Durante su visita a Ocaña, Norte de Santander, el presidente Iván Duque comparó el régimen de Nicolás Maduro y el Cartel de los Soles con una Bacrim.Según Duque, el vecino país tiene convenios con ‘Los Caparros’, los ‘Los Pelusos’ y el Clan del Golfo, grupos armados que delinquen en Colombia y que han causado daños violentos, especialmente, con temas de narcotráfico, denuncias que son conocidas y que se han llevado a instancias legales internacionales.Bacrim, que significa bandas criminales, es un nombre que la Policía asignó a agrupaciones de crimen y narcotráfico de vieja data que afectan a las regiones y a sus ciudadanos, como es el caso de Norte de Santander“Lo que hemos visto (de este departamento) es de adaptarse, reinventarse, para no depender únicamente del estado de ánimo de un dictador, sino tener su economía pujante y mirar a distintos lugares”, señaló Duque.Para seguir animando esta independencia de economía, el mandatario informó que su Gobierno adelanta inversiones por más de siete billones de pesos en Norte de Santander, entre los proyectos de inversión, como obras del acueducto metropolitano que beneficiarán a los municipios de Villa del Rosario, Cúcuta y Los Patios.
Tras varios meses de investigación miembros del Guala de la Policía del Atlántico, en coordinación con la Fiscalía especializada, desarrollaron la operación ‘Faraón’ la cual dejó la captura de cuatro presuntos integrantes del grupo delincuencial organizado ‘Los Papalópez’, entre ellos su cabecilla.Según las autoridades, estas personas son requeridas por los delitos de concierto para delinquir con fines extorsivos.Según el Gaula, los capturados serían los responsables del cobro de extorsiones a pequeños y medianos comerciantes, a empresarios del transporte público formal e informal, transporte de alimentos y comunidad en general de los barrios la Chinita, La Luz y El Ferrry.La Policía informó además que entre los capturados se encuentra Raúl Onasis Bornacelly González, alias el ‘Cabezón’, quien figura como el líder de esta banda. Este hombre tiene más de 15 anotaciones judiciales los delitos de extorsión, homicidio y concierto para delinquir en entre los años 2018 y 2019.En los operativos también fue capturada una mujer identificada por la policía como Mayra Alejandra Freyle Herrera, quien cobraba extorsiones. Durante los allanamientos les encontraron un arma de fuego y varios proveedores.Autoridades informaron que con estas capturas lograron esclarecer cuatro casos de extorsión denunciados y se evita el pago de veinte millones de pesos mensuales aproximadamente en extorsiones, dineros que hacían parte de las rentas criminales de este grupo delincuencial.
BLU Radio conoció en primicia las más recientes cifras del ACCAM o Análisis de las Capacidades Criticas de la Amenaza, informe que se realiza semestralmente y que lo nutren todas las entidades de inteligencia e investigación del Estado como lo son: la Fiscalía, el Ejército, la Policía, la DNI, la UIAF y Alta Consejería de la Seguridad de la Presidencia de la República. Cifras que muestran la radiografía de la criminalidad en Colombia.Según las cifras del ACCAM, los Grupos Armados Organizados Residuales o disidencias de las FARC pasaron de 2.363 hombres en armas a 4.558. Es decir, la cifra se duplicó en el 2019. Además, tienen influencia en 4.505 veredas del país, 138 municipios y 20 departamentos del país.Disidencia al mando de Gentil DuarteBajo el mando de alias 'Gentil Duarte' e 'Iván Mordisco' figuran 2.398 integrantes.'Gentil Duarte', 'Iván Mordisco' y 'Jhon 40', tienen bajo su mando 16 estructuras, con zona de influencia en Guaviare, Vaupés, Meta, Arauca, Guainía, Vichada y Casanare’La segunda Marquetalia’Sobre ‘La segunda Marquetalia’ o la estructura al mando de 'Iván Márquez' y 'Jesús Santrich', dice el documento que tienen bajo su mando 765 integrantes.Este GAOR tiene injerencia en los estados de Amazonas, Apure, Bolívar y Zulia para la explotación ilícita de yacimiento y el tráfico de narcóticos con carteles de Brasil, México y Venezuela.Además, tienen 10 estructuras, con influencia criminal Antioquia, Huila, Córdoba, Caquetá, Cesar, La Guajira, Arauca y Norte de Santander.Otras organizaciones legales independientesSegún el ACCAM, hay seis estructuras que no están bajo el mando de de 'Iván Mordisco'ni de 'Iván Márquez'. Estas tienen presencia criminal en los departamentos de Nariño y Putumayo, con aproximadamente 1.016 hombres en armas y 379 red de apoyo a estructuras residuales (E- Oliver Sinisterra, E- Guerrillas, Unidas del Pacifico E- Contadores, E- 29, E-48 y C- 48))Sobre el ELNFinalmente, dice el documento que el ELN tiene 2.541 hombres en armas y 2.253 integrantes de la red de apoyo al terrorismo, para un total de 4.794.
A propósito de la conmemoración del Día de las Manos Rojas, la Defensoría del Pueblo informó que hasta el cierre del año pasado se emitieron 73 alertas tempranas en las que se advierte sobre los riesgos de reclutamiento forzado de niños y adolescentes principalmente en los departamentos de Antioquia, Nariño, Cauca, Chocó, Meta y Norte de Santander.Le puede interesar: Incautan arsenal de guerra en Bello que iba a ser vendido al ELNSegún la Defensoría, los grupos armados al margen de la ley que realizan estas actividades ilegales son las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, el Ejército de Liberación Nacional y las disidencias de las Farc."La Defensoría quiere manifestar su preocupación con relación al reclutamiento de niños, niñas y adolescentes en el país, por eso hacemos un llamado a las autoridades para poner en práctica los planes de prevención y la política pública relacionada con el reclutamiento y la utilización de los menores en la guerra", señaló Luz Mila Cardona, defensora delegada para Infancia.La Defensoría reiteró al Gobierno que debe generar entornos de protección para los menores, lograr la reducción progresiva de todas las formas de violencia y explotación en su contra y garantizar sus derechos, así como tener mecanismos que faciliten la articulación intersectorial.
La Fundación Nydia Erika Bautista envió una carta a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con sede en Washington sobre la agresión que sufrió en las últimas horas en la que un hombre, que no se logra reconocer en los videos de seguridad, rompe las ventanas de la casa en la que opera la organización. En el documento señala que los hechos se dieron en la misma noche del atentado a Alfamir Castillo, la madre de un joven asesinado y dado como una baja de la guerrilla. “Como un mensaje de advertencia y amedrentamiento por su labor de denuncia y defensa de los Derechos Humanos de las víctimas de desaparición forzada ante la justicia ordinaria y ante la Jurisdicción Especial para la Paz, recibieron hoy las lideresas de la Fundación Nydia Erika Bautista, organización de víctimas de desaparición forzada, el ataque a su sede nacional ubicada en Bogotá, perpetrado cuando fueron destruidos los vidrios de la fachada principal del primer piso de la misma”, dice la carta entregada a la CIDH. Esta fundación ha registrado y documentado a las supuestas víctimas de falsos positivos por las que ha sido investigado el general Mario Montoya. En otro de los apartados del documento, la organización le hace saber de sus indagaciones a la CIDH. “Desde octubre de 2018, la Fundación se presentó ante la JEP, solicitando acreditar varias víctimas en el caso del general Montoya, denegado hasta hoy, y realiza enormes esfuerzos preparatorios para la presentación de más de 300 casos de desaparición forzada ante la Comisión de la verdad”, agrega el texto. Vea también: Naciones Unidas en Colombia rechazaron atentado contra Alfamir Castillo En el 2014, tras las denuncias de la Fundación, la Fiscalía capturó un militar involucrado en las desapariciones forzadas en Bogotá. El texto a la CIDH concluye con la relación entre el atentado a Alfamir Castillo y el hostigamiento a la casa en un barrio en la capital. Hay que recordar que en lo corrido del 2019 van siete líderes sociales asesinados y, según las cifras de la Defensoría del Pueblo, en total más de 400 desde el 2016. El fiscal general aceptó sistematicidad en los homicidios a los líderes sociales, muchos de ellos se han cometido por organizaciones ilegales como las Bacrim, las disidencias de las FARC y el ELN. Así como un pequeño número ocurrido por miembros de la propia fuerza pública.
El Clan del Golfo, el ELN y las disidencias de las Farc se estarían asociando con contrabandistas para ingresar de manera irregular armas, estupefacientes y mercancía ilegal al país. La Policía Fiscal y Aduanera ha registrado esta actividad criminal en más de 300 rutas fronterizas por donde pasan dichos elementos, los cuales, según autoridades, también son utilizados para actos terroristas. Esta poderosa alianza criminal ha hecho que el negocio del contrabando sea casi incontrolable; mientras la Policía destruye 100 rutas ilegales en el año, los grupos delincuenciales violentan a diario la zona fronteriza para ingresar material bélico, droga y dinamizar el contrabando en el país. Vea también: Santander dejó de recibir $20.000 millones por contrabando de licores "Estos pasos se inhabilitan y rápidamente se vuelven (a) habilitar por estos grupos al margen de la ley, lo que hace que el trabajo de las autoridades sea estéril", dijo el general Juan Carlos Buitrago. Así mismo, el director de la Policía Fiscal y Aduanera aseguró que "aquí hay evidencia de que el ELN, las disidencias de las Farc, el Clan del Golfo, las bacrim y otras estructuras criminales están articuladas trabajando de manera directa con contrabandistas que se mueven a lo largo de la zona". Lo más crítico de este crimen, que le ha generado pérdidas al país por más de 6.000 millones de dólares anuales, es que también está permeando a las instituciones; durante lo corrido del año han sido capturados más de 50 funcionarios por corrupción al recibir dinero de manos de contrabandistas.
Desde la Dijin, donde coordina acciones conjuntas con la Policía para combatir el crimen organizado, Claudia Carrasquilla, directora seccional de Fiscalía, se refirió al proceso de sometimiento a la Justicia del Clan del Golfo.“El Clan del Golfo no ha presentado ante la fiscalía ninguna solicitud de sometimiento a la justicia. No hay ningún avance en ese sentido. Lo único que ocurrió en que cabecillas de la organización “La Ofician” que delinque el Medellín y que ya están capturados, hicieron la solicitud de someterse, pero ellos no tienen acogida en esta ley”, explicó Carrasquilla.El Clan del Golfo ha insistido en que está en proceso de socialización de la ley para tomar una decisión, lo que ocurriría con el próximo gobierno.
Según el alcalde de Medellín, se estarían presentando dos grandes confrontaciones entre cuatro grupos delincuenciales de la comuna 13 y se está ofreciendo una recompensa de hasta $20 millones por los principales cabecillas. Asimismo, aseguró que estos grupos recibirían órdenes de alias ‘Tom’, ‘Pesebre’, y ‘Douglas’, quienes se encuentran recluidos en las cárceles La Picota y Cómbita. Gutiérrez hizo un llamado al Gobierno Nacional para que se revise lo que está sucediendo en las cárceles y no permitir estos cabecillas no continúen delinquiendo desde allí. Por su parte, el director seccional de Fiscalías de Medellín, Raúl González, aseguró que los 26 homicidios que se han registrado en los últimos días en la comuna 13 serán imputados a los principales cabecillas que se encuentran en las cárceles.Lea además: Audios: Las órdenes de 'Carlos Pesebre' a los combos de Medellín desde prisión “La línea de mando es responsable por lo que hagan sus actores delictivos en estos territorios”, afirmó González. El general Oscar Gómez, comandante de la Policía Metropolitana, afirmó que, incluso, la banda delincuencial La Agonía sería la responsable de la incineración de un bus de servicio público de la empresa Coonatra ocurrida en la tarde de este jueves. Dos rutas de buses, Floresta San Juan 242 y 243, salieron a paro debido a este hecho violento, afectando a miles de usuarios del centro occidente de Medellín. De los 51 buses que operan esta ruta, sólo 10 estarían prestando el servicio.
En entrevista con BLU Radio, el senador Iván Cepeda, pieza clave en la ley de sometimiento de las bandas criminales, sancionada este lunes por el presidente Juan Manuel Santos, resaltó la voluntad que ha manifestado el Clan del Golfo de desmovilizarse. “Ha habido una manifestación expresa de voluntad de someterse, antes, durante y después de la aprobación de esta ley. Aquí hay que esperar los hechos que son los que podrían ratificar esa voluntad”, precisó. Añadió que sus contactos fueron, no con alias ‘Otoniel’, jefe de la banda criminal, sino con voceros que representan la organización, aún sin pertenecer a ella. En ese sentido el legislador reveló que se está trabajando para que ‘Otoniel’ se entregue antes de que termine el gobierno de Juan Manuel Santos. “Esa es la intención y en eso se está trabajando. El Gobierno actúa sobre la base de las manifestaciones que se han hecho públicas y en privado”, añadió. Cepeda agregó que aún no se conoce, a ciencia cierta, cuántos hombres entregarían las armas y enfatizó en que lo que sí se espera es que se logre desmontar la columna vertebral de la organización criminal. Vea además: Abatido alias ‘Robinson’, hombre de confianza de ‘Otoniel’ “El Clan del Golfo dice tener 5.000 hombres en armas, el Gobierno habla de 3.000, pero lo esencial es lograr que las figuras de la organización puedan desmovilizarse”, puntualizó. Finalmente, sobre las penas que contempla la ley, según las cuales pagarían en colonias agrícolas, Cepeda dijo que eso ya lo contempla el Código Penal y que no hay concesiones a los criminales. “Aquí no hay ninguna razón para señalar que se están haciendo concesiones”, puntualizó.
Así quedó establecido en la ley de sometimiento colectivo de las bandas criminales, sancionada por el presidente Juan Manuel Santos.Vea también Ley para someter Bacrim se presentará con mensaje de urgencia por vía ordinariaEl artículo 59 de la ley de sometimiento de organizaciones criminales deja claro que todo miembro de un grupo armado organizado que se someta a esta ley no irá a la cárcel. Este es uno de los grandes beneficios que el Gobierno Nacional otorgará a quienes dejen sus armas, desvinculen a menores de edad, entreguen bienes y dejen sus actividades delictivas en general.Según el documento, el Gobierno Nacional debe reglamentar esas condiciones especiales de reclusión que se aplicarán a los miembros de los grupos armados organizados. Sin embargo, desde ya es claro que esas condiciones serán carcelarias e intramurales, pero en “colonias penales agrícolas” transitorias pues solo podrán estar en ellas máximo tres meses hasta que les definan la pena.Hay que aclarar que, aunque las rebajas de penas se fijaron como un beneficio en esta ley de sometimiento, actualmente, cualquier persona que acepte un delito puede tener hasta el 50 % de disminución.Zonas de reunión:El artículo 40 deja también claro que los miembros de estas organizaciones irán desde el día uno de su entrega a la justicia a unas ‘zonas de reunión’ que deberá determinar también el Gobierno Nacional, teniendo en “cuenta la zona de influencia de la organización y el número de personas que pretenden sujetarse”.Desde esas zonas, los grupos se reunirán en la fecha y lugares definidos para cumplir varios requisitos, algunos de ellos, por ejemplo, la desvinculación de los menores edad y la entrega de todos los elementos ilícitos en su poder.Pero lo más importante, es que la judicialización de sus miembros, es decir las audiencias de juzgamiento, será en esas zonas de reunión. Así las cosas, los jueces especiales deberán trasladarse a esos lugares para cumplir con las diligencias.Así funciona la la ley de sometimiento de organizaciones criminales:La ley de sometimiento de organizaciones criminales trae muchos cambios de fondo para el actual sistema penal acusatorio. Controles de investigación y judicialización para quienes cometan delitos relacionados con terrorismo, lavado de activos y corrupción que demuestren qué estaban agrupados para delinquir. Blu Radio le explica cuáles son los cambios más importantes para el país por dicha ley.Líderes sociales Uno de los cambios más trascendentales para el país, por la coyuntura nacional de asesinatos a líderes sociales (178 asesinados entre 2016 y 2018), es la creación del delito de ‘Amenazas contra defensores de derechos humanos y servidores públicos’.A partir de este momento, a quienes atemoricen o amenacen a una persona que ejerza actividades de promoción y protección de los derechos humanos, a los a familiares de los defensores, a dirigentes políticos y a líderes sindicales podrán incurrir en penas de 7 a 10 años de prisión.Penas más altas a corruptosA todos los que se sometan a la ley se les imputará concierto para delinquir agravado lo cual aumenta las penas de 3-6 años a 4-9 años.Ahí entran quienes incurran en tráfico de niños, niñas y adolescentes, trata de personas, tráfico de migrantes, financiación de grupos de delincuencia organizada y administración de recursos relacionados con actividades de la delincuencia organizada, ilícito aprovechamiento de los recursos naturales renovables, contaminación ambiental por explotación de yacimiento minero o hidrocarburo, explotación ilícita de yacimiento minero y otros materiales, y delitos contra la administración pública o que afecten el patrimonio del estado.Este último, conocido como corrupción. Incluso, los funcionarios que hagan parte de ese concierto se les aumentará la pena en el doble, que sería de 8-18 años de prisión.Control de llamadas desde la cárcelUno de los puntos más polémicos es el artículo 11 de la ley. El gobierno ordena que cuando se produzcan llamadas de dispositivos de telecomunicaciones ubicados en cárceles, los operadores de redes y servicios de telecomunicaciones deberán disponer lo necesario para informar al destinatario de la llamada, el lugar del nombre y establecimiento desde el cual se origina la comunicación. Los operadores que no cumplan el artículo deberán pagar millonarias multas.Tema ElectoralCon el fin de proteger los certámenes electorales del país, la ley aumentó en una tercera parte la pena a los miembros de GAO y de GDO que cometen el delito de Constreñimiento Electoral.Sobre La PazHay varios puntos que pretenden proteger el desarrollo normal de los denominados territorios de paz. Algunos de ellos son: que se extiende el delito de constreñimiento ilegal a miembros, testaferros y colaboradores de GAO y GDO que impidan u obstaculicen el avance de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), pasando de 1.4 y 3 años a una peña entre 4 y 6 años.También se aumentan penas a quienes usen uniformes o insignias y porten armas en esos territorios.Investigación y labores de rastreoUno de los puntos a resaltar es que a partir de este momento las autoridades podrán nombrar agente especial a un miembro de alguna organización que colabore con la justicia delatando o brindando información privilegiada que lleve a las autoridades a resultados importantes. Hoy solo se les llama informantes.Jueces y audienciasLa ley creó unos Jueces de control de garantías especiales para grupos delictivos y grupos armados organizados. Ellos deberán desplazarse hasta las zonas de reunión (determinadas por el Gobierno Nacional) para realizar las audiencias correspondientes.Otro de los puntos importantes es que, actualmente, la justicia tiene 36 horas desde la captura de una persona para que le definan la última etapa de garantías que es la de definición de medida de aseguramiento. Con la nueva ley, las 36 horas empezarán a correr pero desde que se legalice la captura. Es decir, desde que inicie la imputación de cargos que es la etapa previa a solicitar medida.Levantamiento de órdenes de capturaSe aplicará a todos aquellos miembros de organizaciones criminales que se concentren y se sujeten a la ley.
Desde Cartagena, donde participa en el Congreso Latinoamericano de Puertos, la vicepresidenta y canciller, Marta Lucía Ramírez, se refirió a la crisis por retrasos y largas filas en el trámite de expedición de pasaportes.La jefe de la cartera explicó que esta situación obedece a que el país tuvo un año y medio frenada la expedición de pasaportes por cuenta de la pandemia.“Tenemos un rezago de cerca de 800 mil pasaportes, ya hemos expedido cerca de 350 mil (…) Estamos trabajando con toda la capacidad para procurar estar al día de aquí al mes de febrero”, detalló.La vicepresidenta también sostuvo que el incumplimiento en las citas es otro de los aspectos que ha agudizado la crisis a la hora de agilizar estos trámites.Sobre las denuncias por cobros para acceder a turnos en las oficinas de pasaportes, dijo que es inaceptable y, que, quienes utilicen estos métodos son “delincuentes”.“Es inaceptable, nadie tiene que pagar por ningún trámite en la cancillería, ninguno (…) el que está pagando está haciendo algo indebido y por supuesto el que está cobrando también, es un delincuente”, señaló.
El presidente de la Bolsa de Valores de Colombia, Juan Pablo Córdoba, informó que las acciones de Avianca Holdings serán retiradas luego de que la compañía anunciara su salida de la Ley de Quiebras y completara su proceso de reorganización."En la medida que el capítulo 11 ya terminó y que la empresa que está enlistada en la Bolsa se va a liquidar, la Bolsa hace un proceso automático de desliste. La Superfinanciera será la que marque la pauta del retiro de la Bolsa de Valores”, explicó Córdoba.De acuerdo con el plan de reorganización, los nuevos accionistas invertirán en el nuevo holding Avianca Group International Limited, que tendrá su domicilio en el Reino Unido. Este reemplaza al anterior Avianca Holdings, que tenía su domicilio en Panamá.Avianca se acogió en mayo de 2020 al Capítulo 11 de la Ley de Bancarrota de EE. UU. para salir de una crisis agravada por la pandemia de COVID-19, y en julio pasado obtuvo compromisos financieros por 1.600 millones de dólares para financiar su reorganización.Le puede interesar: escuche La Intérprete
En enero de 2022, Medellín y el Valle de Aburrá tendrán pico y placa de dos dígitos, esto porque de acuerdo con los registros, la restricción con un solo dígito no ha sido suficiente frente al aumento del parque automotor de los últimos años.Según Juan David Palacio, director del Área Metropolitana, se mantendrá el horario extendido durante el día, las vías exentas, pero ahora están pensando en sortear la asignación de dígitos y días.“El pico y placa para la rotación es predecible, lo que queremos es evitar que las personas puedan predecir el próximo número que seguirá y de esta forma cambiar las dinámicas, quiero señalar que es muy posible que para el próximo pico y placa la asignación de números sea bajo sorteos”.Y aunque esto sigue en evaluación, al igual que un posible cobro para evitar el cumplimiento de la medida, ya varios sectores manifestaron su rechazo. María José Bernal, directora de Fenalco Antioquia, afirmó que la medida ya está obsoleta y podría hasta afectar la reactivación económica.“Invitamos a replantearse esta medida y también a aportar soluciones como ciudades 24 horas, sistemas de información concretos que logren articular muchísimo más la movilidad”, agregó Bernal.Escuche más noticias:
El Ministerio de Salud reportó en la tarde de este jueves 332 nuevos casos de COVID-19 en la ciudad de Bogotá. En total, son 1.463.367 los casos de contagiados en la capital del país.En Colombia, ya son 5.074.079 casos de coronavirus, pues en el último reporte se registraron 2.262 nuevos contagios, siendo la capital del país el segundo territorito con más casos.Asimismo, se registraron 57 nuevos fallecimientos en el país desde el último reporte del MinSalud.
Ante el pago anticipado de EPM al crédito del BID, la Contraloría de Medellín hará vigilancia al desembolso de los recursos y si la cancelación anticipada es realmente favorable para la empresa antioqueña.La contralora de la ciudad, Diana Torres, aseguró que ya se conoció esta decisión de la compañía de adelantar el pago de los 450 millones de dólares, pero aún no se tiene claras las repercusiones.Por eso, el ente de control adelantará un proceso de vigilancia al cumplimiento de esos pagos de EPM con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por su préstamo para financiar las obras de Hidroituango."Sí, nosotros vamos a hacer la revisión de todos estos temas. Nos corresponderá hacerlos posterior a los pagos para determinar de qué manera se están haciendo los pagos, los riesgos que se están tratando de cubrir y si esta destinación de recursos es o no adecuada para la ciudad", agregó la contralora Torres.Lea tambiénAl respecto de esta decisión de EPM, el diputado de Antioquia Luis Peláez, sostuvo que se debe analizar las repercusiones del precio del dólar hoy en ese pago anticipado que considera errónea."Uno pagar con un dólar a más de $4.000 es un movimientos financiera desastrosos, equivocado, cuando los anuncios por aparte por FMI y el Banco de la República es que en más o menos en febrero, cuando se tenga más información de ómicron, va a bajar el dólar y ahí es cuando hay que negociar un pago anticipado", explicó Peláez.Hasta ahora, no está definido las fechas cuando serán desembolsado los pagos al BID.Escuche más noticias
