La polémica parranda vallenata del pasado 8 de abril en uno de los patios de la cárcel de máxima seguridad de Itagüí solo sería ‘la punta del iceberg’ de presuntas irregularidades que estarían cometiendo funcionarios del Inpec en diferentes establecimientos penitenciarios del Valle de Aburrá.Es otra vez desde el Concejo de Medellín donde llegan nuevas denuncias, pero en esta oportunidad sobre la cárcel de mediana seguridad Bellavista en el municipio de Bello donde también cumplen sus condenas reconocidos cabecillas de grupos criminales de la región.El concejal y exsecretario de Seguridad de Medellín, Andrés Tobón, aseguró que funcionarios estarían recibiendo entre 15 y 30 millones de pesos para agilizar traslados de algunos procesados de estaciones de policía al centro de reclusión para obtener otros beneficios.En su denuncia el corporado menciona a funcionarios implicados en el presunto entramado de corrupción como el mayor Alexander Díaz Ardila, director del penal; el capitán Diego Devia, comandante de Vigilancia: y el teniente Alberto Serna, comandante Operativo.De igual manera en acciones que implicarían, por ejemplo, la alteración de documentos, según Tobón, también están involucrados los dragoneantes Luis Lopera y Juan Camilo Castaño.Sin embargo, no se trataría de la única posible irregularidad. La salida del penal con uso condicional de brazalete electrónico de un reconocido cabecilla de una estructura criminal del occidente de Medellín, también es motivo de controversia.Se trata de John Fredy Arroyave Londoño, alias ‘Chicha’ o ‘El Diamante’, señalado cabecilla principal de la banda criminal La Imperial que opera en la comuna Robledo. La denuncia del concejal de Medellín indica que este hombre salió de Bellavista el pasado 28 de febrero, sin embargo, pasaron varios días para la instalación de su dispositivo de seguimiento."¿Creen que esto se pueda justificar?, poner en riesgo a la comunidad y pasar por encima de la orden de un juez. Esto no es menor, y, por si fuera poco, nos han llegado denuncias sobre presiones en contra de funcionarios que se han opuesto a que este tipo de prácticas ilegales e irregulares se sigan presentando", manifestó.Otro de los hechos que llaman la atención para el corporado tienen que ver con posibles conductas que estaría ejecutando el dragoneante Wilfredo Sepúlveda, adscrito al área de Deportes en el centro penal, y quien estaría facilitando el ingreso de elementos prohibidos bajo la apariencia de donaciones.Ante las posibles irregularidades, el concejal solicitó una intervención oportuna por parte de la Dirección Nacional del Inpec y la Fiscalía General con el fin de determinar no solo posibles irregularidades disciplinarias, sino también penales, al interior de esta cárcel en el norte del Valle de Aburrá.
Momentos de temor vivió un dragoneante del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) que fue víctima de un atentado armado, cuando se movilizaba en su motocicleta por la vía que conecta a Bello con Medellín, tras finalizar su turno en la cárcel Bellavista. A escasos metros de la salida del centro penitenciario, el funcionario fue abordado por sicarios que también se desplazaban en moto. Uno de ellos abrió fuego en su contra, pero el dragoneante logró reaccionar y escapar entre vehículos y motocicletas, saliendo ileso pese a que en su contra se efectuaron al menos cuatro disparos. "A unos 100 metros del establecimiento me hicieron unos disparos. En la primera curva sentí el primer disparo, a lo que emprendo la fuga agachándome y acelerando cuando escucho las otras detonaciones y pues logré escapar entre los vehículos y llegar a mi residencia", relató el hombre.Ante la situación, el dragoneante Felipe Quimbayo, vicepresidente del sindicato nacional del Inpec, mostró su preocupación por la situación de inseguridad que se está viviendo contra los guardias de todo el país.Le puede interesar: Gobierno anuncia plan urgente por atentados contra guardianes del Inpec"Las autoridades de Medellín, la Policía Nacional para que nos preste ese acompañamiento las 24 horas. No es posible que cárceles como la distrital de Bogotá tenga un CAI y cárceles como Bellavista o El Pedregal no tengan ni siquiera un acompañamiento, aunque sea en los relevos. Es lamentable y por eso este llamado a las autoridades", indicó Quimbayo.Por los hechos, las autoridades adelantaron un consejo de seguridad en el interior del centro de mediana complejidad Bellavista. A la fecha se contabilizan en el país por lo menos cinco ataques recientes contra funcionarios del Inpec, dentro de los cuales están los ocurridos en el Eje Cafetero (Armenia) y en inmediaciones de la cárcel Modelo de Bogotá.Según cifras del sindicato, en todo el país se han registrado 260 amenazas en lo que los 10 meses del 2025, 35 funcionarios han sido asesinados en los últimos dos años y en un lapso de 72 horas tres fueron asesinados y dos resultaron heridos.
Más de 600 presos de la cárcel de Bellavista, en Bello, entraron en huelga de hambre a modo de protesta por las malas condiciones de alimentación que sufren diariamente. Defensores de los derechos humanos adelantan visita al centro penitenciario.Son más de 600 reclusos del pabellón número 16 de la Cárcel de Bellavista los que iniciaron hoy la huelga de hambre. En este patio se encuentran las personas encarceladas pertenecientes al ELN, las disidencias de las FARC y grupos paramilitares.Esta protesta la hacen para manifestar su inconformidad con la empresa prestadora de los servicios alimenticios en este centro penitenciario que es Organización Nueva Aurora, pues denuncian que la comida que les suministran es de pésima calidad.Es importante recordar que hace menos de dos semanas incautaron cerca de una tonelada y media de carne en descomposición que iba a ser ingresada a esta cárcel. "Es una empresa que viene participando desde hace muchos tiempo, antes participaba en Pedregal, es una empresa que allá mismo se denunció reiterativamente en que no cumple con los mínimos del contrato. El patio 16 entra en huelga de hambre, hoy venimos a acompañarnos justamente para hacer respetar los derechos humanos”, dijo Valeria Zapata, representante de la asociación de familias de los privados de la libertad.El defensor de los derechos de los privados de la libertad, Jorge Carmona, señaló que están en contacto directo con la dirección del centro penitenciario que tiene toda la intención de mejorar esta situación pero es algo que se debe resolver desde la Unidad De Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec)."¿Qué hay con la Unidad de Servicios Penitenciarios? Por la pésima alimentación es una problemática que afecta a personas de guardia y custodia e internos y obviamente genera expectativas entre los familiares. Es una problemática de vieja data en la que la Uspec no ha querido solucionar todas las cosas que pasan con el tema de la alimentación y la salud."Finalmente, cuestionó el presupuesto de 12.000 pesos para la alimentación diaria de cada preso, algo que deriva en diferentes problemas al interior de la cárcel por lo que pide a la Uspec hacer presencia.
Las autoridades desecharon casi una tonelada y media de carne en mal estado que iba a ser suministrada a privados de la libertad en la cárcel Bellavista del municipio de Bello. Los alimentos no cumplían con los estándares mínimos de salubridad.Fue la Secretaría de Salud del municipio del norte del Valle de Aburrá la que decomisó los más de 1.300 kilogramos de carne en mal estado que iban a ingresar a este centro penitenciario.El cargamento que contenía carne de res, cerdo y pollo, no cumplía con los estándares de calidad, protocolos de separación ni la cadena de frío a la que deben someterse este tipo de alimentos. "Encontramos diferentes productos cárnicos con deficiente estado de almacenaje con contaminación cruzada y sin refrigeración lo que llevó a realizar la medida sanitaria y destrucción de más de 1.300 kilos de este producto cárnico", señaló Julián Felipe Pineda Velásquez, secretario de Salud de Bello.El secretario también señaló que realizarán la denuncia respectiva para iniciar un proceso sancionatorio contra la entidad encargada de suministrar los alimentos a los presos de este establecimiento carcelario.Es importante remarcar que consumir carne en este estado puede generar diferentes complicaciones en la salud desde malestar estomacal , diarrea y vómitos, hasta cuadros de infecciones severas.Cabe recordar que esta es la segunda incautación de un gran cargamento de carne en las últimas 24 horas en el Valle de Aburrá, luego de que las autoridades decomisaron más de 2.500 kilogramos de carne en mal estado en comercios del centro de Medellín.
El senador santandereano Gustavo Moreno, confirmó que, en marzo, será radicado por el Gobierno Nacional un proyecto de ley para una reforma a la justicia y el sistema carcelario del país."Hoy las cárceles no están cumpliendo con su principal rol que es la resocialización, ningún centro penitenciario de este país está resocializando y, por ende, queremos que se vuelvan centros productivos, que las personas privadas de la libertad puedan trabajar al interior de ellas", manifestó el congresista.En el proyecto se contempla disminuir hasta en un 40 % el hacinamiento en centros de reclusión del país."La idea consiste en crear cárceles regionales para que en su competencia asuman un número de detenidos en etapa de resocialización. Es necesario también crear la política pública de cárceles productivas en favor de la población privada de la libertad", aseveró Moreno Hurtado.El proyecto tendrá una inversión cercana al billón de pesos, con la cual disminuirá el hacinamiento de las estaciones de policía y cárceles en el país.Manifestó el senador que, se establecerán incentivos tributarios y administrativos para fomentar la vinculación de entidades y organizaciones a los programas productivos carcelarios, además, se dictan otras disposiciones contempladas en el decreto."Las personas privadas de la libertad en las nuevas cárceles regionales podrán laborar en talleres de confeccionen y producir bienes comerciales, alimentos, artesanías, agrícolas, musicales y audiovisuales, entre otros", afirmó el congresista santandereano .Este proyecto de ley responde a una de las exigencias que hoy demanda nuestro sistema penitenciario y carcelario en materia de resocialización y rehabilitación de la población privada de la libertad.Le puede interesar: 'El Camerino'
Gracias a un fallo de un tribunal de Medellín, Sebastián López, un joven de 23 años que se encuentra preso en la cárcel nacional de Bellavista y padece unas graves heridas que no sanaron bien, causándole una infección, está cerca de obtener la eutanasia que pidió para terminar con su sufrimiento.Luego de no ser escuchado inicialmente y teniendo el apoyo total de su familia que tampoco lo quería seguir viendo sufrir, interpusieron una acción de tutela frente al INPEC con ayuda de un veedor y defensor de DDHH y, tras largo tiempo, un Tribunal Superior de Medellín falló a su favor, obteniendo como resultado un proceso de exámenes con Medicina Legal, entidad encargada de determinar si está apto para seguir en la cárcel o tener prisión domiciliaria, ó si se le aplica la eutanasia o no.Jorge Alberto Carmona Vélez, veedor penitencial nacional y defensor de los DDHH de la población privada de la libertad en el departamento de Antioquia, ha estado al frente del proceso y anunció el fallo del tribunal con la nueva noticia: "Un tribunal superior de Medellín fallo a favor del privado de la libertad Sebastián López Arango. El fallo ordena a medicina legal que un plazo de 12 horas este privado de la libertad sea valorado para determinar su estado de salud", contó.Cabe recalcar que la continuación del proceso queda en manos de Medicina Legal y después de conocerse el resultado de los exámenes médicos, de acuerdo con el documento del fallo, en un plazo máximo de 48 horas esta misma entidad deberá definir si Sebastián López continúa en Bellavista o pasa a prisión domiciliaria, y también si se le aplica o no la eutanasia.Escuche el podcast Sin Tabú:
Ante el silencio del INPEC en el caso de Sebastián López, un joven interno de la cárcel de Bellavista en Medellín que pide la eutanasia, familiares del recluso anuncian que tomarán acciones legales.Los hechos comenzaron cuando el joven, de 23 años, subió un video a las redes sociales mostrando su complicado estado de salud y donde pedía con fervor que se le aplicara la eutanasia, según él, porque no aguanta el dolor de las heridas. Además, su familia lo apoyó inmediatamente con tal de no verlo sufrir.Estas heridas fueron producto de impactos de bala, que al no ser bien atendidos, se convirtieron en llagas que lo están “pudriendo en vida” según indican desde su familia. También, según ellos, tras varios días de esperar una respuesta, hasta el día de hoy, nadie se preocupa ni pregunta por el caso, ni el INPEC se ha pronunciado al respecto.Así lo relata Fernando López, padre del joven recluso que pide a gritos ser escuchado para tener una respuesta: “Entonces esta ha sido la afectación de Sebastián, esperando todos los protocolos del sistema. Este muchacho se está pudriendo en ese lugar, sin que a nadie más le importe, es sorprendente para nosotros”, dijo.Conforme a esto, la familia de Sebastián interpondrá una acción de tutela hacia el INPEC con el fin de demostrar que el estado del joven no es para estar en la cárcel y, posteriormente, esperan así lo puedan atender. Jorge Carmona, defensor de los derechos humanos, estará al frente de la acción de tutela y actuará como veedor en todo el proceso: “Nosotros vamos a coger el caso como veeduría penitenciaria y se vendrán dos demandas administrativas, pero también vamos a presentar una acción de tutela, se va a presentar en las próximas horas y está tutela será de medida provisional, intentando que obtenga casa por cárcel”, explicó.De esta manera, la familia buscará llevar el caso hasta el final, para, según ellos, lograr conseguir como mínimo casa por cárcel para el joven que, de no ser así, su familia dejaría todo en manos de Dios y pasaría sus últimos días encerrado, enfrentando burlas, aguantando el dolor que lo aqueja y que al final terminaría con su vida.Escuche el podcast Sin Tabú:
Un joven de 23 años sorprendió a todos en la cárcel Bellavista de Medellín tras solicitar la eutanasia por un grave estado de salud. Según su familia, tiene una llaga y una tuberculosis que lo están matando poco a poco, y además, la enfermedad lo obligó a movilizarse en silla de ruedas.Ante esta situación, el joven de 23 años por medio de un video expresó que desea que se le aplique la eutanasia para terminar con su vida, pues dice no poder aguantar y además cuenta con todo el apoyo de su familia que no lo quieren ver sufrir más. “Esta es la hora que no me he podido, estoy sentado en una silla de ruedas. No me he podido bañar y estoy orinado hasta el alma, tengo colostomía”, expresó.Jorge Carmona, defensor de los Derechos Humanos, habla de porqué se dan tanto estos casos "El tema de las enfermedades es recurrente pero esto se da por las condiciones de los sistemas carcelarios, no solo en Medellín, en todo el país", aclaró.Este joven que está recluido por fuga de presos, se encuentra en una situación complicada, ya que, por no ser enfermedades terminales no se le puede dar el derecho a la eutanasia de manera legal.Escuche el mensaje del joven sobre su caso:
Wilson Andrés Gil, un privado de la libertad en la cárcel Bellavista de Medellín, y su prometida, Leidy Vanessa Jaramillo, que está en libertad, no han podido contraer matrimonio pese a que desde hace cuatro meses que iniciaron el proceso para unir sus vidas ante los ojos de Dios. Todas las respuestas que han recibido han sido negativas, según ellos.De acuerdo a lo que cuenta Vanessa, tanto de la Notaría 2 de Bello como por el capellán de Bellavista, han tenido una respuesta negativa. En la notaría le dijeron que “a la cárcel no iban a casar a nadie” y, por el otro lado, el capellán de Bellavista le dijo que no los casaría porque sería un matrimonio nulo. También dijo que se dio cuenta de dos parejas más que se pudieron casar allí, una por notaria y otra de forma cristiana. “Es algo que está en un reglamento de Dios, entonces sí, fui y el capellán me dijo que no, que en realidad eso iba a ser nulo, que él no nos iba a casar”, expresó Vanessa Jaramillo.Por otro lado, la directora de Bellavista, Rosalva Valencia, argumentó que ellos se encuentran al tanto del proceso pero que parece que este se puede demorar: “Nosotros estamos haciendo el tramite, como ella se quiere casar por lo católico, tenemos todo dado acá, las razones. Ellos se van a poder casar, claro, pero lo que pasa es que ellos se quieren casar ya y eso es un trámite”, afirmó.Tras lo anterior, parece que las razones por las que estas dos personas no se han podido casar es porque lo quieren hacer por lo católico y lo más pronto posible, entendiendo que, según la directora de la cárcel, esto es un proceso que no se da de un momento a otro.El defensor de los Derechos Humanos Jorge Carmona fue el que realizó la denuncia de lo sucedido: “Es un derecho totalmente constitucional y que ni la directora del establecimiento ni las directrices de ese lugar penitenciario lo pueden impedir y mucho menos un capellán, porque si el capellán está de la mano de Dios tendría que darles la bendición pero muy rápido”, expuso.El defensor también aseguró que llevará el caso hasta las últimas instancias, donde hasta le mandará una carta al Papa Francisco para darle a conocer la situación y tener su pronunciamiento, ya que esta pareja lleva mucho tiempo intentando poder realizar este acto de amor y fe que, hasta ahora, les ha sido negado.Escuche el podcast Sin Tabú:
En diálogo con Mañanas BLU, Andrés Díaz, director de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (USPEC), se refirió a la liquidación del contrato para la construcción de un nuevo pabellón en la cárcel de Bellavista.Esta decisión se tomó porque, presuntamente, los contratistas habrían presentado garantías falsas. Además, en el proceso estaba el nombre de apareció Jorge Molina, uno de los implicados en el millonario escándalo de Centros Poblados con el Ministerio de las TIC.En primer lugar, Díaz señaló que el contrato era para “construir un pabellón para 500 privados de la libertad, por un valor de $16.000 millones. El contrato se adjudicó después de un proceso de licitación pública”.“El contrato fue liquidado. No se pagó ningún recurso de la entidad en la ejecución de este. ya empezaremos las acciones para iniciar otra vez este proyecto”, dijo Díaz.El director de la USPEC, además, añadió: “Es un engaño por parte de los contratistas. Estoy seguro de que el proceso se hizo de una manera objetiva y transparente”.“Esperamos que la Fiscalía pueda hacer una investigación adecuada”, sentenció Díaz.Escuche la entrevista completa en Mañanas BLU:Entérese de los hechos deportivos más importantes del momento:
El liquidador del Ministerio de la Igualdad, John Milton Rodríguez, suprimió todos los viceministerios de la entidad, teniendo en cuenta que esta cartera no podrá seguir operando."Que la supresión de los empleos señalados en la presente resolución se efectúa en desarrollo del proceso liquidatorio, por no resultar dichos empleos indispensables para acompañar el proceso de liquidación en su etapa actual. En consecuencia, la presente actuación constituye la materialización progresiva de la supresión de empleos en el marco del proceso liquidatorio", se lee en la resolución firmada por Rodríguez.De esta manera, dejan de existir los viceministerios de la Mujer, Juventud, Pueblos Étnicos y Campesinos, Poblaciones y Territorios Excluidos y Diversidades. Además, las personas que ocupaban esos cargos, según la resolución, tienen 15 días para entregar formalmente expedientes, documentos, claves de acceso y, en general, la información que se venía manejando.Por otro lado, Rodríguez firmó otra resolución por la cual se "adopta el Reglamento de Contratación para la Liquidación del Ministerio de Igualdad". En una primera medida, el documento señala que la entidad no podrá iniciar nuevas actividades en desarrollo de su objeto social; es decir, todas las acciones que se van a tomar deben estar encaminadas a la liquidación."Se consideran necesarios para la liquidación, entre otros, los contratos cuyo objeto corresponda a: representación judicial y extrajudicial y defensa de los intereses de la entidad; avalúos, inventarios y saneamiento de activos; organización, digitalización, custodia y transferencia de archivos; revisoría fiscal y auditoría; aseo, vigilancia, servicios públicos domiciliarios, arrendamiento y soporte tecnológico indispensables para el funcionamiento del equipo liquidador; y apoyo profesional y técnico al proceso liquidatorio", señala la resolución.De esta manera, quedó prohibido adelantar procesos de selección o suscribir contratos cuyo objeto corresponda al desarrollo de las funciones misionales de la entidad."La competencia para adelantar procesos de selección, suscribir contratos, ordenar el gasto y ejercer las facultades excepcionales se radica en el Liquidador, en su condición de representante legal, en sustitución de la atribución prevista en el numeral 1.6 del Manual de Contratación", se lee en el documento.
El sargento Iver Escobar fue uno de los 108 integrantes del Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá que viajaron a las zonas afectadas por el terremoto del pasado 10 de agosto en Colombia para apoyar las labores de búsqueda y rescate.El grupo de Búsqueda y Rescate Urbano (USAR) utilizó diferentes herramientas tecnológicas para localizar posibles sobrevivientes entre los escombros y reducir los riesgos durante cada ingreso.Entre los equipos empleados estuvieron radares y sonares capaces de identificar señales asociadas con la respiración o pequeños movimientos de personas que se encontraran varios metros bajo una estructura.“Esos radares, o esos sonares, nos permiten localizar temas de respiración de las personas, temas de las personas con movimientos que se dan dentro de la estructura”, explicó Escobar en entrevista con Blu Radio.La búsqueda también incluyó equipos caninos y cámaras fijas y móviles, pues estas herramientas permitían hacer una segunda verificación cuando existía una posible señal de vida y determinar si había condiciones para avanzar con una operación de rescate.Esta tecnología incluso fue usada durante los ingresos a edificaciones inestables, por los equipos de monitoreo que permanecían atentos a cualquier movimiento de la estructura que pudiera advertir sobre un nuevo colapso.“Si las estructuras se mueven, obviamente lo que vamos a hacer es poder sacar a los rescatistas rápidamente de la edificación”, señaló el Sargento.De esta manera, radares, cámaras, equipos caninos y sistemas de monitoreo trabajaban de forma conjunta durante las operaciones, tanto para aumentar las posibilidades de encontrar sobrevivientes como para vigilar las condiciones de seguridad de quienes ingresaban a los escombros.Para Escobar, una de las principales lecciones que dejó la emergencia fue la necesidad de continuar fortaleciendo la preparación ante terremotos y aseguró que existen organismos capaces de apoyar estas operaciones, aunque algunos todavía no cuentan con todos los recursos necesarios para responder ante una emergencia de esta magnitud.El integrante del grupo USAR destacó además la importancia de preparar a las comunidades, que son las primeras en reaccionar mientras llegan los organismos especializados de búsqueda y rescate.
Enviar dinero desde Estados Unidos a Colombia puede costar más de lo que parece. Además de las comisiones visibles que cobran algunas plataformas, la tasa utilizada para convertir los dólares a pesos también puede reducir el monto que finalmente recibe el destinatario.Inter anunció una promoción temporal para las transferencias entre ambos países. Desde el 17 de agosto y hasta el 17 de septiembre, la entidad asegura que permitirá convertir dólares a pesos colombianos utilizando la tasa del mercado interbancario, sin añadir un margen adicional sobre el cambio.Este margen, conocido también como spread, corresponde a la diferencia entre la tasa de referencia del mercado y la que una entidad utiliza para hacer la conversión al cliente. Por eso, una transferencia anunciada como “sin comisión” no necesariamente significa que no tenga ningún costo asociado.En este caso, durante el periodo promocional se eliminará ese margen. Además, si el envío se realiza utilizando saldo disponible dentro de una cuenta de la plataforma, tampoco cobrará comisión por la transferencia, por lo que la operación es una alternativa sin costo para quien envía el dinero.¿Quién puede enviar dinero bajo estas condiciones?La persona que realiza la transferencia debe tener una cuenta de residente en Estados Unidos y el destinatario debe encontrarse en Colombia.La opción está disponible tanto para clientes actuales como para personas que todavía no utilizan la plataforma. Según la empresa tecnológica, un nuevo usuario puede abrir una cuenta y gestionar la transferencia desde su aplicación durante el periodo establecido.La medida llega después del terremoto del pasado 10 de agosto, cuando colombianos residentes en Estados Unidos comenzaron a enviar recursos a familiares y conocidos en las zonas afectadas. La compañía vinculó la promoción con ese contexto, aunque los giros no tienen que estar destinados exclusivamente a personas damnificadas y pueden enviarse a cualquier destinatario que cumpla las condiciones en Colombia.No basta con mirar la comisiónSi usted decide usar este o cualquier otro servicio similar de transferencias internacionales es importante revisar el valor final que llegará a Colombia.Una plataforma puede cobrar una comisión baja o incluso anunciar envíos gratuitos, pero aplicar una tasa de cambio diferente a la de referencia. La comparación más útil es revisar cuántos pesos recibirá finalmente la otra persona por una misma cantidad de dólares.Hay que tener en cuenta que se asegura la tasa interbancaria sin margen adicional, sin embargo, la tasa de cambio puede variar durante el día y el valor definitivo de la operación será el que aparezca al momento de realizar la transferencia.La condición estará disponible hasta el 17 de septiembre de 2026. Después de esa fecha, quienes utilicen el servicio deberán consultar nuevamente las tarifas y condiciones vigentes antes de hacer un envío.
La producción ilegal de drogas en Colombia está dejando una marca química detectable en los sistemas de suministro de agua del país. Así lo reveló el informe "Contaminación invisible: Cocaína e insumos químicos asociados a su producción en el agua potable de Colombia", publicado por el centro de pensamiento Center for a Secure Free Society (SFS).Según detalló la investigación, los análisis de laboratorio identificaron rastros de cocaína y de insumos químicos utilizados para su elaboración en redes de agua de consumo que abastecen a centros urbanos en el territorio nacional.Las ciudades donde se detectaron las sustanciasEntre finales de 2025 y comienzos de 2026, el estudio tomó muestras en 12 ciudades colombianas, entre ellas Bogotá, Medellín, Cali, Cartagena y Cúcuta, las cuales representan a cerca de 17 millones de personas.De acuerdo con el documento de SFS, la presencia de cocaína fue detectada directamente en el agua de grifo de Bogotá, Cartagena, Popayán y Quibdó, así como en las fuentes de agua que ingresan al sistema de tratamiento en la ciudad de Cali. Estas localidades suman una población superior a los 11,8 millones de habitantes.Adicionalmente, las pruebas de laboratorio registraron la presencia de sustancias e insumos industriales como amoníaco, diésel, acetona, metanol y gasolina en múltiples puntos de muestreo.El análisis del Center for a Secure Free Society concluye que la presencia de estos elementos refleja un proceso de contaminación difusa y persistente que se origina desde las zonas de producción y persiste tras los procesos convencionales de potabilización.El informe explica que la fabricación del estupefaciente requiere grandes volúmenes de combustibles, solventes, ácidos y bases de doble uso. Gran parte de estas sustancias se producen legalmente a nivel global, con la República Popular China como un actor destacado en la fabricación y exportación de insumos industriales que luego son desviados hacia redes criminales a través de intermediarios, empresas fachada y rutas de reexportación.Aunque el reporte precisa que los niveles encontrados no constituyen por sí mismos un diagnóstico clínico ni una emergencia sanitaria aguda, la entidad advierte sobre el riesgo que representa la exposición repetida y prolongada a solventes, hidrocarburos, metanol y nitrógeno amoniacal, especialmente en niños, adultos mayores y poblaciones vulnerables.Asimismo, el documento de SFS señala que los residuos de estas sustancias afectan los ríos, la fertilidad de los suelos y los ecosistemas, lo que podría traducirse en problemas para el desarrollo de cultivos, el rendimiento agrícola y la seguridad alimentaria en las cadenas de suministro del país.
Lucas Murillo, el niño de 7 años que pidió ayuda para recibir atención médica especializada por su condición cardíaca, ya está hospitalizado en Floridablanca, Santander, y comenzó el proceso de exámenes y estudios médicos que permitirán determinar su estado de salud y definir el tratamiento que necesita.El menor llegó a Santander acompañado de sus padres, luego de ser trasladado desde Cúcuta en un avión ambulancia tipo jet, en un vuelo que tuvo una duración aproximada de 20 minutos y durante el cual permaneció bajo monitoreo de un equipo médico especializado.Ahora, Lucas se encuentra en manos del equipo médico de la Fundación Cardiovascular de Colombia, donde ya inició la valoración especializada en cardiopatías congénitas.Víctor Raúl Castillo, director de la Fundación Cardiovascular, explicó que el siguiente paso es realizar una evaluación detallada para establecer qué procedimiento requiere el menor: “Lucas ingresa a exámenes. Debemos tener una evaluación hemodinámica para determinar qué vamos a hacer”, señaló.Castillo también recordó que la Fundación Cardiovascular conoce a Lucas desde que nació y explicó por qué durante los últimos dos años el menor no había sido atendido en esta institución.“Él ha sido nuestro paciente desde recién nacido, pero en los últimos dos años no tuvimos contrato con la Nueva EPS, su entidad prestadora, y lo mandaron a otras entidades del país”.Por ahora, los especialistas esperan los resultados de los estudios para determinar la ruta de atención y las intervenciones que requiere Lucas. La prioridad es establecer con precisión su condición cardiovascular y, a partir de esa evaluación, definir las decisiones médicas.Mientras permanece hospitalizado, se garantizaron para Lucas y sus padres los servicios necesarios para facilitar su permanencia en Santander, incluyendo estadía, alimentación y transporte, de acuerdo con las indicaciones médicas.La atención fue posible gracias a la articulación entre la Presidencia de la República, Nueva EPS y la Fundación Cardiovascular de Colombia.La institución informó que continuará acompañando a Lucas y a su familia durante todo el proceso y que la información sobre su evolución será entregada oportunamente a través de los canales oficiales.