En los últimos tres años han sido asesinados 21 conductores y tan solo en 2024 ha habido 10 retenciones de vehículos por parte de grupos armados y comunidades.Graves denuncias hizo el gremio de transportadores de carga en Colombia, que ha registrado 70 carros incinerados en los últimos 6 años, 2.200 bloqueos durante el gobierno del presidente Gustavo Petro, 10 retenciones de vehículos por grupos armados o comunidades este año y la lista sigue.A ello se suma que hay ocho departamentos del país con control total de grupos armados, por lo que a los conductores de carga les toca pasar con salvoconductos. A su vez, en los últimos tres años han asesinado 21 conductores. Ante este crudo panorama de inseguridad, este gremio denunció a 19 entidades públicas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ante los incumplimientos del Gobierno nacional.Sobre inseguridad en ColombiaAnderson Quiceno, director nacional de los transportadores de carga (ATC), lamentó la situación de inseguridad en Colombia para el gremio que representa.“Nosotros a raíz precisamente de todo el incumplimiento con el Gobierno Nacional lo denunciamos, denunciamos 19 entidades públicas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos la CIDH, por la inseguridad que estamos viviendo en todas las carreteras del país con polizones y caminantes”, aseguró el dirigente del gremio.Aunque reconocen que es su problema central, no es el único por el que incluso se sumaron a la manifestación de este domingo en Medellín. Además, piden ayuda con temas como los polizones y caminantes que se trepan en sus vehículos, además de garantías de salud, bajar la sobreoferta, subsidiar las tarifas y tener un régimen pensional especial, por tener una actividad que por lo general es informal.
Del 15 al 19 de abril, los comisionados de la CIDH estuvieron en Bogotá y siete departamentos del país. Esta visita tuvo dos enfoques, iniciando por la implementación del acuerdo de paz de 2016 y la seguridad ciudadana.“La última visita en Colombia de 2012 se basó en la firma del Acuerdo de Paz. Colombia es un país caracterizado por la violencia, pobreza y desigualdad en algunas regiones, y la transmisión socioeconómica es compleja por la discriminación de clases y el racismo”, expresó la presidente de la CIDH, Roberta Clarke.Además, los comisionados apuntan que el acuerdo de paz marcó un cambio y que estuvo centrado en el abandono de armas, la justicia transicional y dejar las economías ilegales, pero estas acciones no suponen una sociedad más justa e incluyente.Por otro lado, el relator de Colombia ante la CIDH, José Luis Caballero, expresó que se han excluido a pueblos indígenas, comunidades negras, afros y palenqueras. Además, que paralelamente el patriarcado ha creado una sociedad que subordina mujeres, niñas y miembros de la comunidad LGBTI.Conclusiones de la visita de la CIDH a Colombia:1. Llamar al Estado para que desarrolle políticas que garanticen el acceso pleno y disminuya la desigualdad, además de fortalecer su presencia en el territorio.2. El ejecutivo debe proteger la vida e integridad de las comunidades y personas en esos territorios donde se decretaron cese al fuego y seguir la ruta establecida en el acuerdo de paz.3. Llama al Congreso de la República a priorizar el debate constructivo y los consensos para estudiar la reforma a la ley de víctimas.4. Exhorta a la Fiscalía y entes judiciales para juzgar a los autores materiales e intelectuales de delitos en contra de los DD.HH.5. La CIDH confía en que el Estado y la sociedad en conjunto pueden lograr avanzar en las transformaciones para alcanzar la paz y alcanzar la vigencia de los DD.HH en Colombia.Por último, la CIDH se pronunció frente a los ataques del presidente Gustavo Petro a la prensa y dijo que se debe garantizar la libertad de expresión y que bajo ninguna circunstancia se ponga en riesgo a los periodistas con estigmatizaciones.
El expresidente Álvaro Uribe y su partido, el Centro Democrático, se reunieron este jueves con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a la que manifestaron "varias preocupaciones" sobre el país, como la implementación del Acuerdo de Paz de 2016 y la política de "paz total" del Gobierno."Sobre el proceso de paz de La Habana y los resultados que hoy se evidencian y la política de paz total, expresamos la preocupación por lo que viene sucediendo en el país con el debilitamiento de la fuerza pública, el fortalecimiento del control por parte de las estructuras criminales y el avance de delitos de mayor impacto", dijo la senadora Paola Holguín en una rueda de prensa.Holguín mencionó cifras de secuestro y de reclutamiento forzoso de menores, especialmente de comunidades indígenas, así como "la preocupación por la confrontación que desde el Ejecutivo se viene dando contra la anterior Fiscalía, las Cortes, la Procuraduría y la estigmatización del Congreso cuando hay desacuerdo en las votaciones".Los miembros del Centro Democrático no dieron más detalles de la reunión porque la CIDH les pidió confidencialidad, aunque el exmandatario precisó que la delegación no dijo nada y solo los escuchó.Uribe aprovechó el espacio, y la petición de confidencialidad de la CIDH sobre el encuentro, para volver a insistir en su inocencia en el caso en su contra de soborno de testigos y fraude procesal y repasar todas las pruebas que, según él, demostrarían que se trata de un montaje político en su contra. También detalló que le entregó un dossier con toda la información a la delegación de la CIDH, que se encuentra en Colombia en una visita a petición del Estado que arrancó el lunes 15 de abril y finaliza este viernes y que han aprovechado para reunirse con diversos sectores de la sociedad civil y política colombiana así como con instituciones estatales.El caso Uribe La Fiscalía anunció la semana pasada que Uribe será llamado a juicio por los delitos de soborno de testigos en actuación penal y fraude procesal.Este caso se remonta a 2012 cuando el expresidente colombiano demandó por supuesta manipulación de testigos a Iván Cepeda, que en esa época preparaba una denuncia en el Congreso en su contra por supuestos vínculos con el paramilitarismo. Sin embargo, la Corte Suprema de Justicia decidió no abrir investigación contra el congresista y, en cambio, le inició un proceso a Uribe por manipulación de testigos. La acusación por soborno tiene que ver con el presunto pago de coimas a Carlos Enrique Vélez y Juan Guillermo Monsalve, quienes están presos en las cárceles de Palmira y La Picota en Bogotá, respectivamente. Desde que se anunció la decisión de la Fiscalía, Uribe ha insistido en diversas ocasiones en el supuesto "montaje político" que según él representa este caso, y el lunes acusó a Cepeda de ser él quien sobornó a Monsalve.
En medio de una reunión que sostuvieron voceros del Centro Democrático con los delegados de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, que se encuentran de visita en el país, el expresidente Álvaro Uribe volvió a referirse al proceso judicial en su contra por presunta manipulación de testigos.El encuentro tuvo como fin que el Centro Democrático expresara su preocupación por la supuesta violación de las garantías democráticas y también la afectación de las instituciones en Colombia, por las decisiones que ha tomado el Gobierno de Gustavo Petro. Así lo dijo la senadora Paola Holguin, “expresamos nuestra preocupación por el debilitamiento de la Fuerza Pública, el fortalecimiento de las estructuras criminales y el avance de delitos de mayor impacto como el secuestro, cuyas cifras son similares a las que teníamos hace 16 años”.A su vez, el exmandatario afirmó que entregó a este organismo toda la documentación de este caso, que aportará durante la realización de las diligencias que se encuentran en curso.“Entregamos a la Comisión un folio documental muy extenso, se van a demorar muchos días leyendo toda la documentación que les entregué, esto es una documentación que prolija y se les va a agregar el tema de la versión libre”, expresó Uribe.Reiteró su postura negativa de que hubiese ido a las cárceles a buscar testigos para cambiar las declaraciones a su favor y que su único propósito fue verificar testimonios y no sobornar a nadie.
José Luis Caballero, comisionado de la CIDH y relator para Colombia, anunció en la mañana de este lunes 12 de abril, el inicio de la visita in loco a Colombia con varias líneas de trabajo.El principal propósito de esta visita es observar los impactos de las distintas formas de violencia en la situación de los derechos humanos, con especial atención a las dimensiones étnico raciales y de género.Esta visita tendrá dos enfoques, iniciando por la implementación del acuerdo de paz de 2016 y la seguridad ciudadana, desde la perspectiva de las diversas manifestaciones de violencia y la respuesta del Estado ante esta problemática.La CIDH no solo estará en la capital del país, sino que además, visitará los departamentos de Antioquia, Cauca, Chocó, La Guajira, Magdalena, Nariño, Putumayo y Valle del Cauca; donde se entrevistará con representantes de los distintos poderes del Estado, con autoridades nacionales, departamentales y municipales.En estos lugares también se mantendrán encuentros con las diversas organizaciones de la sociedad civil para escuchar el más amplio espectro de voces representativas de Colombia.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó este lunes, 18 de marzo, a Colombia por diversas violaciones a derechos derivados de la persecución y el espionaje a los integrantes del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (CAJAR), una organización vinculada a la defensa de los derechos humanos.La sentencia fue notificada este lunes por parte del vicepresidente de la CorteIDH, el brasileño Rodrigo Mudrovitsch, por medio de un acto oficial realizado de forma virtual con la presencia de las partes involucradas en el caso."La Corte Interamericana de Derechos Humanos en su sentencia declaró la responsabilidad internacional de Colombia por violaciones al derecho a la vida, a la integridad personal, a la vida privada, a la libertad de pensamiento, a la autodeterminación informativa, a conocer la verdad, a la honra, a las garantías judiciales, a la protección judicial, a la libertad de asociación, de circulación y de residencia, a la protección de la familia, al derecho a la niñez y al derecho a defender los derechos humanos", dijo Mudrovitsch.El caso se refiere a la persecución, hostigamiento y espionaje por parte del Estado colombiano de la que fue víctima a partir de 1990 el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (CAJAR), por su labor de defensa de los derechos humanos.La CorteIDH determinó en la sentencia que desde la década de 1990 "diversas dependencias estatales llevaron a cabo actividades arbitrarias de inteligencia en perjuicio de los miembros del CAJAR y sus familiares".En ese contexto "las autoridades recopilaron y conservaron distinta información, incluidos datos personales, a partir de lo cual elaboraron archivos y 'hojas de vida' que contenían anotaciones y registros de distinta naturaleza respecto de las víctimas, a quienes, hasta la fecha, no se les ha garantizado el acceso a los archivos de inteligencia, vedándoles la posibilidad de reclamar la actualización, rectificación o eliminación de los datos", señaló la CorteIDH."Las actividades de inteligencia continuaron durante la vigencia de la Ley 1621 de 2013, dirigida a regular las funciones que desarrollan los organismos de inteligencia y contrainteligencia. Asimismo, los miembros del CAJAR, a raíz de las declaraciones de funcionarios estatales y publicaciones de oficinas gubernamentales que los descalificaban y los vinculaban con grupos guerrilleros, fueron objeto de estigmatización", añade el tribunal internacional.La CorteIDH también estableció que las víctimas de este caso "sufrieron distintos hechos de violencia e intimidación, algunos de los cuales fueron ejecutados con intervención directa de agentes estatales".A su vez, indicó que si bien determinados hechos de amenazas fueron cometidos por organizaciones paramilitares, "el Estado creó una situación de riesgo para la vida e integridad personal de las víctimas, en cuanto facilitó a dichas organizaciones información personal de estas últimas".Esta es la primera vez que una organización defensora de derechos humanos llega a la CorteIDH en calidad de víctima.En su sentencia, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó al Estado realizar las investigaciones dirigidas a "esclarecer los hechos de violencia, amenazas, intimidaciones y hostigamiento, así como las actividades de inteligencia emprendidas por diferentes organismos públicos en la década de 1990".Igualmente, la CorteIDH ordenó al Estado "depurar los archivos de inteligencia para garantizar el derecho a la autodeterminación informativa de las víctimas con relación a los datos que sobre ellas obren en tales archivos".El Estado también deberá diseñar e implementar un sistema de recopilación de datos y cifras vinculadas a los casos de violencia contra las personas defensoras de derechos humanos y adecuar la Ley 1621 de 2013 a efecto de que su regulación sea compatible con los estándares convencionales sobre la materia".Colombia además deberá "adecuar los manuales de inteligencia y contrainteligencia, a fin de ajustarlos a los estándares internacionales sobre la materia" y realizar una campaña informativa a nivel nacional, "para sensibilizar a la sociedad colombiana respecto a la violencia y estigmatización de la que han sido víctimas las personas defensoras de derechos humanos".
De manera poco usual, varios organismos internacionales, en particular vinculados a la defensa de los derechos humanos, han hecho pronunciamientos en los últimos días en torno al proceso de elección de fiscal General de la Nación.El pronunciamiento más reciente es el de la oficina en Colombia del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, en el que “alienta a la Corte Suprema a concluir el proceso de selección de fiscal en el menor tiempo posible”, argumentando que “la selección de una persona titular de la Fiscalía asegura la independencia, la autonomía y la transición oportuna en esta entidad y previene el debilitamiento de la justicia”.Al final de ese pronunciamiento, la ONU hace un tímido llamado al Estado, luego lo individualiza, “particularmente al Gobierno” a brindar las garantías para que la Corte Suprema de Justicia pueda concluir la selección de una nueva persona fiscal, sin interferencias de ningún tipo.Este comunicado se suma a los emitidos recientemente por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y por la OEA, en los que también le piden a la Corte Suprema que elija con prontitud fiscal General, además con varios detalles imprecisos: la CIDH asegura que la Corte está en moratoria desde el pasado 7 de diciembre frente al trámite, algo que no es cierto, porque ese día apenas comenzó el proceso de votación. La otra imprecisión es la que ha evidenciado el exvicepresidente Humberto De La Calle quien ha criticado al secretario de la OEA Luis Almagro, quien advirtió en un comunicado que en Colombia estaría en desarrollo un supuesto golpe contra el presidente Gustavo Petro, algo que según De La Calle, es una fantasía.Los pronunciamientos de estos organismos de derechos humanos urgiendo a la Corte para elección de fiscal son llamativos porque en ninguna otra oportunidad, ni siquiera cuando los magistrados devolvieron al expresidente Álvaro Uribe una terna y aplazaron hasta el Gobierno de Juan Manuel Santos la elección de Fiscal General, dijeron una palabra.Ahora viene la ofensiva política y diplomática de congresistas del Centro Democrático que están en Washington para reunirse con el Secretario de la OEA, Luis Almagro e intentarán un encuentro con la CIDH para expresar su posición, desmintiendo al Pacto Histórico, que hace una semana había estado en esos mismos escenarios denunciando un supuesto “golpe blando” contra el presidente Gustavo Petro.
La contienda jurídica por la Alcaldía de Santa Marta no termina. A pesar de que Carlos Pinedo viene ejerciendo su mandato en la capital del Magdalena, el grupo político de su contrincante, Jorge Agudelo, no se da por vencido, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en Washington, Estados Unidos, llegó un grupo de congresistas de Fuerza Ciudadana y Pacto Histórico, quienes explicaron lo que ellos consideran un “robo a la democracia”.Ingrid Aguirre, representante del Magdalena por el partido Fuerza Ciudadana, entregó los detalles de esta reunión que busca que se le devuelva los derechos políticos al candidato Agudelo, quien fue sacado de la contienda tras una decisión del Tribunal Superior del Magdalena adoptada por comisión escrutadora que decidió considerar como votos no marcados los depositados a favor del aspirante naranja, sustentando que su inscripción fue extemporal.“Expusimos el asalto a la democracia en el Distrito durante las pasadas elecciones, donde el pueblo samario eligió a Jorge Agudelo como su alcalde y una comisión borró los votos favoreciendo al candidato de las mafias”, dijo la congresista desde la entrada del edificio de la CIDH.La reunión con miembros de este organismo también sirvió para tocar temas que evidencian la guerra jurídica y mediática dirigida contra figuras nacionales, los mismos que han venido venciendo en las urnas a la extrema derecha.“Les dimos a conocer el lawfare constante contra nuestro presidente fundador, Carlos Caicedo, por parte de la Fiscalía; la estigmatización a la Federación Colombiana de Educadores (Fecode) y el movimiento sindical; y el ataque del fiscal Francisco Barbosa y los órganos de control al Gobierno del presidente Gustavo Petro”, señaló la congresista de Fuerza Ciudadana.Demanda electoralEn las últimas horas, se conoció el oficio enviado por el Consejo Nacional Electoral al Tribunal Superior del Magdalena en la cual expresa: "no acceder a la solicitud de medida cautelar" solicitada por Jorge Agudelo Apreza que implica la suspensión temporal de Carlos Pinedo Cuello como alcalde de Santa Marta.De igual forma, el Tribunal Superior notificó de dicha demanda a Carlos Pinedo, quien tiene cinco días hábiles para pronunciarse al respecto. Se espera que después de Carnavales el Tribunal tome una decisión de fondo en este caso y se conozca cuál será el futuro de la Alcaldía de Santa Marta.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) condenó este martes las inhabilitaciones administrativas en contra de opositores en Venezuela y denunció que dichas acciones son propias de "regímenes autoritarios", por lo que instó a reconstruir la democracia en el país.El organismo se refirió entre otras personas a la candidata de la principal coalición opositora de Venezuela a las presidenciales de 2024, María Corina Machado.El pasado 26 de enero, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ratificó su inhabilitación política para competir en esa y otras elecciones hasta 2036.Para la Cidh, al apartar de la contienda a reconocidos dirigentes de la oposición "se corrobora que el sistema de justicia venezolano no ofrece garantías de independencia e imparcialidad y que éste ha jugado un rol significativo en la represión de opositores al gobierno".Adicionalmente, en su opinión, "se anula la posibilidad de desarrollar elecciones presidenciales libres, justas y competitivas".La Cidh es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y tiene el mandato de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en la región.El Gobierno venezolano denunció en 2012 la Convención Americana de Derechos Humanos, que da base jurídica a la Cidh, y en 2017 hizo lo propio con la Carta de la OEA.En su mensaje recordó que ningún órgano administrativo puede restringir a través de sanciones de inhabilidad o destitución los derechos políticos a elegir y ser elegido."Este tipo de sanciones únicamente pueden ser impuestas mediante una condena por un juez o una jueza en el marco de un proceso penal", dijo la CIDH, subrayando que "en un Estado democrático es fundamental que se garantice la participación política en condiciones de igualdad".En Venezuela, añadió, "es crucial el levantamiento de inhabilitaciones administrativas y el cese de cualquier acto dirigido a desalentar la participación ciudadana en asuntos de interés público", y también se deben adoptar "con urgencia" medidas para restablecer la separación e independencia del sistema judicial y otros poderes públicos."Sólo así se podrá reconstruir la democracia y la confianza en las instituciones públicas", concluyó la organización, integrada por siete miembros que no representan a sus respectivos países de origen o residencia.
El pasado 26 de julio, el alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, designó a Antonia Urrejola como la encargada de investigar los posibles obstáculos a la paz que se han presentado en Colombia. Urrejola fue presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, y posteriormente ministra de Relaciones Exteriores en el Gobierno de Gabriel Boric, en Chile.Es importante recordar que la JEP denunció a funcionarios de la Fiscalía de Néstor Humberto Martínez, ya que los magistrados que tuvieron que decidir si le otorgaban, o no la garantía de no extradición al exguerrillero Jesús Santrich, pidieron una información que nunca recibieron, la denuncia es por posible ocultamiento.Tras algunas visitas en Colombia y reuniones con funcionarios, instituciones, excombatientes y víctimas, entre otros; Antonia Urrejola entregó un balance preliminar sobre el caso, en el que asegura que sí hubo obstáculos.Por otro lado, si bien Urrejola aclara que no puede concluir que la detención de ‘Jesús Santrich’ sea la causa del surgimiento de la Segunda Marquetalia, dice que sí aceleró el regreso a las armas de varios excomandantes.“A partir de la detención de ‘Jesus Santrich’ sí existió posteriormente varios dirigentes de la exfarc que dejaron el acuerdo y tuvo un efecto de la información que he tenido de los propios firmantes, tuvo un efecto interno que venía de antes, la propia Comisión de la Verdad en su informe hace referencia al caso de ‘Jesús Santrich’, hace un recuento de las tensiones internas que tenían la Farc EP con anterioridad al caso ‘Jesus Santrich’, por eso yo no digo que el caso mismo es el responsable pero sí de alguna manera acelera que algunos firmantes del acuerdo vuelvan a los territorios y dejen las armas”, explicó Urrejola.También señaló que hubo una “demora excesiva” por parte de la Fiscalía para entregar la información y que esto afectó el debido proceso, también informó que hubo persecución en contra de algunos funcionarios de la JEP que tenían, por ejemplo, la labor de autorizar la salida del país de firmantes de paz.“También el mismo hecho generó, por los testimonios que he tenido, una división interna de los propios firmantes del acuerdo quienes hoy están en el partido Comunes como también los que están en la Mesa Autónoma de Reincorporación y esas divisiones están ligadas a hechos anteriores, pero también en este caso específico de lo que pasó con ‘Jesús Santrich’ y también cuando ‘Ivan Márquez’ dejó el acuerdo y se fue de nuevo a las armas”, indicó Urrejola.Por último señaló que es importante cumplir con las recomendaciones del informe final de la Comisión de la Verdad y garantizar la seguridad de los excombatientes teniendo en cuenta que hay una “impunidad estructural” frente a las amenazas y homicidios de firmantes.“Una primera observación es que los hechos denunciados por la JEP del año 2023 ante la Fiscalía General de la Nación, no se pueden leer de manera aislada, sino que hacen parte de un contexto político en el que un sector no menor de la sociedad colombiana estaba abiertamente contrario al acuerdo de paz y en el cual, actores importantes cuestionaron sobre todo las facultades y competencias de la JEP y de la labor de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición”, finalizó.Le puede interesar:
Más del 50% de los municipios en el Valle del Cauca se han declarado en alerta ante posibles emergencias provocadas por las lluvias de los últimos días. Son en total 12 municipios que se encuentran en alerta roja, y 21 más en naranja. “Con estas lluvias que se están presentando es muy probable que en algunos de estos municipios se presenten algunos movimientos de remoción. Estamos trabajando en articulación con todos los coordinadores municipales de gestión del riesgo y organismos de socorro”, aseguró Francisco Tenorio, secretario de Gestión del Riesgo del Valle.Los 12 municipios en Alerta Roja son: Cali, Buenaventura, Dagua, Calima Darién, Jamundí, San Pedro, Tuluá, Bugalagrande, Bolívar, El Cairo, Ansermanuevo, El Águila.Entre las 21 poblaciones que se encuentran en alerta naranja están Florida, Pradera, Palmira, El Cerrito, Buga, Andalucía, Sevilla, Caicedonia, Roldanillo, entre otros.También hay nueve municipios en alerta amarilla, entre los que están Yumbo, Candelaria, Vijes, Guacarí, Ginebra, Zarzal, La Victoria, Obando y Cartago.“Venimos desarrollando mesas técnicas, haciendo asistencia a los municipios con el fin de acompañarlos y asesorarlos en distintos temas, haciendo las recomendaciones pertinentes para prevenir una emergencia”, puntualizó el secretario.
Hyundai Motor pretende aumentar su participación en Motional, su empresa de riesgo compartido con la estadounidense Aptiv centrada en conducción autónoma, a través de un aumento de capital pagado, según adelantaron fuentes de la compañía a la agencia Yonhap.A su vez, el principal fabricante de vehículos surcoreano pretende invertir en Aptiv y hacerse con el 11 % de sus participaciones de cara a asegurar una gestión estable de Motional y poder compartir tecnología clave con mayor agilidad.La ampliación de capital de Hyundai en Motional sumará unos 663.000 millones de wones (unos 485 millones de dólares), según destacó Yonhap.De este modo, el accionariado del gigante surcoreano en Motional pasará del 50 % actual al 55,8 %.Hyundai anuncia millonaria inversión en Sudamérica para producir carros eléctricos e híbridos"Estableciendo la dirección de los desarrollos tecnológicos de Motional esperamos mejorar nuestra competitividad tecnológica y sentar las bases para ampliar sinergias entre las divisiones de conducción autónoma dentro del grupo", explicó a Yonhap un portavoz de la empresa.Motional, con sede en Boston (EE.UU.), fue fundada como una entidad de riesgo compartido entre Hyundai y la empresa emergente Aptiv en marzo de 2020.
En diálogo con Mañanas Blu, el director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), Carlos Carrillo, hizo graves acusaciones que vinculan a políticos con el escándalo de corrupción de carrotanques en La Guajira.Carrillo apuntó específicamente al senador Carlos Andrés Trujillo. Sugirió una inexplicable obtención de votos en Uribia, La Guajira, cuando su fuerza política está en Itagüí, en del departamento de Antioquia."Trujillo saca 20.000 votos en Uribia, un senador de Itagüí que saca 20.000 votos en La Guajira", señaló Carrillo, al cuestionar la autenticidad de esos resultados electorales."La UNGRD es víctima"Respecto a las declaraciones de Sneyder Pinilla, exsubdirector de la UNGRD, quien ha dicho que se utilizó dinero de la entidad para influenciar votaciones en el Congreso, Carrillo pidió que la entidad sea reconocida como víctima en el proceso."Básicamente lo que dice Sneyder Pinilla es que repartieron plata en efectivo, que le llevaron plata al presidente del Senado, que le llevaron plata al presidente de la Cámara de Representantes", explicó Carrillo.Asimismo, el director de la UNGRD dijo que corrupción en la entidad no se limita a los carrotanques, sino que se extiende a numerosos contratos sospechosos."Hay una cantidad de contratos que huelen muy mal, no solamente el de los carrotanques, sino muchos más", afirmó el director de la UNGRD.Daniel Quintero, salpicadoEl exalcalde de Medellín, Daniel Quintero también fue mencionado en el contexto de este escándalo. Según Carrillo, Quintero tuvo un papel en la asignación de puestos y contratos dentro de la UNGRD y sugirió que usó políticamente la entidad para favorecer intereses particulares."Vea lo de Daniel Quintero. Daniel Quintero tenía la subdirección de Reducción, casi nada. Y ahora dice que no tiene nada que ver, que es que lo traicionaron. Quintero tenía la subdirección de reducción, que es una de las tres subdirecciones de la entidad, con Alhetia Arango Gil. Aletia Arango Gil fue funcionaria de Quintero durante todos su periodo, fue directora del Dagrd, que es como el Idiger de Medellín, 14 meses. Después pasó a ser subsecretaria de Defensa de lo Público y no sé qué, unos nombres ahí que se inventa Quintero. Después pasó a ser subsecretaria de Asuntos Sociales y de ahí salió a la oficina de Olmedo y estuvo ahí hasta enero. Y en enero la echaron cuando pues le pidieron la renuncia cuando Olmedo estaba afuera. Ni siquiera fue Olmedo el que la echó, fue Víctor Mesa”, dijoLuego de esto, según Carrillo, le ofrecieron la subdirección a Luisa Fernanda Gómez Villegas, quien fue secretaria de Infraestructura de Quintero en Medellín.“Entonces, pues a Quintero sí le pasa un poco, como el cuento de Stendhal, ¿cierto? De la mujer que es atrapada en flagrante delito y dice le crees más a tus ojos que a mis palabras. O sea, es que Quintero quiere que le creamos más a sus palabras que a nuestros ojos”, dijo el funcionario.¿Plata para aprobar la reforma a la Salud?Carrillo también especuló sobre la posibilidad de que fondos de la UNGRD hubieran sido utilizados para asegurar la aprobación de la reforma a la salud en el Congreso, aunque admitió no tener pruebas concretas.“Yo eso no lo puedo decir porque no me consta. Yo entiendo que las dudas son razonables, sobre todo cuando vemos cómo ha operado la clase política en Colombia”, puntualizó.
El Juez Quince Administrativo de Bucaramanga resolvió el incidente de desacato en medio del proceso de la acción popular que ordenó el cierre del relleno sanitario El Carrasco, desde agosto de 2021, y dio el aval para que, de manera temporal, solo Bucaramanga, Girón, Floridablanca y Piedecuesta puedan llevar las basuras a este sitio.Así las cosas, los 13 municipios restantes que por años había depositado los residuos en El Carrasco, tendrán que buscar otra solución.Según el fallo judicial, a partir del 1 de mayo de 2024 quedaron los municipios del área metropolitana habilitados para tal fin, sin embargo, deben implementar un plan de acción.“Es importante advertir que la habilitación para el ingreso de nuevos residuos estarán orientados a las actividades que contiene el Plan de Acción a corto, mediano y largo plazo que adoptaran los Municipios del Área Metropolitana de Bucaramanga, la Autoridad Ambiental y la Empresa de Aseo de Bucaramanga con el fin de disminuir y consecuentemente cerrar la disposición final (enterrar) de residuos sólidos en la modalidad de relleno sanitario”.Advierte el juez Quince Administrativo, Edward Avendaño, que la autorización de funcionamiento transitorio del lugar es para que los residuos que ingresen a partir del 1 de mayo de 2024 se destinen únicamente a garantizar la construcción de celdas de estabilización.“(…) atendiendo el gran volumen de toneladas (733.136 toneladas – corte junio 2023) de residuos que ingresaron sin ningún tipo de autorización desde el 15 de agosto de 2021”, dice el fallo judicial.Entre los puntos que debe tener el plan de acción para el manejo de las basuras están:Realizar una convocatoria abierta para la presentación de implementación de herramientas técnicas o nuevas alternativas para la transformación de los residuos sólidos.Convocar a una Audiencia de verificación de cumplimiento del fallo para adoptar el Plan de Acción de corto plazo, las cuales deben contener metas cuantificables y actividadesque busquen reducción de residuos sólidos como mínimo en un 15% antes del 01 de abril de 2025.Realizar mesas técnicas ambientales para la consolidación de una propuesta a medianoy largo plazo, así como la financiación de las celdas de estabilización en el nuevo diseño ETAPA 1.Implementar campañas de sensibilización para aumentar la separación en la fuente enfocadas en el uso de redes sociales y tecnologías de la información con la prohibición expresa de realizar pasacalles, textos, impresión de volantes, publicidad y demás elementos que impactaran negativamente la reducción de residuos sólidos al sitio de disposición final El Carrasco.Reducción de la disposición de los residuos sólidos en los meses de mayo y junio de 2024 en el Área Metropolitana de Bucaramanga.También ordena el juez al gobernador de Santander, Juvenal Díaz, que antes del 20 de mayo de 2024 indique las medidas que va a adoptar para apoyarla implementación del plan de acción a corto, mediano y largo plazo con el fin de lograr el cierre del sitio de disposición final El Carrasco.“La ubicación de un nuevo lugar, o en su defecto, la implementación de nuevas herramientas técnicas orientadas a la transformación y aprovechamiento de los residuos sólidos", indica el documento.El gerente de la Empresa de Aseo de Bucaramanga, (EMAB), Helberth Panqueva, dijo que la decisión del juez representa un beneficio para el municipio que podrá nuevamente hacer el cobro del servicio que estaba asumiendo la alcaldía.“Recordemos que desde el 14 de agosto de 2021 el componente de disposición final no se le estaban cobrando a los usuarios sino a los municipios, ya con esto se recompone y se restablecerían los recursos. Vamos a tener que estudiar, a revisar, pero no van a ser incremento significativo”, indicó el gerente de la EMAB.Igualmente, indicó que continuarán con el trabajo para transformar el relleno sanitario e implementar nuevos sistemas de depósito de basuras.“Estamos abriendo la puerta para la transformación del carrasco en un parque tecnológico, realizar proyectos y empezar a no enterrar la basura sino aprovecharla y transformarla para pasar de una economía lineal a circular”, manifestó Panqueva.Finalmente, señalo que el compromiso de los alcalde del área metropolitana de Bucaramanga de reducir los residuos sólidos y un proyecto piloto para que las 955 toneladas de basura que llegan a El Carrasco empiecen a disminuir. También la implementación de proyectos de tratamiento de residuos.Este es el fallo del Juez Quince Administrativo de Bucaramanga.
Un fiscal de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos definió la situación jurídica del exdirector de Protección del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), coronel en retiro de la Policía Nacional Manuel Antonio González Henríquez, por su posible participación en el homicidio del excandidato presidencial, Carlos Pizarro Leongómez, ocurrido el 26 de abril de 1990, en un avión que cubría la ruta Bogotá –Barranquilla (Atlántico).“El exoficial fue vinculado formalmente como presunto responsable de los delitos de homicidio con fines terroristas, concierto para delinquir y porte ilegal de armas o municiones de uso privativo de las Fuerzas Armadas. En ese sentido, deberá cumplir medida de aseguramiento de detención preventiva en el lugar de residencia, en atención a lo previsto en la ley 600 (anterior Sistema Penal)”, informó la Fiscalía. Fuentes del ente acusador confirmaron que la decisión de una medida de aseguramiento se da por el delicado estado de salud del oficial.El coronel (r) González Henríquez, entre 1989 y 1990, tuvo a su cargo la coordinación de los esquemas de protección de candidatos presidenciales, altos funcionarios del Estado y otras personalidades públicas. Al parecer, aprovechando este cargo realizó cambios y rotaciones imprevistas del personal de seguridad del dirigente político, lo cual facilitó el actuar del sicario y el cumplimiento del plan criminal.Recordemos que en el año 2017, el juzgado primero penal especializado de Cundinamarca declaró culpable y condenó a 22 años de prisión al coronel (r) de la Policía Nacional Manuel Antonio González, por su responsabilidad en el magnicidio del candidato presidencial Luis Carlos Galán, ocurrido en 1989 en Soacha.