El exministro de Salud Fernando Ruiz lanzó duras críticas contra la nueva consulta popular anunciada por el presidente Gustavo Petro, la cual incluye cuatro preguntas clave sobre el futuro del sistema de salud en Colombia. En entrevista con El Radar, Ruiz cuestionó la legitimidad, pertinencia y consecuencias de dicha propuesta, advirtiendo que su implementación “destruye el modelo de aseguramiento que ha protegido a los colombianos”.Desde el inicio de la entrevista, el exjefe de la cartera de Salud dejó claro que la consulta representa, en su concepto, una forma de presión indebida sobre el Congreso de la República. Según explicó, se trata de un intento de reeditar la fallida reforma a través de mecanismos de participación que no tienen base legal ni necesidad.En este sentido, el exministro recalcó que el Ejecutivo podría perfectamente impulsar estas políticas mediante alianzas estratégicas o proyectos institucionales, sin acudir a mecanismos extraordinarios como una consulta.Uno de los puntos más polémicos, y que generó una mayor reacción por parte del exfuncionario, fue la propuesta del Gobierno de eliminar el papel de las EPS como intermediarias financieras, transformándolas en "gestoras de salud".“Las EPS no son intermediarias. Son gestoras del riesgo en salud. Lo que plantea el Gobierno destruye el modelo que ha protegido a los colombianos y lo transforma en un modelo de completa intermediación”, aseguró Ruiz. El exministro alertó que este enfoque podría conducir a un mayor derroche de recursos públicos, generando estructuras administrativas que simplemente pasarían facturas sin gestionar riesgos ni garantizar calidad en la atención.Sobre la tercera pregunta incluida en la consulta —que propone un modelo preventivo de atención primaria con integración de servicios públicos, privados y mixtos— Ruiz mostró escepticismo.“Todos estamos de acuerdo con la prevención. Pero decir que los especialistas estarán en los servicios primarios es una afirmación demagógica”, sentenció. El exministro explicó que estos modelos ya han sido aplicados sin éxito en otros países y en Colombia, demostrando baja efectividad. Además, cuestionó la falta de claridad técnica del Gobierno para estructurar un sistema funcional basado en atención comunitaria.Finalmente, sobre la propuesta de crear un régimen especial para los trabajadores de la salud, Ruiz fue enfático en señalar la falta de viabilidad fiscal.“¿Dónde está el dinero para contratar a todas esas personas? El Gobierno no tiene actualmente los recursos para soportar dicha propuesta”, indicó. Con más de un millón de trabajadores en el sector, implementar un régimen laboral especial exigiría una inversión masiva y sostenida, que, según Ruiz, no ha sido contemplada en el presupuesto nacional.
Toda una polémica hay por cuenta de las declaraciones el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, con respecto a las vacunas contra el COVID-19 que se usaron en Colombia.Según aseguró el funcionario, en medio de un debate sobre la escasez de medicamentos en Colombia en la Comisión Primera del Senado de la República, los colombianos han sido parte de un experimento para probar las vacunas contra el COVID-19 que utilizan tecnología de ARN mensajero. Estas incluyen las vacunas de Pfizer-BioNTech, Moderna, Janssen de Johnson & Johnson y Novavax, todas autorizadas por la FDA para uso de emergencia durante la pandemia.Jaramillo excluyó a SINOVAC, que enseña al sistema inmunitario a fabricar anticuerpos contra el coronavirus. Además, afirmó que estas vacunas ingresaron al país sin permiso, poniendo en riesgo la vida de los colombianos, especialmente indígenas, negros y campesinos.En el marco de esa polémica, el exministro de Salud Fernando Ruiz y quien encabezó toda la estrategia de vacunación en medio de la pandemia en el Gobierno del presiente Iván Duque, habló en Mañanas Blu, con Néstor Morales, sobre las declaraciones del ahora jefe de cartera.Calificó las declaraciones como sacadas de los cabellos y reveló que de todos los planteamientos absurdos que han surgido con respecto a las vacunas, este es el “campeón”."Yo creo que he escuchado en la vida planteamientos absurdos, pero éste yo creo que sí es de los campeones. Las vacunas en Colombia entraron con aprobación", resaltó. Además, sustentó que el plan de vacunación tuvo toda una estrategia que no se puede desestimatizar ni relacionar la metodología con grupos étnicos ni raciales: "existe un plan de vacunación, existe un documento con que lo respalda, donde todos los colombianos deben recordar que se aplicaron las vacunas empezando por grupos de edad mayores de ochenta, mayores de setenta. Y así fuimos bajando. En la medida que hubo disponibilidad de vacunas". Reiteró: "No hubo ni favorecimiento ni discriminación para ninguna población, entonces esto que se plantea allí es Yo no sé de dónde sale. Es una cosa realmente traída a los cabellos". El exministro alertó sobre lo que estas declaraciones podrían generar en la sociedad y es la pérdida de la confianza en las vacunas por parte de los colombianos. "No sólo de COVID-19, sino de otras vacunas y y la confianza del público, creo que está muy compleja y una declaración de la mayor autoridad sanitaria, pues genera un problema", explicó. Vea aquí la entrevista en Mañanas Blu:
Una controversia surgió en torno al ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, después de sus declaraciones durante un debate sobre la escasez de medicamentos en Colombia en la Comisión Primera del Senado de la República.Según el funcionario, todos los colombianos han sido parte de un experimento para probar las vacunas contra el COVID-19 que utilizan tecnología de ARN mensajero. Estas incluyen las vacunas de Pfizer-BioNTech, Moderna, Janssen de Johnson & Johnson y Novavax, todas autorizadas por la FDA para uso de emergencia durante la pandemia.Jaramillo excluyó a SINOVAC, que enseña al sistema inmunitario a fabricar anticuerpos contra el coronavirus. Además, afirmó que estas vacunas ingresaron al país sin permiso, poniendo en riesgo la vida de los colombianos, especialmente indígenas, negros y campesinos.El ministro Jaramillo criticó la "aprobación condicionada acelerada" de la FDA y la Agencia Europea de Medicamentos, sugiriendo que esta presunta rebaja en la calidad de pruebas y autorizaciones fue resultado de la presión de las farmacéuticas. Sin embargo, no hizo referencia a la aplicación masiva y gratuita de vacunas contra el COVID, centrándose en las pruebas realizadas durante el Gobierno de Iván Duque.“Estamos jugando con la vida de los colombianos. No podemos ser factor de experimentación. Todos los que estamos vacunados hoy, con excepción de los que cogimos Sinovac, yo tengo Sinovac, toda la nueva tecnología y todas las vacunas entraron aquí sin permiso”, dijo Jaramillo en sus polémicas declaraciones.En respuesta a estas afirmaciones, el exministro de Salud, Fernando Ruiz, recordó que todas las vacunas utilizadas fueron incluidas por la Organización Mundial de la Salud en un listado de uso de emergencia y contaban con autorización del INVIMA, entidad bajo control del Ministerio de Salud. Ruiz destacó que las vacunas salvaron millones de vidas, según la revista médica The Lancet, y sugirió que el verdadero experimento sería una reforma a la salud sin evidencia alguna.“Los planes de vacunación son las mayores acciones preventivas para una sociedad, para cualquier sociedad del mundo, en cualquier sistema de salud pública. De manera que los colombianos deben tener claro que estas vacunas entraron con las mejores condiciones y salvaron miles, sino cientos de miles de vidas de colombianos y millones de vidas en el mundo”, puntualizó Ruiz.Carlos Álvarez, coordinador nacional de estudios de COVID ante la OMS, defendió la seguridad y eficacia de las vacunas, subrayando su importancia en la lucha contra la pandemia.Las declaraciones del ministro generaron una polémica en redes sociales, con el presidente Petro defendiendo a Jaramillo y negando ser antivacunas. La discusión sobre si Colombia fue un laboratorio de experimentación para las vacunas contra el COVID-19 sigue generando debate en el país.
Como "desafortunadas" calificó Fernando Ruiz, exministro de Salud, las declaraciones del actual jefe de esa cartera, Guillermo Alfonso Jaramillo, en medio de un debate de control político en el Senado en donde calificó las vacunas del COVID-19 como "el mayor experimento en toda la historia de la humanidad".Guillermo Alfonso Jaramillo anunció en ese debate una reestructuración del Invima y la regulación del precio de los medicamentos, cuando formuló una opinión sobre las vacunas contra el COVID-19: "No podemos ser un factor de experimentación. Nos convertimos en un experimento, todos los colombianos que están vacunados sirvieron para el más grande experimento que se haya hecho en toda la historia de la humanidad. No podemos seguir experimentando con la comunidad colombiana", dijo el funcionario.Ante esto, Ruiz recordó que todas las vacunas usadas en la pandemia fueron incluidas por la Organización Mundial de la Salud, OMS, en un listado de uso de emergencia."Todas las vacunas fueron aprobadas por el Invima, entidad que hoy regenta el Ministerio de Salud. Además, aquí no se realizó ningún experimento con los colombianos. Si eso fuera cierto, sería un experimento con más de 6.000 millones de personas que en el mundo recibieron vacunas contra el COVID-19. A mí me preocupa profundamente este tipo de declaraciones viniendo de un ministro de la Salud porque generan una verdadera desinformación a la comunidad", aseveró Ruiz.El ministro se sumó a las voces de varias agremiaciones médicas y científicas en las que pide prudencia al actual jefe de cartera por las repercusiones que esto pueda traer tanto en planes de vacunación contra el COVID-19, que aún está en desarrollo, sino en la aplicación de otro tipo de biológicos.“Los planes de vacunación son las mayores acciones preventivas para una sociedad, para cualquier sociedad del mundo, en cualquier sistema de salud pública. De manera que los colombianos deben tener claro que estas vacunas entraron con las mejores condiciones y salvaron miles, sino cientos de miles de vidas de colombianos y millones de vidas en el mundo”, puntualizó Ruiz.Por su parte, Carlos Álvarez, coordinador nacional de estudios de COVID-19 ante la Organización Mundial de la Salud, OMS, aseguró que la experiencia a tres años de iniciar la pandemia, demuestra que la vacunación es segura y ha tenido excelentes resultados."Tenemos más de 6.000 millones de personas que han recibido vacunas de diferentes plataformas en el mundo y se ha demostrado que han sido vacunas no solamente eficaces, que protegen contra la enfermedad, sino que adicionalmente son vacunas seguras. La experiencia estos tres años es abrumadora en ese sentido", detalló Álvarez.Le puede interesar
La reforma a la salud en Colombia se ha convertido en un tema de suma relevancia, que continuará marcando la agenda del país durante la administración de Gustavo Petro. A pesar de que la plenaria en la Cámara de Representantes ha sido objeto de reiterados aplazamientos, la discusión en torno a esta reforma sigue atrayendo voces a favor y en contra.Las diferencias entre el Gobierno y las Empresas Promotoras de Salud (EPS) se han ido acentuando con el tiempo, agravando aún más la compleja situación del sistema de salud colombiano. La escasez de medicamentos y la intervención del Estado en las EPS han contribuido al actual panorama crítico.El Gobierno argumenta que la situación actual es en gran medida el resultado de una desfinanciación que se arrastra desde hace tiempo, una crisis preexistente que finalmente ha estallado. Por otro lado, las EPS sostienen que esta crisis ha sido manipulada con el propósito de forzar una reforma.Para hablar del tema se conectó en Mañanas Blu, cuando Colombia está al aire, con Camila Zuluaga, el exministro de Salud Fernando Ruiz, quien explicó cómo funciona el sistema y se refirió, además, las verdades y mitos del actual articulado.“Hay que decirlo con justicia siempre va a haber un remanente porque van a aparecer nuevos medicamentos que entran al año y que de alguna manera no están incluidos y no van a estar incluidos en el plan de beneficios. De manera que aquí es un problema con los presupuestos máximos o con el post, lo que es un problema de gestión diaria de todos los gobiernos que nos ha tocado desde los pasados 10,12 o 15 años de estar calculando, estimando y apalancado los recursos necesarios para que eso se mantenga. Porque si no se cubren las obligaciones, obviamente se genera un déficit desbalance que termina en concentrándose en la EPS, que tiene al final delegada responsabilidad de pagar tanto del plan de beneficios como los presupuestos máximos”, señaló el exfuncionario.También se refirió a la crisis del sector y al cálculo que se hizo con la proyección de la inflación que venía desde los años anteriores, pues fue muy superior a la que se esperada en varios sectores de la economía colombiana.“Nosotros tenemos un sistema profundamente garantista, prácticamente todo lo que entra en el mercado de medicamentos, de procedimientos, todo inmediatamente puede ser formulado por los médicos, en la gran mayoría de los países del mundo no sucede así. Aquí si la persona no recibe el servicio, no recibe el medicamento pone una tutela e inmediatamente se da. Y ahí es donde está el oficio del ministro de Salud, de estar permanentemente vigilando. Una parte muy importante de nuestro tiempo y de nuestras angustias han sido durante los pasados 15 años ver como logramos estar inyectando permanentemente servicios de recursos financieros al sistema para que el sistema no se funda, no se colapse en un problema de atención”, resaltó.Y ahí es donde yo creo que esta parte muy importante del oficio, entonces al final se van acumulando como se han venido acumulando unas deudas muy importantes que se generan en las IPS,¿Se aprueba o no la reforma a la salud en el Congreso de la República?Finalmente, el exministro Ruiz entrego sus opiniones sobre l avance de la reforma a la salud del Gobierno de Gustavo Petro y enfatizó en el hecho del capital político de quienes sean los protagonistas de esta iniciativa“Creo que es lo más probable es que esto termine aprobándose y termine pasando en el Congreso de la República por un tema puramente político y de negociaciones políticas con muy poca consideración técnica y que al final terminemos en una situación muy complicada. Mi parte optimista es que, los colombianos y la opinión pública demuestren a sus congresistas que fueron perjudicados por sus decisiones y por el voto que hagan en la reforma y se lo cobren en el año 2026. Yo creo que el Congreso de la República y los congresistas están jugando mucho de su futuro político en esta reforma a la salud.Escuche la entrevista completa en Mañanas Blu, cuando Colombia está al aire:
El Ministerio de Salud del Gobierno de Gustavo Petro interpuso una denuncia ante la Fiscalía General de la Nación en contra del exministro de Salud Fernando Ruiz por una presunta sobrecompra de medicamentos durante su gestión, la cual la actual administración califica como “negligencia gravísima”.Según la denuncia penal, radicada el pasado 12 de julio, el exministro Ruiz debería responder por los delitos de peculado por apropiación a favor de terceros, prevaricato por omisión y contrato sin el cumplimiento de los requisitos legales.La denuncia se hace por la orden de compra No. MSPS-167-2021, para la adquisición de medicamentos utilizados en el tratamiento contra la malaria.Según la denuncia radicada por el director jurídico del Ministerio de Salud, Rodolfo Enrique Salas, las proyecciones para la compra de estos medicamentos fueron equivocadas y en vez de haber comprado 104.202 medicamentos, se terminó comprando más de 2.000.000 millones.Asimismo, el documento presentado ante la Fiscalía General asegura que actualmente hay 1.9727.121 medicamentos contra la malaria en las bodegas del ministerioLe puede interesar
El exministro de Salud Fernando Ruiz volvió a expresar sus preocupaciones frente al proyecto de la reforma a la salud presentado por el Gobierno nacional. En conversación con Blu 4.0, recalcó que, con la propuesta que está en la mesa, también se corre el riesgo de un apagón en sistemas informáticos de la salud.De hecho, compartió el balance de Fedesoft, empresa de software, pues, con esta reforma a la salud, se desconoce lo que se ha avanzado en el pasado y construir desde cero, lo que tendría una afectación en los pacientes.“Uno es el tema de construir un sistema desde cero y adaptar ese sistema a la estructura de servicios de salud. Y la otra es tomar lo que ya existe y buscar conectarlo, que es la aproximación de interoperabilidad. La primera es sistema único, la segunda es interoperabilidad. El problema que enfrentamos acá es que los servicios de salud son tan complejos y de un volumen transaccional tan grande que realmente los riesgos de seguridad y los riesgos de falla son absolutamente críticos”, dijo.Asimismo, recordó que en Colombia diariamente se hacen cerca de 2’500.000 trámites en el sistema de salud, que podrían verse afectados con un cambio en la forma de operatividad, es decir, de la ciberseguridad como ya ocurrió con otras entidades como el Invima, la Dian o el Ministerio de Defensa.“Sería un apagón del sistema de salud, un apagón completo por un día del sistema de salud. Eso implica que todos los colombianos perderían absolutamente toda la información, no habría ninguna forma de revelar del sistema financiero; el sistema de facturación fracasaría”, dijo.El costo de un sistema seguro de información Fernando Ruiz indicó que MinSalud no ha presentado cuánto sería el costo de un sistema de seguridad que cuide los datos de los colombianos en la reforma, pero reconoció que no es una tarea fácil y menos presentarla en un corto plazo.“El ministerio no ha presentado una estimación de cuánto va a costar el sistema de información y yo creo que no la ha presentado porque no es fácil y no es posible construirlo en un corto plazo de una manera responsable. Además del costo, aquí se va a dar un detrimento, que es la pérdida de la inversión que se ha hecho en el sistema de información. Esto no es solo un costo de las empresas, sino es las IPS, de todos los hospitales de Colombia - de por lo menos 13.000, entre públicos y privados - de cerca de 40.000 prestadores de servicios, los profesionales de la salud que facturan servicios, proveedores de medicamentos y por supuesto hablamos de todas las agencias reguladoras”, detalló.
Durante su visita a Medellín para participar en un foro que tenía como eje central la reforma a la salud, el exministro Fernando Ruiz explicó por qué, en su opinión, la reforma está punto de caerse. Según dijo, esta no tiene respaldo de diferentes partidos y es imposible integrar a los congresistasPara Ruiz, la concepción de reforma que fue entregada a los congresistas era imposible de integrar: "Es una propuesta muy radical, imposible de conciliar. Yo lo he denunciado, y lo he dicho en varias oportunidades, es armar una especie de Frankenstein, un muñeco nuevo de dos cosas que son imposibles de juntar", puntualizó.El exministro explicó que los partidos políticos tenían una visión de la reforma que pretendía construir sobre lo que ya estaba construido, pero el documento entregado no permite integrar las nuevas propuestas con el sistema actual."No tiene claro el financiamiento. Esta es la hora que ni siquiera el Ministerio de Hacienda nos ha arrojado una cifra concreta de cuánto va a costar en el corto, mediano y largo plazo", dijo.También agregó que hace falta la aclaración de cuánto tiempo tardaría la transición entre el sistema actual y el nuevo que plantea la reforma y cuáles serían las consecuencias para la población durante ese tiempo.Sumando todo esto, el exministro asegura que no es extraño que se hunda la reforma a la salud presentada por el Gobierno Nacional, puesto que, según dijo, parece un proyecto de ley que no requiere tanta profundidad y solo tiene la finalidad de acabar las EPS.Escuche el podcast Emprender, fallar y triunfar:
Tras el anuncio de la ministra de Salud, Carolina Corcho, sobre la inminente reforma a la salud en Colombia, la cual será presentada el próximo 6 de febrero en el Congreso de la República; el país entró en una polémica sobre el futuro de las EPS en Colombia y sus implicaciones en la atención de los usuarios.Denis Silva, presidente de la Asociación de Pacientes, aseguró que la postura del exministro de Salud Fernando Ruiz, quien indicó que antes de llevar a cabo cualquier ajuste a un sistema, se debe analizar realmente qué necesitan los colombianos, no es tan equivocado y se unió a quienes piensan que el Gobierno planteé desaparecer las EPS pone en riesgo la salud de los colombianos.“Nosotros vemos tres cosas: una, estamos de acuerdo que se necesita una reforma y una reforma de fondo; dos, consideramos que no podemos perder la capacidad técnica que hoy hay, los derechos adquiridos y la protección financiera tanto del Estado y como de los ciudadanos. Creemos que la señora ministra está jugando al ‘gato y al ratón’, dijo.Silva resaltó que los ciudadanos deben ser partícipes de la construcción del texto. Además se refirió a las consecuencias para los colombianos por el sistema que plantea el Gobierno y fue enfático en señalar que la ministra de Salud, Carolina Corcho, debe proyectarse como la primera autoridad del sistema.“Hasta no tener el texto en la mano es imposible dimensionares y proyectarse a cómo va a ser. Siento que la señora ministra, con todo el respeto lo voy a decir, no tiene claro aun lo que quiere hacer. Pensar que los ciudadanos van a ir al puesto de salir, al centro de atención primario, ahí se registran después cómo va a hacer la georreferenciación para pasar a otro nivel de complejidad; eso aumentaría las brechas que hoy en día existen…Creo que la ministra no ha entendido una cosa y es que ella es la ministra de Salud, la campaña terminó y ella tiene que proyectarse como la primera autoridad dentro del sistema y dar ejemplo de coherencia, parece que no le estuviera dando importancia a los datos”, indicó.Cabe recordar, que el Gobierno se reúne en Villa de Leyva, Boyacá, para estudiar las principales reformas y los tiempos en que los proyectos se presentarán ante el Congreso para ser discutidos. Le puede interesar: Vientre de alquiler: ¿Prohibir o regular?
Después del anuncio de la ministra de Salud, Carolina Corcho, de la inminente reforma a la salud en Colombia, la cual será presentada el próximo 6 de febrero en el Congreso de la República; el país ha entrado en un debate sobre el futuro de las EPS para sumar en la integridad en los colombianos.Fernando Ruiz, exministro de Salud, en diálogo con El Radar de Blu Radio mostró su “preocupación” que lleva a regresar a un modelo que existió hace más de 30 años y que presentaba limitaciones al ser un sistema que trabaja bajo el tiempo del Estado: “No garantizaba nada, cada uno tenía que buscar que las instituciones públicas le diera alguna atención”.“Me preocupa que dado al avance que tenemos de inclusión y de pacientes que están ahí con enfermedades crónicas, transición demográfica y epidemiológica en el país ha sido muy grande. Hoy tenemos una expectativa de vida por encima de los 75 años, personas que viven muchos años con enfermedades crónicas o huérfanas y estas personas necesitan de un sistema que le funcione y le garantice todos los beneficios”, manifestó Ruiz.A su vez, Galo Viana, presidente de la junta directiva de Gestar; y Denis Silva, presidente de la Asociación de Pacientes, aseguraron que la postura del exministro no es equivocado y que el Gobierno planteé desaparecer las EPS pone en riesgo la salud de los colombianos.Fernando Ruiz dijo que la mejor reforma de salud para Colombia es buscar la mejora del sistema y no querer reemplazarlo por algo que existe y funciona; por eso, según él, la ministra Corcho se contradice y entra a preocupar a todos en el país, pues son decisiones que implican cambios.“Para contener las críticas masivas que le llegan por la reforma, ella (Corcho) habla de solo una transformación. Creo que hay que ser precisos con la información y del Ministerio de Salud se debe ser responsable y tener precisión con las cifras y los conceptos, además, hablar con los ciudadanos (…) Claro que las reformas son necesarias, Colombia necesita mejorar la atención de las zonas rurales, creo que ahí hay un problema grande a lo que se logra en las ciudades. Esto implica focalizar presupuesto en una sola cosa”, puntualizó el exministro.Ruiz dijo que hay una equivocación muy grave por parte del Gobierno al creer que la privatización otorga una inequidad en la integridad de los ciudadanos, pero no es así, pues hace más de 30 años el sistema era público y existían servicios seccionales que atendían al 77 % de la población, mientras que el 23 % era tratado por el Instituto de Seguros Sociales.“También había otra inequidad muy grave en términos de género que hoy serían inaceptables, si usted miraba el perfil eran trabajadores informales en su mayoría hombres, entonces las mujeres quedaban fuera de la atención, que hoy sería intolerable. Los niños eran afiliados hasta al 1 año y luego quedaban sujetos a los ingresos de sus padres”, aseveró.Por último, el exministro dijo que antes de llevar a cabo cualquier cambio es analizar en realidad qué necesitan los colombianos y a partir de ahí empezar a trabajar pro a la ciudadanía.
El presidente Abelardo De La Espriella ordenó revocar la designación de Camilo Noguera Pardo como director del Instituto Colombiano de Antropología e Historia (ICANH). De acuerdo con lo informado por el mandatario, la decisión se tomó tras detectarse la modificación del manual de funciones de la entidad para presuntamente facilitar su vinculación al cargo.¿Por qué el Gobierno revocó la designación de Camilo Noguera en el ICANH?Según explicó el presidente De La Espriella a través de sus canales oficiales, el designado director, Camilo Noguera Pardo, quien es yerno del ministro del Interior, Alejandro Ordóñez, adelantó cambios en los requisitos del manual de funciones en coordinación con el director encargado del instituto, Javier Estrada.El jefe de Estado señaló que las modificaciones administrativas se realizaron a espaldas de la ministra de Cultura, Paola Holguín. De la Espriella precisó que, aunque el ICANH es una entidad adscrita al Ministerio de Cultura con autonomía administrativa, no existe autorización para alterar los reglamentos internos con el fin de favorecer o acomodar aspirantes a cargos públicos.¿Qué medidas administrativas ordenó el presidente De la Espriella?Ante las irregularidades reportadas en la tramitación del nombramiento, el mandatario dispuso la salida inmediata del director encargado de la entidad y la anulación de la designación del nuevo funcionario."Mi instrucción ha sido clara: en el gobierno no se modifican los manuales de funciones para favorecer personas o acomodar cargos. Quien no entienda esta regla no puede formar parte de mi gobierno", aseveró el presidente.El mandatario concluyó que la institucionalidad y los manuales de funciones deben respetarse sin excepción, ratificando que ningún funcionario cuenta con aval para adoptar determinaciones presupuestales o administrativas al margen de los ministerios de cabeza de sector.
Una operación conjunta entre las autoridades de Colombia y España permitió desarmar una red transnacional que esclavizaba a más de 100 colombianos en centros de llamadas en Camboya, informaron este martes fuentes oficiales.La Policía colombiana, a través de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijin), y la Policía de España realizaron tres capturas por orden judicial y dos retenciones por notificaciones rojas de Interpol en las localidades españolas de Zamora y Castellón, como parte de una investigación contra una red de trata de personas vinculada a la 'mafia china' en Asia.La organización criminal, liderada por alias de Jiaxing Ye, se dedicaba a captar ciudadanos colombianos mediante falsas ofertas de empleo en el extranjero para trasladarlos a Camboya y obligarlos a participar en fraudes financieros y estafas virtuales.Según las investigaciones, la red funcionaba mediante cabecillas financieros y coordinadores internacionales establecidos en Zamora y Castellón, que a su vez coordinaban con reclutadores en Colombia encargados de identificar, captar y trasladar a las víctimas.Los reclutadores buscaban principalmente a hombres y mujeres de entre 25 y 35 años con dificultades económicas, a quienes ofrecían trabajos bien remunerados en supuestos centros de llamadas en Tailandia o Camboya, dedicados a la comercialización de criptomonedas.La ruta comenzaba en Colombia, continuaba con escalas en Países Bajos o España y seguía hacia Tailandia antes de terminar en Phnom Penh, la capital camboyana, o en zonas fronterizas con Vietnam.Una vez en Camboya, los colombianos eran despojados de sus documentos, sometidos a vigilancia armada y obligados a trabajar jornadas nocturnas de hasta doce horas en complejos tecnológicos cerrados, con acceso restringido a atención médica.Para recuperar su libertad, la red exigía a las víctimas el pago de una supuesta deuda de 30 millones de pesos colombianos (unos 9.000 dólares) por los gastos de traslado o que cumplieran al menos seis meses de trabajo forzado.En esos centros recibían una capacitación delictiva denominada "mastereo", mediante la cual eran obligados a llamar a ciudadanos en Colombia y hacerse pasar por funcionarios de la Registraduría Nacional para ofrecerles tramitar la cédula digital.Durante las llamadas, los trabajadores inducían a las víctimas a instalar aplicaciones en sus teléfonos móviles, lo que permitía a los miembros de la organización acceder a los dispositivos y vaciar sus cuentas bancarias.La Policía identificó a Eslaineir Alexis Campo Rodríguez y Cristian Camilo Ortiz Avendaño como responsables de perfilar, captar y trasladar a las víctimas hacia Camboya. También están acusadas Yuris Marcela Reyes Zambrano, Karina Yulieth Doncell Rojas y Viviana Karoly Daza Ospino.Las autoridades también emitieron tres notificaciones azules de Interpol para localizar a otros integrantes de esta red.
A pocas semanas de su regreso a Colombia, la agrupación mexicana Maná presentó mundialmente MANÁ: VIVIR SIN AIRE TOUR (LIVE FROM RED ROCKS), un especial audiovisual que recoge uno de los conciertos más destacados de su trayectoria, grabado en el legendario Red Rocks Amphitheatre, en Morrison, Colorado. El estreno gratuito se realizó el pasado 6 de noviembre, a través del canal oficial de la banda en YouTube, donde permanece disponible para sus seguidores.El lanzamiento, realizado en alianza con YouTube y Warner Music, incluye un espectáculo con producción visual cinematográfica y sonido de alta definición, además de un mini documental que revela la conexión emocional de Fher Olvera con este escenario. Cuando tenía 21 años, el vocalista vivía en Denver y trabajaba lavando platos mientras soñaba con presentarse algún día en el emblemático anfiteatro. Cuatro décadas después, aquel anhelo se convirtió en realidad.El especial reúne algunas de las canciones más representativas de la banda, que ha vendido más de 50 millones de discos y se ha consolidado como uno de los grandes referentes del rock en español.Maná prepara su regreso a ColombiaEste lanzamiento sirve como antesala al regreso de Maná al país. El próximo 28 de noviembre, la agrupación abrirá su Vivir Sin Aire Tour en Latinoamérica con un único concierto en Colombia, programado en Vive Claro Distrito Cultural de Bogotá. La gira continuará por Lima, Santiago de Chile, Buenos Aires y Ciudad de México.El repertorio promete clásicos como “Rayando el Sol”, “Clavado en un Bar”, “Labios Compartidos” y “Oye Mi Amor”.En 2026, Maná también recibió el premio a Artista Latin Pop del Año, Dúo o Grupo, en los Premios Billboard de la Música Latina. Además, fue incluida entre las 50 mejores bandas de rock de todos los tiempos, según Billboard, y alcanzó 47 presentaciones en arenas de Los Ángeles.
En el borrador del Plan Nacional de Desarrollo 2026-2030, el Gobierno de Abelardo De La Espriella planteó una transformación de la Dirección Nacional de Inteligencia, DNI, y la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF).La propuesta, incluida en el eje de Patriotismo Constitucional, busca fortalecer la capacidad del Estado para anticipar amenazas, recuperar la confianza en sus organismos de inteligencia y debilitar las estructuras económicas de las organizaciones criminales y surge en medio de las nuevas denuncias de la Unidad Investigativa de Noticias Caracol por el uso indebido y otras irregularidades en la entidad durante el Gobierno de Gustavo Petro.En el diagnóstico sobre la DNI, el Gobierno identificó problemas operativos y una pérdida de capacidades institucionales y “del enfoque diferencial de la inteligencia civil frente a los demás organismos de inteligencia”, así como “la obsolescencia de material y equipo” y una “rigidez institucional que impide atender las necesidades operacionales”.El documento reconoce además que existe una “limitada comprensión y la distorsión que existen sobre la finalidad, alcance, y controles de las actividades de inteligencia, que hoy afectan la confianza y ponen en duda su credibilidad ante la ciudadanía y las instituciones”.El documento también cuestiona que la inteligencia estatal haya concentrado sus esfuerzos en asuntos coyunturales, en detrimento de los temas estratégicos de seguridad. Para cambiar ese enfoque, propone que la DNI genere “conocimiento anticipativo y prospectivo” que permita “reducir la incertidumbre que generan actores estatales y no estatales”, en particular frente a fenómenos como el crimen transnacional y las disputas por recursos estratégicos.La modernización de la DNI contempla inversiones en “nuevas tecnologías seguras y resilientes para el procesamiento y la analítica masiva de información”. El plan también incluye renovar los medios técnicos y fortalecer el talento humano, con personal profesional y especializado, formación, gestión del conocimiento y mejores condiciones de bienestar.En el ámbito internacional, el Gobierno busca revertir la “tendencia de reducción de la cooperación internacional y su presencia en instancias estratégicas de inteligencia”. Además, pretende posicionar a la DNI como un “proveedor objetivo de análisis para la identificación de prioridades estratégicas y la toma de decisiones del Estado”, con canales de relacionamiento con las instituciones, la academia y la ciudadanía.La segunda transformación se concentra en la UIAF, una entidad también bajo la lupa durante el gobierno anterior. Dicha estrategia responde al plan para desfinanciar las economías ilegales y afectar la capacidad económica de las organizaciones criminales pues señala que el lavado de activos movilizó “cerca de 169,73 billones de pesos entre 2022 y 2025”, recursos que, según el diagnóstico, alimentan las redes criminales y sus mecanismos de corrupción.Para enfrentar esas operaciones, el Gobierno propone modernizar la capacidad tecnológica de la UIAF, con énfasis en el procesamiento de grandes volúmenes de información, la analítica avanzada, la inteligencia financiera y la ciberseguridad para enfrentar los “riesgos emergentes derivados de los activos virtuales, las plataformas digitales, las tecnologías financieras y las nuevas modalidades de criminalidad económica”.
La ministra de Salud, Ana María Vesga, dio a conocer que puso a disposición de las autoridades competentes una serie de hallazgos sobre la contratación directa realizada en el sector salud por la administración anterior entre 2022 y 2026, la cual asciende a más de 20.600 contratos por un valor cercano a los 8,47 billones de pesos.De acuerdo con el reporte oficial del ministerio, la revisión evidenció que 143 personas contaban con contratos simultáneos en distintas entidades del sector. En algunos casos, la sumatoria de honorarios percibidos mensualmente ascendía a los 46 millones de pesos. A esto se suma el hallazgo de 176 contratistas con posibles inconsistencias en sus aportes al Sistema de Seguridad Social.En el caso puntual del Ministerio de Salud, se identificaron 8.517 contratos directos durante el periodo analizado. Más de la mitad de estas vinculaciones contractuales se concentraron entre enero de 2025 y agosto de 2026.Frente al alcance de las indagaciones, la ministra de Salud, Ana María Vesga, aclaró que la contratación directa o la pluralidad de contratos no constituyen en sí mismas una conducta ilegal. No obstante, enfatizó la necesidad de auditar la efectividad de las obligaciones contraídas al señalar: "Contratar directamente o tener varios contratos no es ilegal. Lo que debe establecerse es si esos servicios eran necesarios, si efectivamente se prestaron, si los valores estaban justificados y quién verificó su cumplimiento".El ministerio explicó que estas auditorías buscan esclarecer la trazabilidad de los recursos públicos, verificar la pertinencia de las contrataciones y constatar la ejecución real de las actividades pactadas. Ante esto, los antecedentes recopilados fueron trasladados a los organismos de control disciplinarios, fiscales y judiciales correspondientes para que determinen si existieron faltas o delitos.La ministra Vesga reiteró el compromiso de la cartera sanitaria con la protección de los dineros del sector: "Los recursos de la salud son de los colombianos. Nuestra obligación es protegerlos y exigir que cada peso esté debidamente justificado".