El Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), aseguró que en lo corrido del año ya son 30 líderes sociales asesinados. Los líderes más afectados fueron los comunales, seguido de los cívicos e indígenas.El caso más reciente fue el asesinato de José Eduardo Cárdenas, un reconocido líder y actual presidente de la Junta de Acción Comunal (JAC) del barrio La Sub Estación, ubicado en la comuna uno de Quibdó, Chocó.La Defensoría Del Pueblo emitió una alerta temprana, en la cual señaló que es factible que continúen las acciones violentas en el casco urbano y que incrementaron significativamente los casos de homicidios, enfrentamientos entre bandas delincuenciales, de barrios, y acciones de exterminio social, así como desapariciones forzadas, torturas, lesiones personales y desplazamientos forzados, entre otros.En cuanto a firmantes de acuerdo de paz, es decir, excombatientes de las extintas Farc asesinados en 2023, la entidad registra cuatro personas, el caso más reciente fue el asesinato de Javier Sánchez, ocurrido el 19 de marzo en Ábrego, Norte de Santander.Le puede interesar:
Lo dicho por el ministro del Interior, Alfonso Prada, durante una mesa de diálogo con los campesinos que secuestraron a más de 70 policías y civiles en zona rural de San Vicente del Caguán, siguen generando reacciones en diferentes sectores de la sociedad, por ejemplo, uno de los primero en manifestarse fue el exministro y exjefe negociador de paz con la guerrilla del ELN, Juan Camilo Restrepo, quien fue claro con lo que lo que ocurrió en esa zona del país.“Esto no fue un cerco humanitario como dijo desafortunada y equivocadamente el ministro Prada, fue una reunión tumultuaria para humillar a las autoridades con un muerto a bordo de parte de los Policías y otro de los campesinos. Fue una asonada contra la propiedad privada incendiando las instalaciones de la empresa petrolera y fue un espectáculo lamentable ver a los ministros de Defensa y del Interior sentados en la misma mesa de una mal llamada guardia campesina, que en ningún decreto ni en ninguna ley le ha dado legitimidad de existencia que funciona como si fuera un ejército contradictor en una guerra”, aseguró Restrepo.Por su parte, para el presidente del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), Camilo González Posso, estos hechos se deben aclarar y el Gobierno debe diferenciar entre un cerco humanitario y un secuestro.“Los hechos que se han producido en el Caquetá deben ser suficientemente aclarados, ya que se mezcla una situación que han llamado cerco humanitario y un evento que es la retención e inmovilización de elementos de la Fuerza Pública. Por otro lado, están los incendios y los asesinatos, yo creo que hay que distinguir cada cosa porque un cerco humanitario es cuando se busca proteger la vida de personas que están siendo agredidas por terceros y otra cosa es cuando se retiene a unas personas”, explicó el experto en temas de paz.Entre tanto, la senadora del Centro Democrático María Fernanda Cabal presentó una denuncia penal contra los campesinos que retuvieron a los policías y civiles por los delitos de invasión a la propiedad privada; secuestro; homicidio; entre otros.Le puede interesar:
El director de Indepaz, Camilo González, aseguró que es crítico y alarmante el incremento de las masacres en este 2023, comparado con el año pasado. González hizo un análisis sobre todo a las acciones violentas registradas en el Valle del Cauca y en Norte de Santander.“En el departamento del Valle del Cauca se nota una actividad de sicarios, más que todo en el norte del departamento, pero también hacia Jamundí y regiones de Cali. Algunos grupos narcotraficantes, mafias, por retaliaciones, respuestas por presión de las autoridades y en todo caso una situación muy crítica, es otro tipo de criminalidad”, indicó el director de Indepaz.De las últimas cuatro masacres registradas por el instituto, dos fueron en el departamento del Valle del Cauca. El Cerrito, tres jóvenes fueron asesinados en la vereda El Moral del Cañón del Chinche, zona rural en donde un grupo de hombres armados atacaron a estas personas. Mientras que en Cartago, cuatro personas fueron asesinadas mientras se encontraban al interior de una vivienda.“Muy grave la situación violencia, de masacres, tenemos en Norte de Santander este fin de semana y también en el Valle del Cauca, en Cartago, lo que indica un incremento alarmante con respecto a la situación que venía el año anterior”, señaló González.También aseguró que, por un lado, se han disminuido el nivel de violencias asociadas a los grupos que están en las mesas conversando con el Gobierno, pero por otro, está el multicrimen, dinámicas urbanas y rurales que atentan contra la población.Le puede interesar:
Desde el pasado 14 de febrero el sargento del Ejército Nacional, Libey Danilo Bravo se encuentra secuestrado por el frente de guerra oriental del ELN, así lo confirmó dicha guerrilla a través de un comunicado.Desde el Ejército Nacional repudiaron el hecho, afirmando que es una violación a los derechos humanos e infracción a las disposiciones del derecho internacional humanitario, así como un delito catalogado como crimen de lesa humanidad.Camilo González, presidente de Indepaz, aseguró que es un hecho objeto de análisis en la mesa de diálogo y que generan desconfianza."Son hechos que generan desconfianza, sobre las posibilidades de desescalamiento del conflicto y un ambiente enrarecido, ellos lo justifican como un acto legítimo de guerra, pero retener a personas de la fuerza pública que está por fuera de cualquier acción de combate, es completamente impertinente” afirmó González.Asimismo, aseguró que estos actos deben ser objeto de los protocolos en la mesa de negociaciones, precisamente sobre dichos diálogos entre Gobierno Nacional y el ELN. Por su parte, el presidente de Indepaz, aseguró que se espera una noticia de que haya un instructivo de respeto absoluto a la población civil en todos los territorios donde tenga influencia esa guerrilla.Escuche el podcast ¿Cómo es vivir en Corea? Le puede interesar: ¿Dónde ver las películas nominadas a los premios Óscar 2023?
Las masacres no paran en Colombia pese al anuncio de un cese al fuego y en medio de un proceso de paz total, eje fundamental del Gobierno de Gustavo Petro. Indepaz reportó 46 masacres desde el 7 de agosto de 2022 a la fecha. En Mañanas Blu, cuando Colombia está al aire, se analizó el orden público en Colombia y qué implicaciones tiene en la paz total.Según, el Instituto de estudios para el desarrollo y la paz, Indepaz, en Colombia se registraron 13 masacres en lo corrido de 2023, con 41 víctimas, estos datos son con corte al 7 de febrero. Del 7 de agosto de 2022 al 31 de diciembre de 2022, 33 masacres con 117 víctimas. Camilo González Posso, director de Indepaz se refirió al tema y a las actuaciones del Gobierno Petro para parar estas acciones violentas.“Si nosotros alguna comparación de estos cinco meses en el Gobierno de Petro, para tomar esta cifra como referencia, con un período similar en la última fase del gobierno del expresidente Iván Duque pues vemos que la situación es relativamente similar. Eso quiere decir que, efectivamente, la política nueva de paz total y de diálogos con estos grupos desarrollados por el gobierno actual pues no ha modificado la tendencia, no ha tenido mayor efectividad de lo que se veía en el enterito período”, indicó.Posso señaló que lo primero que se debe saber es la autoría de las masacres y resaltó que se siguen cometiendo sicariatos. Además, contó que las motivaciones de estos hechos violentos son más de tipo “mafioso” asociados al negocio del narcotráfico.“Si se lograra un cese al fuego verificado y sostenido por lo menos seis meses, habría que tener una política para el resto, para ese fenómeno criminal que está sustentado en otras dinámicas…Tenemos una violencia persistente y las políticas que se están poniendo en marcha no se han desplegado todavía. Lo que se está haciendo va a tener un resultado parcial”, enfatizó.Por su parte, Ariel Ávila, senador de la Alianza Verde y exmiembro de la Fundación Paz y Reconciliación, PARES, la estrategia de seguridad en el actual Gobierno del presidente Gustavo Petro.“Nosotros seguimos trabajando en la Ley de Sometimiento, pero sí requerimos mayores niveles de articulación. Es decir, podemos diseñar la mejor ley de paz total, que yo creo es muy buena lo que estamos diseñando, pero necesitamos que el garrote también funcione. Necesitamos que esto se aprenda a comunicar, como esto del señor Jorge Luis Alfonso López y que nos expliquen con qué grupo este señor podría facilitar una conversación, dar explicaciones. Siento es que no hemos cambiado la política de seguridad del presidente Duque y los resultados lo están mostrando; necesitamos es que se presente la nueva política de seguridad”, indicó.Cabe recordar que la Jurisdicción Especial de Paz hace unos días citó al comisionado de paz, Danilo Rueda, a una audiencia que se llevará a cabo el 28 de febrero, en la que deberá explicar el plan para el desmantelamiento de organizaciones criminales, documento ordenado por el tribunal y que aún no ha sido entregado.
Preocupación y zozobra manifestaron varios líderes de la comuna 20 de Cali, frente a las amenazas que han recibido recientemente.Las intimidaciones se registraron por medio de panfletos los cuales aparecen firmados supuestamente por las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, también conocidas como Clan del Golfo, y están dirigidas contra tres presidentes de junta de acción comunal y 10 líderes sociales, según la información que conoció Blu Radio."A mí me llegaron a la casa en dos oportunidades, personas en motocicleta, el pasado 5 y 6 de enero", dijo Andrés López, presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio Belén, de la comuna 20, uno de los amenazados.De acuerdo con los amenazados, las intimidaciones estarían relacionadas con actividades culturales y de turismo que ellos han liderado en Siloé y que han contribuido en desaparecer las fronteras invisibles en el territorio."Yo advertí al secretario de Seguridad Distrital, Yimmy Dranguet, y al alcalde Jorge Iván Ospina; ellos hicieron caso omiso, y luego vino la masacre de Siloé y, ahora, siguen pasando cosas", afirmó López.El presidente de la junta y otros líderes de la zona enviaron las denuncias pertinentes a la Defensoría del Pueblo, desde el mes pasado, en búsqueda de respaldo y, aunque hubo una respuesta de alerta temprana, aseguran que no han obtenido protección o han logrado comunicación con las autoridades."Las diferentes alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo evidencian el riesgo que vive ese departamento y muestra la inoperancia de algunos organismos", aseveró Leonardo González, miembro del observatorio de paz, Indepaz.Según Indepaz, el año anterior, 14 líderes sociales fueron asesinados en el Valle del Cauca. Asimismo, desde ese observatorio pidieron a la Defensoría del Pueblo y a las autoridades locales mayor celeridad en las respuestas ante este tipo de amenazas contra los líderes de la región.Le puede interesar: ¿Cuál es la postura de la Iglesia católica frente a las negociaciones con el ELN?
Un nuevo asesinato contra un firmante del acuerdo de paz se conoció este jueves, 1 de diciembre. José Reinel Cano Medina, como fue identificada la víctima, estaba en compañía de una persona. Ambos se movilizaban en una motocicleta en la vía que comunica a Caloto con el corregimiento de El Palo, en el norte del Cauca.Según una fuente consultada por Blu Radio, ambas personas cayeron en un retén ilegal montado por un grupo alzado en armas que delinque en el sector.La Defensoría del Pueblo emitió para esa zona una alerta temprana en los municipios de Caloto y Corinto por la presencia de grupos armados ilegales.José Reinel Cano Medina es el firmante número 38 asesinado durante el 2022 y el 343 desde la firma del acuerdo de Paz, en todo el territorio nacional, según cifras de Indepaz.Ese mismo organismo comunicó que Cano Medina se encontraba en el proceso de reincorporación e integraba la Cooperativa Multiactiva de Caloto.Escuche el podcast: Historias detrás de la historia
Indepaz publicó un informe sobre la situación de orden público en la que se encuentra el país de cara al proceso de paz total, teniendo en cuenta que ya son 23 grupos armados los que han manifestado públicamente su voluntad de unirse. En primer lugar, señala que en los últimos años se ha presentado una reorganización de grupos ilegales, como las disidencias de las Farc, el ELN y el Clan del Golfo."Desde el inicio al seguimiento de la actividad de grupos POS-FARC, en 2017, su presencia ha ido en escalada, duplicando el número de municipios afectados para 2022. Inicialmente se daba bajo una lógica de actuación fragmentada, la cual en 2021 transita a una actuación coordinada, principalmente, bajo tres grandes sombrillas: el Bloque Suroriental, el Comando Coordinador de Occidente y la Segunda Marquetalia. Otros cinco grupos con un carácter de tinte independiente completan el actual escenario", se lee en el documento.El ELN habría consolidado sus actividades en 91 municipios del país y en 152 tienen una presencia ocasional; sin embargo, este avance se habría empezado a presentar desde que se desmovilizaron las Farc, en el año 2016, mientras que el Clan del Golfo ha tenido presencia permanente en 131 municipios y en los últimos dos años las acciones violentas de este grupo han aumentado, siendo la principal fuerza "narcoparamilitar" de los grupos sucesores de las AUC. En Norte de Santander, Arauca, Chocó, el Urabá antioqueño y el Valle, entre otras zonas del país, se están presentando disputas entre estos grupos antes mencionados que afectan directamente a la población civil, pero, además, hay disputas en algunas ciudades entre bandas dedicadas a la delincuencia y el narcotráfico."La materialización del conflicto armado en las ciudades se ha hecho más visible en los últimos dos años, particularmente por la agudización de violencias bajo la modalidad de sicariato y reclutamiento. Esta situación se explica, como se menciona anteriormente, en la tercerización de actividades criminales y logísticas y por el retorno al país de narcotraficantes y paramilitares que cumplieron sus penas de extradición. La función de los centros urbanos ha estado asociada como puntos logísticos de abastecimiento con el fin de garantizar el sostenimiento de las estructuras, nodos de infraestructura para tráficos (aeropuertos, terminales terrestres y puestos marítimos) y centros económicos para el lavado de activos y de apropiación de rentas", explicó Indepaz.El Clan del Golfo y las disidencias de las Farc, además de tener más zonas de influencia, también han incrementado el número de combatientes, aunque no se entrega una cifra o número exacto sobre cuántas personas podrían hacer parte de los grupos armados. Por otro lado, en diez departamentos del país, los grupos considerados narcoparamilitares afectaron el 10 % de sus municipios; en el caso del Chocó y Córdoba la cifra supera el 90 %."Ante las expectativas de diálogos con el Gobierno, a partir de agosto de 2022, se han dado articulaciones para afrontar el nuevo escenario político. Es preciso señalar que es un momento temprano para afirmar que este comportamiento perdure en el tiempo, así mismo, no es posible asegurar que represente un acuerdo definitivo sobre jerarquías militares y controles territoriales".Escuche el podcast: Historias detrás de la historia
Cuatro personas murieron asesinadas este lunes en Leticia, Amazonas, denunciaron organismos de defensa de los derechos humanos. De acuerdo con Indepaz, los hechos se registraron cuando dos hombres que se desplazaban en una motocicleta arribaron a un establecimiento público y abrieron fuego de forma indiscriminada en contra de las personas que departían en el lugar.“Las víctimas fueron identificadas como Leonardo Alexander Moreno Manuares, Antonio Manuares y Khan Carlos Valderrama”, indicó en un comunicado el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz). El nombre de la cuarta persona no ha trascendido de momento.La organización no gubernamental recordó la alerta temprana de la Defensoría del Pueblo, que señalaba el aumento de la comisión de homicidios y muertes violentas, al parecer por hechos relacionados con dinámicas de economías ilegales, aunque otras versiones aseguran que se trata de dispositivos de control por parte de actores armados ilegales, presuntamente a través de señalamientos contra líderes o autoridades étnicas.“La situación es especialmente gravosa en Leticia por la dinámica de violencia de su vecino municipio de Tabatinga en el Brasil”, advirtió Indepaz.Según el comunicado, los grupos armados ilegales que actúan en la zona son los llamados Comandos de frontera, el frente Carolina Ramírez, así como otras bandas que actúan por tercerización con influencia de grupos brasileros.Líderes sociales, bajo amenazaUn total de 46 defensores de derechos humanos y líderes sociales fueron asesinados durante el tercer trimestre del año en el país, lo que supone un aumento del 64 % con respecto al mismo periodo del año anterior, reveló el pasado viernes el Programa Somos Defensores.Los dos últimos meses de este trimestre, específicamente 54 días, coincidieron con el comienzo del mandato del presidente Gustavo Petro, que asumió el pasado 7 de agosto. En este tiempo ocurrieron 25 de los 46 homicidios confirmados por el Sistema de Información sobre Agresiones contra Personas Defensoras de Derechos Humanos en Colombia.
Un nuevo hecho de sangre tomó lugar en la ciudad de Montería, Córdoba, sobre la madrugada de este sábado, 27 de noviembre, en momentos en los que Oswaldo Eliécer Bula, reconocido líder social y comunitario, fue asesinado por dos sujetos en la urbanización El Recuerdo.Según la versión entregada por testigos, los sicarios se desplazaban a toda velocidad en una motocicleta cuando realizaron disparos indiscriminados contra Bula, quien pese a ser trasladado al centro hospitalario La Gloria, murió minutos después de haber ingresado.Sin embargo, el asesinato pueda que no esté relacionado con su actividad comunitaria, ya que según pesquisas de la Policía Metropolitana de Montería, el crimen se produjo para intimidar a uno de sus hijos, hipótesis que continúa siendo materia de investigación.Así lo señaló el coronel Gabriel García, comandante de la Policía de Montería, quien aseguró que "tenemos todo un equipo especializado tras la investigación de este caso que no puede quedar impune, pues conocemos que el señor Bula gozaba de alta estima en el dicha urbanización por su labor comunitaria, sin embargo; al parecer su asesinato no está relacionado con su gestión social, sino más bien a uno de sus hijos".Además, el coronel García precisó que "inmediatamente conocimos el caso, desplegamos toda nuestra capacidad para poder dar con el paradero de los dos presuntos sicarios, quienes se dieron a la huida segundos después del hecho en una motocicleta". Según cifras que entregó Indepaz, cuatro líderes sociales y comunitarios han sido asesinados en Córdoba en lo que va de este año 2022. Meses antes también fueron asesinados, bajo el mismo modus operandi, el periodista comunitario Rafael Moreno Garavito, el líder comunal Harold Vicente Herazo Castaño y el líder juvenil Cristhian Camilo Guevara Díaz. El director de Cordobexia, Andrés Chica Durango, informó que Bula “adelantaba procesos comunitarios en el sur de Montería, entre ellos la reubicación de vendedores del Mercadito del Sur, Montería. El vocero de la fundación social pidió a las autoridades emprender acciones integrales e “inmediatas” para garantizar la seguridad de los líderes sociales.
Tras los recientes hechos violentos de las cárceles de Colombia, Esperanza Bustamante, representante de la Fundación Corazón Humano, expuso en Noticias de la Mañana, las preocupantes condiciones en las que se encuentran las personas privadas de la libertad en Colombia.La Fundación, que trabaja para garantizar la dignidad y los derechos de los presos, ha enviado una carta al presidente Gustavo Petro y al ministro de Justicia, Néstor Osuna, solicitando mejoras urgentes para enfrentar la crisis carcelaria que afecta al país. La Fundación Corazón Humano busca poner fin a esta realidad y reivindicar la importancia de la vida de los privados de la libertad. No todos los presos son responsables de los actos de violencia que ocurren en las cárceles, por lo que es fundamental que se respete su dignidad y se les brinde la oportunidad de reintegrarse a la sociedad una vez cumplan su condena. "Están cometiendo en este momento errores y, fuera de eso, están esperando. Es una oportunidad ante la sociedad. No hay que olvidar que estas personas, a pesar de estar privadas de la libertad, van a volver en algún momento dado a reintegrarse a ella”, dijo. ¿Cuál es la situación de las cárceles en Colombia?La crisis carcelaria en Colombia lleva más de veinte años sin resolverse y la Fundación Corazón Humano espera ver mejoras significativas en las condiciones de los privados de la libertad en este nuevo Gobierno. Bustamante se refirió a la situación de los centros penitenciarios en el país. "La emergencia carcelaria lleva más de 20 años decretada, es resultado de una política criminal fallida, totalmente fallida. Nosotros esperábamos que mejoraran las condiciones de los privados de la libertad en este nuevo Gobierno, pero todo sigue exactamente igual. No podemos continuar abriendo más cárceles cuando ni siquiera podemos sostener las que tenemos", resaltó. Sin embargo, hasta ahora, las cosas siguen iguales y se siguen abriendo más cárceles sin tener la capacidad de sostener las que ya existen. Los presos sufren de falta de alimentación adecuada y problemas de salud, sin recibir la atención médica necesaria para tratar enfermedades graves. La corrupción también juega un papel importante en la crisis carcelaria en Colombia. La Fundación ha denunciado la corrupción en la contratación de estructuras y alimentos en las cárceles, pero hasta el momento no se ha tomado ninguna acción. La petición al Gobierno PetroLa Fundación Corazón Humano pidió una mesa de diálogo con el presidente y el ministro de justicia para discutir estas problemáticas y buscar soluciones. Además, solicitan la presencia de los representantes de ejecución de penas en esta mesa, ya que es fundamental que se cumpla con la ley y se respeten los derechos de los privados de la libertad. La Fundación busca una reforma que realmente respete la dignidad humana de los presos y que se trabaje en una verdadera justicia restaurativa."Es una corrupción total en esas contrataciones. Nunca llegan los dineros que son entregados directamente a las cárceles. Hay personas que reciben el desayuno a las 6 de la tarde. En muchas ciudades, los niños que están guardados dentro de estas prisiones con sus madres ni siquiera tienen un ventilador. Esto se está saliendo de control, nosotros lo advertimos, inclusive", mencionó enfáticamente. Finalmente, indicó que, la situación en los penales del país es grave y se evidencia una crisis humanitaria que no puede ser ignorada. Es necesario que el Ministerio de Justicia preste atención a estas denuncias y tome medidas urgentes para mejorar las condiciones de vida de los privados de la libertad en Colombia.Escuche la entrevista completa acá:
Ocho mujeres están en alto riesgo de feminicidio en este momento en Bucaramanga, por ese motivo el alcalde de la ciudad hizo un llamado a las entidades encargadas de garantizar su seguridad para evitar hechos que dejen víctimas.El alcalde de Bucaramanga, Jaime Andrés Beltrán, confirmó que ocho mujeres requieren seguridad de manera urgente en este momento en la ciudad debido al riesgo que tienen de posibles feminicidios por hechos de maltrato o violencia que han venido sufriendo, en ese sentido le pidió a las entidades encargadas de garantizar la ruta de atención actuar con celeridad para evitar que sigan ocurriendo asesinatos por falta de cuidado oportuno.“Bucaramanga hoy tiene ocho mujeres en alto riesgo de feminicidio, las rutas se activan, pero el sistema parece verse lento para dictar medidas de protección. Mi llamado, desde la Alcaldía de Bucaramanga a las entidades que conforman las rutas de atención a mujeres violentadas, es a que fortalezcamos la prevención y no la reacción. Casos como el de Yuly nos enseñan que hay situaciones que no esperan formalismos ni procesos públicos”, dijo Beltrán.El alcalde enfatizó en que los comités se deben hacer para garantizar la seguridad de las mujeres y no para analizar los asesinatos como el que ocurrió contra Yulli Maritza Rubio en pleno centro de Bucaramanga.“Los agresores, como el que asesinó a Yuly, amenazan, intimidan y dan muestras de que algo puede pasar en cualquier momento. Desde la alcaldía de Bucaramanga estamos comprometidos a hacer nuestra parte, brindando atención psicológica y jurídica, ofreciendo refugio temporal y acompañando los procesos; tal y como ocurrió con este último caso de feminicidio, pero el sistema judicial también debe endurecer la prevención con los victimarios, y ser inmediato a la hora de salvaguardar la vida de las mujeres”, agregó el alcalde de Bucaramanga.El alcalde además manifestó su descontento porque la administración ha terminado realizando reuniones después de los feminicidios y no antes para prevenirlos: “Como alcalde quiero participar de comités para prevenir y salvar vidas, no para analizar casos posteriores como el de Yuly, que nos duele y tiene que hacer reaccionar a todos los que hacen parte de estas rutas de atención a la mujer”.
Este viernes, en el Desafío XX, Alejo le aconsejó a Kratos resolver sus diferencias con Lina, subrayando que ella no toma los comentarios de manera personal.Andrea Serna reunió a los Súper Humanos para el Desafío de Sentencia y Servicios. Destacó la personalidad cariñosa de Hércules y cuestionó a Santiago sobre su chaleco de sentencia. Santi expresó su deseo de enfrentarse en un Desafío a Muerte con el miembro de Beta que lo sentenció, insinuando sin mencionar nombres, que se refiere a Marlon, quien captó la indirecta.Seis competidores de cada equipo llegan al Box Rojo para la competencia. La presentadora explicó las reglas y Sebastián Martino dio inicio a la cuenta regresiva. Omega se alza con la victoria, mientras que Beta y Alpha no logran asegurar el segundo lugar debido a los fallos de Mapi y Glock a la hora de encestar las pelotas, dejando vacante el puesto.De vuelta en la casa Omega, Gaspar y Alejo discutieron la repartición de los 20 millones de pesos ganados, argumentando que deberían recibir un porcentaje por sus inversiones previas en el grupo. Renzo, en desacuerdo, señaló que estas condiciones debieron establecerse antes de pagar el arriendo para evitar ir a Playa Baja, lo que provocó un pequeño enfrentamiento.Posteriormente, Omega en alianza con Beta, decidieron sentenciar a un hombre de Alpha. Alejo entrega el chaleco a Francisco, quien lo recibe con calma, anticipando la conspiración.En medio de tensiones, Alejo muestra molestia cuando Gaspar insinúa una relación entre él y Lina, aclarando que tiene una novia fuera del Desafío 2024 y la respeta mucho. Lina intenta intervenir pero es detenida por Kratos. Anamar interviene para calmar los ánimos, sugiriendo que discutan el problema más tarde.Antes del llamado de Andrea Serna, Alejo se disculpa con Gaspar por su reacción durante la discusión y le desea éxito en el Desafío a Muerte en el Box Negro.Santi decide ceder su liderazgo a Kevyn debido a las críticas por su desempeño en el Box Blanco. Esta decisión no es bien recibida por sus compañeros, especialmente por Dickson. En una tensa discusión de equipo, critican la forma en que Santi anunció su decisión, aunque Francisco lo defiende, mostrando las divisiones y retos de liderazgo dentro de Beta.
A pesar de haber recibido varias amenazas de diferentes grupos delincuenciales desde hace más de seis meses, al director de la cárcel de máxima seguridad de Palogordo de Girón en Santander no le han asignado un esquema de seguridad para proteger su vida. Teniendo en cuenta el asesinato del director de la cárcel La Modelo de Bogotá, el director de la cárcel de máxima seguridad de Palogordo de Girón Eleasid Durán Sánchez explicó que ha recibido amenazas de muerte por parte de diferentes bandas delincuenciales como La Inmaculada, el Tren de Aragua, Los rastrojos costeños y el Comando Elite Urbano, entre otros y, a pesar de eso, lleva más de seis meses esperando un esquema de seguridad que debe estar integrado por un vehículo blindado y dos escoltas.“Hemos pedido un vehículo blindado porque la vía hacía Palogordo es destapada y puede ser peligrosa en varios tamos y eso vulnera mucho la seguridad y es algo que hemos denunciado a las diferentes autoridades el denominado plan pistola y las amenazas permanentes pero la verdad es que tenemos una colección de panfletos porque todo el tiempo nos están amenazando y queremos articular nuestra seguridad con las diferentes entidades”, dijo Durán Sánchez.Aunque el director de la cárcel de Palogordo le ha pedido a la Unidad Nacional de Protección la seguridad necesaria con un Acto Administrativo que así lo exige, lo cierto es que hasta el momento las medidas de seguridad no han sido implementadas mientras le siguen llegando panfletos con amenazas de muerte.“Estamos trabajando para que exista una verdadera percepción de seguridad alrededor de la cárcel de Palogordo y que los funcionarios se sientan más tranquilos para ejercer sus funciones ya que es muy difícil, ya que se trata de estructuras criminales y el poder que manejan, pero continuamos trabajando para ejercer el control debido y la disciplina debida al interior del establecimiento carcelario”, agregó Durán Sánchez.
La reciente expulsión del australiano Charlie Hardy por parte de Migración Colombia desde la ciudad de Santa Marta por la presunta violación de normas restrictivas relacionadas con la explotación sexual en Medellín, volvieron a poner en discusión las conductas qué extranjeros deberían tener cuando visitan el país.Y es que según reveló el alcalde de la capital antioqueña, Federico Gutiérrez, ya son 41 los extranjeros reportados por infringir la ley en la ciudad, en diferentes conductas. El mandatario recalcó que debe continuar el control por parte de las autoridades sobre el comportamiento de esta población para seguir trabajando por un turismo que agregue valor."En muchos de estos casos también son alteraciones, por ejemplo, al orden público, alteración a las normas de convivencia, ciudadanos que creen que pueden llegar entonces a la ciudad a hacer lo que quieran y entonces los vecinos no pueden dormir, la gente no puede estar tranquila, pues no, pues hay que poner orden de alguna forma", expresó el mandatario.Acerca de estas conductas el caso más reciente lo protagonizó el boliviano de 42 años identificado como Yeison Félix Olaguvel por unidades de la Policía de la estación de Laureles tras encontrarlo con una adolescente de 17 años con quien habría tenido relaciones sexuales.Este extranjero le habría ofrecido dinero la adolescente para estar con él y posteriormente no le pagó, la encerró en la residencia donde se encontraban y desde allí la víctima llamó a la familia pidiendo ayuda.Ciudadano australiano, expulsado del país por presunta explotación sexual de menoresEl pasado jueves, 16 de mayo, en la ciudad de Santa Marta, Migración Colombia se percató sobre una orden en contra Charlie Hardy, ciudadano de origen australiano, que fue emitida por la Alcaldía de Medellín, ante una posible violación de las normas de restricción relacionadas con explotación sexual.“Antes de su expulsión, se llevó a cabo una inspección de la maleta de viaje del ciudadano, donde se encontraron sustancias psicoactivas que fueron eliminadas conforme a la normativa vigente”, señaló Migración Colombia en un comunicado.Este caso se suma a las más de 90 capturas de ciudadanos extranjeros en la ciudad de Medellín por delitos relacionados con explotación sexual y comercial de niños, niñas y adolescentes. Entre los capturados se encuentran ciudadanos de Estados Unidos, España, Francia, China y Venezuela, todo esto en el marco de la intervención en el Parque Lleras.Las medidas de prevención ante este delito por extranjeros en la capital de Antioquia, se incrementaron luego del caso del ciudadano estadounidense Timothy Alan Livingston, quien fue captado por las cámaras del Hotel Gotham intentando ingresar a menores de edad a su habitación, caso que provocó la polémica a nivel nacional e internacional luego que Livingston lograra escapar del país.Como una de las medidas, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, y el embajador de los EE. UU. en Colombia, Francisco Palmieri, se comprometieron a la cero tolerancia al delito de explotación sexual de menores, esa alianza, desde el pasado 11 de abril, ha permitido reforzar la lucha en contra de los delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes.