En medio de las operaciones que adelanta el Ejército en el departamento del Cauca, fue capturado Yeison Quirá Córdoba, conocido en el mundo criminal como alias ‘Tabares’ cabecilla del frente Carlos Patiño, de las disidencias de las Farc al mando de alias ‘Iván Mordisco’, es señalado de ser el autor de múltiples atentados terroristas en los municipios de Argelia y El Tambo, específicamente en corregimiento de El Plateado.Este hombre inició su accionar delictivo desde los 12 años, y actualmente se encargaba del reclutamiento de menores en el sur del departamento del Cauca, las autoridades lo señalan de reclutar alrededor de 50 niños, niñas y adolescentes.Alias ‘Tabares’ fue el autor del ataque terrorista perpetrado con drones en el que murió el pequeño Dilan Camilo Erazo, ocurrido en julio del 2024, cuando un explosivo lanzado desde un dron cayó sobre una cancha donde jugaba con más menores."Recuerden ustedes cuando ese menor estaba en un coliseo y estos criminales, utilizando drones, dejaron caer una granada que le quitó la vida a nuestro menor Dilan. Este criminal delinquía principalmente en el área del Tambo y Argelia, Cauca", señaló el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, desde el departamento del Cauca.Según las investigaciones, alias ‘Tabares’ también habría participado en el secuestro de militares y policías ocurrido en marzo del año pasado en El Plateado, intimidando a la población civil para evitar el despliegue de las tropas en el marco de la operación ‘Perseo’.
Una cadena de hechos violentos, ataques armados, asonadas y uso de explosivos improvisados tiene como eje al cabecilla Jhon Alexander Jiménez Marín, alias ‘Zamora’, señalado jefe principal de la estructura Carlos Patiño de las disidencias de las Farc en el corregimiento de El Plateado, Cauca. Informes de inteligencia militar advierten que su red estaría utilizando incluso instalaciones educativas del corregimiento para esconderse y fabricar artefactos explosivos e incendiarios, en un entorno donde además hay presencia de menores de edad, situación que quedó registrada en videos obtenidos por autoridades.Alias ‘Zamora’ es considerado hombre de confianza de Iván Mordisco y uno de los principales articuladores de control territorial en el Cañón del Micay, con influencia en veredas como Huisitó, San Juan de Mechengue y Honduras. Según los reportes, desde esa zona de retaguardia estarían moviendo armas, explosivos y material de guerra. También lo vinculan con ataques con drones cargados con explosivos, secuestros y acciones armadas contra la Fuerza Pública. Registra múltiples órdenes de captura por delitos como concierto para delinquir, homicidio agravado y tráfico de armas.La tensión más reciente se desató tras un procedimiento policial en la entrada de El Plateado, entre la noche del domingo y la madrugada del lunes, cuando uniformados instalaron un puesto de control. Un vehículo que recibió la señal de pare no se detuvo y, de acuerdo con el reporte operativo, desde su interior dispararon contra los policías. En la reacción armada murieron los dos ocupantes del carro, uno de ellos de nacionalidad venezolana. En la inspección fueron halladas armas de fuego y munición. Mientras se adelantaban los actos urgentes, un grupo de pobladores rodeó a los uniformados, los agredió y se llevó los cuerpos, en medio de una asonada.Tras el hecho comenzaron a circular audios por WhatsApp atribuidos a mandos de la estructura Carlos Patiño, en los que, según inteligencia, se ordenaba a la comunidad salir a confrontar a la Policía y exigir su retiro del sector. Habitantes de distintas veredas llegaron al corregimiento y durante esa noche aumentó la alteración del orden público. La presión, de acuerdo con las fuentes, hacía parte de una estrategia para forzar la salida de la Fuerza Pública de un punto estratégico conocido como Casa Charlie, un lugar elevado que bloquea rutas de movilidad usadas para el tráfico de droga e insumos químicos, lo que tendría cargamentos represados de la organización.El martes en la tarde la situación escaló aún más. Mientras grupos presionaban a la Policía y preparaban bombas molotov, se produjo un ataque con drones cargados con explosivos que cayó sobre personas concentradas en el parque del corregimiento. El hecho dejó una persona muerta y más de diez heridos, entre ellos una menor de edad. Informes preliminares indican que el ataque habría sido ejecutado por la misma estructura armada, en medio de la tensión por la baja asistencia a la asonada convocada.Reportes posteriores de inteligencia señalan que nuevamente fueron vistas personas elaborando artefactos incendiarios dentro de un centro educativo de El Plateado, el mismo tipo de dispositivos con los que el año pasado fue incinerado un vehículo blindado. Los explosivos, según el seguimiento, estarían siendo bajados desde la vereda Huisitó, señalada como punto de almacenamiento clandestino de la estructura de alias 'Zamora'.Ante la gravedad de la situación, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, encabezó una reunión de seguridad con la cúpula militar y mandos regionales. De ese encuentro salieron decisiones operativas y se alistan operaciones en las próximas horas en el Cañón del Micay contra la estructura Carlos Patiño. Alias Zamora figura como objetivo prioritario dentro de ese despliegue por su capacidad de mando, coordinación de acciones violentas y presión armada sobre la población civil.
Al corregimiento de El Plateado, del municipio de Argelia, Cauca, llegaron cientos de personas procedentes de diferentes zonas del Cañón de Micay, que protagonizaron violentas asonadas contra la estación de Policía y la base del Ejército ubicadas en el casco urbano.Los manifestantes, presuntamente instrumentalizados por las disidencias de las Farc, atacaron con piedras y papas bomba a los policías y a los soldados con la intensión de expulsarlos de El Plateado. Además, les cortaron el suministro de agua.Los uniformados respondieron con gases lacrimógenos y granadas de aturdimiento, pero, según la comunidad, también se han escuchado disparos. Preliminarmente, se confirman 15 heridos por esta confrontación."Desafortunadamente, estos delincuentes están utilizando la escuela del corregimiento y desde ahí están lanzando bombas molotov a los uniformados. Este grupo terrorista, frente Carlos Patiño que es el que está instrumentalizando a la población civil para esta asonada, porque ellos lo que quieren es sacar a la Fuerza Pública, pero esto no pasará, seguiremos en el territorio", aseguró el coronel Gerson Bedoya, comandante de la Policía en el Cauca.Los manifestantes, por su parte, aseguran que adelantaban una protesta pacífica para reclamar explicaciones por la confusa muerte de dos civiles, el pasado lunes, en medio de un operativo militar, cuando fueron reprimidos por la fuerza pública."Hay afectaciones bastante graves como lesiones en piernas, esquirlas incrustadas en la piel de algunos compañeros y es preocupante porque la tensión sigue en aumento y la violencia sigue escalando, pero hasta el momento no hemos visto el actuar del alto gobierno, y eso es lo que estamos pidiendo, una mesa en territorio pero con el alto gobierno", señaló Kevin Arcos, presidente de la Junta de Acción Comunal de El Plateado.Todos esto sucede después del ataque con drones, cargados con explosivos, contra una multitud reunida el martes en la tarde en el parque principal de El Plateado. Ese ataque, que dejó un muerto y 14 heridos, entre ellos una niña de 8 años.
El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) entregó un puesto de salud en el corregimiento de El Plateado, en el departamento del Cauca.Este proyecto fue impulsado por las juntas de acción comunal. Recordemos que esta zona del país se ha visto afectada recientemente por las acciones terroristas de grupos como las disidencias de las Farc al mando de alias 'Iván Mordisco'.“La construcción de este nuevo espacio fue priorizada debido a las afectaciones que los conflictos armados han generado recientemente en la infraestructura de salud y en el acceso a servicios básicos en la región. El CICR identificó, junto con la comunidad, la necesidad de un predio seguro y adecuado para garantizar el acceso, la continuidad y la calidad de la atención sanitaria a la población civil y a todas las personas que la necesiten”, señaló el CICR en un comunicado.Este puesto de salud será operado por la ESE Suroccidente y la idea es generar bienestar para la comunidad ante las afectaciones humanitarias que han vivido.“Este es un proyecto importante para el CICR porque responde a una necesidad humanitaria concreta en una región fuertemente impactada por los conflictos armados. El Plateado ha vivido graves afectaciones en la asistencia en salud, y por eso la entrega de este puesto representa una mejora significativa para quienes necesitan atención médica”, afirmó Giovanna De Meneghi, delegada del CICR para el sur del Cauca.
El corregimiento de El Plateado, ubicado en el Cañón del Micay, Cauca, es el epicentro de una "guerra sin tregua" que desangra esta región colombiana, así lo registró un equipo de Los Informantes que llegó hasta ese lugar.Considerado por las autoridades como el "Wall Street de las economías ilegales", este punto estratégico es codiciado por ser un corredor clave para el narcotráfico y la minería ilegal, actividades que generan rentas millonarias para los grupos armados ilegales que operan en la zona. Un equipo periodístico acompañó al Ejército Nacional, que ha desplegado a más de 1.500 hombres en uno de los territorios "más calientes" de Colombia, revelando la arriesgada cotidianidad de los soldados que resisten desde sus trincheras.La disputa por el control de El Plateado enfrenta a las disidencias al mando de Iván Mordisco (estructuras Carlos Patiño y Jaime Martínez), la estructura Diomer Cortés de la Segunda Marquetalia, y el frente José María Becerra del ELN contra el Ejército Nacional. La ubicación estratégica del corregimiento, a solo 90 kilómetros del océano Pacífico, lo convierte en una ruta esencial para el tráfico de cocaína, oro y otros minerales. El poder económico de estas actividades es inmenso: solo la minería ilegal podría reportar unos 30 mil millones de pesos mensuales en ganancias por extracción de oro, y el Cañón del Micay concentra el 75% de las 25.000 hectáreas de cultivos de coca del Cauca. Estas "economías ilícitas desbordadas" son la financiación que perpetúa la guerra, haciendo que el control total del área sea un desafío, incluso si el Ejército ha logrado recuperar el 70% del control en el Cañón del Micay.La vida para los soldados en las trincheras es un riesgo constante. El miedo es una sombra permanente. "No hay momento para el descanso", pues los ataques pueden llegar "de día como de noche". Las trincheras, descritas como "huecos en la tierra reforzados con sacos de arena y techos de madera", son el único refugio seguro contra las explosiones, aunque carecen de agua y energía eléctrica. Los soldados duermen sobre la tierra con "una pequeña colchoneta", siempre en estado de "alerta".El soldado Marco Antonio Méndez, con 14 años de servicio, describe El Plateado como el lugar "más difícil" en el que le ha tocado estar. Atribuye esto a la "evolución" de los grupos armados, que son ahora "más expertos en el manejo de explosivos". Además de balas y explosiones, enfrentan el peligro de plagas y animales venenosos. La amenaza de los drones es particularmente grave; "un dron significa peligro, muerte". El soldado Méndez llegó a El Plateado el 12 de octubre de 2024, el mismo día en que el Ejército tomó el corregimiento en la Operación Perseo, describiendo esa jornada como "el infierno", con disparos desde todos lados y la amenaza constante de pisar una mina; "se encontraron más de 100 minas" en la zona.Vea esta historia completa aquí:
Con una calle de honor en el aeropuerto Palonegro, familiares y policías recibieron en Bucaramanga a los siete uniformados que habían sido secuestrados en El Plateado, Cauca.Los uniformados, pertenecientes a la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (UNDMO), permanecían en ese corregimiento realizando labores de erradicación de coca. Allí fueron secuestrados por el frente Carlos Patiño de las disidencias de las Farc.A su llegada a Bucaramanga, en medio de abrazos a sus familiares, los uniformados contaron los momentos de angustia que vivieron durante tres días que duraron privados de la libertad.“Es una situación que no se puede explicar, piensa usted en qué momento le va a poder pasar algo, que le puedan quitar a uno la vida, ese era como el pensamiento más constante que uno tenía”, expresó Carlos Manuel Pita, Policía liberado, quien dijo que le preocupaba la salud de su mamá y abuela. “Los quiero mucho, es era lo que más me preocupaba mi abuela, mi mamá, mis otros compañeros también muy pendientes de mi abuelita”, añadió.Días de angustia también vivieron los familiares. Sandra Ruiz, familiar de Carlos Manuel, dijo que fueron horas agonizantes mientras no tenían noticias.“Fue lo más agonizante de esta vida saber que ellos estaban allá, no sabíamos en qué condiciones los tenía, fue una agonía terrible, lo más torturante como familia y dichosos, contentos porque todos llegaron bien, eso es lo más importante en este momento”, expresó Ruiz.El general Henry Yesid Bello, comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, indicó que los siete Policías liberados hacían parte de un grupo de 15 enviados al departamento del Cauca.“La Policía Metropolitana de Bucaramanga había desplegado una sección de la seccional de la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (UNDMO) de la para apoyar las operaciones que se están realizando en el corregimiento de El Plateado. Por eso hoy queremos hacer un reconocimiento de toda la sociedad colombiana y las familias porque es el respaldo que tenemos”, señaló el oficial.Junto a los siete policías santandereanos liberados, también recobraron su libertad 21 uniformados más que fueron secuestrados en el corregimiento de El Plateado, municipio de Argelia, Cauca.
A través de un comunicado, el Gobierno nacional aseguró que la comunidad de El Plateado, en Argelia, Cauca, agredió a la fuerza pública con el objetivo de retirarla del territorio. De acuerdo con el Ministerio del Interior, este hecho ocurrió durante la tarde del pasado sábado, 8 de marzo.“Lamentamos que los acuerdos establecidos con un grupo de personas de la zona de El Plateado, con el apoyo de la Defensoría del Pueblo y la MAPP-OEA, que permitieron el retorno de 29 miembros de la fuerza pública, hayan sido violados”, expresó el Ministerio del Interior en el documento.Desde el Gobierno manifestaron que, pese al incumplimiento de las comunidades, estarán presentes el próximo martes, 11 de marzo, en las instalaciones de la Defensoría del Pueblo en Popayán para dialogar y buscar alternativas que eliminen la violencia en el territorio.“Ustedes no están solos. Los actores armados ilegales sólo buscan perpetuar las dinámicas que generan dolor y muerte. El Gobierno del Cambio, a partir de una oferta institucional concreta, establece una ruta real para mejorar las condiciones de vida del sector”, continuó el pronunciamiento.Cabe recordar que en esa zona del país operan principalmente las disidencias de las FARC de la estructura Carlos Patiño. Tras el reciente secuestro de 28 policías y un militar, quienes fueron liberados después de 30 horas, el Gobierno aseguró que incrementará su presencia en todas las instancias para garantizar el bienestar de la comunidad.“Somos conscientes de que el abandono estatal que por décadas ha sufrido la población de esta región ha permitido que grupos armados al margen de la ley generen dinámicas de economías ilegales y siembren la política del miedo a través de las armas. Por tal razón, las acciones militares, en cabeza del Ministerio de Defensa Nacional, obedecen a la búsqueda de la tranquilidad y seguridad de la población”, finalizó el pronunciamiento.
En medio de la crisis de violencia que se vive en el corregimiento de El Plateado, en Argelia, Cauca, las autoridades identificaron a los principales cabecillas de las disidencias de las Farc de la estructura Carlos Patiño. Estos criminales están señalados de intimidar a la población civil para que cometan diferentes actos contra las tropas en el territorio.Entre los delincuentes se encuentra Anderson Andrey Vargas, alias ‘Kevin’, quien opera en los municipios de Argelia, El Tambo y Patía, Cauca. A él se le suma alias ‘Zamora’, cabecilla de la compañía de Fardey Díaz, quien actúa en el corregimiento de El Plateado y las veredas del Cañón del Micay, San Juan de Mechengue y Honduras.Las autoridades también identificaron a alias ‘Edwar Ramírez’, cabecilla de la compañía de Samanta Gómez; alias ‘Nelson’ o ‘Gafas’, cabecilla pseudopolítico; alias ‘Tabares’ y alias ‘Giovanny Armero’, ambos cabecillas de comisión; alias ‘Rayo’, como segundo cabecilla; y alias ‘Farley’, señalado como el tercer cabecilla y compañía de Jeison Cardona.De todos los criminales en la lista, alias ‘Giovanny Armero’ es el principal señalado de forzar a las comunidades de las veredas Huisito, Honduras y La Hacienda. Por su parte, alias ‘Edwar Ramírez’ actuaría como el mensajero de la banda delincuencial.“El objetivo de estos cabecillas es proteger los enclaves cocaleros a toda costa y reubicarse en el sector. En los puntos de procesamiento de coca están concentrando a cerca de 1000 personas en lugares estratégicos como La Ceiba, El Basurero y el centro poblado de El Plateado, donde se acondicionaba la Estación de Policía”, afirma el reporte de las autoridades.Cabe recordar que la identidad de los criminales se conoció horas después de la liberación de los 28 policías y un militar en El Plateado, Cauca. Los uniformados permanecieron retenidos por más de 30 horas cerca del lugar donde fueron secuestrados.Ante este panorama de violencia, las autoridades hicieron un llamado a la comunidad para que no se deje intimidar por estos grupos delincuenciales y evite entorpecer el accionar de la fuerza pública.
“Hermano, reúname toda la gente y el que no quiera salir, métale su tiro y échele la culpa a los militares. Hijue**, porque hoy tenemos que quemar esos juguetes, sí o sí, ¿listo?”, en este aterrador audio, obtenido por inteligencia militar, se escucha a un peligroso cabecilla del frente 'Carlos Patiño' de las disidencias de las Farc, dando órdenes por radio para incinerar vehículos de la Fuerza Pública y amenazar a la población civil para que ataquen a los militares que hacen presencia en el corregimiento de El Plateado y otros municipios del Cañoy del Micay, en Cauca, tal y como se vivió en las últimas horas.“Estamos en eso, estamos en eso”, le respondió otro delincuente al cabecilla, quien continuó la comunicación por radio amenazando a un adulto mayor con quitarle las hijas: “Y el viejito ese que no quiere colaborar, dígale que si quiere que vamos y le quitamos las hijas ¿listo?”.Sin embargo, este no fue el único audio que fue obtenido por inteligencia militar, en otro se logra escuchar a alias 'Giovany' quien, bajo órdenes de alias 'Kevin', encabeza una escalada de amenazas de muerte con las que presionan a la población civil para adelantar asonadas contra las Fuerzas Militares. Incluso, en la grabación, este peligroso delincuente ordena que no se le compre hoja de coca a nadie, hasta que no saquen a todos los militares de esta zona del departamento del Cauca.“Hágame un cruce. Consígame los números de todos esos compradores de hoja. Y nadie absolutamente nadie me compra una arroba de hoja hasta nueva orden, listo, hasta que no salga el último militar. Y que también los quiero ver allá con la gente, con la población”, advirtió alias ‘Giovany’.De acuerdo con un informe de inteligencia, el rol de otro criminal, conocido como alias 'Edwuar', cabecilla de la compañía 'Samanta Gómez' de la Estructura 'Carlos Patiño' en el municipio de El Tambo, Cauca, es mantener las rentas criminales del narcotráfico, la extorsión y la manipulación de comunidades, incitando a la violencia contra la Fuerza Pública. Este hombre, también bajo la dirección de alias 'Kevin', es quien lidera las asonadas en El Plateado.Incluso, ha ordenado la fabricación de artefactos explosivos como bombas molotov para incinerar vehículos blindados, tal y como se vivió en las últimas horas en las que un militar, junto con 27 policías de la UNDMO, fueron secuestrados en el sector de La Hacienda.
Pedro Sánchez, ministro de Defensa, denunció que lo que se vivió en el corregimiento de El Plateado del municipio de Argelia, y El Tambo, Cauca, donde policías y militares fueron atacados de manera violenta en medio de una asonada y fueron quemados dos vehículos oficiales, fue tentativa de homicidio. También alerta del secuestro de los 29 miembros de la fuerza pública en el sector de La Hacienda.Estos hechos, indica el general Sánchez, fueron perpetrados por delincuentes de las disidencias de las Farc del frente ‘Carlos Patiño’ y pobladores instrumentalizados por estos criminales, quienes ejecutaron esta asonada con sevicia y vistiéndose de civil para infiltrarse y atentar contra la integridad de los uniformados.“Estos actos constituyen crímenes de guerra que violan el Derecho Internacional Humanitario y los Derechos Humanos, al desplazar, confinar, aislar y atemorizar a la población civil, impidiendo el ejercicio de sus derechos y libertades fundamentales”, advirtió el ministro de Defensa.Por esto ya la Fiscalía, con base en las pruebas recopiladas, avanza en la identificación e individualización de los responsables de estos hechos, quienes destaca el ministro enfrentarán cargos por tentativa de homicidio, secuestro y otros delitos, con penas que pueden alcanzar hasta 20 años de prisión.“El GAOR Carlos Patiño representa una grave amenaza para la vida y la seguridad de las comunidades del Cañón del Micay y del Cauca. No solo reclutan de manera forzada a menores de edad, sino que instrumentalizan y coaccionan a la población civil con el fin de expulsar a la Fuerza Pública y evitar que las instituciones del Estado brinden acceso a salud, educación, trabajo y oportunidades para la transformación del territorio”, agregó Sánchez.Por esto el ministro anunció que este sábado 8 de marzo, en Popayán, el Gobierno, encabezado por el Ministerio del Interior y con la participación de diferentes ministerios, revisará el avance de los compromisos para la transformación de este territorio, promesas que puso sobre la mesa el gobierno una vez llegaron las FFMM con la Operación Perseo.Aquí lo que dijo el ministro de Defensa:
La Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá (ETB) logró darle la vuelta a sus resultados durante los primeros nueve meses de 2026. Entre enero y septiembre, la empresa obtuvo ganancias por $170.261 millones en su actividad principal, mientras que en el mismo periodo de 2025 había registrado pérdidas por $24.868 millones. Esto representa una mejora de casi $195.130 millones.Este resultado se explica, principalmente, porque la empresa recibió más dinero por sus servicios y gastó menos en su funcionamiento. Sus ingresos totales llegaron a $1,2 billones, un crecimiento del 5,4 % frente al año pasado. Al mismo tiempo, redujo sus gastos en un 11,5 %: pasó de $908.484 millones a $803.829 millones, es decir, ahorró más de $104.600 millones. Otro de los resultados que mejoró fue el dinero que genera la operación del negocio. En los primeros nueve meses del año llegó a $415.304 millones, un aumento del 67,1 % frente al mismo periodo de 2025, cuando había alcanzado $248.514 millones.Sin embargo, la empresa todavía no logra cerrar sus cuentas en terreno positivo. Entre enero y septiembre registró pérdidas por $11.420 millones, aunque la cifra es mucho menor que la del año pasado, cuando las pérdidas llegaron a $56.015 millones. Esto significa que logró reducirlas en un 79,6 %.El presidente de ETB, Diego Molano Vega, aseguró que estos resultados muestran que el plan de transformación de la empresa está dando frutos. No obstante, reconoció que todavía enfrenta dificultades financieras y necesita cuidar sus recursos para seguir mejorando sus cuentas.
Once presuntos integrantes de la estructura delincuencial conocida como ‘Bombillo Rojo’ fueron enviados a la cárcel, luego de ser señalados por la Fiscalía General de la Nación de participar en hechos de extorsión y desplazamiento forzado en la comuna 20 de Cali, Valle del Cauca.De acuerdo con la investigación, la organización habría impuesto cuotas mensuales de entre 100.000 y 500.000 pesos a habitantes del barrio Lleras Camargo y de otros sectores de la comuna. Los pagos debían realizarse, en algunos casos, en un plazo de un día. Quienes se negaban a entregar el dinero habrían sido amenazados de muerte, agredidos y, en algunos casos, obligados junto con sus familias a abandonar sus viviendas.La Fiscalía señaló que, durante el desarrollo de las actividades investigativas, fueron identificados y asociados 37 casos de extorsión, de los cuales 33 corresponden a hechos consumados y cuatro a tentativas. También fueron relacionados 19 hechos de desplazamiento forzado ocurridos entre noviembre de 2023 y julio de 2026.La estructura estaría conformada por dos denominados ‘clanes familiares’ del mismo sector. Sus integrantes habrían seleccionado a las víctimas y posteriormente acudido hasta sus viviendas para exigirles dinero mediante intimidaciones con armas de fuego. Cuando las personas no accedían a las exigencias, presuntamente eran desplazadas de manera forzada y la organización se habría apropiado de los inmuebles y de los bienes que permanecían en su interior.De acuerdo con los elementos materiales probatorios recopilados durante la investigación, en algunas ocasiones las víctimas habrían tenido que pagar hasta 50 millones de pesos para recuperar sus viviendas después de haber sido expulsadas.La Fiscalía también señaló que los presuntos integrantes de ‘Bombillo Rojo’ habrían instrumentalizado a menores de edad para realizar labores de vigilancia sobre las víctimas y recaudar los pagos. Según la investigación, los menores habrían recibido instrucciones sobre la manera en que debían abordar a las personas y efectuar los cobros.Entre los hechos documentados por las autoridades se encuentra uno ocurrido entre noviembre y diciembre de 2025. En ese caso, los presuntos integrantes de la estructura habrían disparado y lanzado piedras contra una vivienda y amenazado de muerte a una de sus residentes si no entregaba la denominada ‘vacuna’.Ante las amenazas, la familia que habitaba el inmueble terminó abandonando el lugar. En esa vivienda funcionaba un comedor comunitario en el que, de acuerdo con la investigación, se brindaba alimentación a adultos mayores, mujeres embarazadas y menores de edad del sector.Después de que la familia fuera desplazada, los presuntos integrantes de la organización habrían ingresado al inmueble para apoderarse de los bienes que se encontraban allí.Como parte de las labores adelantadas para identificar y ubicar a los integrantes de la estructura, la Fiscalía ordenó más de 20 diligencias de allanamiento y registro, procedimientos que fueron realizados por unidades de la Policía Metropolitana de Cali.Estas operaciones permitieron la captura de 11 personas que, de acuerdo con la investigación, harían parte de ‘Bombillo Rojo’. Posteriormente, los procesados fueron presentados ante las autoridades judiciales y recibieron medida de aseguramiento en centro carcelario.
El Consejo de Estado suspendió provisionalmente la norma que prohibía pactar periodos de prueba en los contratos de aprendizaje en Colombia. La medida, adoptada el 5 de octubre de 2026, permite que las empresas acuerden por escrito esta etapa inicial con sus aprendices, incluidos quienes sean vinculados al Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena).El fallo modifica temporalmente las condiciones que regían estos contratos tras la expedición del Decreto 223 de 2026. Sin embargo, esto no significa que las compañías puedan despedir automáticamente a los aprendices ni que el periodo de prueba sea obligatorio.Para que tenga validez, debe quedar estipulado por escrito en el contrato y respetar las disposiciones del Código Sustantivo del Trabajo. La suspensión se mantendrá mientras el alto tribunal estudia la demanda de nulidad presentada contra la disposición. La decisión de fondo determinará si la norma queda anulada de manera definitiva.¿Por qué el Consejo de Estado permite pactar periodos de prueba?La controversia surgió luego de que la reforma laboral, establecida en la Ley 2466 de 2025, modificara el artículo 81 del Código Sustantivo del Trabajo y definiera el contrato de aprendizaje como un contrato laboral especial y a término fijo.La ley sometió esta modalidad a las normas sustantivas del Código, entre ellas las disposiciones que regulan el periodo de prueba. Sin embargo, el Decreto 223 de 2026 había incorporado una prohibición expresa para impedir que las empresas y los aprendices pactaran esa etapa.La magistrada Elizabeth Becerra Cornejo consideró que el Gobierno restringió mediante un decreto una posibilidad contemplada en la legislación laboral.El auto señaló que la disposición cuestionada "excluyó de manera absoluta el período de prueba del contrato de aprendizaje" y restringió el régimen al que el legislador había sometido esta modalidad contractual.¿En qué condiciones podrán terminar los contratos de aprendizaje?La decisión establece que el periodo de prueba debe acordarse por escrito. Si no existe una cláusula expresa, la empresa no puede presumir que el aprendiz se encuentra en esta etapa.Como regla general, el periodo de prueba no puede superar los dos meses. En los contratos a término fijo inferiores a un año, tampoco puede exceder la quinta parte del tiempo inicialmente pactado.Durante este periodo, cualquiera de las partes puede terminar unilateralmente el contrato sin previo aviso, de acuerdo con el artículo 80 del Código Sustantivo del Trabajo. Sin embargo, el aprendiz conserva sus derechos y prestaciones laborales.El Consejo de Estado también aclaró que la suspensión no revive la antigua regla que presumía tres meses de prueba en los contratos de aprendizaje. Esa disposición no vuelve a tener vigencia por efecto de la medida cautelar.¿Qué derechos conservan los aprendices del Sena?La decisión no elimina las garantías establecidas por la reforma laboral de 2025. Los aprendices mantienen la cobertura en salud y riesgos laborales durante la etapa lectiva.Durante la práctica o la formación dual, tienen derecho a la afiliación al sistema de seguridad social integral, las prestaciones y los demás beneficios laborales establecidos en la ley.Por ahora, el periodo de prueba es una posibilidad que pueden acordar las partes, no una condición automática para todos los contratos de aprendizaje.
El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, se apartó de la propuesta de militarizar Bogotá que se discutió en el cabildo abierto convocado por el concejal Julián Uscátegui y el representante a la Cámara José Jaime Uscátegui. En diálogo con Blu Radio, el mandatario dijo estar de acuerdo con el apoyo permanente de las Fuerzas Militares a la seguridad de la capital. Sin embargo, rechazó que el Ejército sustituya a la Policía en las funciones de seguridad ciudadana.Los hermanos Uscátegui, ambos del Centro Democrático, reunieron 37.056 firmas para convocar el cabildo, que se realizó el 7 de noviembre en la Universidad Militar Nueva Granada. Puede leer más sobre la convocatoria del cabildo abierto sobre la militarización de Bogotá. cambiocolombiaMilitarizar Bogotá: la diferencia entre apoyo y asistencia militarGalán explicó que la militarización no existe como figura legal en el país. Según dijo, lo que contempla la ley es la asistencia militar, que se reserva para casos excepcionales de grave alteración del orden público. “Lo que existe realmente es la figura de la asistencia militar es una figura que está contemplada en casos excepcionales, que no son, digamos, para temas de inseguridad ciudadana normal, sino para riesgos graves al orden público en una ciudad”, afirmó.El alcalde trazó así la línea entre las dos posturas: “Yo estoy de acuerdo en un trabajo conjunto liderado en seguridad ciudadana por la policía, pero no en reemplazarla o sustituirla por las fuerzas militares de Bogotá”.Galán sostuvo además que no hay hoy en la ciudad un escenario que justifique esa medida: “La figura de asistencia militar, aunque suena a un apoyo, asistencia militar en la práctica es cuando hay realmente una situación de orden público tan grave que lleva a que en cierta forma los militares reemplacen a la Policía y cumplan funciones de la Policía. Y eso creo que no aplica en este momento en ningún lugar de Bogotá”.Así trabajan el Ejército y la Policía en BogotáEl mandatario detalló cómo funciona la coordinación con las Fuerzas Militares. Bogotá hace parte de la jurisdicción de la Quinta División del Ejército, que adelanta la Operación Ezequiel de protección regional. La Brigada 13 tiene a su cargo la capital y su entorno, además de corredores estratégicos como Sumapaz, donde desarrolla la Operación Coraza.Según el alcalde, desde el inicio de su administración se han realizado cerca de 377 acciones conjuntas entre la Policía y la Brigada 13 en zonas de borde de la ciudad. También destacó el trabajo del GAULA Militar contra la extorsión y el secuestro.Sobre la petición del presidente Abelardo de la Espriella de reforzar la presencia militar en el sur de la ciudad, Galán indicó que la iniciativa se concentra en el corredor entre Usme y Sumapaz. Dijo estar de acuerdo con ella, porque fortalece un esquema que ya existe. “Eso no es, digamos, entrar a reemplazar a la policía, sino es fortalecer el plan que ya implementa allí”, señaló. Aquí puede consultar las localidades de Bogotá incluidas en la petición al presidente De la Espriella.El alcalde agregó que la Brigada 13 también trabaja con la Policía en Ciudad Bolívar, Kennedy, Usme, Rafael Uribe Uribe, San Cristóbal, Bosa y Santa Fe, entre otras localidades. Precisó que se trata de labores de apoyo y presencia, no del reemplazo de las funciones policiales.Cifras de seguridad en Bogotá: reducción de homicidios y hurtosGalán reconoció que la ciudad enfrenta un problema grave de seguridad, aunque aseguró que los indicadores muestran una tendencia a la baja. “Yo creo que aquí hay que poner en contexto que sí hay un problema grave, pero la tendencia no es a empeorar y tenemos que mantener esa tendencia a mejorar para que la gente empiece a sentir realmente un cambio profundo”, dijo.Según las cifras que presentó, los homicidios han bajado 8,5 % frente al año pasado, lo que equivale a unos 83 o 84 casos menos. El hurto de vehículos pasó de 4.200 casos en 2023 a 2.500 en lo corrido de este año. El hurto a personas bajó de 158.000 casos a 91.000, con una reducción del 18 %.El alcalde insistió en que la solución pasa por la coordinación entre instituciones y no por la militarización: “No creo que en este momento haya una situación de inseguridad en términos, digamos, estratégicos que pongan en riesgo el funcionamiento de la ciudad. Pero sí hay un problema de seguridad que afecta a muchos ciudadanos que tenemos que enfrentar”.Alerta por posibles atentados contra medios de comunicaciónGalán también habló de la alerta conocida el fin de semana sobre un posible plan de grupos ilegales contra medios de comunicación en la capital. La alerta llevó a evacuar la sede de Caracol Televisión la noche del sábado 7 de noviembre.El alcalde confirmó que la información provino de la Fiscalía y que el Distrito pidió convocar el CI3, la instancia especializada en inteligencia. “Le pedí a la Policía Metropolitana reforzar los esquemas de seguridad a todos los medios de comunicación”, afirmó. Aclaró que los detalles de la investigación están en manos del ente acusador.Metro de Bogotá: más trabajadores para la recta final de la Línea 1Sobre la primera línea del Metro de Bogotá, el mandatario indicó que la obra está en su recta final y que el reto ahora es integrar todos sus componentes. Hoy trabajan cerca de 15.000 personas en el proyecto. El consorcio se comprometió a vincular unas 1.500 más, y el alcalde estimó que podrían necesitarse alrededor de 3.000 trabajadores adicionales.Galán señaló que es necesario recuperar el tiempo perdido en la estación de la calle 72 con Caracas. Allí, según explicó, la excavación de unos 122 metros de largo obligó a cambiar el método constructivo. Aun así, aseguró que se mantiene el cronograma: pruebas en septiembre de 2027 y operación comercial en marzo de 2028. “Ellos tienen un compromiso contractual y tienen que cumplirlo, y estamos trabajando para que así sea”, dijo.Línea 2 del Metro: adjudicación prevista para 2027El alcalde se refirió también a la Línea 2 del Metro. En ese proceso, un grupo portugués, uno español y uno chino quedaron precalificados para la licitación pública, luego de que el primer intento se declarara desierto. Más detalles en esta nota sobre los tres grupos que compiten por construir la Línea 2 del Metro de Bogotá. Galán prevé que las propuestas se entreguen entre febrero y marzo y que el contrato se adjudique antes de que termine el primer semestre de 2027. Se trata de una línea subterránea de 11 estaciones y 15,5 kilómetros, que pasará por Chapinero, Barrios Unidos, Engativá y Suba. El mandatario agregó que espera dejar adjudicada la extensión de la Línea 1 hasta la calle 100. También busca avanzar en los estudios de factibilidad del tramo entre la calle 100 y la calle 245 por la Autopista Norte.Por último, Galán anunció que en enero comenzará el concurso para elegir la voz definitiva del metro, a partir de las características que los ciudadanos escogieron en la primera etapa del proceso, conocida como el Vocímetro.
Con marcha y plantón en la sede del Fomag en Medellín, maestros de Antioquia inician paro de 24 horas por dificultades que persisten para la atención en salud. Siguen las preocupaciones tras el final del contrato con la Fiduprevisora.Las dificultades que persisten en la prestación de los servicios médicos para los docentes y sus familias vuelven a motivar una jornada de movilización en la capital antioqueña.Una decena de organizaciones sindicales del magisterio y colectivos defensores del derecho a la salud convocaron a un cese de actividades durante 24 horas este 11 de noviembre para reclamar soluciones a los problemas que, según denuncian, continúan afectando la atención de esta población.Entre las principales inconformidades se encuentran las demoras en la entrega de medicamentos, las dificultades para obtener autorizaciones de procedimientos y los retrasos en la asignación de instituciones y profesionales encargados de prestar los servicios médicos.La convocatoria contempla una concentración a las 9:00 de la mañana en la Nueva Villa de Aburrá, en el occidente de Medellín. Desde ese punto, los participantes tienen previsto desplazarse hasta las instalaciones del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG), ubicadas sobre la avenida 33, donde realizarán un plantón para exponer sus reclamaciones.Uno de los asuntos que mantiene la preocupación entre los docentes está relacionado con la transición del modelo de atención, luego de que no se renovara el contrato entre el FOMAG y la Fiduprevisora. En medio de este proceso, varios convenios necesarios para que las instituciones prestadoras de salud puedan ejecutar procedimientos continúan sin estar vigentes, lo que representa dificultades para garantizar la continuidad de algunos tratamientos.“En el momento no existen contratos, siguen actas precontractuales o negociaciones pendientes, entonces esto ha llevado a que se continúe con el cierre de muchas atenciones en hospitales de municipios que todavía tienen el servicio cerrado y otros prestadores que se niegan a continuar con esta atención de no de no haber un contrato y un pago oportuno”, así lo indicó Lida Morales, presidenta de Adida.La inconformidad se mantiene pese a los compromisos adquiridos recientemente por representantes del Fomag durante una reunión en Bogotá con líderes regionales. En ese encuentro, durante la primera semana de noviembre, se planteó acelerar la entrega de medicamentos y las autorizaciones de procedimientos, especialmente para pacientes prioritarios, entre ellos quienes reciben tratamientos oncológicos.
