El ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, defendió enérgicamente el proyecto de ley de sometimiento de bandas criminales, una iniciativa clave del Gobierno del presidente Gustavo Petro dentro de su política de "Paz Total", argumentando que su principal objetivo es el desmantelamiento de las organizaciones criminales, lo que, a su juicio, justifica la negociación con sus miembros. El proyecto, que ha generado considerable controversia por dudas sobre reincidentes y delincuentes ya en prisión, avanza en su proceso de socialización en el Congreso de la República.
A muchos de ellos ya están pues no, pero han avanzado mucho en el cumplimiento de las penas. Pero es que vuelvo y reitero, esta política está centrada en desmantelar organizaciones antes que en el tratamiento individual. Y si logramos el desmantelamiento de la organización, que dejen de extorsionar, de incorporar a los niños en estas organizaciones armadas. Pues yo creo que eso, desde el punto de vista del derecho penal y desde vista del derecho constitucional, justifica una negociación.
dijo Montealegre.
Montealegre calificó esta propuesta como una "tercera vía" para la justicia transicional en Colombia, distinta de los modelos implementados por Álvaro Uribe (Ley de Justicia y Paz) y Juan Manuel Santos (JEP). A diferencia de sus predecesores, que crearon jurisdicciones especiales (una jurisdicción especial y una JEP, respectivamente), este nuevo modelo será manejado por la Fiscalía General de la Nación y los jueces de la República. El proyecto se basa en pilares de justicia retributiva, que exige un mínimo de cinco años de privación efectiva de la libertad, y un incremento en los modelos de justicia restaurativa, enfocándose en la verdad y la reparación, disminuyendo el campo punitivo pero aumentando las otras formas de justicia.
Yo lo considero una tercera vía porque este modelo en primer lugar no implica una nueva justicia transicional en el sentido de crear un aparato administrativo judicial para realizar la justicia. La ley Justicia y Paz tuvo una jurisdicción especial, Santos implementó una JEP, un aparato judicial muy poderoso, pero aquí no, este modelo lo va a manejar la Fiscal General de la Nación
explicó Montealegre.
El ministro destacó las diferencias fundamentales con el proceso de paz del expresidente Juan Manuel Santos con las FARC. Mientras que el modelo de Santos se centró en un único grupo jerárquico y vertical, con la premisa de que "nada está acordado hasta que todo esté acordado", lo que significaba que el marco jurídico surgía de los acuerdos, el enfoque actual es "totalmente contrario".
El proyecto del presidente Petro, presentado hace unos días, busca establecer primero un marco jurídico que sirva como "bitácora" para las organizaciones al margen de la ley. Montealegre explicó que las condiciones históricas del país han cambiado, y hoy se negocia con estructuras que no siempre tienen el mismo modelo jerárquico, como el ELN, y la política de paz total busca un "marco ya firmado en diciembre".
La justificación para negociar con estos grupos radica en el impacto que han demostrado en la disminución de la violencia en ciudades como Medellín, así como en acuerdos importantes como el compromiso de sacar a más de 2.000 niños (entre 14 y 16 años) de las organizaciones criminales. Para el ministro, el desmantelamiento de la organización y el cese de actividades ilícitas (extorsión, reclutamiento de niños) justifica la negociación desde el punto de vista del derecho penal y constitucional.
Esta política está centrada en desmantelar organizaciones antes que en el tratamiento individual. Y si logramos el desmantelamiento de la organización, que dejen de extorsionar, de incorporar a los niños en estas organizaciones armadas, pues yo creo que eso, desde el punto de vista del derecho penal y desde vista del derecho constitucional, justifica una negociación
sentenció el ministro
Para que las negociaciones avancen y las organizaciones puedan ingresar en este marco, deben cesar toda actividad delictiva, incluyendo la minería ilegal, el narcotráfico, la extorsión o el secuestro. Montealegre reconoció que las organizaciones criminales, al llevar años delinquiendo, no se desmantelarán de la noche a la mañana y que el desescalamiento de la violencia será gradual, pidiendo paciencia a los colombianos.
Finalmente, sobre la propuesta de permitir que financiadores y criminales se queden con hasta el 12% de los bienes adquiridos ilegalmente, Montealegre explicó que esta metodología ya existe en la legislación colombiana (Código de Extinción de Dominio, que permite hasta el 10%) y sigue un modelo norteamericano, aunque no ha sido "adecuadamente implementada". El ministro destacó que esta norma, que ha sido asesorada por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, no ha sido declarada inconstitucional.
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