El senador santandereano Gustavo Moreno, confirmó que, en marzo, será radicado por el Gobierno Nacional un proyecto de ley para una reforma a la justicia y el sistema carcelario del país."Hoy las cárceles no están cumpliendo con su principal rol que es la resocialización, ningún centro penitenciario de este país está resocializando y, por ende, queremos que se vuelvan centros productivos, que las personas privadas de la libertad puedan trabajar al interior de ellas", manifestó el congresista.En el proyecto se contempla disminuir hasta en un 40 % el hacinamiento en centros de reclusión del país."La idea consiste en crear cárceles regionales para que en su competencia asuman un número de detenidos en etapa de resocialización. Es necesario también crear la política pública de cárceles productivas en favor de la población privada de la libertad", aseveró Moreno Hurtado.El proyecto tendrá una inversión cercana al billón de pesos, con la cual disminuirá el hacinamiento de las estaciones de policía y cárceles en el país.Manifestó el senador que, se establecerán incentivos tributarios y administrativos para fomentar la vinculación de entidades y organizaciones a los programas productivos carcelarios, además, se dictan otras disposiciones contempladas en el decreto."Las personas privadas de la libertad en las nuevas cárceles regionales podrán laborar en talleres de confeccionen y producir bienes comerciales, alimentos, artesanías, agrícolas, musicales y audiovisuales, entre otros", afirmó el congresista santandereano .Este proyecto de ley responde a una de las exigencias que hoy demanda nuestro sistema penitenciario y carcelario en materia de resocialización y rehabilitación de la población privada de la libertad.Le puede interesar: 'El Camerino'
Gracias a un fallo de un tribunal de Medellín, Sebastián López, un joven de 23 años que se encuentra preso en la cárcel nacional de Bellavista y padece unas graves heridas que no sanaron bien, causándole una infección, está cerca de obtener la eutanasia que pidió para terminar con su sufrimiento.Luego de no ser escuchado inicialmente y teniendo el apoyo total de su familia que tampoco lo quería seguir viendo sufrir, interpusieron una acción de tutela frente al INPEC con ayuda de un veedor y defensor de DDHH y, tras largo tiempo, un Tribunal Superior de Medellín falló a su favor, obteniendo como resultado un proceso de exámenes con Medicina Legal, entidad encargada de determinar si está apto para seguir en la cárcel o tener prisión domiciliaria, ó si se le aplica la eutanasia o no.Jorge Alberto Carmona Vélez, veedor penitencial nacional y defensor de los DDHH de la población privada de la libertad en el departamento de Antioquia, ha estado al frente del proceso y anunció el fallo del tribunal con la nueva noticia: "Un tribunal superior de Medellín fallo a favor del privado de la libertad Sebastián López Arango. El fallo ordena a medicina legal que un plazo de 12 horas este privado de la libertad sea valorado para determinar su estado de salud", contó.Cabe recalcar que la continuación del proceso queda en manos de Medicina Legal y después de conocerse el resultado de los exámenes médicos, de acuerdo con el documento del fallo, en un plazo máximo de 48 horas esta misma entidad deberá definir si Sebastián López continúa en Bellavista o pasa a prisión domiciliaria, y también si se le aplica o no la eutanasia.Escuche el podcast Sin Tabú:
Ante el silencio del INPEC en el caso de Sebastián López, un joven interno de la cárcel de Bellavista en Medellín que pide la eutanasia, familiares del recluso anuncian que tomarán acciones legales.Los hechos comenzaron cuando el joven, de 23 años, subió un video a las redes sociales mostrando su complicado estado de salud y donde pedía con fervor que se le aplicara la eutanasia, según él, porque no aguanta el dolor de las heridas. Además, su familia lo apoyó inmediatamente con tal de no verlo sufrir.Estas heridas fueron producto de impactos de bala, que al no ser bien atendidos, se convirtieron en llagas que lo están “pudriendo en vida” según indican desde su familia. También, según ellos, tras varios días de esperar una respuesta, hasta el día de hoy, nadie se preocupa ni pregunta por el caso, ni el INPEC se ha pronunciado al respecto.Así lo relata Fernando López, padre del joven recluso que pide a gritos ser escuchado para tener una respuesta: “Entonces esta ha sido la afectación de Sebastián, esperando todos los protocolos del sistema. Este muchacho se está pudriendo en ese lugar, sin que a nadie más le importe, es sorprendente para nosotros”, dijo.Conforme a esto, la familia de Sebastián interpondrá una acción de tutela hacia el INPEC con el fin de demostrar que el estado del joven no es para estar en la cárcel y, posteriormente, esperan así lo puedan atender. Jorge Carmona, defensor de los derechos humanos, estará al frente de la acción de tutela y actuará como veedor en todo el proceso: “Nosotros vamos a coger el caso como veeduría penitenciaria y se vendrán dos demandas administrativas, pero también vamos a presentar una acción de tutela, se va a presentar en las próximas horas y está tutela será de medida provisional, intentando que obtenga casa por cárcel”, explicó.De esta manera, la familia buscará llevar el caso hasta el final, para, según ellos, lograr conseguir como mínimo casa por cárcel para el joven que, de no ser así, su familia dejaría todo en manos de Dios y pasaría sus últimos días encerrado, enfrentando burlas, aguantando el dolor que lo aqueja y que al final terminaría con su vida.Escuche el podcast Sin Tabú:
Un joven de 23 años sorprendió a todos en la cárcel Bellavista de Medellín tras solicitar la eutanasia por un grave estado de salud. Según su familia, tiene una llaga y una tuberculosis que lo están matando poco a poco, y además, la enfermedad lo obligó a movilizarse en silla de ruedas.Ante esta situación, el joven de 23 años por medio de un video expresó que desea que se le aplique la eutanasia para terminar con su vida, pues dice no poder aguantar y además cuenta con todo el apoyo de su familia que no lo quieren ver sufrir más. “Esta es la hora que no me he podido, estoy sentado en una silla de ruedas. No me he podido bañar y estoy orinado hasta el alma, tengo colostomía”, expresó.Jorge Carmona, defensor de los Derechos Humanos, habla de porqué se dan tanto estos casos "El tema de las enfermedades es recurrente pero esto se da por las condiciones de los sistemas carcelarios, no solo en Medellín, en todo el país", aclaró.Este joven que está recluido por fuga de presos, se encuentra en una situación complicada, ya que, por no ser enfermedades terminales no se le puede dar el derecho a la eutanasia de manera legal.Escuche el mensaje del joven sobre su caso:
Wilson Andrés Gil, un privado de la libertad en la cárcel Bellavista de Medellín, y su prometida, Leidy Vanessa Jaramillo, que está en libertad, no han podido contraer matrimonio pese a que desde hace cuatro meses que iniciaron el proceso para unir sus vidas ante los ojos de Dios. Todas las respuestas que han recibido han sido negativas, según ellos.De acuerdo a lo que cuenta Vanessa, tanto de la Notaría 2 de Bello como por el capellán de Bellavista, han tenido una respuesta negativa. En la notaría le dijeron que “a la cárcel no iban a casar a nadie” y, por el otro lado, el capellán de Bellavista le dijo que no los casaría porque sería un matrimonio nulo. También dijo que se dio cuenta de dos parejas más que se pudieron casar allí, una por notaria y otra de forma cristiana. “Es algo que está en un reglamento de Dios, entonces sí, fui y el capellán me dijo que no, que en realidad eso iba a ser nulo, que él no nos iba a casar”, expresó Vanessa Jaramillo.Por otro lado, la directora de Bellavista, Rosalva Valencia, argumentó que ellos se encuentran al tanto del proceso pero que parece que este se puede demorar: “Nosotros estamos haciendo el tramite, como ella se quiere casar por lo católico, tenemos todo dado acá, las razones. Ellos se van a poder casar, claro, pero lo que pasa es que ellos se quieren casar ya y eso es un trámite”, afirmó.Tras lo anterior, parece que las razones por las que estas dos personas no se han podido casar es porque lo quieren hacer por lo católico y lo más pronto posible, entendiendo que, según la directora de la cárcel, esto es un proceso que no se da de un momento a otro.El defensor de los Derechos Humanos Jorge Carmona fue el que realizó la denuncia de lo sucedido: “Es un derecho totalmente constitucional y que ni la directora del establecimiento ni las directrices de ese lugar penitenciario lo pueden impedir y mucho menos un capellán, porque si el capellán está de la mano de Dios tendría que darles la bendición pero muy rápido”, expuso.El defensor también aseguró que llevará el caso hasta las últimas instancias, donde hasta le mandará una carta al Papa Francisco para darle a conocer la situación y tener su pronunciamiento, ya que esta pareja lleva mucho tiempo intentando poder realizar este acto de amor y fe que, hasta ahora, les ha sido negado.Escuche el podcast Sin Tabú:
En diálogo con Mañanas BLU, Andrés Díaz, director de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (USPEC), se refirió a la liquidación del contrato para la construcción de un nuevo pabellón en la cárcel de Bellavista.Esta decisión se tomó porque, presuntamente, los contratistas habrían presentado garantías falsas. Además, en el proceso estaba el nombre de apareció Jorge Molina, uno de los implicados en el millonario escándalo de Centros Poblados con el Ministerio de las TIC.En primer lugar, Díaz señaló que el contrato era para “construir un pabellón para 500 privados de la libertad, por un valor de $16.000 millones. El contrato se adjudicó después de un proceso de licitación pública”.“El contrato fue liquidado. No se pagó ningún recurso de la entidad en la ejecución de este. ya empezaremos las acciones para iniciar otra vez este proyecto”, dijo Díaz.El director de la USPEC, además, añadió: “Es un engaño por parte de los contratistas. Estoy seguro de que el proceso se hizo de una manera objetiva y transparente”.“Esperamos que la Fiscalía pueda hacer una investigación adecuada”, sentenció Díaz.Escuche la entrevista completa en Mañanas BLU:Entérese de los hechos deportivos más importantes del momento:
Por problemas con contratistas se retrasará reconstrucción de un pabellón en cárcel Bellavista. La dificultad ocurre luego de que la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios suspendiera la licitación al descubrir que sería falsa una certificación de cupo de crédito del Banco Itaú por 16.000 millones de pesos que presentó el Consorcio Bellavista 2021, conformado con firmas del escándalo de Centros Poblados, que buscaba quedarse con ese contrato.El proyecto busca reconstruir el demolido pabellón 4 de la cárcel Bellavista para albergar a más de 500 internos y dar un alivio a la crisis carcelaria que viven los 3.200 reclusos del penal con un 120% de hacinamiento. También beneficiaría a detenidos que siguen en las estaciones de Policía del Valle de Aburrá con una sobrepoblación de hasta el 400 por ciento.Según el presidente del sindicato del Inpec en Antioquia, dragoneante Luis Alberto Pinzón, esta irregularidad deja en suspenso la obra y es incierto el tiempo de culminación.“Esto agrava la situación porque nosotros no tenemos en estos momentos, en la cárcel de Bellavista, dos pabellones. El pabellón cuarto está en el piso y está en etapa de suspenso si hay o no construcción y el pabellón dos, que duró tres años en el piso, y se reactivó apenas”, manifestó.El pabellón 4 fue demolido desde hace dos años y se tiene previsto que su reconstrucción se inaugurara en agosto de 2022, lo que no podría hacerse, pues ya ni siquiera hay contratista para empezar las obras.Escuche las noticias de Colombia y el mundo:
Un motín de detenidos contra el Esmad dejó dos personas heridas en el Centro Transitorio de Protección de La Minorista.Los enfrentamientos entre los detenidos y la fuerza pública se generaron luego de que ingresaran 22 policías a adelantar unas requisas en las celdas de detención donde habrían hallado elementos prohibidos como armas cortopunzantes, entre otros.El motín dejó una persona con un corte provocado por un elemento contundente y una más con arma blanca, mientras que otros detenidos del CTP de La Minorista denuncian que recibieron golpes, según el defensor de la Población Carcelaria en Antioquia, Jorge Carmona."22 policiales ingresaron a hacer unas volantes (unas requisas) en busca de elementos prohibidos y se desató esto. Terminaron heridas dos personas y los otros fueron golpeados por el Esmad", agregó el defensor de derechos humanos.Los detenidos heridos fueron atendidos por agentes de salud y están fuera de peligro.
La Personería de Medellín interpondrá una queja en la Corte Suprema por la falta de voluntad para cumplir con su orden de construir la cárcel para sindicados que busca subsanar el desbordado hacinamiento de los presos de la capital antioqueña.De este fallo del alto tribunal han pasado 21 meses, es decir, casi dos años y aún no hay un documento de las autoridades territoriales para comenzar con las obras de este nuevo centro penitenciario.La orden para construir este penal es para trasladar a las personas que no están condenadas que aún permanecen en las estaciones de Policía con un hacinamiento del 252% o en las cárceles nacionales donde ya no cabe un interno más.Según el personero de Medellín, Wiliam Yeffer Vivas, hoy por hoy no hay claridad para cumplir el fallo de tutela."En varias mesas que ha hecho la Personería Municipal, hemos sido insistentes sobre la necesidad de que se avance de manera rápida en la construcción de ésta, pero vemos que falta voluntad en algunas autoridades. Desde allí, que estamos recopilando la información para ponerla en conocimiento a la Corte Suprema de Justicia", añadió el representante del Ministerio Público.En todo el Valle de Aburrá se calcula que, en promedio, en las estaciones de Policía y las cárceles hay un hacinamiento superior al 150%.
Algunos sindicados y condenados de la cárcel Bellavista de Bello, Antioquia, denuncian que son víctimas del delito de extorsión por parte del personal de custodia en ese penal de máxima seguridad.Según las denuncias, los guardianes del Inpec adelantan sus operativos de requisa de rutina e incautan toda clase de elementos prohibidos, entre ellos celulares y drogas.Incluso, de acuerdo con los reclusos, hay un personal conocido como 'PJ' que exgiría entre $100.000 y $200.000 a los expendedores de vicio para dejarlos 'trabajar'en los patios o devolverles el estupefaciente decomisado.Uno de los internos, a quien protegemos su identidad, relató cómo fue extorsionado por un guardia del Inpec.Ante la consulta de BLU Radio, la directora de la Regional Antioquia del Inpec, Imelda López Solórsano, indicó que no tiene denuncias formales, pero pide a los internos que se comuniquen con ella o lo interpongan en los canales del oficiales para adelantar las investigaciones internas."Nosotros con mucho gusto le atendemos las denuncias y pues lógicamente ordenaremos las investigaciones disciplinarias", agregó la funcionaria.La Regional del Inpec espera las pruebas de los internos para ordenar a la Policía Judicial para que avance en el proceso penal contra los supuestos guardianesimplicados.
La Policía Metropolitana de Bucaramanga aseguró que, luego de recuperar más de 600 celulares, contactará a cada uno de los dueños de estos equipos móviles para regresárselos, eso sí, siempre que hayan realizado la respectiva denuncia“Con software y hardware maliciosos (que) los delincuentes modificaban la información de los equipos móviles, cambiando su número IMEI, y eliminaban la información que tenían los celulares”, confirmó el brigadier general Henry Yesid Bello Cubides, comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga.Estos delincuentes operaban en el 2 y el piso 16 de un edificio ubicado en el barrio Alarcón de la ciudad, utilizaban bloqueadores de frecuencia de señal para que la Policía no diera con el lugar evitando así el seguimiento y rastreo de estos equipos de telefonía móvil. Desde allí, "se hacían pasar como trabajadores de las empresas móviles y contactaban a los dueños y les decían que necesitaban su correo y el código enviado para bloquear definitivamente el celular, afirmó el comandante de Policía Henry Yesid Bello Cubides, quien dio un agradecimiento especial “a todas las personas que hicieron el proceso de denuncia ya que esto permitió que las autoridades realizaran la trazabilidad del caso.Una de las víctimas de estos delincuentes aseguró que su celular fue robado por un mototaxista en el barrio San francisco de Bucaramanga, y otro afectado manifestó que su celular le había costado $1.700.000 que tuvo que terminar de pagar sin poderlo utilizar.Una mujer de 26 años era la encargada del cosquilleo, otro hombre utilizaba la modalidad de raponazo conduciendo una motocicleta en la ciudad.
La Policía Nacional capturó este viernes en Medellín a Robinson Alexander Foronda Galeano y Juan Esteban Atehortúa Acevedo, señalados de presuntamente perpetrar el crimen del líder comunitario Luis Fernando Osorio Soto, el pasado 3 de enero en la vereda Orizaba de Andes, Suroeste de Antioquia.Foronda y Atehortúa tenían orden de captura vigente por los delitos de homicidio agravado, desaparición forzada, fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego y hurto calificado y agravado, por lo sucedido a este líder, quien además era enfermero de varias zonas rurales de Andes.De acuerdo con la investigación de las autoridades, la víctima se habría resistido al hurto de su vivienda y cuentas bancarias, no obstante, en mayo de este año capturaron a Juan Esteban Acevedo Arteaga, alias 'Juancito', quien al parecer hizo retiros de las cuentas bancarias del líder social por 19 millones de pesos. En total le fueron robados, entre dinero y otros elementos de valor, algo más de 20 millones de pesos.Para el caso de alias 'Juancito', un juez de control de garantías le dictó medida de aseguramiento en centro carcelario el 28 de mayo, mientras avanza el proceso judicial.Los hechos ocurrieron el 29 de diciembre de 2023, cuando varios hombres armados, habrían ingresado a la vivienda de la víctima y llevado en contra de su voluntad a un sitio solitario y despoblado. Días después, el 3 de enero de este año, el cuerpo fue encontrado atado de manos y pies, además con varias heridas de arma de fuego y politraumatismos en cabeza y tórax, según la Fiscalía.
El Gobierno chileno envió este viernes a Venezuela una nota de protesta por haber impedido ingresar al país a los senadores Felipe Kast (centroderecha) y José Manuel Rojo Edwards (ultraderecha), invitados por la oposición venezolana como observadores en las elecciones del domingo en las que Nicolás Maduro busca la reelección."El Ministerio de Relaciones Exteriores citó al embajador de Venezuela en Chile, Arévalo Méndez, para entregarle una nota de protesta debido a que no se permitió el ingreso a ese país a los senadores José Manuel Rojo Edwards y Felipe Kast", dijo la Cancillería en un escueto comunicado.Kast, del partido Evópoli, informó en sus redes sociales que iban a ser deportados porque no cumplían "con el perfil ni las condiciones de ingresar al país".Edwards, del ultraderchista Partido Social Cristiano, indicó por su parte que "Maduro ha traído miseria y hambre" y "debe saber que Latinoamérica entera va a defender la democracia del pueblo bravo de Venezuela".La Presidencia del Senado chileno aseguró que los hechos son "antidemocráticos" y "denotan la mayor gravedad" porque "los senadores chilenos cuentan con todas las condiciones exigidas usualmente por la República Bolivariana de Venezuela para hacer ingreso a su territorio".Maduro, en el poder desde 2013, se enfrentará el domingo a Edmundo González Urrutia, un exdiplomático de 74 años que se convirtió en el candidato de la oposición luego de que la exdiputada María Corina Machado fuera inhabilitada, y que lidera la intención de voto según las encuestadoras tradicionales del país suramericano.El chavismo, sin embargo, asegura que Maduro ganará, pese a que los sondeos independientes reflejan el hastío de gran parte de la población en medio de una feroz crisis económica que devastó al país en la última década.La deportación de los senadores chilenos tiene lugar horas después de que Venezuela impidió la entrada de una delegación de parlamentarios del Partido Popular (PP) de España y también de un grupo de expresidentes latinoamericanos en un avión que no pudo despegar desde Panamá hasta que los exmandatarios no bajaron de la aeronave.
En la semana epidemiológica que realizó, el Instituto Nacional de Salud reportó un total de 2,375 casos de hepatitis, desglosados en hepatitis B, C y coinfección B-Delta. La cifra se compone de 1,348 casos de hepatitis B, 1,025 de hepatitis C, 2 de hepatitis Delta y 1 transmisión maternoinfantil. Por otra parte, la tasa de incidencia para hepatitis B se estimó en 2.6 casos por cada 100,000 habitantes, mientras que para hepatitis C fue de 1.0 casos por cada 100,000 habitantes. La tendencia general indica un aumento en la incidencia de estas enfermedades.¿Cómo está la hepatitis en Colombia?Las ciudades con mayor número de casos de hepatitis B fueron Bogotá D.C., Medellín, Cúcuta, Barranquilla y Cali. Para hepatitis C, las principales ciudades afectadas incluyeron Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y Armenia. Los casos de hepatitis D se concentraron en Bogotá D.C. y Neiva.Hombres, los más afectados por Hepatitis BEl análisis por género muestra que la hepatitis B afecta más a los hombres, con una tasa de incidencia de 3.1 casos por 100,000 habitantes, frente a 1.1 casos en mujeres. En los hombres, se observó una disminución estadísticamente significativa en los casos de hepatitis B en el grupo etario de 15 a 19 años y un aumento en el grupo de 65 a 69 años. Entre las mujeres, se registró una disminución en los casos en el rango de 30 a 34 años y un aumento en el grupo de 60 a 64 años.Disminuye la hepatitis B en mujeres embarazadas en ColombiaDe los casos de hepatitis B reportados, el 4.6 % correspondió a mujeres embarazadas, lo que representa una disminución estadísticamente significativa en comparación con el año anterior. El principal mecanismo de transmisión de la hepatitis B fue sexual, representando el 72.6% de los casos, seguido de la transmisión percutánea o parenteral con el 7.1%. Además, el 3.8% de los casos correspondió a poblaciones indígenas y el 3.6% a negros, mulatos o afrodescendientes, con una disminución estadísticamente significativa en estos últimos grupos comparado con el año anterior.
Una verdadera crisis atraviesa la negociación entre la Alcaldía de Cartagena y la Asociación Cartagenera de Cocheros en medio del proceso de sustitución de coches de tracción animal por coches eléctricos, luego de que un grupo de propietarios y conductores de coches protestaran en contra dicho proceso.Tras varios días de silencio, el alcalde Dumek Turbay se pronunció al respecto asegurando que el proceso de transición en la ciudad no tiene reversa, y que no se volverá a sentar a la mesa con quienes protagonizan esta protesta que calificó como ‘difamatoria’.“En el mes de septiembre vamos a escoger a 15 cocheros, no a dueños de coches, sino a 15 cocheros de la ciudad de Cartagena y los vamos a llevar a Santo Domingo, donde hay un proceso exitoso de sustitución de coches (…) y para los cocheros que hicieron la protesta que fue irrespetuosa, que utilizó palabras difamatorias y calumniosas con el gobierno y conmigo, pues tenemos que decirles que no tenemos nada de que hablar, el diálogo se ha roto por esa actitud, por promocionar la mentira, como argumento de defensa y por creer que amedrentan el gobierno”, dijo.El mandatario señaló que la protesta habría sido incentivada más por los “dueños de los coches que por los cocheros”, y que espera que antes de las Fiestas de Independencia ya estén en la ciudad los primeros 30 coches eléctricos.“Una cosa es el cocheros y una cosa es el dueño de los coches (…) Yo tengo la impresión que la protesta última fue de los dueños de los coches, no de los cocheros, porque lo hemos dicho es que los 60 coches que vamos a adquirir los van a administrar los cocheros, la misma Asociación de Cocheros, y los coches eléctricos tendrán todo el respaldo nuestro, dos años de garantía, dos años de acompañamiento, recursos para que ellos puedan pasar de cochero a empresarios de un servicio turístico”, sostuvo.El alcalde dijo, además, que ya tienen los recursos asegurados para la compra de los 60 coches eléctricos, y que a finales de julio estaría lista la resolución del Ministerio de Transporte que permitirá avanzar en el proceso de transición.Recordemos que el pasado 22 de julio un grupo de cerca de 30 cocheros y propietarios protestaron frente a la Alcaldía de Cartagena para exigir garantías en el proceso de sustitución y claridad sobre una resolución del Ministerio de Transporte que regulará esta actividad.Señalaron que fueron “engañados” por el alcalde Dumek Turbay y que se han sentado en mesas de negación, pero no han sido realmente escuchados.