El incendio forestal que se registró durante la tarde y noche de este domingo en el corregimiento de Virolín, zona rural del municipio de Charalá, Santander, fue controlado y extinguido en su totalidad gracias al trabajo conjunto del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Charalá y la comunidad del sector.La emergencia movilizó a los organismos de socorro y a decenas de habitantes de la zona, quienes apoyaron las labores para contener el avance de las llamas y evitar que el fuego se extendiera hacia otras áreas de vegetación o afectara viviendas cercanas.Después de varias horas de trabajo, los bomberos lograron apagar completamente el incendio y realizaron labores de verificación para descartar puntos calientes que pudieran provocar una reactivación de la emergencia.Aunque las autoridades no reportaron personas lesionadas ni daños en viviendas, recordaron que las altas temperaturas y las condiciones secas que atraviesa gran parte del departamento incrementan el riesgo de incendios forestales, por lo que hicieron un llamado a la ciudadanía para extremar las medidas de prevención.Entre las principales recomendaciones se encuentran no realizar quemas para la preparación de terrenos o eliminación de residuos vegetales, evitar arrojar colillas de cigarrillo o fósforos encendidos en zonas con cobertura vegetal, no dejar fogatas encendidas y reportar de inmediato cualquier conato de incendio a las líneas de emergencia o al cuerpo de bomberos más cercano.Los organismos de gestión del riesgo también invitaron a los habitantes de las zonas rurales a mantenerse atentos a cualquier señal de humo y a dar aviso oportuno, ya que una respuesta temprana es fundamental para evitar que las llamas se propaguen y ocasionen mayores afectaciones ambientales.Las autoridades reiteraron que, durante la influencia del fenómeno de El Niño y los periodos de bajas precipitaciones, la prevención y la colaboración de la comunidad son fundamentales para proteger los bosques, las fuentes hídricas y la fauna silvestre, además de reducir el riesgo para las poblaciones cercanas a las áreas afectadas.
Las autoridades de Santander activaron un Puesto de Mando Unificado (PMU) ante el incremento de actos de violencia y alteraciones del orden público registrados durante actividades políticas en municipios del departamento, especialmente en Charalá y Guadalupe.La medida fue adoptada luego de los enfrentamientos, bloqueos y agresiones denunciadas por integrantes de la campaña política de Iván Cepeda, cuyos simpatizantes aseguraron haber sido atacados durante recorridos proselitistas realizados en la provincia Guanentina.En Charalá, ciudadanos bloquearon el paso de la denominada “Chiva por la Vida” y, según denuncias de la campaña, algunos participantes lanzaron piedras y portaban palos para impedir el ingreso de la caravana al municipio. Situaciones similares fueron reportadas en Guadalupe, donde también se presentaron hostigamientos contra vehículos y seguidores del movimiento político.La congresista electa por Santander del Pacto Histórico, Yolanda Silva, rechazó lo ocurrido en Charalá y aseguró que la situación es reflejo de la polarización política que vive el país.“Hoy fuimos víctimas en Charalá de la polarización política que ha generado la derecha en nuestro país. Hoy decimos: ¡basta ya!”, manifestó Silva, quien también afirmó que “la violencia política no puede seguir siendo noticia” y sostuvo que este tipo de acciones “no podrán parar este proyecto político”.La dirigente también denunció que la “Chiva por la Vida” fue detenida arbitrariamente, vulnerando, según indicó, el derecho al ejercicio democrático y a la participación política.El secretario del Interior de Santander, Óscar Hernández, confirmó que las autoridades ya adelantan investigaciones para esclarecer lo sucedido y establecer posibles responsables.“Estamos investigando la situación para tomar acciones”, señaló el funcionario, quien indicó que el PMU reúne a organismos de seguridad, autoridades locales y entidades del Estado con el fin de evaluar riesgos y garantizar la seguridad durante las actividades políticas en el departamento.La Gobernación de Santander manifestó preocupación por el aumento de episodios de intolerancia y confrontación en medio del ambiente preelectoral, por lo que hizo un llamado a respetar las garantías democráticas y evitar hechos que puedan derivar en nuevos actos de violencia.Los recientes incidentes ocurren en medio de una creciente polarización política en varias regiones del país, situación que ha llevado a las autoridades a reforzar los esquemas de seguridad y el monitoreo de actividades públicas y concentraciones políticas en Santander.Organismos como la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría y la Fuerza Pública participan en el seguimiento de los hechos para evitar nuevas alteraciones del orden público y garantizar el desarrollo pacífico de las campañas políticas en el departamento.
Las autoridades en Santander confirmaron la captura de cinco presuntos integrantes de la banda delincuencial denominada ‘Los Planeadores’, señalados de participar en el secuestro y asesinato de la señora Georgina León, ocurrido en agosto de 2025 en el municipio de Charalá.De acuerdo con el secretario del Interior de Santander, Oscar Hernández, el resultado se logró tras un proceso de investigación liderado por el Gaula de la Policía Nacional, que permitió desarticular este grupo de delincuencia común organizado.“Gracias a la persecución judicial y al proceso investigativo de nuestra Policía Nacional se logra desarticular la banda delincuencial ‘Los Planeadores’, responsables del secuestro y homicidio de la señora Georgina”, indicó el funcionario.Según explicó Hernández, entre los capturados se encuentran quienes habrían actuado como autores intelectuales del crimen, incluyendo a una persona que para agosto de 2024 se encontraba recluida en un centro carcelario y que posteriormente recuperó la libertad. Tras su salida, continuó vinculado a la estructura criminal, lo que permitió su identificación y captura junto a los demás implicados.Las autoridades establecieron que se trató de un secuestro extorsivo. En medio de la investigación se evidenció que tres de los capturados habrían participado directamente en el cobro de 10 millones de pesos exigidos a la familia de la víctima.Este resultado se suma a las acciones judiciales adelantadas en septiembre de 2025, cuando por solicitud de la Fiscalía un juez envió a la cárcel a Cristian Martínez, de 25 años, señalado como presunto autor material del secuestro y homicidio de la mujer de 72 años.El hecho ocurrió el 28 de agosto de 2025, cuando Georgina León fue secuestrada en su vivienda en Charalá. Su cuerpo fue hallado días después, el 3 de septiembre, en zona rural del municipio.En ese mismo operativo en 2025 fueron capturados Cristián Dilan, de 31 años, y Laura Martínez, de 28, quienes fueron imputados por el delito de receptación, tras ser encontrados en posesión de los celulares de la víctima y su esposo. Ambos continúan vinculados al proceso judicial.Las investigaciones, que contaron con la participación del Gaula de la Policía, el Ejército y la Fiscalía, incluyeron la recolección de testimonios, seguimientos y más de 200 horas de video, lo que permitió ubicar a los implicados en diferentes regiones del país, entre ellas Dosquebradas, en Risaralda.En su momento, el gobernador de Santander, Juvenal Díaz, se pronunció sobre las primeras capturas. “Nada reemplaza la vida de un ser humano. No hay escondite que valga para los bandidos. Gracias al trabajo de la Fiscalía y la Policía se dio captura a tres de los presuntos asesinos”, expresó.Con estas nuevas capturas, las autoridades aseguran haber esclarecido el crimen y reiteraron su compromiso de avanzar en la judicialización de todos los responsables.
La tragedia aérea ocurrida en Puerto Leguízamo, Putumayo, donde un avión militar tipo Hércules se accidentó, tiene en vilo a la familia del santandereano Albeiro Malaver Rivero, quien hacía parte de la tripulación de la aeronave.El joven, nacido en Charalá, hace parte de la Fuerza Aeroespacial Colombiana y viajaba en el avión que se estrelló poco después de despegar con 125 ocupantes.Entre las víctimas de la tragedia hay 58 soldados, seis miembros de la Fuerza Aérea y dos policías.La familia del santandereano Albeiro Malaver y la comunidad del municipio de Charalá piden a los colombianos que se unan en oración para que este joven pueda recuperarse. Malaver Ribero permanece bajo observación médica en el Hospital Militar Central. "Lamentablemente, como consecuencia de este trágico accidente, 66 de nuestros militares fallecieron y están en proceso de identificación", expresó el comandante de las Fuerzas Militares, general Hugo Alejandro López.El jefe militar agregó que hay 57 militares heridos, que fueron evacuados, de los cuales ocho fueron trasladados a la ciudad de Florencia, capital del vecino departamento de Caquetá, y 49 a Bogotá.De los heridos trasladados a la capital, 19 reciben atención en el Hospital Militar y otros 30 “que no revisten mayor gravedad”, fueron ingresados en el Batallón de Sanidad Militar, agregó el general López.Cabe recordar que el accidente ocurrió cuando el avión FAC 1016 que acababa de despegar de Puerto Leguízamo con destino a Puerto Asís, también en el Putumayo, cayó a tierra por causas que aún se desconocen.“La investigación será rigurosa, transparente y con la máxima celeridad posible. El país conocerá la verdad”, manifestó el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, quien es general retirado de la FAC.Según el portal especializado SA Defensa, el avión accidentado tenía 43 años de uso pues en 1983 entró en servicio en la Fuerza Aérea de Estados Unidos, que en 2020 lo pasó a la Fuerza Aérea Colombiana.
Un grupo de pequeños futbolistas de la escuela Cacique Guanentá Charalá Ocamonte se ha convertido en sensación en redes sociales gracias a un video lleno de ternura que ya acumula más de 30 millones de reproducciones en TikTok.En las imágenes, cinco niños de apenas cinco y seis años aparecen reunidos en círculo, abrazados, planeando la estrategia para su partido. Uno de ellos, con gran carisma y liderazgo, da las instrucciones a sus compañeros: “Yo se la paso a él, tú se la pasas a él, luego se la pasas a él, me la pasas a mí, se la paso a él y tú haces el gol”. Tras la explicación, todos ponen sus manos en el centro y levantan el grito de unidad: “¡A ver, mano, equipo Chihuahua!”.El video, que fue grabado en marzo durante un entrenamiento, permaneció guardado por meses hasta que Julián Casas, entrenador de los niños, decidió publicarlo en redes.“Ese momento fue totalmente natural. Nosotros simplemente organizamos los equipos, les dijimos que pusieran un nombre y que pensaran su estrategia. Yo le pedí a mi pareja que grabara y lo subimos sin esperar la respuesta que tuvo”, explicó el formador.Casas aseguró que la viralidad lo sorprendió, pues de un día para otro el clip empezó a rodar por todo el mundo. Incluso, la Liga Mexicana de Fútbol reaccionó al video y varias figuras reconocidas lo han compartido en sus cuentas oficiales.La escuela de fútbol, que entrena a los niños en Charalá y Ocamonte los lunes, miércoles y viernes en la tarde, ahora recibe mensajes y propuestas de distintos lugares gracias a esta publicación que muestra no solo la pasión por el balompié, sino también el valor del trabajo en equipo desde la infancia.
En un operativo conjunto, tropas del Ejército Nacional y la Sijín de la Policía Santander capturaron en flagrancia a dos presuntos integrantes de la comisión Santander del Frente Adonay Ardila Pinilla, del ELN, señalados de extorsionar en la provincia Guanentina.La captura se desarrolló en la vía que comunica los municipios de Charalá y Coromoro, durante un puesto de control en horas de la noche, en el que participaron el Gaula Militar Chicamocha, el Gaula de la Policía y un pelotón motorizado del Batallón de Artillería N.° 5 de Cimitarra.Allí fueron sorprendidos los dos hombres con más de diez millones de pesos en efectivo, boletas extorsivas, una agenda con registros de cobros ilegales, teléfonos celulares, una memoria USB, un computador y una motocicleta.De acuerdo con el coronel Jairo Fuentes, jefe del Estado Mayor de la Quinta Brigada, los capturados serían responsables de exigir dinero a campesinos, ganaderos y comerciantes de los municipios de Coromoro, Simacota, Ocamonte y Charalá, e incluso de extorsionar al alcalde de Coromoro desde comienzos de este año.“Estos dos bandidos fueron sorprendidos con dinero producto de las extorsiones y boletas de cobro que entregaban a la población civil. Se presume que eran los encargados de intimidar también al alcalde de Coromoro, además de campesinos y empresarios de la región”, señaló el oficial.El coronel agregó que los dos hombres habrían arrojado sus armas antes de ser interceptados por las tropas, y que las autoridades investigan su posible participación en un homicidio ocurrido recientemente en la vía entre Charalá y Coromoro.Los capturados quedaron a disposición de la Fiscalía General de la Nación por el delito de extorsión. Para el Ejército, este golpe representa una afectación directa a las finanzas del grupo armado organizado ELN y un paso clave para frenar la intimidación contra autoridades locales y la comunidad en el sector.
El Comité Intergremial de Santander alzó su voz de alerta frente al aumento de hechos violentos que han alterado la seguridad en el departamento y pidió al Gobierno fortalecer la presencia institucional para proteger la vida y la tranquilidad ciudadana.En un pronunciamiento público, el organismo rechazó con firmeza el asesinato registrado en la vía Charalá – Coromoro, atribuido a grupos ilegales, así como la aparición de banderas alusivas al ELN en zona rural de Piedecuesta. Estos hechos, señalaron, son una muestra de la creciente presión de actores al margen de la ley en áreas estratégicas del territorio santandereano.El Comité exhortó al ministerio de Defensa a destinar los recursos presupuestales necesarios para ampliar el pie de fuerza en Santander, garantizar la presencia militar y policial en todo el departamento y consolidar la seguridad pública. A su vez, resaltó la importancia de mantener una coordinación estrecha entre autoridades nacionales y regionales que permita resultados tangibles frente al crimen organizado.“Se requiere actuar con decisión para que la seguridad, la confianza ciudadana y la productividad de la región no se vean afectados por la amenaza de grupos ilegales”, expresó la organización que agrupa a los principales gremios económicos y empresariales del departamento de Santander. Desde la Gobernación de Santander informaron que se ofreció una recompensa por $30 millones por información para esclarecer el homicidio en Charalá que fue atribuido al ELN. "También reforzamos al seguridad en Piedecuesta donde aparecieron banderas del grupo armado ilegal", informaron las autoridades. Finalmente, el Comité de Gremios de Santander hizo un llamado a trabajar con información transparente, coordinación efectiva y acciones contundentes, con el propósito de consolidar a Santander como un territorio seguro, competitivo y en paz, blindando la convivencia frente a las amenazas que ponen en riesgo el bienestar de las comunidades.
Las autoridades de Santander anunciaron una recompensa de hasta 30 millones de pesos para quienes brinden información que permita identificar y capturar a los responsables del homicidio registrado en el municipio de Charalá, crimen que fue atribuido por el ELN a través de un video publicado en redes.La comunidad fue la que alertó sobre la presencia de un cuerpo abandonado a un costado de la carretera. Al llegar al lugar, la Policía Nacional confirmó que se trataba de un hombre de aproximadamente 40 años, quien presentaba al menos cuatro impactos de arma de fuego, dejado en la vía que del municipio de Charalá conduce al corregimiento de Cincelada, en jurisdicción de Coromoro, sur de Santander.Tras un consejo de seguridad extraordinario debido a los hechos, el secretario del Interior del departamento, Óscar Hernández, rechazó de manera enfática la presencia y las acciones de estructuras criminales en la provincia Guanentina.“Rechazamos todo intento de estas estructuras armadas de asentarse en la región, nuestras instituciones, la Gobernación, las autoridades municipales y las Fuerzas Militares de Ejército y Policía, están presentes y trabajando por la seguridad de los santandereanos”, expresó Hernández.El caso que hoy preocupa a las autoridades corresponde al homicidio de Arley Yaruro Díaz, alias 'Mario', ocurrido el pasado miércoles en zona rural de Charalá. Según un video difundido por integrantes del ELN, la víctima era oriunda del Cesar y habría sido asesinada por supuestamente liderar una banda que se hacía pasar por miembros de esa guerrilla para extorsionar a ganaderos de la región.Las autoridades tomaron la decisión de reforzar la seguridad en municipios cercanos como Coromoro, donde advierten que el ELN estaría intentando consolidar presencia. El secretario del Interior reiteró que el crimen está en manos de los organismos de investigación y que no se permitirá la expansión de grupos armados ilegales en Santander.La Gobernación invitó a la ciudadanía a suministrar información que permita avanzar en las investigaciones y desarticular las estructuras criminales que afectan la tranquilidad en la zona.
Las autoridades adelantan investigaciones para esclarecer el homicidio de un hombre que fue hallado sin vida con varios impactos de bala, los ojos vendados y con aparentes signos de tortura, en la vía que del municipio de Charalá conduce al corregimiento de Cincelada, en jurisdicción de Coromoro, sur de Santander.De acuerdo con el reporte inicial, la comunidad alertó sobre la presencia de un cuerpo abandonado a un costado de la carretera. Al llegar al lugar, la Policía Nacional confirmó que se trataba de un hombre de aproximadamente 40 años, quien presentaba al menos cuatro impactos de arma de fuego.El alcalde de Charalá, Jorge Vega, indicó que la víctima no era residente del municipio y que, según versiones preliminares, habría estado viviendo en una vereda lejana de Coromoro. “Desafortunadamente lo trajeron hasta este sector de la vía. Las autoridades investigan quiénes lo llevaron hasta allí y qué hacía en esta zona”, señaló el mandatario.Vega también manifestó su preocupación por la seguridad en el corredor vial que comunica a Charalá con Cincelada y pidió mayor presencia de la fuerza pública.“Realizamos un consejo de seguridad extraordinario para analizar este caso y solicitar a Policía y Ejército que intensifiquen sus patrullajes. Queremos mantener la tranquilidad y evitar que estos hechos alteren la paz de nuestros municipios”, agregó.El alcalde advirtió además que, tras hechos de violencia como este, algunas personas intentan realizar llamadas extorsivas a líderes comunales y comerciantes, por lo que pidió a la ciudadanía no ceder ante estas presiones y reportar de inmediato a las autoridades.Por ahora, el cuerpo fue trasladado a Medicina Legal mientras avanza la investigación para establecer la identidad de la víctima y esclarecer los móviles del crimen.
En medio de la conmemoración de los 206 años de la Batalla de Pienta en Charalá, Santander, una denuncia ciudadana vuelve a poner en el foco público el abandono del Parque Temático Batalla de Pienta, un proyecto que debía rendir homenaje a los héroes del 4 de agosto de 1819, pero que hoy permanece inconcluso, deteriorándose y al borde de convertirse en un elefante blanco.La obra, que se inició el 19 de abril de 2021 bajo el convenio de cooperación FNTC-113-2019 entre la Alcaldía de Charalá y el Fondo Nacional de Turismo (Fontur), fue contratada con un plazo de ejecución de nueve meses, es decir, debió ser entregada en enero de 2022. Sin embargo, a pesar de tener un avance superior al 90%, el proyecto permanece paralizado desde el 30 de septiembre de 2023.“El contrato de interventoría se venció y Fontur dejó que eso pasara. Suspendieron la obra tres veces, hicieron adiciones y terminaron cambiando la interventoría por una supervisoría”, denuncio Luis José Gómez, presidente de la Veeduría de Vigilancia y Control Social en entrevista con Blu Radio.La escultura central del monumento, elaborada por el artista santandereano Juan José Cobos, ya está instalada, pero empieza a deteriorarse, al igual que el resto del parque, sin terminar instalaciones básicas como la red hidráulica, que incluía un sistema de piscinas decorativas.“En noviembre de 2022, representantes de Fontur, del contratista y del diseñador del parque se reunieron en el sitio, pero la visita no derivó en avances significativos”, según el veedor Gómez.La obra busca integrar la historia de la independencia de Colombia en una ruta turística que conectara con el Parque Nacional del Chicamocha, Hidrosogamoso y el Ecoparque El Santísimo, consolidando a Charalá como destino cultural e histórico del país. En 2013, ya se había reconocido a este municipio como patrimonio histórico y cultural de la Nación.Hoy, en plena conmemoración de la batalla que simboliza la resistencia del pueblo santandereano, la veeduría hace un llamado urgente a la Contraloría de Santander para que actúe frente a este posible caso de detrimento patrimonial.“Tenemos más del 90% de avance. Sería una tragedia que esto quedara en el olvido. Esta no es solo una obra, es la historia de Colombia”, advirtió Gómez.
El Juzgado 804 Transitorio de Familia de Bogotá concedió una acción de tutela y ordenó al presidente Abelardo De La Espriella abstenerse, en ejercicio de sus funciones, de participar en actos religiosos que impliquen adhesión o identificación del Estado con una confesión determinada.La decisión fue adoptada al resolver una tutela presentada por el ciudadano Julio Jair Mizger Díaz, quien alegó la vulneración de sus derechos a la libertad de conciencia, la libertad de cultos y el principio de laicidad del Estado.El caso se originó por los hechos ocurridos el 29 de agosto en la Plaza de Bolívar, durante la denominada “Gran velatón por las víctimas del terremoto”, convocada por el Gobierno Nacional para recaudar ayudas tras el sismo del 10 de agosto. Según el accionante, durante el evento se realizaron actos propios de la religión católica que excluyeron a otras confesiones y a personas no creyentes.En la tutela se afirmó que el presidente participó en la “coronación de una estatua de la Virgen de Fátima” y que, además, habría entregado la Nación a Cristo. El ciudadano sostuvo que el evento fue convocado y difundido a través de canales oficiales del Estado, lo que le otorgó un carácter institucional.El juez estudió ambos aspectos por separado. Tras revisar el material audiovisual, concluyó que la participación del mandatario en la imposición de una corona a la imagen religiosa excedió los límites de neutralidad que exige la Constitución a las autoridades públicas.En el fallo se señala que “el principio de neutralidad religiosa exige que las autoridades públicas se abstengan de identificarse o realizar actos oficiales de adhesión, incluso simbólicos, a una determinada religión o confesión”. El juez agregó que, aunque el evento tenía una finalidad pública relacionada con la solidaridad hacia las víctimas del terremoto, “la actuación específica del señor Presidente desbordó dicha finalidad”.La decisión también precisa que el mandatario no actuó en una esfera estrictamente personal, sino en su calidad de jefe de Estado y durante un evento oficial. Por ello, el juzgado consideró que la participación presidencial proyectó una adhesión simbólica del Estado a una confesión religiosa determinada.En contraste, el despacho concluyó que no se acreditó que el presidente hubiera pronunciado la frase sobre la entrega de la Nación a Cristo. Al revisar el video, determinó que esa expresión fue realizada por otra persona y no podía ser atribuida al mandatario.El juez negó otras solicitudes del accionante, entre ellas una reparación simbólica mediante una declaración pública y el envío de copias a la Procuraduría para una eventual investigación disciplinaria.La providencia es de primera instancia y puede ser impugnada.
Un joven sobrevivió a una fuerte descarga eléctrica cuando, presuntamente, intentaba hurtar cables en el sector del retorno de Viveros, en la vía hacia el retén, en Barrancabermeja. El hombre quedó atrapado entre una maraña de cables, con quemaduras visibles en diferentes partes del cuerpo y una posible fractura en una de sus piernas.De acuerdo con versiones conocidas en el lugar, dos personas habrían subido a un poste para intentar apoderarse de varios cables. Sin embargo, tras producirse la primera descarga eléctrica, una de ellas habría logrado escapar, mientras que su compañero quedó atrapado entre los conductores.El joven permaneció durante varios minutos en el lugar, expuesto a las consecuencias de la descarga y con lesiones de consideración. La gravedad de las posibles afectaciones internas deberá ser determinada por los profesionales de la salud.Unidades del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Barrancabermeja acudieron al sitio y, mediante el uso de una escalera, lograron llegar hasta el hombre, liberarlo de los cables y descenderlo en una camilla.Posteriormente, fue trasladado al Hospital Regional del Magdalena Medio, donde quedó bajo atención médica para establecer la gravedad de las quemaduras y determinar si presenta lesiones internas como consecuencia de la descarga eléctrica.Por ahora, se presume que el incidente involucró una línea de media tensión. Sin embargo, las autoridades y la Electrificadora de Santander responsable del servicio deberán establecer la magnitud exacta de la energía involucrada y las circunstancias en las que se produjo el accidente.El caso vuelve a poner en evidencia los riesgos de manipular redes eléctricas sin las condiciones de seguridad necesarias, especialmente cuando se trata de infraestructura de media tensión en Santander.
Más de 100 kilos de material explosivo fueron encontrados en las últimas horas en zona rural de Charta, Santander, en medio de las operaciones que adelantan las autoridades contra estructuras armadas ilegales en el departamento.El hallazgo fue informado por el secretario del Interior de Santander, Óscar Hernández, quien explicó que tropas de la Quinta Brigada del Ejército localizaron el material y adelantan el procedimiento de incautación, además de las investigaciones para establecer su procedencia y posible uso.De acuerdo con las primeras informaciones entregadas por las autoridades, los explosivos pertenecerían, al parecer, a una estructura del ELN que tiene presencia en la región.“Ante la ofensiva contra las estructuras criminales ubicaron unos explosivos que están en proceso de incautación en este momento y haciendo ese respectivo proceso de investigación”, explicó Hernández.El funcionario señaló que en el procedimiento participan diferentes componentes de las autoridades y que se realizará el respectivo acompañamiento institucional mientras avanzan las investigaciones.Este nuevo operativo ocurre pocas semanas después de otro importante hallazgo registrado en Charta. El pasado 3 de septiembre, tropas de la Quinta Brigada, en coordinación con la Policía y con apoyo del FBI, localizaron un depósito ilegal en la vereda Ovejera, donde fueron encontrados 250 kilos de explosivo R1.Según las autoridades, ese material pertenecía al Frente de Guerra Nororiental del ELN y estaba oculto cerca de una institución educativa. Por el riesgo que representaba para la comunidad, los explosivos fueron destruidos de manera controlada.En ese momento, el gobernador de Santander, Juvenal Díaz, señaló que con la operación se evitó que el material pudiera ser utilizado contra la población civil, la Fuerza Pública o infraestructura estratégica. También indicó que los explosivos podrían haber sido destinados a actividades relacionadas con minería ilegal.Con el nuevo hallazgo, las autoridades mantienen las operaciones en esta zona del departamento.
En una camilla, con el rostro desencajado, Maricarmen se despide de su hogar. Esta madrileña de 87 años desahuciada el miércoles se ha convertido en símbolo de la crisis del encarecimiento de la vivienda en España.Después de varios años de lucha judicial, esta jubilada perdió la batalla frente a la agencia inmobiliaria que compró el piso que ella ocupaba desde hacía 70 años en el acomodado barrio del Retiro y le subió el alquiler un 275%, hasta los 2.650 euros mensuales.Maricarmen, que se desplaza en silla de ruedas por problemas de movilidad, se vio obligada a abandonar su vivienda, lo que provocó una ola de indignación a nivel nacional."¡Maricarmen, no estás sola!", coreaban decenas de manifestantes congregados frente a su domicilio mientras la octogenaria era llevada a una ambulancia.Explosión de los preciosSu caso ilustra la crisis de la vivienda en España, donde los precios se han disparado y la oferta se ha reducido, en parte por los alquileres turísticos de corta duración, como Airbnb, y los fondos "buitre".En diez años, el precio medio del metro cuadrado en alquiler en el país casi se ha duplicado, alcanzando los 15,1 euros/m² en agosto, según el portal inmobiliario Idealista. Para la compra el precio ronda los 2.355 euros, es decir un 50% más en una década, según cifras oficiales.Madrid encabezó en 2025 y 2026 la clasificación mundial de la red Barnes sobre las ciudades más cotizadas para el sector inmobiliario de lujo. El número de viviendas sociales es tan reducido que algunas se adjudican por sorteo."En Madrid y Barcelona ya casi no quedan pisos por menos de 700 €/mes. El mercado de alquiler empieza en cerca de 1.000 €/mes, lo que precisa de unos ingresos de al menos 2.000 €/mes netos y un importante ahorro para afrontar varios meses de fianza", denuncia la organización de consumidores OCU en un estudio publicado este miércoles."Es muy indignante, ¿no?" Los españoles, sobre todo los jóvenes, están sobrepasados y acusan al gobierno del presidente socialista Pedro Sánchez y a las autoridades de la Comunidad de Madrid, gobernada por la derecha (Partido Popular, PP).En España, un país muy descentralizado, las autoridades regionales tienen competencia en materia de política de vivienda a nivel local, lo que alimenta las críticas a la oposición conservadora."Creo que es muy indignante, ¿no?", afirmó Pedro Sánchez en rueda de prensa en Nueva York antes de su discurso en la Asamblea General de la ONU."Ver a responsables políticos que (...) con dinero público se permiten el lujo de comprarse áticos con 200 metros de terraza y sin embargo no son capaces de mover un dedo por personas que necesitan de la ayuda de lo público", añadió, apuntando a la presidenta conservadora de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.La izquierda acusa a Ayuso desde hace meses de haber comprado, con fondos públicos, un lujoso ático en el centro de la capital para su uso personal. Ella lo niega.El miércoles por la noche miles de personas se manifestaron simbólicamente bajo las ventanas de la vivienda de Maricarmen, pero también en Barcelona y Oviedo.El jueves, Díaz Ayuso contraatacó recalcando que el desahucio fue "por orden judicial" y acusó al gobierno central de no haber cambiado la ley en los ocho años que lleva en el poder.Gobierno y oposición en ascuas"En un contexto de inflación, de pérdida de poder adquisitivo (...) esta situación no ayuda a ninguno de los partidos", estima Guillermo Fernández Vázquez, profesor en la universidad Carlos III de Madrid."Al PP le viene muy mal (...) que se siga hablando del ático de Ayuso y, además, que se siga hablando con indignación" y al gobierno también "va a pasarle factura" porque "revelan una impotencia enorme", añade.A pocos meses de las elecciones legislativas, Pedro Sánchez prometió presentar de urgencia un nuevo texto en el Parlamento.Pero sin mayoría y debilitado por múltiples casos judiciales, el jefe del gobierno sigue bajo la presión de la oposición y de sus aliados, como el partido de izquierda radical Sumar, que llama a congelar los alquileres.
La policía regional de Cataluña (Mossos d'Esquadra), halló el cadáver de un hombre de 75 años en su casa, donde una mujer y su hija, familiares del fallecido, habían convivido con el cuerpo durante años.Fuentes de los 'Mossos' informaron este jueves a EFE que ayer fueron avisados por los vecinos de la urbanización Can Formiga de Cabrera, en el municipio barcelonés de Cabrera d'Anoia, en la que se encuentra ubicada la casa, de que hacía tiempo que no veían a las personas que vivían en ella, de las que no tenían noticias hacía años, y de que en torno a la vivienda se había acumulado suciedad.Agentes de la policía catalana se personaron en la casa, en la que encontraron a una madre y a la hija, mayor de edad, que no habían salido de la vivienda, como mínimo, desde la pandemia de covid, así como el cadáver de un hombre, propietario del inmueble y familiar de ambas.Las citadas fuentes indicaron que, en la inspección del cuerpo y del lugar no se observaron indicios de que el hombre hubiese muerto de forma violenta, por lo que apuntan a un fallecimiento por causas naturales.Las mismas fuentes precisaron que ayer miércoles se procedió al levantamiento del cadáver, que fue trasladado al instituto de medicina legal en Barcelona.La autopsia del cuerpo, explicaron estas fuentes, permitirá conocer la fecha aproximada del fallecimiento del hombre, que se produjo hace años dado el estado en el que se encontraba el cadáver, así como la causa de la muerte.A partir de este dato, además, se podrá determinar el número mínimo de años en los que madre e hija han convivido en la misma casa con el cadáver.Las dos mujeres, que no están detenidas, están siendo atendidas por los servicios sociales y sanitarios.
