El Hospital Universitario Clínica San Rafael de Bogotá reconoció que no ha logrado pagar la nómina correspondiente al mes de abril por las dificultades financieras que han limitado su capacidad de recaudo en el corto plazo.“Esta situación se presenta en el marco de la restricción en el flujo de recursos que ha impactado de manera significativa la operación de múltiples instituciones a nivel local y nacional, algunas de las cuales han tenido que reducir o cerrar servicios”, indicaron en un comunicado.Aunque la institución aseguró que continúa prestando servicios y funcionando con normalidad, el anuncio generó preocupación entre trabajadores y usuarios, especialmente por tratarse de un centro médico universitario de alta complejidad que atiende a una amplia población en Bogotá.Ante esto, la gerencia del hospital indicó además que se encuentran evaluando y ejecutando diferentes alternativas para conseguir los recursos necesarios y así normalizar el pago de salarios “a la mayor brevedad”.El hospital reconoció el impacto que este retraso tiene sobre su talento humano y afirmó que la prioridad institucional es cumplir con las obligaciones laborales pendientes, aunque no se comprometieron con fechas.Por esta situación, los trabajadores del hospital han hecho varios plantones pidiendo respuestas ante estos retrasos. En octubre del año pasado, por ejemplo, dicha institución había alertado por una crisis financiera que la llevó a reestructurar los modelos de contratación.
A través de una carta que el alcalde de Itagüí, José Fernando Escobar, hizo llegar, tanto a la Gobernación de Antioquia, como a la Superintendencia y al Ministerio de Salud, pide que se intervenga el Hospital San Rafael.Esto ante la crisis financiera que atraviesa el centro médico debido a la falta de pagos de las EPS, que ha generado renuncias masivas, en las últimas semanas de más de 40 personas han abandonado la institución, sin mencionar que algunos servicios de urgencias y hospitalización han cerrado por la falta de insumos.“Le deben casi 30 mil millones de pesos, no le han pagado a médicos ni personal administrativo, le endilgan esto a la administración municipal, pero nosotros no podemos hacer nada ahí, por eso le pedimos al Gobierno departamental que intervenga", indicó el mandatario local.Por eso, la Alcaldía de Itagüí ha pedido a la gobernación que le entregue la competencia de este hospital, pues desde la administración municipal aseguran que han tenido una buena gestión con el Hospital del Sur, saneado todas sus finanzas.A pesar de que desde la Gobernación de Antioquia han reconocido la grave situación en la que se encuentra el centro médico, que es de carácter departamental, aún no han respondido sobre alguna intervención para solucionar la crisis.Le puede interesar:
Con una manifestación pacífica, los trabajadores del Hospital San Rafael en Itagüí, sur del Valle de Aburrá, le pidieron al Gobierno nacional que intervenga económicamente la entidad de salud, pues hay trabajadores de enfermería, por ejemplo, que no reciben su pago desde hace 4 meses y especialistas que lo esperan desde hace más de un año.También hay varios servicios que han tenido que cerrar por la falta de insumos, como lo son algunas salas de hospitalización, urgencias y cirugías, según indicó Socorro Isaza, presidenta del sindicato del Hospital."Están precarias condiciones es real porque si se arregla la sede no se le paga a los funcionarios y en este momento ni pago ni arreglo a la sede y está en precarias condiciones", afirmó Isaza.El gerente del Hospital, Diego León Muñoz, afirmó que la principal causa de esta crisis es la falta de pagos por parte de las EPS: "Tenemos acreencias en total suman más de 48.000 millones de pesos entre proveedores, colaboradores, contratistas, suministros de medicamentos, dotaciones y todo ese tipo de cosas", explicó.Otro aspecto que agrava la crisis es la masiva renuncia de trabajadores, alrededor de 40 de diferentes áreas, que abandonan la institución. Por lo mismo, los trabajadores afirman haber recibido amenazas por parte de algunos pacientes que los amedrentan ante la tentativa de renunciar, pues sienten también que los van a dejar sin atención.Le puede interesar:
La grave situación económica que atraviesa el hospital San Rafael en Itagüí, sur del Valle de Aburrá, tiene afectado al personal, pues son varios los meses que les deben de salario. En varios espacios han denunciado amenazas por la protestas que han realizado y por la tentativa de dejar el hospital ante la falta de pagos.Sin embargo, desde la Fiscalía, la directora seccional de Medellín, fue enfática al afirmar que no han recibido ningún tipo de denuncias por parte de los trabajadores del hospital.“Sabemos que las personas habían hecho unas manifestaciones o protestas porque no le habían realizado el pago de sus salarios. Estaban diciendo que parece que fueron amenazadas, pero hasta este momento consultando a la base de datos y las noticias criminales de la Fiscalía no tenemos denuncias por estos hechos", detalló Yiri Amado.De esta manera, desde la Fiscalía invitan a que ante cualquier caso de coerción o amenaza se interpongan las denuncias respectivas para que la entidad pueda tomar las acciones respectivas.Le puede interesar:
La grave situación que afecta a Carlos Eduardo Ángulo Ramírez empezó el sábado 18 de febrero, cuando llegó a la unidad de urgencias del Hospital San Rafael de Fusagasugá, en Cundinamarca. Compensar EPS todavía no responde.Según la historia clínica, luego de la valoración de medicina general se determinó que el paciente presentaba un evento cerebro vascular isquémico, con insuficiencia renal, hipertensión arterial y otras afectaciones complejas, que empeoran con el paso de las horas y que tienen en riesgo su vida.Por esa razón, el Hospital San Rafael solicitó a Compensar EPS que autorice el traslado urgente de Ángulo Ramírez a una Unidad de Cuidados Intensivos de un hospital de tercer nivel, en Bogotá. El mismo deberá hacerse en ambulancia medicalizada, pues su deterioro neurológico es rápido y requiere atención especializada.Sin embargo, la EPS no ha autorizado el traslado y en una respuesta a la solicitud que hizo la familia del paciente se limitó a informar que el requerimiento sigue en “gestión” y que la fecha estimada para responder es el 28 de febrero; pese al “alto riesgo de complicaciones incluyendo la muerte” del paciente, según un reporte de la unidad de urgencias.No obstante, la Superintendencia Nacional de Salud, a través del Grupo Soluciones Inmediatas en Salud (SIS), impartió instrucciones inmediatas a Compensar EPS para superar la situación denunciada en un plazo de dos días hábiles, por lo que se espera que la entidad promotora de salud responda este miércoles 22 de febrero.Claudia Salgado, familiar del paciente, ha hecho un llamado urgente a la EPS. En diálogo con BLU Radio, Salgado aseguró que desde el sábado están esperando que “Compensar nos responda y nos dé la autorización del traslado, dónde lo vamos a ubicar, porque está en riesgo su vida”.Le puede interesar:
La reconocida plataforma de transporte Cabify informó que tendrá viajes gratis a disposición de las personas que hagan parte de los grupos prioritarios de vacunación.Asimismo, la plataforma facilitará y apoyará la movilidad de estas personas que deben acudir a los puntos de vacunación ubicados en el Hospital Militar Central, Fundación Cardioinfantil, Instituto de Cardiología, Fundación Abood Shaio, Hospital San Ignacio y el Hospital San Rafael en Bogotá.Además de este servicio gratuito en la capital colombiana, en Medellín lo podrán tomar también aquellas personas que se desplazan al Hospital Pablo Tobón Uribe.Para acceder a este beneficio, los usuarios deben ingresar el código VACUNACABIFY en la sección de códigos de descuentos y será válido para personas mayores de 80 años o que estén en la primera línea de atención.“Estamos convencidos que debemos tener un rol social activo en el momento que estamos viviendo como país para el plan de vacunación. Por esta razón queremos contribuir entregando una serie de viajes gratis progresivos a todas las personas que necesiten viajar en Cabify hacia los centros de vacunación establecidos por el Gobierno Nacional”, expresó Manuel Torres, Country Manager Cabify Colombia.Finalmente, la compañía puntualizó en que este beneficio podría continuar durante el primer semestre, esto con base en el avance que se tenga en el proceso de vacunación en Colombia.
Después de 15 días de la intervención ordenada por la Superintendencia de Salud al hospital San Rafael de Leticia, el agente interventor culminó el proceso de evaluación y análisis de la situación de la sede principal y sus nueve centros de salud satélites.Como resultado del diagnóstico, se identificaron nuevos hallazgos a los que se pondrá la lupa para evitar riesgos en la atención. Cuentas por pagar y por cobrar sin depurarLas cuentas por pagar ascienden a los 7.324 millones de pesos, sin incluir el monto que se adeuda por concepto de salarios. En cuanto a las cuentas por servicios prestados a las EPS, se reportó un valor de 7.925 millones de pesos, de los cuales solo ha sido radicado el 33% de la facturación entre enero y marzo de 2020.Planta eléctrica Se evidencia un riesgo para el funcionamiento del hospital, debido a que se encuentra a punto de colapsar.Planta de oxígenoSe encuentra funcionando a un 30% de su capacidad, situación que no permite cubrir las necesidades del hospital ni de las demás instituciones que dependen de ella.Le puede interesar: Cuarentena en Colombia: ¿se ampliaría hasta el 7 de junio?Insuficiencia de insumosNo existen reactivos para gases arteriales y la morgue no cuenta con nevera para la conservación de cadáveres.Incumplimiento de los protocolos de bioseguridadNo todo el personal asistencial contaba con los elementos de protección personal.El centro asistencial solo cuenta con una ambulancia habilitada y operando, pero presenta fallas en su mantenimiento, dotación y desinfección.Deficiencias administrativasEn materia contractual, se encontraron contratos sin evidencia del cumplimiento de actividades, y sin los soportes de supervisión correspondientes.También se identificó que el contrato para el suministro de medicamentos y elementos médico-quirúrgicos está firmado y legalizado, pero el proveedor no ha hecho entrega de los pedidos solicitados.Además, se encontró un contrato con una empresa de consultoría y asesoría en Bogotá que no está siendo ejecutado, al igual que otro contrato hecho al revisor fiscal, que no ha cumplido con la entrega de los informes de los estados financieros del 2019.
Luego de que por error de una de las enfermeras del hospital San Rafael dos madres recibieran intercambiadas a sus hijas recién nacidas, terminaron las pruebas de paternidad y maternidad que dieron certeza de cuál era la niña que cada mujer había dado a luz.Sin embargo, los recursos legales en contra del hospital no se harán esperar.“Voy a demandar porque la otra mamá incluso alimentó a mi bebé y es un riesgo, nadie sabe el estado de salud de los otros. Cuando tuve a mi niña le pusieron la ropa cambiada con la de la otra bebé y por eso la confusión. El hospital realizó pruebas de ADN y ahora sí estoy segura de que es mi hija”, dijo Karen Moreno, una de las madres afectadas por el cambiazo.Lea también: Nació el primer bebé del 2018 en BarranquillaAl interior del hospital se abrió una investigación sobre lo ocurrido, mientras que la otra familia espera asesoría de un abogado para decidir si también demanda al hospital.
¡Mucho cuidado! Autoridades en Medellín alertan a comerciantes por suplantación de funcionarios y cobros indebidos. Aseguran que ninguna persona puede cobrar dinero por agilizar procesos o realizar visitas.Sobre la alertaLa Alcaldía de Medellín lanzó una alerta dirigida a comerciantes, propietarios y administradores de establecimientos abiertos al público ante posibles casos de suplantación de servidores públicos y falsos inspectores sanitarios que estarían realizando cobros indebidos.Es por esta razón que la Administración Distrital recordó que ningún funcionario está autorizado para solicitar dinero o beneficios económicos a cambio de realizar visitas, entregar conceptos favorables o agilizar trámites.La subsecretaria Administrativa y Financiera de la Secretaría de Salud, María Rivera, indicó que la advertencia se relaciona con las labores de inspección, vigilancia y control sanitario que adelantan las autoridades en diferentes zonas de la ciudad.“En Medellín, hacemos un llamado a los comerciantes y propietarios de establecimientos abiertos al público, recuerden que ningún funcionario está autorizado para solicitar dinero, dádivas o beneficios económicos a cambio de visitas sanitarias, conceptos, trámites o para evitar medidas sanitarias”, dijo.Ante una visita, la recomendación de la Alcaldía de Medellín es que los comerciantes soliciten la identificación del funcionario y verifiquen su nombre, cargo y entidad. Además, pidió desconfiar de personas que prometan evitar sanciones o gestionar visitas a cambio de dinero.Las autoridades en la capital de Antioquia hizo un llamado a los comerciantes para mantenerse atentos frente a posibles intentos de engaño y verificar siempre la identidad de quienes se presenten como funcionarios encargados de realizar controles sanitarios.
Ya son 32 los cuerpos recuperados en el Cementerio Universal de Medellín, en un proceso humanitario realizado a nivel regional que, además, ha permitido hallar a más de 100 personas con vida y entregar más de 200 cuerpos recuperados a sus familias.Tras culminar su quinta fase de intervención en el Jardín Cementerio Universal de Medellín, la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas recuperó 14 cuerpos de personas reportadas como desaparecidas, sumando un total de 32 recuperaciones en este camposanto desde el año 2020.Las labores recientes permitieron intervenir igual número de bóvedas en las galerías Mausoleo Municipal, Coonaltef, Ferroviarios y Aspenjudas.Este sitio de interés forense ha sido históricamente el principal punto de inhumación de cuerpos no identificados y no reclamados en la ciudad, albergando a víctimas de desaparición procedentes, tanto de zonas urbanas del Valle de Aburrá como de áreas rurales de Antioquia, incluidas personas en situación de vulnerabilidad, habitantes de calle y víctimas del conflicto armado vinculadas a los ríos Medellín, Porce y Cauca.“Históricamente, este sitio o este camposanto ha sido un epicentro para la inhumación de cuerpos de no solo el Valle de Aburrá, sino de todo noroccidente. A la fecha, en el marco de nuestra investigación humanitaria, ha realizado un total de cinco fases de intervención desde el 2020 a la fecha y hemos recuperado un total de 32 cuerpos”, aseveró.A nivel regional, la Unidad de Búsqueda registra un universo de más de 33.000 personas dadas por desaparecidas en el noroccidente del país que comprende los departamentos de Antioquia, Caldas y Chocó, apoyadas por 19 Planes Regionales y un registro de 9.712 personas buscadoras. En esta demarcación, la labor humanitaria ha permitido hallar a 122 personas con vida y recuperar 1.628 cuerpos, de los cuales 224 han sido entregados dignamente a sus familias.“Tenemos aproximadamente un universo de más de 33,000 personas dadas por desaparecidas. A la fecha hemos recuperado más de 1,600 cuerpos. Tenemos un resultado de 122 personas encontradas con vida y hemos realizado 124 entregas dignas”, puntualizó.En el panorama nacional, la entidad ha logrado ubicar un total de 5.721 cuerpos y a 633 personas con vida, consolidando procesos de investigación extrajudiciales que buscan dar respuesta a las familias que continúan buscando a sus seres queridos en el país.
Volkswagen llamó a revisión más de 2,8 millones de vehículos VW y Audi en todo el mundo por un riesgo de "ruptura de los tornillos" de la dirección, informó este viernes la agencia alemana del automóvil (KBA) en un comunicado.El problema puede provocar una "ruptura de los tornillos", lo que puede "acarrear un fallo de la dirección", precisó KBA.En concreto, la medida afecta a 2,16 millones de vehículos de VW y a 700.000 de la marca Audi. De todos ellos, un tercio se encuentran en Alemania.Cuáles son los carros VW y Audi llamados a revisiónEn el caso de VW, los cinco modelos -Golf, Golf Variant, Tiguan, Touran et Caddy- fueron fabricados entre 2013 y 2024. En cuanto a Audi, se trata de modelos Q3 fabricados de 2017 a 2024."Estamos retirando de forma preventiva los vehículos afectados, sin que haya habido daños corporales", dijo a la AFP un portavoz del grupo, que indicó que se había detectado "un fenómeno de corrosión en el tornillo".Según él, el peligro "no es tan grave como para inmovilizar el vehículo" inmediatamente y dijo que los particulares pueden acudir al concesionario al volante del vehículo, "conduciendo". Allí, les proporcionarán nuevos tornillos más resistentes a la corrosión, precisó.Un nuevo revés para el primer fabricante de vehículos europeo, que a principios de septiembre alcanzó un acuerdo con los sindicatos para suprimir hasta 100.000 puestos de trabajo de aquí a 2030.
Fue judicializado Daniel Felipe Duque Duque, señalado de utilizar diferentes perfiles en redes sociales y líneas telefónicas para acosar, amenazar, hostigar y suplantar a 21 personas en los municipios de Sabaneta y Envigado, Antioquia.De acuerdo con la investigación, las víctimas identificadas hasta el momento son 20 mujeres y un hombre. La Fiscalía documentó los casos y recopiló elementos materiales probatorios con los que señala a Duque Duque como responsable de este patrón de comportamiento.Uno de los casos corresponde a una mujer que denunció haber sido contactada a través de más de 500 perfiles creados, presuntamente, para asediarla. La Fiscalía también señala que el investigado habría creado centenares de cuentas para enviar mensajes injuriosos y degradantes, así como contenidos sexuales y relacionados con violencia de género dirigidos contra mujeres de una comunidad educativa y psicólogas.La investigación también documenta presuntas suplantaciones de las víctimas mediante perfiles falsos. A través de esas cuentas, el señalado habría contactado a familiares y personas conocidas de las víctimas y realizado publicaciones en las que las difamaba y les atribuía participación en hechos delictivos.Otra de las prácticas que hacen parte de los casos documentados consistía, de acuerdo con la Fiscalía, en divulgar los números telefónicos de algunas de las personas afectadas para que fueran incluidos en grupos de mensajería instantánea en los que circulaba contenido sexual. A partir de esta situación, algunas víctimas habrían comenzado a recibir mensajes provenientes de otros países.Entre los casos también se encuentra el de un joven que, según la investigación, habría sido hostigado y constreñido desde los 15 años para que entregara números telefónicos de mujeres e información relacionada con reuniones y fiestas.Otras personas denunciaron llamadas durante la noche y la madrugada, además del envío de imágenes de armas cortopunzantes acompañadas de amenazas de muerte.Con los elementos recopilados durante la investigación, la Fiscalía obtuvo la orden de captura contra Duque Duque. La detención fue materializada por servidores del Cuerpo Técnico de Investigación, CTI, en un inmueble ubicado en Envigado.Durante el procedimiento fueron incautados celulares, cartuchos calibre 9 milímetros y 26 armas cortopunzantes, entre otros elementos que quedaron a disposición de las autoridades.Fue imputado por los delitos de acoso sexual, constreñimiento ilegal, amenazas, hostigamiento agravado, calumnia e injuria agravadas, acceso abusivo a sistema informático y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios partes o municiones y enviado a la carcel.
El Ministerio de Justicia impugnó el fallo del Juzgado Segundo Administrativo de Mocoa que suspendió el plan piloto de aspersión aérea con glufosinato de amonio en Putumayo. El recurso fue presentado por Linda Gisselle Suárez Villamizar, directora (e) de Política de Drogas y Actividades Relacionadas del Ministerio de Justicia, y secretaria Técnica del Consejo Nacional de Estupefacientes (CNE)En el recurso, el Gobierno sostiene que el juez aplicó de manera amplia el principio de precaución, sin establecer de forma concreta la gravedad, probabilidad y nivel de riesgo que justificarían la suspensión.También cuestiona el uso de jurisprudencia relacionada con el programa de aspersión con glifosato. Según el Ministerio, decisiones como la T-236 de 2017, el Auto 387 de 2019 y la SU-545 de 2023 corresponden a situaciones específicas del uso con ese herbicida y no pueden trasladarse automáticamente al nuevo plan piloto experimental, limitado y temporal en el que se buscan determinar el alcance del uso de glufosinato de amonio.“La Resolución 007 de 2026 no dispuso la reanudación general del PECIG ni adoptó un nuevo programa nacional de aspersión aérea. Por el contrario, configuró una fase experimental, controlada, limitada, temporal y evaluable, cuya finalidad es generar evidencia específica acerca de eficacia, precisión, deriva, riesgos e impactos y suficiencia de las medidas de manejo, y precisó expresamente que el piloto “no equivale a la reanudación, adopción o autorización definitiva de un programa de alcance general o nacional”. La diferencia es jurídicamente determinante”, se puede leer en el documento.Otro de los argumentos es que el fallo habría confundido requisitos que todavía están en trámite con incumplimientos. El Ministerio sostiene que en la resolución que establecía el plan piloto en el Putumayo queda claro que mientras no se cumplan las condiciones ambientales, sanitarias, técnicas y operativas previstas en la ley, no puede comenzar las aspersiones aéreas.También se cuestiona que la sentencia haya presumido posibles afectaciones a comunidades o territorios sin identificar de manera concreta cuáles resultarían afectados. Incluso en el documento, el Ejecutivo deja claro que de 40.565 hectáreas con cultivos de coca identificados en el departamento de Putumayo, quedaron excluídas del plan piloto 35.164 hectáreas, quedando susceptibles de intervención 5.401 hectáreas y de las cuales el plan piloto sólo busca abarcar un máximo de 1.000 hectáreas.Finalmente, el Gobierno considera que la tutela no era procedente porque el piloto aún no había comenzado y, según su argumentación, no se acreditó una amenaza cierta e inminente ni un perjuicio irremediable. Además, recuerda que existen otros mecanismos judiciales, como la acción popular; los medios de control ante la jurisdicción contencioso-administrativa; y las medidas cautelares que pueden adoptarse incluso con carácter urgente.Por eso, el documento solicita a la juez Ana Pilar Vidal Uribe revocar la sentencia y declarar improcedentes las acciones de tutela acumuladas; o de no hacerlo revocar el amparo concedido. Además se pide que se precise en detalle cuáles son los requisitos que deben cumplirse de “manera expresa, concreta y verificable” y bajo qué condiciones podría levantarse la suspensión.