En la puerta de la sede de Alta Complejidad de la ESE Universitaria del Atlántico se han apostado los trabajadores de la red pública hospitalaria, impidiendo este lunes el acceso al centro asistencial con una protesta en la que reclaman el pago de más de cinco salarios pendientes.Los manifestantes denuncian que a algunos trabajadores de la salud les adeudan sueldos desde el año pasado como consecuencia de la crisis financiera que atraviesa la red, situación que también se evidencia en la falta de medicamentos para los pacientes y el cierre de servicios en varios hospitales públicos del Atlántico.Wilson Granadillo, auxiliar de enfermería, afirma que la propuesta que analizan las directivas de la ESE UNA sobre volver al modelo de salud anterior, de modo que cada hospital opere como empresa independiente, aumenta la incertidumbre del personal médico, pues desconocen qué va a pasar con los pagos pendientes.“El personal acá está en una crisis que ya nadie se la aguanta, es insostenible, y lamentablemente nadie nos da razón, nadie se pone la mano en el corazón para decir intervengan, cierren o liquiden esto, pero que le paguen a los trabajadores", dijo Granadillo.“El gobernador dice que piensan disolver la ESE UNA para que cada hospital tenga su gerente y tenga su administración, pero a los trabajadores no nos resuelven nada. Nos acercamos a la gerencia y nos dicen que tenemos que esperar recursos, pero tenemos un mes esperando y nada. Solo a mí, me deben desde febrero hasta la fecha y así están muchos de nuestros trabajadores acá”, agregó.El viernes pasado se giraron pagos para los médicos y especialistas de Sabanalarga que también se habían declarado en paro hace varias semanas; sin embargo, la situación no se ha resuelto para todos los empleados del departamento.A raíz de la protesta de este lunes, en horas de la mañana la gerente de la ESE UNA Rosmery Wedeking citó una reunión con varios de los trabajadores contratados por OPS, a quienes les está exponiendo el panorama financiero de la red para intentar conciliar con ellos, no sin antes advertirles que el bloqueo con el que están impidiendo el acceso a la sede de Alta Complejidad es ilegal.
David Jose Gonzalez Navarro, alias 'Verruga'; Erick Junior Lascano Dita, alias 'Junior'; Joshua Jesid De la Hoz Barrera, alias 'El Menor' y Yesid Antonio Isidro Diaz, alias 'Inglaterra', son las cuatro personas que hoy se encuentran en el cartel de los criminales más buscados en el Atlántico, el cual fue dado a conocer en las últimas horas por las autoridades competentes.El coronel John Harvey Peña Riveros, comandante del departamento de Policía Atlántico, declaró que todos tienen órdenes de captura por el delito de homicidio, mientras que de los tres primeros se sabe que harían parte de la banda “Los Costeños".“Estos delincuentes nos han afectado en los diferentes municipios. Ya tenemos las órdenes judiciales y los estamos buscando. Por eso, invitamos a toda la comunidad para que nos ayude con el fin de recibir información oportuna y ágil. Atentos a llamar a la línea de emergencia 123”, alcanzó a declarar a los medios de comunicación.David Jose Gonzalez Navarro es buscado por el delito de homicidio. Según la Policía, es señalado por su presunta participación en el homicidio de una persona en el municipio de Sabanagrande, Atlántico, en el mes de marzo del 2025. Es supuesto integrante de Los Costeños y se dedicaría a cometer sicariato y ejerce control en la venta de estupefacientes.Después está Erick Junior Lascano Dita, contra esta persona pesa una orden de captura por el delito de homicidio agravado, por los hechos ocurridos el 25 de diciembre de 2024, en el municipio de Sabanalarga.También es requerido Joshua Jesid De la Hoz Barrera, por el delito de homicidio en hechos sucedidos el 18 de marzo de 2025 en el municipio de Sabanagrande, Atlántico. Esta persona sería presunto integrante de Los Costeños, al parecer encargado de cometer sicariato y ejerce control en la venta de estupefacientes.Quizás el más conocido de los cuatro es alias Inglaterra, señalado cabecilla del Clan del Golfo en el Atlántico y encargado de expandir los negocios de esta estructura en este territorio. Él llegó a ser capturado por las autoridades, pero resultó en libertad por la decisión de un juez.La Policía del Atlántico garantiza absoluta reserva para aquellos interesados en brindar información acerca del paradero de estas personas.
El programa Sala de Prensa ofreció una profunda inmersión en las diversas realidades que moldean las regiones clave de Colombia, trascendiendo el tradicional foco centralista en Bogotá. A través del análisis experto y las perspectivas directas de periodistas arraigados en cada territorio, el programa de este domingo destacó los desafíos únicos, los avances significativos y las complejas dinámicas políticas que se desarrollan a lo largo y ancho de la nación.Esta edición dominical proporcionó una mirada crucial a los desarrollos regionales, subrayando el papel vital que desempeñan en la construcción y el carácter general del país. Las discusiones abarcaron desde crisis de seguridad y ambiciosos proyectos de infraestructura hasta la gobernanza local y la resiliencia económica, ofreciendo una comprensión integral de cómo estas regiones navegan tanto sus problemas internos como sus relaciones con el gobierno nacional.Así va Cali: su balanceCali, la "sultana del Valle", que celebra 489 años desde su fundación, experimenta una notable transformación tras la superación del estallido social de hace cinco años. El periodista Diego Martínez Lloreda destacó que el alcalde Alejandro Éder ha inyectado una "bocanada de esperanza" en una ciudad que recibió "muy desbaratada, muy desmoralizada". La confianza de los caleños se refleja en que "casi el 90 % de los caleños ya pagamos el impuesto predial" a mitad de año, lo que Martínez Lloreda considera "una muestra de fe en el alcalde". Entre las iniciativas clave se encuentra un "préstamo histórico de 3,5 billones de pesos" destinado a la mejora de colegios, la malla vial y obras de infraestructura. La región, no obstante, enfrenta graves problemas de seguridad, con una "presencia muy importante de las disidencias" y "bandas criminales", lo que ha llevado a la gobernadora Dilian Francisca Toro a solicitar una "estrategia de seguridad" integral al gobierno nacional. El alcalde Éder ha sido "muy hábil al tratar de no tener encontrones de frente con el gobierno nacional".Barranquilla y el CaribeBarranquilla se consolida como un "polo de desarrollo" y "modelo de renovación" en el Caribe colombiano, habiendo organizado recientemente un importante evento sobre ciudades sostenibles. El Malecón de la ciudad es un éxito rotundo, con "34 millones de personas han visitado el malecón en estos 7 años", según Óscar Montes, periodista de Blue Radio. No obstante, la ciudad se enfrenta a una creciente ola de extorsión, coordinada "desde las cárceles del país", que el año pasado provocó el "cierre de 200 tiendas" en Barranquilla. A pesar de una tensa relación con el gobierno nacional —marcada por la cancelación de los Juegos Panamericanos—, el alcalde Alex Char ha adoptado la estrategia de gobernar "como si no existiera Bogotá". Curiosamente, aunque Barranquilla fue una de las ciudades que "más le votó a Petro", Montes señala que la "tensión no se siente en el día a día", porque "el modo de ser nuestro está por encima de eso".Medellín un ejemplo de avanceAntioquia es aclamada como una "locomotora" de desarrollo y resiliencia, con una fuerte identidad regional. Tras una administración anterior "muy desprestigiada", el alcalde Federico Gutiérrez ha logrado un progreso notable, según el periodista Juan Carlos Velázquez. Medellín registró la "menor cantidad de homicidios en 40 años" en 2024, y EPM alcanzó sus "mejores resultados operacionales en 70 años". La ciudad también ostenta la "tasa de desempleo más baja de Colombia, con un 7,9 %". La independencia financiera de la ciudad se debe en gran parte a EPM, que aporta "2,6 billones de pesos anuales al presupuesto de Medellín", permitiendo la financiación autónoma de proyectos. Políticamente, Antioquia es "la región más opositora al presidente Petro", con un "80 % de desaprobación" para el mandatario.Bogotá sí tiene avances en obras de movilidadComo una vasta "ciudad-región", con aproximadamente 13 a 14 millones de habitantes, Bogotá enfrenta desafíos colosales en seguridad y movilidad. Sin embargo, hay una creciente esperanza con el avance del proyecto del metro, que alcanzará el "57 % de finalización" a finales de julio, según Manuel Salazar, periodista conocedor de la capital. La administración del alcalde Carlos Fernando Galán está impulsando 76 obras públicas largamente retrasadas, incluidas 19 de valorización que fueron pagadas hace décadas.A pesar de este progreso, persisten los obstáculos financieros, ya que el gobierno nacional le adeuda a Bogotá "casi 2 billones de pesos", lo que podría llevar a considerar una reforma tributaria local. La seguridad es una preocupación primordial, con un aumento del "8,1 % en los homicidios" y un "alarmante incremento del 28 % en los feminicidios". La fuerza policial de la ciudad, con 16.000 agentes, está "significativamente por debajo de lo necesario para su población", teniendo "menos policías que en 1998". No obstante, la capital implementa programas sociales cruciales como "Bogotá Sin Hambre 2.0" y una innovadora ayuda para el pago diario de arriendos, los llamados "pagadiarios".
Siete personas capturadas y dos notificadas en sus respectivos centros carcelarios dejó un gran operativo de la Policía Metropolitana de Barranquilla, que desarticuló a una subestructura al servicio de la banda 'Los Costeños', la cual financiaba sus operaciones delictivas a través del tráfico de drogas y los préstamos informales como cobradiarios.La cita fue llevada a cabo por la Policía en coordinación con unidades de la Seccional de Investigación Judicial, Grupo GOES, la Seccional de Protección y Servicios Especiales, SIART y el grupo K9, avanzando en nueve diligencias de allanamiento y registro en los barrios 7 de Abril, Santamaría y Santo Domingo de la ciudad de Barranquilla, así como en el barrio Los Almendros, en Soledad.De acuerdo al general Edwin Urrego, comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, los capturados estarían al servicio de la organización criminal 'Los Costeños' y entre todos, acumulan más de veinte anotaciones judiciales por delitos como homicidio, tráfico de estupefacientes, amenazas y concierto para delinquir.Esta estructura delictiva, informó la autoridad, financiaba sus operaciones mediante el tráfico de drogas y préstamos informales tipo “gota a gota”, utilizando como fachada una supuesta empresa denominada Inversiones Costa Sur 777, que generaba aproximadamente 111 millones de pesos mensuales en rentas criminales.Uno de los capturados estaría presuntamente vinculado al homicidio ocurrido el pasado 6 de marzo de 2024 en la vía Cordialidad, donde fue hallado el cuerpo sin vida de un hombre.Asimismo, las autoridades establecieron que el vehículo incautado habría sido adquirido mediante una falsa denuncia de hurto ante una aseguradora, y actualmente estaba siendo utilizado por la organización criminal para el cobro de extorsiones y el transporte de armas de fuego.Durante los allanamientos, fueron incautadas dos armas de fuego (una pistola calibre 9 mm y una escopeta calibre 12 mm), un proveedor de fusil, 35 cartuchos calibre 5.56 mm, 36 cartuchos calibre 9 mm, un vehículo marca Ford de placas MUL 781, $11.568.000 en efectivo, 150 tarjetas de cobro diario, ocho libretas con registros contables y seis teléfonos celulares.Finalmente, a estas personas se les imputan delitos relacionados con concierto para delinquir con fines de tráfico de estupefacientes, extorsión y porte ilegal de armas.
En el Puerto de Barranquilla se encendieron las alarmas en por la alta sedimentación en la zona de desembocadura, derivada de las fuertes lluvias sobre todo en el interior del país, lo que obligó al desvío de embarcaciones hacia otros puertos para reducir su carga, para lo que están trabajando con el objetivo de solucionarlo.Así fue confirmado por Lucas Ariza, director de la Asociación de Puertos del Atlántico, Asoportuaria, apuntando, además, que hay identificados tres puntos de alta sedimentación arrastrada, siendo difícil controlarlos con una sola draga. En este caso, dice que hay barcos que agendan su viaje con un nivel de calado y a su llegada se encuentran con otro con el pasar de los días.“Una embarcación no pudo entrar porque venía con un calado superior al registrado en ese momento en cercanías a la terminal portuaria. Por ello, se vio obligada a aligerar carga en un puerto vecino, así como otras dos hicieron ese proceso internamente”, dijo inicialmente.“Así como hoy tenemos dos calados, llegó a una de las terminales que hay en Barranquilla, pero luego en el kilómetro 10, ubicado en cercanías al Malecón del Río, ahí se reportó una alta sedimentación que le impedía llegar a la zona más aledaña al puente que es donde están esas terminales portuarias. Hubo que aligerar internamente”, agregó.A dicha problemática sostiene Ariza que se le suma la pérdida de competitividad que Barranquilla ha tenido con respecto a otros puertos por los incrementos en los costos de flete o transporte interno, tanto marítimos como terrestres.“Se han encarecido (los costos). Esto pone a Barranquilla en una diferencia significativa frente a otros puertos vecinos. Hemos perdido competitividad, por lo que estamos en un proceso de ajustarlo. Hasta el momento hay una buena receptividad por parte del Ministerio de Transporte para seguir revisando esas fórmulas que ellos utilizan (tarifas de flete) y que sea más equitativa”, sostuvo.Lo que tratan de hacerle entender al Ministerio de Transporte desde Asoportuaria es que la ciudad es una buena plaza, pues los camioneros en su mayoría tienen garantizada una carga de regreso, por lo cual los costos deberían ser más realistas.Finalmente el reciente atentado contra el gerente de la empresa Riverport, Michael Mulford, también los tiene bajo una preocupación de seguridad, por lo que están a la espera de una reunión con el alcalde Alejandro Char para hablar del tema.
Las quejas por la presencia de malos olores, demoras en la entrega de los cuerpos a los familiares de las víctimas que incluso afirman, que algunos han recibido los cadáveres en avanzado estado de descomposición, obligó a que la Alcaldía Distrital a través de la Secretaría de Salud, enviara una comisión a la sede de Medicina legal de Barranquilla, visita que estuvo acompañada de delegados de la Procuraduría y la Personería.A pesar de las denuncias hechas por el sindicato de trabajadores de Medicina Legal, en el que daban cuenta de hasta 80 cadáveres apilados en la morgue, durante la visita de la Secretaría de Salud solo encontraron 3 cuerpos en los cuartos fríos, lo que refleja que hubo un plan de contingencia para evacuar el resto. Así lo indicó el personero distrital, Miguel Alzate.“Llamémoslo así, de una especie de plan de contingencia para poder, digamos, atender todo con la mayor celeridad posible. Entre los cuerpos estaban las personas que fueron víctimas del incendio, entre otras víctimas de violentas que se encontraban ahí sus cuerpos, los cual les requirió hacer simplemente un redoblamiento de turnos, pero que fue superado de manera rápida.Así mismo, Carlos Cervantes Sanjuan, secretario de salud de Barranquilla indicó que se están revirando otros aspectos como el sistema de operación de las temperaturas y los espacios o las salas de exposición de estos, así como el manejo de los protocolos de bioseguridad, para controlar los malos olores y garantizar un manejo adecuado y disposición final de los cuerpos.“En dicha visita se encontraron varias observaciones las cuales se le dieron a conocer a la institución para que ellos en medio de un plan de mejora corrigieran esas observaciones encontradas. La Secretaría de Salud es la garante del cumplimiento de todas las normas de salud pública en el distrito de Barranquilla. Por eso, estas visitas se han venido presentando de manera periódica y a raíz de este plan de mejora realizaremos unas nuevas visitas”, expresó el secretario de salud. Así las cosas, la Secretaría de Salud del distrito designó una comisión de funcionarios para evaluar y hacer seguimiento a los planes de contingencia que maneja el Instituto de Medicina Legal en Barranquilla, para atender las emergencias que se puedan presentar.
A partir de la fecha, y por lo menos hasta que se cumpla el juicio en su contra, el exbombero Edwin Alberto Cataño deberá permanecer recluido en su casa en cumplimiento de una medida de detención domiciliaria que le impuso una jueza de Barranquilla por su presunta responsabilidad en el accidente de tránsito en el que perdió la vida el joven Juan David Ucrós Cervantes, en el norte de la capital del Atlántico.La Fiscalía le imputó cargos a Cataño por el delito de homicidio culposo y solicitó casa por cárcel para él, pues todas las pruebas apuntan a que fue él quien atropelló y acabó con la vida de Juan David, cuando conducía su vehículo en evidente estado de embriaguez.Jueza se acogió la solicitud de la FiscalíaEsto, al considerar que Cataño representa un peligro para la sociedad, pues insistió en que el desenlace de Juan David no fue por azar, sino consecuencia del acto irresponsable del exbombero. En este sentido, la togada le advirtió al procesado que debe acatar la medida, si no quiere otras consecuencias para él."Usted no se encuentra en libertad señor Edwin, usted está sometido a una decisión judicial que implica deberes, controles y consecuencias en caso de algún incumplimiento. Por eso, esta juez le exhorta a que usted mantenga un comportamiento respetuoso del ordenamiento jurídico, conserve el decoro personal y observe una conducta acorde a las restricciones que le han sido impuestas", advirtió a la jueza.Cataño, debido a este repudiable hecho, fue retirado del Cuerpo de Bomberos de Barranquilla, donde prestaba sus servicios. Luego se entregó a las autoridades para responder al proceso, sin embargo, este martes no aceptó los cargos imputados por el ente acusador.¿Qué dice la defensa de la familia del joven Juan David?El abogado de la familia de la víctima, Gerardino León, se mostró en desacuerdo con la medida de aseguramiento y apeló la decisión, argumentando que, para mayor garantía del proceso debería ser enviado a la cárcel.
La crisis sanitaria que los malos olores de la sede de Medicina Legal de Barranquilla destaparon, es una que desde hace un año venía siendo denunciada por el sindicato de trabajadores de la entidad, quienes advertían sobre condiciones de trabajo que estaban colocando en riesgo la salud de los empleados.Solo hasta el pasado 27 de junio, el Ministerio de Trabajo le abrió una averiguación preliminar al Instituto por las condiciones de la morgue, lo que llevó a que el pasado 17 de julio fuera enviada una comisión de la oficina del Trabajo y del sindicato, quienes se habrían sorprendido con lo que encontraron. De acuerdo con Javier Oviedo, presidente nacional del Sindicato de Trabajadores de Medicinal Legal, detectaron hacinamiento de cuerpos en el cuarto frío, el cual alberga 80 cuerpos, a pesar de que solo tiene capacidad para 20, los cuales estaban “apilados” y algunos con un acelerado proceso de descomposición. También hallaron proliferación de insectos, especialmente de moscas, lo que, en su conjunto, representan riesgos para la salud y seguridad de los trabajadores, "quienes deben ingresar al cuarto frío para realizar la búsqueda del cuerpo y su entrega"."En cualquier momento ese cuarto frío va a fallar o está funcionando sin cumplir con su función y los cadáveres lo que hacen es que se descomponen. Esto va a crear una emergencia sanitaria. En la visita que tuvimos el jueves evidenciábamos mucha mosca. Sí, habían hecho aseo, pero el problema no es ese, el problema son los cuerpos que están ahí, ese una nevera grande. Los cuerpos están unos encima de otro, del piso para arriba", contó en diálogo con Blu Radio. Esta situación fue reportada a la Secretaría de Salud de Barranquilla, a la que le pidieron una visita para determinar lo que estaba sucediendo. Como consecuencia de esto, el Ministerio le dio un plazo de una semana a la sede de Barranquilla de Medicina Legal para que respondan a una serie de requerimientos y se establezca un plan de mejora. Esto, por los riesgos a los que se exponen los trabajadores ante un "riesgo inminente de emergencia sanitaria".
El paro de la comunidad de Curumaní, que reclama mejoras en el servicio eléctrico, afecta a esta hora el tránsito de miles de camiones de carga que van desde el interior del país hacia la zona costera. Se estima que el trancón se extiende por más de 20 kilómetros.La situación se da por un grupo de alrededor de 30 personas que bloqueó desde la mañana del pasado miércoles 23 de julio la vía nacional La Mata – San Roque, a la altura del kilómetro 78, en el perímetro urbano de Curumaní, Cesar, para exigir soluciones inmediatas frente a la intermitencia en el servicio de energía que afecta a gran parte del municipio y que, especialmente en las horas de más calor, cuando el termómetro marca los 39,8 grados de temperatura, se sobrecarga.Ante esto, la empresa Afinia, encargada de prestar el servicio en la región, reconoció los continuos apagones, pero explicaron que estos se estaban dando porque en los últimos días se ha presentado un aumento del 10 % en la demanda de energía, debido al uso intensivo de aires acondicionados, ventiladores y otros electrodomésticos, por lo que se satura la red y se desconecta.Jorge Rivero, jefe territorial de Afinia en el departamento del Cesar, asegura que es la única solución es que la comunidad disminuya el consumo del servicio, en horas pico, para evitar que se siga interrumpiendo el servicio.Entre tanto, la comunidad señala que las fallas constantes en el suministro eléctrico se han intensificado con la reciente ola de calor que azota al departamento del Cesar. Por lo que piden que sean concertados los cortes, como si se tratara de racionamientos, pues dicen que es imposible controlar que la gente apague los abanicos cuando todos están sudando.Como los manifestantes, habitantes del sector, utilizaron palos y llantas para cerrar el paso en la salida del municipio han generado un represamiento considerable de vehículos, especialmente de carga pesada, lo que ha ocasionado retrasos logísticos y pérdidas para el gremio camionero que transita por esta importante vía del corredor Caribe.
La disputa a sangre y fuego por el control territorial que mantienen 'Los Costeños' y 'Los Pepes' en Barranquilla y su área metropolitana, cobró esta vez la vida de un adolescente de 17 años, que según informó la Policía estaba vinculado a una de las dos estructuras criminales.El hecho ocurrió la noche del miércoles en el barrio La Esmeralda. Allí dos hombres armados llegaron disparando contra un grupo de personas que estaban en un sector enmontado. En el sitio perdió la vida el adolescente de 17 años y salieron heridos otros dos hombres identificados como Jesús David Méndez Maldonado, de 30 años y Jerbi Luis Altamar Valdés, de 34.Por este hecho, la Policía atrapó a los presuntos sicarios, a quienes les incautaron dos pistolas que tenían sus proveedores descargados.Uno de estos es un adolescente de apenas 15 años, señalado por la Policía de ser miembro de la banda ‘Los Costeños’. Su presunto cómplice capturado es un joven de 22 años identificado como Octavio Enrique Noriega Ortiz, quién ya estaba siendo buscado por autoridades por el homicidio de otra persona.“Dos presuntos integrantes de ‘los Costeños’ fueron capturados, dentro de estos se encuentra alias ‘Jonás’, quien ya poseía una orden de captura por el delito de homicidio en hechos ocurridos este mismo año en otro sector de la ciudad. En este procedimiento también se produce la incautación de dos armas de fuego las cuales fueron utilizadas para quitarle la vida a un menor de edad y heridas a dos personas más”, informó el general Edwin Urrego, comandante de la Policía Metropolitana.De acuerdo con información de la Policía, tanto el adolescente asesinado, como los dos adultos heridos formarían parte de la bandas delincuencial ‘Los Pepes’.
"No más engaños. Licencia ambiental ya". Con esta frase, pintada en un amplio lienzo, la comunidad de Juan de Acosta, Atlántico, protesta con bloqueos en la vía al Mar, que comunica a Barranquilla con Cartagena, para pedir a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) que firme los permisos para que se puedan construir obras de protección costera que frenen la pérdida de playas. El mar, con cada ola, se adentra más y más a los kioscos y restaurantes que están sobre la playa, lo que afecta la comodidad de los turistas y, por consiguiente, la economía de los comerciantes de la zona, quienes ven reducidos sus ingresos por el inconformismo de los visitantes. Estos dicen estar en crisis, pues en zonas como el balneario de Santa Verónica, prácticamente no hay playa para caminar y disfrutar. César de la Asunción Molina, líder del sector, afirma que mientras la situación es cada vez es más crítica, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) no da vía libre a la ejecución de obras de protección costera que podrían mitigar la emergencia, con la intervención, por ejemplo, de espolones, lo que son estructuras de piedras que van desde la playa hasta cierto punto, dentro del mar, para romper las olas y mitigar el avance del mar. "Estamos afectados todos tanto los dueños de negocios como empleados, porque la gente que llega se nos va porque el mar está metido dentro de los kioskos y al gente no tienen donde disfrutar en la arena. La gobernación ya ha hecho todas sus gestiones y ahora falta que se haga la parte desde el gobierno nacional", indicó el líder. Molina asegura que el bloqueo, que inició a las 8:30 de la mañana de este jueves, se mantendrán ahí, sobre la Vía al Mar, hasta que un representante del Gobierno los atienda y les garantice pronta solución a esta problemática.
Destitución e inhabilidad general para el ejercicio de cualquier cargo público por el término de 14 años es la sanción que impuso la Procuraduría General de la Nación al profesor Ismael Felipe Jiménez Riaño, por haber sostenido relaciones sexuales con estudiante menor de 14 años.El ente de control sostuvo que el docente incurrió en una “falta disciplinaria gravísima”, relacionada con acceso carnal abusivo y pornografía infantil, “al haber filmado el encuentro sexual sostenido con la estudiante en las instalaciones del colegio”, así como el abuso cometido “en un motel ubicado en el municipio de Soledad”, este último ocurrido el 28 de octubre de 2023.La Procuradora Delegada Disciplinaria de Juzgamiento 1 confirmó el fallo de primera instancia proferido contra Jiménez Riaño, quien para la época de los hechos se desempeñaba como docente de una Institución Educativa Técnica.De esta manera, la Procuraduría califico la conducta de este profesor como falta gravísima a título de dolo.Otro caso similar en BarranquillaLa sanción de este profesor recuerda al caso reciente registrado en Barranquilla, donde el coordinador de un colegio fue enviado a la cárcel por abusar de una estudiante de 13 años, a la que accedió carnalmente con la complicidad de la abuela de la menor.El maestro, de 67 años, es señalado de valerse de su condición de directivo docente para presuntamente ofrecerle dinero a la familiar de la niña de 13 años, a cambio de sostener encuentros sexuales con la menor, abusos que se habrían repetido una y otra vez, entre diciembre de 2024 y febrero de este año, en la misma casa del docente.Este medio conoció que incluso en una ocasión, la abuela de la niña habría recibido un pago de 1 millón de pesos por permitir los encuentros sexuales con su nieta.
Las constantes presiones en zona rural por parte de grupos armados y amenazas al propio alcalde Noe Espinosa, no son las únicas preocupaciones en materia de seguridad en el municipio de Briceño.La violencia también está generando inquietud en el casco urbano en donde en las últimas horas las autoridades confirmaron el homicidio de Carlos Pérez, una persona reconocida por su liderazgo comunitario en diferentes ámbitos y expresidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda Morrón.El coronel Luis Muñoz, comandante de la Policía en Antioquia, indicó a Blu Radio que Pérez fue víctima de un ataque sicarial en vía pública, a las afueras de su vivienda, por hombres que están por identificar pero probablemente pertenecientes a alguno de los grupos armados que hoy se enfrentan por el control del territorio y la rentas ilícitas en esa zona del Norte de Antioquia."No descartamos que se haya dado por causa del Frente 36, que delinque en la zona, sin embargo hay ahí una presencia de varios grupos, los cabuyos, Frente 36, Clan del Golfo, entonces estamos en investigación", declaró.Aunque Muñoz también informó que está por verificarse la condición actual de la víctima como líder social, pues ejerció como presidente de la Junta de Acción Comunal hace una década, la ONG Corpades destacó que continuaba siendo un comunal activo en la vereda Morrón.Con este caso, según los registros de Indepaz, ya son 22 los líderes sociales asesinados en el país durante 2026. La entidad denunció que sigue sin brindarse garantías de seguridad en el territorio pese por lo menos tres alertas tempranas emitidas por la Defensoría del Pueblo para que se tomen medidas.
Hasta en un 13 % se están incrementando los precios de los productos que desde Córdoba son enviados a la Gran Central de Abastos del Caribe, Granabastos, donde reportan con preocupación que el inusual frente frío que golpeó el Caribe durante el mes de febrero está teniendo un impacto directo en la calidad de los cargamentos que llegan hasta sus instalaciones por estos días.Comenta la gerente general de Granabastos, Esther Fabiola Elías, que las dificultades no solo son de recolección, sino también de transporte y distribución, por lo que, junto con los comerciantes, están haciendo un gran esfuerzo para mitigar el impacto al consumidor.“Hemos notado que los productos procedentes de Montería y de Córdoba han tenido unas afectaciones, como el plátano, la yuca y la mazorca, que, a pesar de la calidad que traían, se han disminuido también. Esto se nota por esa ola invernal que está padeciendo, lamentablemente, nuestro departamento de Córdoba”, dijo a Blu Radio la gerente.“Las condiciones derivadas de esta situación han impactado la oferta, generando ajustes en el mercado mayorista. No obstante, los comerciantes continúan realizando esfuerzos para garantizar el abastecimiento y mitigar el impacto en el consumidor final, manteniendo la dinámica comercial propia de la temporada”, agregó la entidad en un comunicado.Los productos provenientes de Córdoba no son los únicos afectados, pues la remolacha, el repollo, el pepino cohombro y la habichuela también tienen incrementos en sus precios por el clima que afectó en estos días a los Santanderes.La Gran Central de Abastos del Caribe cerró 2025 con un incremento del 17 % en su abastecimiento, por lo que logró articular gestiones para el envío de ayudas humanitarias a los campesinos en Córdoba.La gerente general de Granabastos, Esther Fabiola Elías, sostuvo que los incrementos en los precios no solo se deben a las consecuencias del clima en las diferentes regiones, sino también a la temporada de cosecha que terminó para varios de estos productos. Los ingresos de carga, mencionó, están funcionando de manera normal, pues para este fin de semana se reportó la llegada de aproximadamente 990 toneladas de alimentos y otros productos agroalimentarios.
La Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos y Comunicaciones (Andesco) manifestó su preocupación por el anuncio de huelga realizado por el sindicato Sintraelecol, que agrupa a trabajadores de la Electrificadora de Santander, al advertir que una eventual suspensión del servicio de energía tendría graves consecuencias sociales, económicas y de salud pública.Desde Bogotá, el gremio aseguró que la medida podría impactar a más de 958.000 usuarios en 102 municipios de seis departamentos donde opera la Electrificadora de Santander S.A. E.S.P. (ESSA).Según Andesco, el servicio eléctrico es considerado esencial y, de acuerdo con la Constitución y la Ley 142 de 1994, no sería susceptible de interrupciones que pongan en riesgo derechos fundamentales de la población.La asociación detalló que, además de los usuarios residenciales, existen 4.921 cuentas de manejo especial que dependen directamente del suministro continuo de energía, entre ellas 260 acueductos, 3.492 instituciones educativas, 21 sistemas de seguridad ciudadana, 288 cuentas asociadas a la Policía, 28 centros penitenciarios, 9 sistemas de semaforización, 78 sistemas de alumbrado público, 10 cuerpos de bomberos, 6 aeropuertos y 40 nodos de telecomunicaciones.También se verían comprometidos 517 establecimientos de salud, 71 usuarios electrodependientes, 47 hogares geriátricos y 54 centros del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).Frente al pliego sindical, Andesco indicó que la empresa ha propuesto mejoras en beneficios como auxilios de alimentación, seguros, educación, salud y vivienda, además de un aumento salarial por encima del IPC.Sin embargo, señaló que las peticiones de Sintraelecol tendrían un costo cercano a 243 mil millones de pesos, de los cuales más de 132 mil millones corresponderían a incrementos salariales equivalentes a un alza del 23 %.El gremio reiteró su respeto por el derecho a la asociación sindical y la negociación colectiva, pero insistió en que estos procesos deben garantizar la continuidad del servicio público.Andesco hizo un llamado al Ministerio de Minas y Energía, al Ministerio de Trabajo y al Ministerio de Salud para que intervengan y faciliten acuerdos que eviten una interrupción que afecte a miles de familias y sectores estratégicos.“La energía eléctrica soporta la operación hospitalaria, el abastecimiento de agua potable, la seguridad ciudadana y las telecomunicaciones. Los derechos de los usuarios deben prevalecer sobre cualquier desacuerdo laboral”, concluyó la asociación.
Un caso de feminicidio sacudió a Colombia y a Estados Unidos por la crudeza de los hechos. Una mujer paisa de 39 años, identificada como Lina María, fue hallada sin vida en su vivienda en Norfolk, Virginia, luego de que su familia en Colombia reportara su desaparición. La última vez que hablaron con ella fue el 16 de enero; desde entonces, el silencio encendió las alarmas entre sus allegados.El 5 de febrero, su hermano hizo oficial el reporte ante las autoridades. Días después, durante el allanamiento de un apartamento en el edificio Icon, agentes en Estados Unidos encontraron el cuerpo sin signos vitales en un congelador, así como su celular y un vehículo Tesla perteneciente a su esposo.Quién es el presunto feminicidaEl principal señalado es su esposo, David Varela, colombiano de 38 años que actualmente es buscado por las autoridades. Tras el hallazgo, el hombre fue acusado formalmente por:Ocultar un cadáver para evitar su detección.Asesinato en primer grado.La investigación estableció que el 5 de febrero el hombre tomó un vuelo con destino a Hong Kong. En el caso intervienen el Federal Bureau of Investigation (FBI), el Homeland Security Investigations (HSI) y el Naval Criminal Investigative Service (NCIS).El NCIS confirmó que el sospechoso era reservista de la Armada de Estados Unidos. Llamó la atención que no se presentó a trabajar ni respondió llamadas oficiales, además de no registrar vínculos aparentes con Hong Kong.Feminicida dio versión inesperada a familiaAntes de confirmarse la muerte de Lina María, el esposo aseguró a la familia que ella había sido detenida por un supuesto robo en un establecimiento comercial y que, incluso, fue condenada a cinco años de prisión. Para sostener esa versión, envió una fotografía en la que, al parecer, la visitaba en la cárcel, vestida con uniforme naranja.Sin embargo, la verificación de registros judiciales citada por News 3 no halló evidencia de proceso alguno en su contra. Esa contradicción encendió las alertas tanto en la familia como en los investigadores.Mensajes en los que el hoy prófugo afirmaba “no he dejado de llorar” y “no he comido en más de un día” también hacen parte del expediente. Mientras las autoridades avanzan en la búsqueda internacional del sospechoso, la familia de Lina María insiste en que se esclarezca por completo lo ocurrido y que David Varela responda por el crimen.
La caída del cabello dejó de ser un tema menor. En Colombia, la alopecia afecta al 27 % de la población, es decir, a más de dos millones de personas, según cifras del DANE. El impacto no es solo estético: también toca la autoestima y la calidad de vida. En ese escenario, el país se ha convertido en un actor fuerte del turismo médico en América Latina, especialmente en tratamientos capilares.El mercado global de implantes proyecta mover 6.300 millones de dólares hacia 2032, y Colombia quiere una tajada importante. De hecho, ProColombia estima que el país podría atraer hasta 2,8 millones de turistas de salud en los próximos años. Con esa demanda en aumento, cuatro clínicas marcan la pauta en innovación y resultados.Las cuatro clínicas de implante capilar que más buscan los colombianosEl crecimiento del sector no es improvisado. Estas instituciones combinan tecnología, experiencia médica y modelos de atención diferenciados:Medicapilar: irrumpió en Bogotá en 2025 con una propuesta enfocada en accesibilidad. Implementa la técnica FUE (Follicular Unit Extraction), un método mínimamente invasivo que ofrece resultados naturales y permanentes. Ha atendido más de 500 pacientes con una tasa de éxito reportada del 100 %.Mediarte: con 12 años de trayectoria y 22 sedes en el país, es la única certificada en Colombia para implantes con fibras biocompatibles desarrolladas por Medicap. Ha realizado más de 20.000 procedimientos y ofrece garantía escrita sobre el crecimiento del cabello implantado.Hero Institute: apuesta por tecnología robótica de precisión quirúrgica. Sus sistemas automatizados permiten implantes milimétricos, reduciendo el margen de error y optimizando resultados estéticos.Dermaster Hair Medical: en Barranquilla, combina trasplante FUE y ARTAS con medicina regenerativa. Su enfoque integra terapias que fortalecen el folículo y mejoran la calidad del cabello existente.Implante capilar en Colombia: innovación, turismo médico y crecimiento del sectorEl sector de belleza y cuidado personal emplea a 2,3 millones de personas en el país y crece a un ritmo del 12,8 % interanual. Bogotá y Medellín lideran el turismo de salud, consolidando a Colombia como uno de los mercados más dinámicos en restauración capilar.Hoy el implante ya no es un lujo inalcanzable. La combinación de tecnología avanzada, personal médico especializado y modelos de financiación más flexibles está democratizando el acceso. Para quienes enfrentan la pérdida de cabello, el país ofrece cada vez más alternativas con estándares internacionales y resultados respaldados por ciencia.
