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En medio de las alertas por el reclutamiento y uso de menores de edad en el conflicto armado, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sesionó este lunes para recibir denuncias de distintos sectores de la sociedad colombiana que advierten un recrudecimiento del fenómeno, especialmente en el departamento del Cauca.
Durante la sesión, la representante del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), María Eugenia Erazo, reveló que solo en 2025 al menos 233 niños, niñas y adolescentes indígenas han sido víctimas de reclutamiento forzado en los territorios del Cauca. Erazo señaló que esta cifra se suma a los 606 menores reclutados entre 2022 y 2024, lo que demuestra una tendencia sostenida y preocupante.
La representante del CRIC explicó que muchos de los menores son trasladados a otros departamentos, como Valle del Cauca, Nariño, Huila, Tolima, Caquetá, Guaviare, Meta y Arauca, donde son obligados a participar en actividades ilícitas o en hostilidades dentro de los grupos armados.
Según Erazo, el reclutamiento forzado no solo constituye una grave violación de los derechos humanos y del Derecho Internacional Humanitario, sino que también destruye el tejido social y cultural de las comunidades indígenas, afectando su supervivencia y autonomía.
Durante la audiencia, los representantes del CRIC pidieron a la CIDH y al Estado colombiano acciones urgentes y coordinadas para frenar el reclutamiento, fortalecer la presencia institucional en los territorios y garantizar la protección de los menores en riesgo.
El incremento de estos casos en el Cauca refleja la persistencia del conflicto armado y la expansión de los actores ilegales en regiones donde la presencia del Estado sigue siendo limitada, pese a los esfuerzos del Gobierno por avanzar en su política de “paz total”.
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