación alguna que se hubieran nuevamente alzado en armas. Nosotros no compartimos ese criterio porque ese criterio tiene varios problemas; entre otros que en el fondo lo limita a un pleito entre el Estado y los firmantes del acuerdo que se encuentran en esta agrupación, dejando de lado toda consideración sobre la sociedad y las comunidades que deben ser protagonistas en estos procesos de paz”, señaló Novoa.Por otro lado, asegura que en Colombia hay mecanismos para reaccionar frente a posibles acciones de agresión por parte de algunas autoridades frente al acuerdo. Finalmente, aseguró que el tema del entrampamiento no debería hacer parte de la agenda de negociación.“El tema del incumplimiento y del famoso entrampamiento es un asunto de naturaleza judicial en donde tendrán que intervenir las autoridades que tienen competencia para esclarecer esos hechos; me refiero a la Fiscalía, a la JEP. Hay unos informes de la relatora de Naciones Unidas para los derechos humanos que mencionó de alguna manera ese aspecto, de tal manera que esta es una negociación de otra naturaleza y no podemos adelantar conceptos sobre un asunto que es de carácter judicial”, explicó Novoa.Por último, el jefe negociador también se refirió a la posición del Gobierno frente a la implementación del acuerdo de paz firmado en 2016 con la extinta guerrilla de las Farc.“El Gobierno ha sido claro en el sentido de que la implementación del acuerdo del año 2016 no se ha llevado a cabo de la mejor manera y ha llamado la atención sobre la necesidad de que lo que se llame el acuerdo político y social de carácter nacional incorpore en uno de sus aspectos vertébrales precisamente esta materia”, explicó el exmagistrado del CNE.
En medio de las denuncias de supuesto fraude electoral por parte de algunos candidatos y partidos tras la jornada de votaciones que definió el nuevo Congreso de la República y los candidatos de consultas, el exmagistrado del Consejo Nacional Electoral (CNE) Armando Novoa dijo que cuestionar la transparencia del proceso electoral es prematuro. Novoa explicó el funcionamiento del sistema electoral en el país y habló de las razones por las que, a su juicio, es apresurado hacer señalamientos. “Es prematuro decir que estamos en evidencia de un fraude de gran escala. No sería cierto decir que no existen irregularidades, solo lo vamos a saber cuando se pronuncie el Consejo de Estado, que será en unos 3 o 4 años”, declaró Novoa. Según el exmagistrado, los jurados están en la obligación de encontrar la verdad y tomar decisiones si existen tachaduras en los formularios E-14 y para ello, "Para ello, se deben abrir las bolsas en donde están los votos y realizar un reconteo. Lo importante es generar las denuncias en este momento, pues después no será posible”, describió. "La Fiscalía va a presentar una información clara a la ciudadanía para aclarar esas situaciones. Hemos tenido evidencia en que los jurados de votación no respetan a diferencia electoral. El jurado tiene que respetar la garantía de la imparcialidad. No hay evidencia aún que no se hayan cumplido ese principio, pero tampoco que se hayan cumplido de manera estricta", explicó.Según el exmagistrado Novoa, el peligro de fraude está entre primera y segunda vuelta y podría hacerse con "dinero contante y sonante".Las cifras han sido verificadas previamente por los testigos electorales en cada mesa de votación, y causa "impresión" ver esos errores en la plataforma y se debe revisar qué es lo que sucedió. "El señor fiscal general de la Nación dijo el lunes que no había existido el hackeo del sistema de información y que había sido un error de la Registraduría por pésima planeación. Entonces, ¿quién está mintiendo el fiscal o el registrador?", cuestionó. "Después del domingo se empezó a verificar el escrutinio. El preconteo es una decisión apresurada mas no decisiva y puede generar malestar. Solo se verifica en el escrutinio", concluyó.
La crisis financiera que enfrenta Canacol Energy comienza a generar preocupación en diferentes sectores económicos del país, luego de que una corte en Alberta (Canadá) autorizara, dentro del proceso de reestructuración de la compañía, la terminación anticipada de varios contratos de suministro de gas. La decisión, que aún deberá ser evaluada por la Superintendencia de Sociedades en Colombia, encendió las alarmas entre empresas e industrias que dependen del combustible para mantener sus operaciones.Una de las voces más preocupadas es la de Ricardo Gaviria, presidente de Cerro Matoso, quien advirtió en entrevista con Mañanas Blu que la continuidad de la operación de la mina de ferroníquel depende directamente del abastecimiento de gas natural y que una interrupción del suministro tendría consecuencias económicas y sociales de gran magnitud.Sin gas, Cerro Matoso tendría que detener su producciónDurante la entrevista, Gaviria fue enfático en señalar que el gas natural es un insumo indispensable para el funcionamiento de la planta industrial ubicada en Montelíbano, Córdoba."Nosotros sin gas simplemente no podemos operar y resulta que las líneas de producción se tendrían que parar. (...) La reparación de una línea sería alrededor de 450 mil millones de pesos y la otra costaría más o menos 770 mil millones de pesos", afirmó el directivo.Explicó que un eventual apagado de los hornos industriales provocaría daños irreversibles en los materiales refractarios, lo que obligaría a realizar millonarias reparaciones antes de reiniciar la producción.Además del impacto operativo, Gaviria advirtió que una suspensión de actividades pondría en riesgo el sustento de miles de familias."Somos más o menos 2.000 empleados entre directos e indirectos y alrededor de 50.000 personas dependen de la operación de Cerro Matoso en el territorio", sostuvo.La preocupación se extiende a toda la Costa CaribeEl presidente de Cerro Matoso señaló que la problemática trasciende el ámbito empresarial, pues una parte significativa del suministro de gas en la región Caribe depende de Canacol Energy.Según explicó, la eventual cancelación de contratos podría afectar tanto a grandes industrias como a usuarios residenciales, en un contexto en el que Colombia enfrenta una reducción en las reservas de gas y una creciente necesidad de importar este energético."No sería solo la demanda nuestra de Cerro Matoso, sino la demanda del 50% de las poblaciones de la Costa Caribe colombiana", indicó durante la entrevista.Esta situación se suma a las advertencias que han realizado empresas distribuidoras del servicio de gas natural sobre los riesgos que tendría una disminución en el abastecimiento nacional.Importar gas no sería una solución viableConsultado sobre posibles planes de contingencia, Gaviria reconoció que actualmente no existe una alternativa inmediata para reemplazar el suministro que entrega Canacol.Explicó que el país cuenta únicamente con una planta de regasificación en Cartagena y que depender completamente del gas importado elevaría considerablemente los costos de operación."Tendríamos que importarlo, pero además con unos costos altísimos que no harían la operación viable y sostenible desde el punto de vista financiero", aseguró.A esto se suma la limitada infraestructura disponible para atender un aumento significativo en la demanda de gas importado.Cerro Matoso apelará la decisión de la Corte canadienseEl directivo aclaró que la autorización otorgada por la Corte de Alberta no consiste en una suspensión temporal de los contratos, sino en la posibilidad de terminarlos anticipadamente, situación que considera mucho más delicada.Por ello anunció que la empresa ejercerá los recursos legales disponibles: "Tenemos 21 días para apelar este fallo y le vamos a solicitar a la Corte canadiense una segunda instancia con el fin de que se revoque esta decisión", explicó.Mientras se desarrolla ese proceso, Cerro Matoso espera que las autoridades colombianas intervengan dentro de sus competencias para proteger la estabilidad del sistema de suministro de gas.Llamado al Gobierno y a las autoridadesDurante la entrevista, Gaviria hizo un llamado a la Superintendencia de Sociedades, la Superintendencia de Servicios Públicos, la Agencia Nacional de Hidrocarburos y al Ministerio de Minas y Energía para buscar una solución que permita garantizar el abastecimiento.El directivo insistió en que una renegociación contractual es diferente a la cancelación unilateral de los acuerdos vigentes: "Tenemos que garantizar el ordenamiento jurídico y los derechos que se tienen ante estos contratos. Una cosa es renegociar un contrato y otra muy distinta es cancelarlo", manifestó.Asimismo, señaló que diferentes empresas consumidoras de gas han intentado dialogar con Canacol para encontrar mecanismos que ayuden a superar su crisis financiera sin afectar el cumplimiento de los contratos, aunque hasta ahora esas conversaciones no han prosperado.
Cambio Radical le hizo una solicitud tanto a la Procuraduría como a la Contraloría para que se conformen unos equipos de vigilancia y control en todas las entidades del Estado. La idea, según dicen desde esta colectividad, es hacer control a los recursos públicos durante la transición al nuevo gobierno."Con la llegada del nuevo Gobierno, cuyo mandato inicia el próximo 7 de agosto, resulta imperativo que los organismo de control del Estado ejerzan una y sin concesiones sobre los procesos contractuales que se adelanten o pretendan celebrarse en todas las entidades públicas del orden nacional y territorial", dice la carta del partido.Es importante recordar que el presidente electo Abelardo De La Espriella ya está conformando sus equipos de empalme. Desde Cambio Radical le piden a la Procuraduría y Contraloría que monitoreen en tiempo real los procesos de contratación e impidan la celebración de contratos que comprometan indebidamente el presupuesto público o afecten la capacidad de gestión del gobierno entrante."El Gobierno en curso ha demostrado, a lo largo de su periodo, que la contratación pública no ha sido respetada ni protegida; las adjudicaciones irregulares, la falta de transparencia en los procesos contractuales y el detrimento del patrimonio público ha sido una constante que compromete los recursos del Estado y lesiona gravemente los intereses de los colombianos", dice Cambio Radical.
La Corte Constitucional recibió para estudio una demanda presentada contra la Ley 2578 de 2026, norma que estableció el 9 de julio como día festivo nacional en homenaje a Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá. Con este proceso, el alto tribunal deberá determinar si la creación del nuevo festivo es compatible con los principios establecidos en la Constitución Política.La acción fue presentada por el ciudadano Rodrigo Ospina Ortiz, quien sostiene que la ley desconoce el principio de neutralidad religiosa que debe regir al Estado colombiano. Según expuso en la demanda, declarar un día de descanso obligatorio para rendir homenaje exclusivamente a una figura central de la religión católica podría vulnerar el carácter laico de las instituciones públicas y el principio de igualdad frente a las distintas confesiones religiosas.Además de los reparos de carácter constitucional, el demandante planteó cuestionamientos relacionados con las consecuencias económicas de la medida. En su criterio, la creación de un nuevo día festivo implica efectos sobre la planeación institucional, la organización de los turnos laborales y el incremento de costos, tanto para las entidades públicas como para el sector privado.La Ley 2578 de 2026 convirtió oficialmente el 9 de julio en día festivo nacional en conmemoración de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá, patrona de Colombia. En su contenido, la norma resalta la importancia histórica, cultural y religiosa de esta celebración, especialmente en el municipio de Chiquinquirá, en Boyacá, considerado uno de los principales centros de peregrinación del país.Con la demanda ya radicada, corresponderá ahora a la Corte Constitucional adelantar el estudio de fondo para establecer si la creación de este nuevo festivo se ajusta a los mandatos de la ley o, por el contrario, vulnera el principio de separación entre el Estado y las confesiones religiosas.Mientras se surte ese análisis constitucional y no exista una decisión definitiva del alto tribunal, la Ley 2578 de 2026 continúa vigente, por lo que el 9 de julio mantiene su condición de día festivo nacional en Colombia.
En confusos hechos, un escolta privado asesinó a un subintendente de la Dijín en una serviteca del municipio de Caucasia. El señalado victimario fue capturado y le incautaron la pistola.Un nuevo hecho violento que ahora es materia de investigación se registró en las últimas horas contra un miembro de la fuerza pública en el Bajo Cauca antioqueño.Se trata del subintendente Gabriel Antonio Bohórquez adscrito a la Grupo Antiterrorismo de la Dijín, quien fue atacado con arma de fuego por parte de un escolta privado cuando se encontraba en una serviteca del barrio El Triángulo en el municipio de Caucasia.Según el reporte preliminar, la víctima, de 37 años de edad, estaba en este lugar acompañado de otro uniformado realizando el cambio de aceite de una camioneta de la institución. Posteriormente, al lugar llegaron tres personas con el propósito de efectuar mantenimiento a un vehículo y el señalado victimario accionó su arma cuando se percató que los policías estaban armados.Posterior a los hechos las autoridades lograron establecer que las tres personas prestaban servicios de seguridad a un funcionario logístico de una compañía textil que había retirado 112 millones de pesos en efectivo y se dirigía al municipio de Vegachí. El reporte es de Jhoan Oderis Montes, alcalde de Caucasia.“Se presentó un intercambio de disparos y, desafortunadamente, costó la vida de un miembro de la fuerza pública. Esto debido a confusiones. Queremos dar ese parte de tranquilidad a la comunidad en donde estamos trabajando por la seguridad y mantener el orden de nuestro municipio", aseguró.En el lugar fue capturado el hombre responsable de disparar contra el intendente Bohórquez, quien llevaba 16 años y nueve meses de servicio en la Policía, así como le fue incautada una pistola Córdova calibre nueve milímetros.
El jugador venezolano del Atlético Bucaramanga, Leonardo Flores, hizo un llamado a los santandereanos para que continúen apoyando la campaña de recolección de ayudas destinadas a los damnificados por los terremotos que sacudieron a Venezuela.Desde el centro de acopio, ubicado en la calle 18 #21-52 de Bucaramanga, el futbolista agradeció la solidaridad que ha recibido la iniciativa y aseguró que las donaciones siguen siendo fundamentales para atender la emergencia."Quería agradecerles a todos por su granito de arena, por el apoyo que nos han brindado. Las personas que quieran seguir ayudando y colaborando con la causa, sabiendo la devastación que ocurrió en Venezuela, pueden acercarse y hacer su donación", expresó Flores.El jugador invitó a la ciudadanía a llevar agua, alimentos no perecederos y otros insumos de primera necesidad. Además, indicó que el punto de recolección permanecerá habilitado las 24 horas del día para facilitar la entrega de ayudas.Flores reiteró que cada aporte representa una esperanza para miles de familias que hoy enfrentan las consecuencias del desastre natural y agradeció nuevamente el respaldo de los bumangueses a esta causa humanitaria.