Ramiro Herrera Buitrago, exintegrante del Cartel de Cali y hermano del fallecido narcotraficante Hélmer Francisco Herrera Buitrago, conocido como ‘Pacho Herrera’, envió una carta al presidente Abelardo de la Espriella para formalizar su disposición de colaborar con el Estado en la identificación y recuperación de bienes que estarían relacionados con estructuras patrimoniales irregulares del extinto grupo criminal.En el documento, Herrera explicó que su intención es aportar información sobre activos, sociedades y estructuras económicas que han sido objeto de investigaciones durante décadas. La primera etapa de la colaboración, según lo expuesto en la comunicación, comprende información sobre más de 1.000 bienes ubicados en Colombia y otros países.“La finalidad de esta autorización es permitir que la Presidencia de la República tenga conocimiento institucional de esta decisión y pueda, dentro del marco de sus competencias constitucionales y legales, acompañar las iniciativas estatales que correspondan respecto de la recuperación, destinación social y eventual utilización de los bienes que lleguen legítimamente a favor del Estado”, señaló Herrera en la carta.El exintegrante del Cartel de Cali manifestó que su decisión busca contribuir a los esfuerzos institucionales relacionados con la recuperación de activos y la superación de las consecuencias asociadas a la violencia. En ese sentido, afirmó: “Esta determinación corresponde a mi voluntad de contribuir, en este momento histórico del país, a un proceso de reconstrucción, reconciliación y fortalecimiento institucional”.En otro apartado, Herrera sostuvo que pretende que los bienes relacionados con esas estructuras patrimoniales queden bajo conocimiento y control de las autoridades competentes. “El propósito es que bienes cuya historia se ha prolongado durante décadas y que han sido objeto de controversias, violencia y procesos patrimoniales puedan ser puestos definitivamente bajo conocimiento y control de las instituciones competentes del Estado”, expresó.La carta también expone su intención de contribuir al esclarecimiento de la historia de los activos vinculados al denominado ‘Clan Herrera’. “Una de las razones principales por las cuales adopto esta determinación es mi voluntad de contribuir a que cese definitivamente la violencia asociada históricamente a los bienes vinculados al denominado ‘Clan Herrera’”, afirmó.La comunicación dirigida al presidente se suma a la declaración que Ramiro Herrera presentó ante la Fiscalía General de la Nación, en la que formalizó su voluntad de entregar información para avanzar en los procesos de extinción de dominio. En ese documento, aseguró que comparecía para adelantar una “colaboración eficaz, directa, voluntaria y verificable con el Estado colombiano”.Herrera precisó que la información comprende bienes en Colombia y en el exterior, documentación histórica y original, sociedades, inversiones y personas naturales y jurídicas. También señaló que su intención es que los datos puedan ser contrastados con los expedientes y registros disponibles.“Mi voluntad es aportar los elementos que se encuentren en mi conocimiento para que toda la información pueda ser verificada independientemente por la Fiscalía General de la Nación, confrontándola con los expedientes, registros públicos y privados, documentos originales y demás elementos materiales probatorios legalmente disponibles”, indicó.La colaboración anunciada se conoce después de que la Fiscalía impusiera medidas cautelares sobre 42 bienes, avaluados preliminarmente en más de 44.900 millones de pesos, que estarían vinculados a uno de los presuntos grupos de testaferros al servicio de ‘Pacho Herrera’. Las medidas incluyen embargo, secuestro, suspensión del poder dispositivo y toma de posesión.De acuerdo con la investigación, durante años se habrían utilizado personas y empresas de diferentes sectores económicos para ocultar y administrar activos, darles apariencia de legalidad y sustraerlos del control de las autoridades.La carta de Ramiro Herrera plantea una colaboración que abarca información sobre bienes en Colombia, Estados Unidos, Panamá, Venezuela y Ecuador. Sin embargo, el propio exintegrante del Cartel de Cali dejó claro que la decisión sobre cada activo corresponde a las autoridades: “Será exclusivamente la autoridad competente la que determine la procedencia jurídica de cada activo y si existe fundamento para adelantar o culminar procesos de extinción de dominio”.
Miguel Rodríguez Orejuela fue uno de los máximos líderes del cartel de Cali, organización criminal que dominó el tráfico de cocaína en los años 90 y llegó a controlar gran parte del mercado hacia Estados Unidos. Fue acusado de conspiración para importar drogas y lavado de dinero a gran escala. Tras su captura en Colombia, fue extraditado a Estados Unidos en 2005 y en el 2006 se declaró culpable, recibiendo una condena de 30 años de prisión.Desde la prisión Federal Correctional Institution de Big Spring, en Texas Miguel Rodríguez Orejuela, exjefe del cartel de Cali, pide su libertad alegando una condición devastadora: su mente se está apagando.Según el documento presentado ante la Corte de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida, por sus abogados Brandon Sample y Joshua S. Danz, el exnarcotraficante de 82 años sufre demencia vascular avanzada, al punto de vivir completamente desconectado de la realidad.Entre los episodios más impactantes descritos por su defensa, aseguran que Rodríguez se despierta en la madrugada convencido de que está en Colombia y les pide a otros reclusos que le consigan un taxi para ir a Bogotá.En otros momentos, cree que está huyendo de las autoridades en las montañas, cuando en realidad permanece en una celda. También presenta delirios paranoides: está convencido de que otros presos intentan envenenar su comida, lo que ha obligado incluso a personal médico a vigilarlo mientras come.Los reportes médicos citados en la solicitud son contundentes. Un escáner cerebral reveló daño estructural irreversible, producto de múltiples infartos cerebrales. Además, su deterioro es tal que ni siquiera puede identificar lesiones en su propio cuerpo, como cuando fue atendido por una inflamación severa en la mandíbula, sin recordar qué le ocurría.La defensa sostiene que ya no puede cuidarse por sí mismo, que olvida tomar sus medicamentos y que su estado mental lo ha convertido en una persona completamente dependiente. A esto se suma un dato clave: evaluaciones médicas se habrían realizado en inglés, idioma que no comprende, lo que pone en duda la calidad del seguimiento clínico dentro de la prisión.Pese a este panorama, la solicitud de liberación fue inicialmente rechazada por el sistema penitenciario, bajo el argumento de que aún puede realizar acciones básicas como alimentarse por sí mismo. Sin embargo, su defensa insiste: mantenerlo en prisión ya no cumple ningún propósito legal, ni humano.Tras más de 22 años de condena, la decisión ahora queda en manos de un juez federal, que deberá determinar si su estado actual justifica una liberación por razones humanitarias.Una fuente cercana al caso le dijo a Blu Radio y aseguró que sí tiene una posibilidad real, pero no es segura. El expediente describe demencia vascular avanzada con daño cerebral irreversible, eso encaja directamente con lo que la ley considera “razones extraordinarias y convincentes”.Y hay tres razones por las que los abogados son optimistas:Tiene 82 años y ya cumplió más de 22 años de 30. La ley en EEUU favorece la liberación cuando:El preso es mayor de 65Ha cumplido gran parte de la penaSu salud se deteriora gravementeMiguel Rodríguez Orejuela cumple esos tres requisitos. No se quedaría en EEUU sino que sería deportado a Colombia con cuidado familiar. Eso reduce aún más cualquier riesgo legal o político. Pero hay una razón de peso para los fiscales y que podría frenar todo: La gravedad de sus crímenes; fue líder del cartel de Cali. Eso no es menor. Los jueces federales suelen ser muy cautelosos en liberar a figuras de alto nivel del narcotráfico, incluso enfermos.
El hijo y heredero de alias ‘El Alacrán’, capo del cartel de Cali es requerido por una corte federal de Estados Unidos por el tráfico mensual de al menos 4 toneladas de cocaína, a través de los puertos de Tumaco (Colombia) y Esmeraldas (Ecuador). En estos momentos está siendo trasladado a la ciudad de Bogotá.El capturado podría enfrentar un proceso judicial en Colombia por los delitos de concierto para delinquir agravado, extorsión agravada y desplazamiento forzado.“El extraditable Henry Loaiza Montoya, 'El Alacrán', ya está en poder de la @PoliciaColombia. En la frontera nos lo entregó la @PoliciaEcuador, a la cual agradecemos la fluida y eficaz cooperación para ubicarlo y seguir enfrentando el crimen transnacional”, dijo el general William Salamanca director de la Policía.El arresto se llevó a cabo en Ecuador, específicamente en la localidad de Esmeraldas, gracias a la efectiva colaboración entre la DEA y la Policía Nacional de Ecuador.Lo más destacado de esta detención es la particularidad en la que 'El Alacrán' Junior modificó su fisonomía para eludir a las autoridades.Se informa que se sometió a cerca de 10 cirugías estéticas con el objetivo de transformar radicalmente su figura y rostro.Este cambio físico buscaba evadir la vigilancia de las autoridades estadounidenses y colombianas, que lo buscaban activamente durante varios meses.Las autoridades subrayan la importancia estratégica de ‘El Alacrán’ Junior en las rutas de tráfico de drogas, especialmente desde Esmeraldas, Ecuador, hacia Estados Unidos. Su detención representa un golpe significativo para las redes del narcotráfico que operan en la región.
Familias que residen en el conjunto residencial del edificio La Alquería, ubicado en el sur de Cali, impidieron el paso de funcionarios de la Sociedad de Activos Especiales SAE que en las últimas horas pretendían adelantar una diligencia en los apartamentos que en el pasado pertenecieron al narcotraficante Hélmer Herrera, alias “Pacho Herrera”, edificios que hoy tienen medida de extinción de dominio.Los Habitantes del lugar manifestaron que no van a permitir dichas diligencias y que se niegan un desalojo por parte de la SAE.La Sociedad de Activos Especiales argumenta que son 198 apartamentos que corresponden al 70% de los edificios que pertenecen a la entidad que presuntamente están siendo habitados de manera irregular.“Nosotros como entidad necesitamos saber el estado físico de estos apartamentos, necesitamos saber quiénes son las personas que están habitándolos y necesitamos compromiso con el pago de las administraciones porque hoy la entidad está respondiendo porque las personas de allá no lo están haciendo”, señaló Luis Mejía Motato, gerente regional del sur occidente SAE.Desde la entidad indicaron que los residentes deben legalizar su permanencia en las viviendas, y cada familia deberá hacerse responsable con el pago de las administraciones. Las visitas continuarán en el edificio hasta llegar a un acuerdo entre las partes.
El excapo del Cartel de Cali Miguel Rodríguez Orejuela, de 80 años de edad, radicó ante la Corte del Distrito Sur de Florida, una solicitud de rebaja de pena que le permita salir de la cárcel en Estados Unidos. Con fecha del 7 de noviembre, el documento también detalla que el excapo que azotó al Valle del Cauca tiene una pena de 30 años de prisión cuando fue extraditado en el 2005 y posteriormente condenado el 26 de septiembre del 2006.En esa ocasión fue acusado por los delitos de importar más de cinco kilos de cocaína. En la petición realizada por la defensa de Miguel Rodríguez Orejuela, se detalla que el excapo tiene problemas de salud y se encuentra encarcelado en la cárcel de Loretto, en Pensilvania.Algunos de los argumentos al que apela la defensa de uno de los hermanos Rodríguez Orejuela es que, según afirman, durante su encarcelamiento ha participado de programas de resocialización y aseguran que "tiene un riesgo mínimo de reincidencia".La petición de la reducción de pena para el colombiano, que sería de dos niveles, se basa en la ley federal, específicamente en el título 18 del Código de los Estados Unidos, sección 3582, conocido como "liberación compasiva" tras la aprobación del entonces presidente Donald Trump en el 2018."Dado lo que se ha dicho y el hecho de que el acusado no tiene antecedentes de puntos penales, y sin violencia, el demandado le pide al honorable tribunal aplicar una reducción de dos niveles según lo establecido por la USSC", concluye el documento.Vale recordar que Miguel es el hermano menor de Gilberto Rodríguez Orejuela y ambos fueron capos del Cartel del Cali entre 1970 y 1990.Vea también
Este viernes, 20 de enero, la hermana de los jefes del extinto Cartel de Cali, se entregó a la justicia colombiana.Amparo Rodríguez Orejuela estaba solicitada por un despacho judicial por una condena vigente de 13 años y 23 días de prisión por lavado de activos, a través de empresas del cartel de Cali, entre estas la cadena de Droguerías La Rebaja.Una vez la mujer sea puesta a disposición del Inpec, será trasladada al pabellón de mujeres de la cárcel de Jamundí, sur del Valle del Cauca, informó la Fiscalía.La Corte Constitucional había rechazado una tutela interpuesta por Amparo Rodríguez Orejuela, con la intensión de tumbar la condena en su contra y en contra de su esposo, Alfonso Gil. Argumentaba la tutela que la familia Rodríguez Orejuela y los trabajadores de Drogas La Rebaja tenían el derecho al debido proceso, la doble conformidad y el recurso de casación para que se estudiaran nuevamente su sentencia. El alto tribunal no les dio la razón.En este caso, 14 personas, entre trabajadores de la droguería y familiares de los Rodríguez Orejuela, fueron llevadas ante los estrados judiciales en mayo de 1999 por las irregularidades que se presentaron con la dispensadora de medicamentos y las rentas ilícitas que derivadas del narcotráfico que allí se invirtieron.Le puede interesar: 'El Camerino'
En el capítulo del informe final 'Hasta la guerra tiene límites', la Comisión de la Verdad aseguró que el paramilitarismo fue determinante para el recrudecimiento de la guerra en Colombia, pues fue el actor que más responsabilidad tuvo en los homicidios, con el 46% de las víctimas.Asimismo, los grupos paramilitares tienen responsabilidad en el 52% de los casos de desaparición forzada durante el conflicto, según la Comisión.El paramilitarismo, de acuerdo a este informe, fue posible debido a las alianzas entre miembros de la fuerza pública, terratenientes, empresarios, políticos y narcotraficantes; y hubo seis factores que llevaron a la consolidación y expansión de estos grupos.Además, hubo una promoción de grupos de defensa civil desde la década de los 70, que cometieron acciones relacionadas con el paramilitarismo, la connivencia con la fuerza pública y, también, una legalización que hubo de los proyectos paramilitares. Todo por medio de las Cooperativas de Seguridad Privada, según la entidad."Desde los 70, el Ejército promovió la creación de 'juntas de autodefensas' o grupos de defensa civil en el sur de Córdoba, amparadas en el Decreto 3398 de 1965, para que ganaderos y otros terratenientes se involucraran en la guerra contrainsurgente", explicó el documento.Asimismo, un ejemplo según el cual se demostraría la legalización del paramilitarismo es el de ‘Los Pepes’: los Perseguidos por Pablo Escobar, un grupo conformado por el Cartel de Cali y algunos exsocios del capo que habrían trabajado en alianzas con la fuerza pública."Desde la institucionalidad, miembros del Bloque de Búsqueda de la Policía Nacional, funcionarios del DAS y de agentes de la DEA trabajaron de la mano de Los Pepes en el propósito común de matar a Escobar. La breve existencia de los Pepes es también un ejemplo excepcional para entender cómo el Estado –desde sus centros de poder– ha elegido selectivamente a sus enemigos –en este caso Pablo Escobar–, mientras ignora –y en ocasiones promueve– los crímenes de actores ilegales que resultan funcionales a sus fines, en particular, los de los paramilitares de Castaño y los del Cartel de Cali", señaló el documento.La impunidad también habría aportado a la consolidación del paramilitarismo, pues no había condenas por los delitos cometidos por estos grupos; pese a la evidencia que habría en estos casos, en los cuales se evidenciaban las alianzas entre agentes de Estado y dichos grupos, con el fin de ganar la guerra contra las guerrillas.Le puede interesar:Incluso, mencionó el informe que según los datos recolectados por la Comisión, desde algunas instituciones del Estado se le ordenaba a los paramilitares hacer las labores que el Ejército no podía llevar a cabo."Los miembros del Bloque de Búsqueda no fueron llevados a juicio, a pesar de las evidencias del fiscal Gustavo De Greiff... el Estado colombiano no demostró un compromiso efectivo para contener ese proyecto contrainsurgente, contrarrestar su repertorio de violencia y estimular la investigación penal contra quienes colaboraron y financiaron sus actividades", indicó.Finalmente, la Comisión determinó que la estructura paramilitar se consolidó por las alianzas entre ganaderos, narcotraficantes, altos mandos del Ejército y sectores políticosEscuche el podcast “Zorros y Erizos” y conozca las frases controversiales y los momentos inolvidables del presidente Duque a lo largo de su gobierno:
En una funeraria ubicada en el sur de Cali, será velado el cuerpo de Gilberto Rodríguez Orejuela, jefe del extinto Cartel de Cali, que fue repatriado desde Estados Unidos donde falleció en una prisión donde purgaba condena por narcotráfico.Un mes después de su deceso, familiares de Rodríguez Orejuela podrán darle sepultura al excapo que falleció a sus 83 años y que, durante su condena, sufrió de dos tipos de cánceres: uno de páncreas y otro de próstata.Rodríguez Orejuela se encontraba preso desde diciembre del 2004 en el país norteamericano, tras ser señalado de diferentes delitos relacionados con el narcotráfico.Lea también:Cabe recordar que Rodríguez fue uno de los grandes capos del narcotráfico en los años 80 y 90, cuando dejó, en varias zonas del país, una ola de violencia durante ese periodo de tiempo donde se disputaron las rutas del narcotráfico con el Cartel de Medellín.Escuche el podcast Sin Tabú:
Este miércoles, 1 de junio, se conoció la muerte de quien fuera uno de los más grandes capos del narcotráfico colombiano, Gilberto Rodríguez Orejuela, a los 83 años, en una cárcel de Estados Unidos donde cumplía una condena de 30 años por tráfico de drogas. Sin embargo, la captura del narco hace 27 años, fue todo un triunfo para las autoridades colombianas.El 9 de junio de 1995 fue capturado Gilberto Rodríguez Orejuela en una casa ubicada al norte de Cali. El capo, quien evadió a las autoridades gracias a un novedoso sistema de desvío de llamadas, cayó cuando una agente identificó el perfume que tenía uno de los hombres de confianza del líder del Cartel de Cali.Acto seguido, miembros de la Policía Nacional ingresaron a la lujosa casa, donde no encontraron rastro de Rodríguez Orejuela. Sin embargo, el tamaño exagerado de un mueble hizo sospechar a los agentes, quienes al destruirlo dieron con el narco, el cual llegó a tener una fortuna superior a los 12.000 millones de dólares.Según integrantes del Bloque de Búsqueda, Rodríguez Orejuela se mostró muy asustado cuando fue abordado por las autoridades, aseguraron que el capo decía "no me maten, por favor no me maten. Hicieron un buen trabajo".Rodríguez Orejuela entregó varias pistolas, algunos dólares y fue trasladado de inmediato para Bogotá. Años más tarde, sería extraditado a Estados Unidos.Rodríguez Orejuela, que lideraba con su hermano Miguel el Cartel de Cali, estaba en una prisión de Carolina del Norte desde finales de 2004 cuando fue extraditado después de que fuera capturado en Colombia en 1995.El "Ajedrecista" nació en la población de Mariquita, en el departamento del Tolima en enero de 1939. Años más tarde su familia se trasladó a Cali (Valle del Cauca) en donde comenzó a trabajar como mensajero de farmacias hasta convertirse en el poderoso narcotraficante que, incluso, desafió a su rival, el Cartel de Medellín, de Pablo Escobar.Le puede interesar. Escuche El Mundo Hoy:
“General, ya lo tenemos”, fueron las palabras de victoria que anunciaron el golpe a uno de los grupos de narcotráfico más poderosos de los años 80, el Cartel de Cali. Así lo relató el general retirado Rosso José Serrano, exdirector de la Policía Nacional y quien fue reconocido por salvar en ese entonces la institucionalidad de la fuerza pública, justamente, por la captura del capo de ese grupo ilegal, Gilberto Rodríguez Orejuela, alias el 'Ajedrecista'. Gilberto Orejuela, junto con su hermano Miguel, consolidaron el Cartel de Cali y libraron una batalla con Pablo Escobar por varios años. Luego de seguimientos, infiltraciones e investigación de inteligencia, se logró la captura de los Rodríguez y su posterior extradición a Estados Unidos, país que presionaba a Colombia y los reclamaba por los delitos de narcotráfico; el exnarcotraficante murió este miércoles en una cárcel de EEUU.Jaque al 'Ajedrecista': así fue su captura“Me llamaron y me dijeron ‘mi general, ya lo tenemos’. Casi me desmayo, salí en un vehículo blindado y cuando llegué a la casa donde lo tenían (en Cali) vi que las cortinas se movían, dije ‘se voló’ y Gilberto respondió ‘no, aquí me tiene’. Fue muy impresionante, estábamos muy consternados, no pensamos que se lograra la captura”, narró en general (r) Serrano en Mañanas BLU.El general (r) le dio el reconocimiento a dos mujeres policías que, según contó, le hicieron el seguimiento al contador de Gilberto, quien era uno de sus hombres de mayor confianza: “Lo identificaron por el olor del perfume que usaba”.Sobre ese grupo detalló que, a diferencia del accionar de Pablo Escobar, “los Rodríguez no mataban, pero sí corrompían”. Asimismo, recalcó que su bloque de búsqueda estaba conformado por personas “inteligentes” que no se dejan ver.Además, señaló que esa captura “salvó la institucionalidad” porque en ese momento el Gobierno no pasaba por un buen momento y “EEUU presionaba mucho”. Calificó dicho golpe como un "jaque". Orejuela estaba pagando una pena en una prisión de Carolina del Norte desde finales de 2004, cuando fue extraditado después de que fuera capturado en Colombia en 1995. Estaba oculto en una casa de Cali y era, en esa época, uno de los hombres más buscados en Colombia y en el mundo por el poder que había creado en su entorno.
El Movimiento Amplio Social de Mujeres pidió al Gobierno Nacional activar de manera urgente las medidas de emergencia por violencia de género en el Atlántico, ante el número de asesinatos registrados este año. Según cifras de Medicina Legal, en lo corrido de 2026 han sido asesinadas 64 mujeres en el departamento.El llamado se produce luego de que este fin de semana cuatro mujeres fueran asesinadas entre Soledad y Barranquilla. Uno de los casos más recientes ocurrió en un estadero del barrio Villate, en el sur de la ciudad, donde sicarios le quitaron la vida a tiros a Román Segundo Medina Cabrera, de 40 años. En medio del ataque, una de las balas impactó a Zabit Barrios Tobar, de 44 años, quien departía con otras personas a pocos metros del lugar. La mujer murió en el sitio, mientras que los sicarios huyeron en una motocicleta.Ruth Pareja, integrante del movimiento pidió al gobernador del Atlántico convocar esta misma semana un consejo de seguridad con enfoque de género, en el que participen las autoridades y las organizaciones sociales.“El gobernador como primera autoridad del departamento le corresponde también una activación territorial de emergencia y es convocar de manera urgente en esta misma semana el Consejo de Seguridad con enfoque de género indudablemente con las organizaciones sociales que son los que vamos a monitorear qué está pasando con estos asesinatos de mujeres”, indicó Ruth Pareja.Este fin de semana también fueron asesinadas a tiros en otro ataque sicarial ocurrido en el barrio Terranova, en Soledad, una mujer de 36 años y su hija de 14. Las autoridades investigan una posible retaliación entre estructuras criminales. El comandante de la Policía de Soledad, coronel Óscar Galeano, aseguró que el responsable del ataque ya está identificado.
Este lunes en la madrugada, el presidente Abelardo De La Espriella autorizó un bombardeo contra el frente 33 de las disidencias de las Farc, al mando de alias ‘Andrey’.Esa estructura delinque en el Catatumbo, donde también sostiene disputas con el ELN. Tras la operación, el presidente anunció que cuatro personas fueron abatidas y otras seis fueron capturadas.“En una contundente operación militar que autoricé en zona rural de Tibú, Norte de Santander, nuestro Ejército Nacional y la Fuerza Aérea Colombiana golpearon a esta estructura criminal que pretende sembrar el terror y controlar a sangre y fuego el Catatumbo”, dijo el mandatario.En esta operación Noah también se incautaron 7 fusiles y 15 granadas para drones.“Entre los capturados está alias ‘Barba Chivo’ o ‘Costeño’, cabecilla de comisión y hombre de confianza de alias ‘Andrey Avendaño’, máximo cabecilla de la estructura 33. Este criminal llevaba cerca de 11 años delinquiendo y liderando confrontaciones armadas en Tibú”, anunció el mandatario.Este es el séptimo bombardeo que se adelanta durante el gobierno del presidente Abelardo De La Espriella.“He dado la orden de mantener la ofensiva militar, golpear sus estructuras, destruir sus capacidades criminales y recuperar el control de cada territorio que pretenden someter”, agregó el mandatario.
Esta semana, Cali se convierte en la casa de la selección Colombia, de cara al partido amistoso que se realizará el viernes contra Chile en el estadio Pascual Guerrero. El partido es el regreso de la tricolor a la ciudad despues de casi tres décadas, lo que significa una importante oportunidad para la reactivación económica de la ciudad, que ha sido bastante afectada desde el 10 de agosto.Ya llegaron a la capital vallecaucana los primeros jugadores como Davinson Sánchez, Luis Suárez y Camilo Vargas, y se espera que en la tarde de este lunes llegue el resto de los convocados.El alcalde de Cali, Alejandro Eder, celebró el regreso de la selección a la ciudad, reiterando que las ganancias que deje el partido se destinarán a las ayudas paras las familias afectadas por el terremoto."Estamos trabajando con la Federación para que esos dineros vayan a apoyar directamente a quienes más lo necesitan, a los damnificados que aún reciben ayuda humanitaria. Estamos trabajando con el Programa Mundial de Alimentos, tenemos un programa ya de alrededor de 7.000 millones de pesos, a ese fondo se van a sumar los recursos del partido del viernes y con eso se van a adquirir y se van a dar apoyos en mercados para las personas damnificadas que aún necesitan ese apoyo humanitario", señaló Eder.Se espera que con este partido Cali tenga una ocupación hotelera superior al 60%, convirtiéndose en un importante dinamizador para diferentes sectores de la ciudad"Esperamos 20.000 asistentes aproximadamente, donde el 10% se espera que sean turistas o visitantes. Esto reflejará entre 7.100 millones de pesos y 14.900 millones de pesos, donde 5.000 aproximadamente serán de boletería y el resto, el gasto promedio de un residente caleño, será de 90.000 pesos en temas adicionales y 450.000 pesos si es turista o visitante. Esto implica que se dinamicen muchas cadenas de valor en torno al partido, sino también lo que ocurre después, el sector nocturno, del transporte, de la logística", explicó la secretaria de Desarrollo Económico de Cali, Laura Loreto Arias.Las autoridades confirmaron que el estadio Pascual Guerrero se encuentra en óptimas condiciones para recibir a todos los hinchas este viernes. Tanto la selección Colombia como la de chile realizarán sus entrenamientos en las sedes del América y el Deportivo Cali en el sur de la ciudad.
Nuevos detalles se conocen sobre el asesinato de Ramsés Felipe Vargas Quevedo, el egresado del Gimnasio Moderno de 31 años hallado sin vida en el barrio El Paraíso, en la localidad de Chapinero. En entrevista con Meridiano Blu, su novia, María Paula Morera, afirmó que el crimen pudo haber sido algo planeado por personas que le tenían envidia al joven, quien fue despojado de una camioneta en la que se movilizaba previo a su muerte.¿Qué dijo la novia de Ramsés Vargas sobre las causas del crimen?De acuerdo con lo expresado por Morera, Vargas Quevedo era una persona noble que no registraba conflictos personales con terceros. No obstante, la mujer manifestó sus sospechas sobre la intencionalidad del ataque armado cometido en su contra tras ser abordado por delincuentes."Siento que realmente fue algo planeado. Yo digo que Ramsés no tenía enemigos porque era una persona muy noble, muy sencilla. Dentro de lo que yo conocí de él, era una persona muy amable. Y siento que él, de las cosas que tenía, tenía personas que quizás le tenían envidia. Probablemente fue una cosa que hayan planeado, o quizás lo vieron así y lo atracaron", sostuvo Morera.La mujer agregó que dos días antes del hallazgo del cuerpo se había reunido con la víctima, momento en el que tuvo un presentimiento de que algo ocurriría. Asimismo, detalló que Ramsés se desplazaba en una camioneta distinta a la que usaba habitualmente, la cual había adquirido o negociado recientemente mientras la suya ingresaba a taller por fallas mecánicas.¿Cómo fueron los últimos momentos y el hallazgo del cuerpo?Según el relato de la allegada, las últimas actividades conocidas de la víctima incluyeron el desplazamiento hacia el aeropuerto internacional El Dorado para recoger a un amigo de la infancia. Posteriormente, tras dejar a su acompañante, se proyectaba que Vargas Quevedo se dirigiera hacia una propiedad rural.De acuerdo con el informe de las autoridades del CTI de la Fiscalía, el cuerpo fue hallado en una zona boscosa de los Cerros Orientales, en la localidad de Chapinero, con impactos de proyectil en la cabeza. Morera indicó que la víctima solía desplazarse hacia una finca familiar cuya vía de acceso ingresa por el sector de Puente Aranda y la zona de Zona Franca hacia la zona limítrofe entre Bogotá y Mosquera.Las autoridades judiciales mantienen abierta la investigación para ubicar el vehículo de alta gama sustraído y los teléfonos celulares del hombre, evaluando si el homicidio fue perpetrado por una estructura dedicada al robo de camionetas de alta gama mediante el uso de inhibidores de señal de rastreo.
Más de 40 modificaciones en registros académicos y movimientos por al menos 35 millones de pesos en matrículas hacen parte de los elementos que la Fiscalía presentó en contra de Carlos Andrés Oyola Tovar, capturado el pasado viernes 6 de noviembre por agentes del CTI de la Fiscalía, la Policía Nacional y el Gaula Militar.Oyola, quien fue contratado como funcionario de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) durante el Gobierno del expresidente Gustavo Petro, fue presentado ante un juez de control de garantías. Inicialmente, en las audiencias preliminares conocidas por Blu Radio, se conocieron señalamientos relacionados solo con la presunta alteración de documentos públicos vinculados con su hoja de vida. Sin embargo, en las últimas horas, la Unidad Investigativa de Noticias Caracol expuso una investigación más amplia relacionada con accesos irregulares a información clasificada, en lo que se considera un acceso abusivo a datos de procesos electorales y de inteligencia estratégica. Según la unidad, estando en ese grupo, según los documentos de la propia DNI, habría asumido una misión clave durante las pasadas elecciones: "Lidera la red que realizaría el trabajo para cambiar resultados de la votación del 21 de junto con otros integrantes ejecutarían los ataques contra la Registraduría".Por ahora, de acuerdo con la hipótesis presentada por la Fiscalía en la línea de investigación base por la cual se judicializa, hubo modificaciones irregulares de registros académicos y financieros de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD), además de los delitos de falsedad en documento público, concierto para delinquir, acceso abusivo a sistema informático y fraude procesal.Según la sustentación, entre 2017 y 2023 habría funcionado una estructura dedicada a modificar irregularmente registros académicos y financieros de estudiantes de la universidad, con participación de personas que tenían acceso interno a los sistemas y otros integrantes que servían como enlaces con los beneficiarios de las modificaciones.La fiscal explicó ante el juez que, según la investigación, Oyola habría tenido un papel de articulación dentro de esa estructura.“Entonces, para los años, entre los años 2017 a 2023, se infiere, operó un acuerdo con vocación de permanencia para facilitar modificaciones irregulares de registros académicos y financieros de estudiantes de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Con la actuación complementaria de unos operadores internos, unos insiders dentro del sistema, y personas que articulaban esos requerimientos respecto también de unos beneficiarios o algunos beneficiarios que estaban enlazados a través de un nodo con esos insiders”, sostuvo la fiscal.Y agregó: “La Fiscalía, entonces, señor Carlos Andrés Oyola, infiere, razonablemente, su integración consciente a ese acuerdo, en cuanto a modificaciones en los registros académicos y en los financieros. Y allí entonces había unos operadores internos del sistema, señalaba que eran unos insiders, había un nodo articulador entre esos insiders y entre los estudiantes o beneficiarios de estas modificaciones irregulares de notas dentro del sistema”.Según la Fiscalía, el procesado no solamente habría sido beneficiario de las modificaciones realizadas en los sistemas de la universidad, sino que también habría servido como enlace con otros estudiantes que acudían a esta estructura para obtener cambios en sus registros.“Se infiere razonablemente que usted, Carlos Andrés, integró conscientemente ese acuerdo de voluntades y su función era de enlace y de articulación, más allá además de su propio beneficio académico, también del enlace con beneficiarios o terceros estudiantes que llegaban a esa estructura criminal, se sostenían en un periodo de tiempo y salían, ingresaban otros y así sucesivamente dentro de una cadena de acuerdos en esa estructura criminal”, afirmó la fiscal.La funcionaria agregó que la investigación permitió establecer comunicaciones y contactos entre Oyola y estudiantes cuyos registros académicos presentaban irregularidades.“Y, por supuesto, se ha establecido comunicaciones y contactos suyos, señor Oyola, con estudiantes cuyos registros presentaron irregularidades. La condición de integrante del acuerdo se le atribuye por esa convergencia de actividades, su continuidad y su finalidad”, señaló durante la audiencia.Uno de los elementos expuestos por la Fiscalía está relacionado con las propias calificaciones y registros académicos de Oyola. Según la investigación, las modificaciones le habrían permitido avanzar en la obtención de diferentes títulos académicos.“Usted conocía que se estaban modificando sus notas para obtener el título de pregrado, luego se modificaron notas para obtener el título de posgrado y luego de maestría, como ingeniero de sistemas. Usted tenía unas funciones como de coordinador y enlace con esas personas y con esos insiders, pues, en principio, fue usted beneficiario de esas modificaciones de notas”, explicó la fiscal.La Fiscalía señaló que durante los periodos académicos fueron identificadas 41 discrepancias en cursos de Oyola entre las calificaciones que aparecían en el campus virtual y aquellas que quedaron almacenadas en las tablas administrativas de la universidad.“Se identificaron 41 discrepancias, o mejor discrepancias en 41 cursos, entre los resultados del campus virtual y las calificaciones almacenadas en las tablas administrativas. ¿Eso qué significa? Que en el campus virtual era una nota que había, presuntamente, usted sacado de acuerdo al docente, y esa nota era diferente en el sistema de notas, o en el sistema del UNAD, en la tabla de notas, o de calificación”, sostuvo la fiscal.La investigación también encontró, según la Fiscalía, modificaciones relacionadas con los pagos de matrícula. En este punto, la acusación sostiene que fueron encontrados registros manuales a nombre de Oyola que no tendrían comprobación en los sistemas de tesorería.“Y allí, de acuerdo con la matriz académica tenida en cuenta por la Fiscalía y la investigación, se mantienen como referencia pero sobre todo, y determinante, en cuanto al componente financiero, se identificaron registros manuales a su nombre sin comprobación en la tesorería. Es decir, cambios en los estados de cuenta de los pagos de matrículas”, indicó la funcionaria.De acuerdo con la Fiscalía, en el caso particular de Oyola esos movimientos superarían los 35 millones de pesos. Además, las modificaciones de las calificaciones habrían permitido que notas que inicialmente aparecían en cero fueran modificadas y quedaran registradas con calificaciones superiores a 4.0 en diferentes casos.La Fiscalía también sustentó el delito de fraude procesal en la obtención de títulos académicos que, según su hipótesis, se habrían conseguido a partir de registros académicos previamente modificados.“Obtener títulos falsos de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia mediante trámites de grado sustentado en historiales académicos irregularmente modificados, logrando dos documentos académicos institucionales que acreditaron requisitos que según esta hipótesis investigativa no se encontraban realmente satisfechos”, explicó la fiscal. Según la acusación, Oyola habría obtenido de esta manera el título de pregrado como ingeniero de sistemas y, posteriormente, un título de especialista en gestión pública.La Fiscalía considera que la conducta investigada tendría una dimensión adicional, pues sostiene que Oyola no solamente se habría beneficiado de las modificaciones realizadas en sus propios registros, sino que habría desempeñado un papel de articulación para que otras personas accedieran a modificaciones similares.Por ahora, los delitos imputados son falsedad en documento público, concierto para delinquir, acceso abusivo a sistema informático y fraude procesal.
