Hay una controversia nacional por la propuesta de Gustavo Petro de "perdón social", pero también por las contradicciones que respecto a este tema ha tenido el candidato del Pacto Histórico
La Unidad Investigativa de Noticias Caracol reveló detalles de la visita del biólogo y filósofo Juan Fernando Petro, hermano del candidato presidencial Gustavo Petro, al pabellón de parapolíticos de la cárcel La Picota el pasado viernes 8 de abril. En el registro del penal, consta que el ingreso fue autorizado por el exalcalde de Villavicencio Franklin Germán Chaparro Carrillo, condenado entre otros delitos por homicidio agravado. Noticias Caracol pudo determinar que la visita se extendió por seis horas y que el hermano de Gustavo Petro no solo habló con Iván Moreno Rojas y Franklin Germán Chaparro, sino además con al menos una decena de presos, entre quienes estuvieron también Ronald Housini Jaller, exgobernador de San Andrés, condenado a 7 años de cárcel; Javier Zapata, exgobernador de Guainía; Whitman Porras, exgobernador de Casanare; Manuel Antonio Carebilla, excongresista y exgobernador del Amazonas; y Álvaro García Romero, exsenador condenado a 40 años de cárcel por la masacre de Macayepo.Según internos consultados por Noticias Caracol, el hermano del candidato presidencial habría hablado de una eventual reforma a la justicia que incluiría rebajas de penas para los corruptos y la supuesta eliminación de los jueces para ejecución de penas. Otro preso aseguró que, en el encuentro, Iván Moreno Rojas lloró y aseguró que la condena en su contra había sido muy dura. Juan Fernando Petro declaró que su visita al penal se debió a que trabajo "desde hace tiempo con unas ONG de derechos humanos". "Tengo una fundación que está vinculada con el proceso de las ONG de justicia, paz y reconciliación a nivel internacional. Nuestro trabajo se desarrolla en los territorios, con todo lo que tiene que ver en derechos humanos. Esa fue la razón por la cual ese día estuvimos en La Picota", relató."No se habló, de parte de ellos ni de nosotros, de votos ni de dinero que tuviera que ver con la campaña, porque nuestra entrada no estaba vinculada con la campaña de Gustavo Petro", añadió Juan Fernando Petro, quien aseguró que el revuelo causado por la visita tuvo que ver por su parentesco con el aspirante presidencial.
Ante el revuelo que ha causado la propuesta del "perdón social", el candidato presidencial Gustavo Petro aseguró que no envió a su hermano Juan Fernando Petro a la cárcel La Picota y explicó que este lo hizo por cuenta propia y en función de su trabajo con la Comisión Interclesial.“Yo no mande hablar a nadie con Ivan Moreno. Son los presos que pidieron hablar con la Comision Intereclesial de Justicia y Paz. Ni se me pasó por la cabeza eso”, indicó al explicar que Iván Moreno oficia como representante de los presos recluidos en La Picota en derechos humanos.“Mi hermano trabaja para la Comisión intereclesial de Justicia y Paz desde hace años. La comisión tiene 29 años de actividad en Colombia. Mi hermano está hospitalizado por infección de picadura de alacrán ocurrida en su actividad en reunión con víctimas en Cacarica”, indicó en su cuenta de Twitter.Aclaró que en la reunión no hubo ofrecimiento alguno de rebajas de penas o perdón en las penas a cambio de votos, sino que se trató de una charla sobre derechos humanos y de alternativas sociales en la búsqueda de la paz en el país.“Los presos de Colombia si están interesados en un proceso de perdón social que nada tiene que ver con indultos o cosas similares”, explicó.Finalmente, anunció acciones legales a quienes han buscado calumniarlo con la relación de propuestas favorables a corruptos a cambio de votos.“Quienes pregonan que el perdón social es un pacto para rebajarle penas a los corruptos, que estamos agenciando a cambio de votos, simplemente nos están calumniando y pasaremos al terreno judicial para defendernos”, concluyó.Siga y escuche el podcast de La Intérprete:
La representante María José Pizarro, en entrevista con Mañanas BLU, habló de la propuesta de “perdón social” que hizo el candidato presidencial Gustavo Petro, en razón a la cual su hermano, Juan Fernando Petro, se reunió con el excongresista Iván Moreno Rojas, condenado por corrupción.“En este país tendrán que rectificar, si queremos cambiar de fondo. Por supuesto que tenemos que avanzar en la reconciliación, pero el perdón es un asunto muy personal. En los actos de corrupción lo que nosotros no podemos es naturalizar comportamientos ni situaciones en los que le han robado oportunidades a millones de colombianos. Eso pasa precisamente por caer como aves de rapiña sobre los recursos públicos”, declaró Pizarro.“Yo creo que hasta que no haya justicia es muy difícil avanzar, porque, si no, lo que va a suceder es que van a darse nuevos casos de corrupción, porque sencillamente no pasa nada. Yo ahí sí creo que tiene que pensarse muy seriamente antes”, sostuvo.La congresista también se refirió al debate de moción de censura que se pidió en la Cámara para que el ministro de Defensa y representantes de las Fuerzas Armadas rindan explicaciones por el operativo en el caserío Alto Remanso donde murieron 11 personas, que según la versión del Ejército eran disidentes de las Farc, pero que de acuerdo con la comunidad eran civiles inocentes.“El ministro de la Defensa y el presidente Duque salieron muy rápidamente a hacer unas afirmaciones, casi que celebrando que unos disidentes habían sido abatidos, obviaron claramente los detalles. Investigaciones de medios de comunicación y declaraciones de la comunidad en la vereda de Puerto Leguízamo contradicen las versiones”, declaró la congresista.“De las 11 personas que murieron, había un menor de edad y una embarazada. Fue una operación militar en la que había civiles, con una participación cuestionable de la fuerza pública. La comunidad dice que la masacre fue perpetrada por hombres que no llevaban insignias ni identificación militar”, agregó.Para la representante María José Pizarro, son delicadas las declaraciones del comandante del Ejército, general Eduardo Zapateiro, sobre asesinatos de embarazadas y menores en operaciones.“Me parecen absolutamente delicadas las afirmaciones del general Zapateiro, que dice que en muchas operaciones militares han sido asesinadas mujeres embazadas y menores de edad. Esto va en contravía de los protocolos que hay establecidos en el país de protección a los derechos humanos. ¿Cómo va a afirmar esto el general Zapateiro?”, cuestionó.“Así hubiese personas armadas, el deber de las personas armadas en primer lugar es detenerlas, no cambiarse los uniformes, aparecer vestidos de negro, para después, digamos, supuestamente, asesinar civiles, entre ellos mujeres embarazadas y menores de edad”, añadió la parlamentaria.
Iván Moreno, exsenador condenado por carrusel de la contratación, no logró tumbar la pena de 14 años de prisión ante la Corte Suprema de Justicia. El alto tribunal le dio un no definitivo.La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia le negó la acción de nulidad que interpuso Iván Moreno ante este alto tribunal al considerar no se le había vulnerado todos sus derechos procesales, que era lo que el exsenador alegaba en su petición.En el entonces carrusel de la contratación, Iván Moreno habría aprovechado que su hermano Samuel era el Alcalde Mayor de Bogotá y manejaba la cesión de algunos contratos viales de Bogotá, por lo que Iván Moreno fue condenado a 14 años de prisión y pese a sus múltiples peticiones no logró tumbar la condena que le impuso la Corte Suprema de Justicia.Vea también:“En cumplimiento de estos convenios en interés particular y de terceros, los funcionarios del IDU en complot y con la participación del aforado, juntamente con su hermano Samuel, a través de Emilio Tapia Aldana y demás miembros del grupo ya descrito, adjudicaron los contratos tanto de valorización como de interventoría aludidos, amañando los procesos contractuales incluyendo el trámite, evaluación y selección de las propuestas favorecidas”, señala el proceso en su contra.Además señala que junto con su hermano Samuel, participaba como determinador, a través de Emilio Tapia, en el convenio a que habrían llegado el representante legal de CONALVÍAS, Andrés Jaramillo, con el mismo grupo integrado por funcionarios del IDU encabezados por Liliana Pardo, el Contralor y el Personero Distrital, concejales de la ciudad y particulares, entre otros, de aceptar los últimos del primero, la promesa de pago de 30.000 millones de pesos como comisión, si el IDU autorizaba la cesión del contrato No. 137 de 2007 que finalmente hizo la UT TRANSVIAL a CONALVIAS, el 17 de febrero de 2010.Recordemos que el exsenador fue condenado por los delitos de concierto para delinquir, cohecho propio, enriquecimiento ilícito de particulares e interés indebido.Escuche el Podcast Cómo Como:
La sala penal del Tribunal Superior de Bogotá condenó a ocho años y cuatro meses de prisión a Lucy Luna Albarracín, esposa del exsenador Iván Moreno, como responsable del delito de concusión por constreñir a Miguel Nule para que le entregara dos áreas de la vía Bogotá-Girardot para construir dos estaciones de servicio.Según las investigaciones, la esposa de Moreno visitó la sede de la Concesión Autopista Bogotá Girardot S. A., donde presionó a Miguel Eduardo Nule Velilla para que le entregara, a la empresa que ella designara, las dos áreas de libre disposición.La petición se conoció dentro de las investigaciones del carrusel de la contratación en Bogotá, que se hizo bajo amenazas de no favorecer al grupo Nule en futuros proyectos urbanísticos en Bogotá y, según la Fiscalía, también fue coaccionada por el exsenador Iván Moreno Rojas.A pesar de que el Tribunal dictó orden de captura contra Luna Albarracín, no irá a la cárcel hasta que la Corte Suprema de Justicia defina el recurso de impugnación especial, teniendo en cuenta que un juez de primera instancia la había absuelto y resultó condenada en segunda instancia.Escuche la noticia en Mañanas BLU:Entérese de los hechos deportivos más importantes del momento:
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) rechazó sometimiento del exalcalde Bogotá Samuel Moreno y de su hermano Iván Moreno porque no tiene relación directa ni indirecta con el conflicto armado.“Las conductas por las que fueron condenados el exalcalde y el exsenador no tienen relación directa ni indirecta con el conflicto armado”, afirmó la Sección de Apelación de la JEP.El organismo reafirmó el rechazo a la solicitud de sometimiento tras un recurso de apelación interpuesto por Samuel Moreno, Iván Moreno y su madre María Eugenia Rojas.En junio de 2020, la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas ya había denegado la solicitud de sometimiento a la JEP al exalcalde de Bogotá y su familia.Para el alto tribunal “los procesos judiciales que existen en contra del exalcalde de Bogotá Samuel Moreno Rojas y su hermano, el exsenador Néstor Iván Moreno Rojas, no son competencia de la Jurisdicción Especial”.“El conflicto armado no les otorgó a los hermanos Moreno Rojas un medio para cometer los delitos por los que fueron condenados (Carrusel de la contratación) y por los que se encuentran privados de la libertad”, se lee en un comunicado.En cuanto María Eugenia Rojas, madre de Samuel e Iván, la JEP señaló que “no se le endilga la comisión de ningún delito que pueda comprometer su responsabilidad penal, disciplinaria o fiscal, y ella tampoco menciona un crimen en el que esté involucrada”.Sin embargo, frente al interés de los postulados de aportar en la revelación de las causas del conflicto armado, la JEP informó que le notificará a la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad.
El exsenador Iván Moreno Rojas, condenado a 14 años de cárcel por el carrusel de la contratación en Bogotá, aseguró que no volverá a acudir a las diligencias programadas por la Corte Suprema de Justicia en su contra. La Corte actualmente lo acusa de haber recibido al menos 6.000 millones de pesos para la adjudicación de un contrato de ambulancias en Bogotá, durante la alcaldía de su hermano Samuel Moreno.En una carta enviada a la Corte Suprema de Justicia con copia al Departamento de Estado de los Estados Unidos y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Moreno Rojas señala que la Corte ha desconocido pruebas que, según él, le serían favorables.
El exsenador Iván Moreno Rojas, quien se encuentra condenado a 14 años por su participación en el escándalo de corrupción de la malla vial de Bogotá, acaba de ser formalmente acusado por un nuevo delito, esta vez por exigir dineros en el contrato de ambulancias llevado a cabo en la administración de su hermano Samuel Moreno mientras se desempeñaba como alcalde de Bogotá.De acuerdo con las pruebas recaudadas, el exsenador Moreno Rojas habría sido una influencia decisivamente en la selección de la Unión Temporal Transporte Ambulatorio en el contrato 1229 de 2009, conocido como el contrato de ambulancias, a través del cual la Secretaría de Salud contrató el servicio de atención prehospitalaria y el traslado de pacientes en Bogotá por un monto superior a los 67.000 millones de pesos.Además de esto, por influencia en la distribución de pagos indebidos a servidores públicos del Distrito y a particulares, por un valor superior a los 6.000 millones de pesos.Debido a esto, la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia acusó ante la Sala de Juzgamiento en primera instancia a Iván Moreno Rojas por los delitos de interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación.
La Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP rechazó la solicitud de sometimiento del exalcalde de Bogotá Samuel Moreno Rojas, su hermano, el exsenador Néstor Iván Moreno Rojas, y su madre, María Eugenia Rojas de Moreno.El argumento principal de la jurisdicción es que las conductas por las que los hermanos Moreno Rojas fueron condenados no tienen relación directa ni indirecta con el conflicto armado. Además, que no constituyeron aporte o contribución al esfuerzo general de guerra de ninguno de los grupos armados ilegales ni estaban dirigidas a obtener una ventaja militar para alguno de ellos.Le puede interesar: “No salgan a comprar”, pide Gustavo Petro en el día sin IVA Esto, teniendo en cuenta que, para la justicia, son las cabezas del carrusel de contratos en Bogotá.Dijo la JEP que los delitos cometidos “fueron actos de corrupción encaminados a engrosar su patrimonio económico, el de otros servidores públicos y el de contratistas, a quienes en forma amañada les eran adjudicados contratos para que todos obtuvieran provecho económico ilícito con dineros del Estado”.Los Moreno Rojas habían solicitado su sometimiento en agosto de 2019 argumentando que querían aportar al esclarecimiento del conflicto armado colombiano, presentando unas “líneas de contexto” como herederos del expresidente Gustavo Rojas Pinilla, quien firmó un acuerdo de paz con las guerrillas liberales de su tiempo.Sin embargo, aclara la jurisdicción, que no explicaron en qué calidad comparecerían ante la JEP, si como terceros o como agentes del Estado no miembros de la fuerza pública y tampoco se refirieron a qué conductas punibles cometieron por causa, con ocasión o en relación directa o indirecta con el conflicto armado interno.Por eso, finalmente, el tribunal dijo que las conductas ilícitas por las cuales fueron condenados en la justicia ordinaria han sido de conocimiento público y que no tienen nada que ver con su competencia.
La Policía de Bogotá incautó estupefacientes en una bodega del Aeropuerto El Dorado. Patrulleros adelantaban labores de revista y control a bodegas nacionales, cuando de un momento a otro uno de los perros policías alertó sobre la presencia de estupefacientes con las señales respectivas.De acuerdo con las autoridades, al verificar el contenido de unas cajas que iban con destino a Brasil, encontraron un total de 105 paquetes vinipelados con una sustancia vegetal que por sus características físicas se asemejaban a la marihuana. En medio del procedimiento se incautaron un total de 111 kilos de estupefacientes.La detección de la droga, de acuerdo con las autoridades, fue posible gracias al trabajo de los equipos caninos especializados de la Policía en la identificación de sustancias prohibidas. La policía en estos momentos investiga el origen de este cargamento que pretendía ser enviado a través de una reconocida empresa de mensajería hacia Brasil.“Esta sustancia tenía como lugar de almacenamiento Bogotá, que provenía desde San José del Guaviare. Los perros hicieron la inspección y allí lograron la identificación del ilícito. Un resultado de este tipo no se daba desde hace más de cinco años con la incautación de esta droga en el aeropuerto El Dorado”, indicó el coronel Wilson Torres.
Una crisis humanitaria y de orden público enfrentan 5 veredas y 90 contratistas de la empresa Petróleos Colombianos S. A., por el bloqueo de la vía pública Yopal, Algarrobo, Puente El Carcho, Escuela Vereda Claveles, en Casanare.La entidad denunciante aseguró que, desde el pasado 20 de abril, la sociedad Agroindustrial Manare S.A.S decidió bloquear el paso por la vía y exigir el pago de dinero por permitir el uso de este espacio público. Incluso, según afirman, para reforzar la obstrucción, desde el pasado miércoles 24, usaron un carrotanque y maquinaria amarilla.Por esto, los habitantes están presentando dificultades para conseguir alimento y otros elementos esenciales por el confinamiento del que están siendo víctimas. De hecho, el pasado miércoles impidieron el paso de una persona enferma.“Petróleos Colombianos S. A. hace un llamado al Gobierno nacional y a la Defensoría del Pueblo para que intervengan lo más pronto posible, garantizando el bienestar y los derechos a la libre movilidad de los colaboradores y pobladores de la zona”, afirma el comunicado.Incluso, desde la entidad pidieron a las autoridades y a los órganos de control que se investigue al alcalde de Yopal, Marco Tulio Ruíz, por ser un presunto socio de Agroindustrial Manare S.A.S., la compañía responsable de los bloqueos, lo que podría resultar como un posible conflicto de intereses.“Reiteramos el llamado a las autoridades competentes para que se tomen las medidas necesarias y se restablezca la libre circulación en la vía pública, garantizando los derechos de las comunidades afectadas y permitiendo el desarrollo normal de las actividades en la región”, finaliza la petición.
La cantante brasileña Anitta lanzó este viernes su nuevo álbum 'Funk Generation', una oda a la generación que creció al ritmo del estilo musical surgido en las favelas de Río de Janeiro y que presentará alrededor del mundo en una gira que comienza en México el próximo mayo.La artista brasileña comenzó a calentar motores para el lanzamiento de este álbum el año pasado, con la publicación del adelanto de tres canciones 'Funk Generation: A Favela Love Story', tras lo cual lanzó la exitosa colaboración con el mexicano Peso Pluma llamada 'BELLAKEO'.Finalmente, este viernes los seguidores de la brasileña podrán escuchar las quince canciones de un disco que fluctúa entre el funk, el pop y la electrónica y que cuenta colaboraciones con renombrados artistas internacionales como el británico Sam Smith y la española Bad Gyal.Ozuna revela que planea incursionar en el género regional mexicano: "Me encanta"Anitta reivindicó en una nota de prensa emitida este viernes el funk como un estilo "arraigado en la cultura de quienes viven en las favelas brasileñas", como fue el caso de la cantante, que aseguró que pertenece a "una generación que abrazó el ritmo, salió de las favelas y conquistó Brasil".En ese mismo comunicado, la artista brasileña denuncia el prejuicio que existe en Brasil contra este género musical, que en muchas ocasiones es "injustamente juzgado como carente de valor artístico" e "incluso asociado al crimen organizado".Tanto con este álbum como con su gira 'Baile Funk Experience Tour', que recorrerá algunas de las capitales más importantes de América y Europa, la cantante pretende convertirse en la embajadora internacional del funk.Antes de la que será su primera gira en América del Norte, Anitta ya actuó en escenarios estadounidenses, con una aparición sorpresa en el concierto de Peso Pluma en el Coachella y la noche de este jueves, en los Latin American Awards celebrados en Las Vegas.
La Justicia Penal Militar capturó a cuatro policías quienes al parecer estarían vinculados en la muerte de una persona privada de la libertad, en hechos ocurridos al interior de la estación de Policía de Jamundí, el pasado 12 de febrero.La víctima del caso era el ciudadano Cristian Camilo Herrera Zuñiga, quien fue capturado en septiembre del 2023, u al parecer sería integrante de la banda delincuencial ‘Los Ciros’, la cual traficaba drogas en este municipio.Según el material recolectado por el Fiscal General Penal Militar y Policial, este hombre, al parecer se fugó de la instalación policial y al ser recapturado y llevado nuevamente a la estación, habría sido golpeado por los uniformados."Probablemente, le propinan unas lesiones importantes, utilizando inclusive unos elementos que se les había dado de dotación para el servicio y con ello le infringen dolores, esta persona fue llevada al hospital Piloto, donde finalmente fallece", indicó el general Marco Aurelio Bolívar,, fiscal General Penal Militar y Policial.Los uniformados detenidos son un intendente, un subintendente y dos patrulleros de la Policía Metropolitana de Cali, también, las autoridades están en la búsqueda de un quinto policía implicado, quien se actualmente se encuentra fuera del país.Los procesados deberán responder por los delitos de falsedad ideológica en documento público, desobediencia y abandono del puesto; además, el proceso será remitido a la Fiscalía General de la Nación, para que se establezca la presunta responsabilidad de estos uniformados en la muerte de Cristian Herrera.
Finalmente, el Festival Cordillera 2024 es una realidad según lo confirmado este viernes, 26 de abril, por parte de Páramo Presenta, empresa encargada del evento, con el anuncio de las fechas oficiales en el que se desarrollará este evento musical en el Parque Simón Bolívar de Bogotá.Será el 14 y 15 de septiembre cuando se viva una nueva edición de la Cordillera en la capital del país. Esta sería la tercera edición de este festival que, a diferencia del Estéreo Picnic, reúne en especial artistas de la región como lo son Juanes, Residente, No Te Va Gustar, Aterciopelados, Andrés Calamaro, Los Caligaris, Cuarteto de Nos, entre otros, que se han subido en ediciones anteriores a los escenarios del Simón Bolívar.Link para comprar boletas de Festival Cordillera 2024Bogotá vivirá esta nueva edición de festival en el mes de septiembre, pues desde este viernes, 26 de abril, a las 10:00 de la mañana, se habilitará la preventa para clientes de los Bancos Aval (Bogotá, Occidente, Popular y AV Villas) y la billetera digital dale!, a través de la ETicket. La venta general arrancará hasta el 2 de mayo. La compra la puede hacer en el siguiente link: https://www.eticket.co/eventos.aspx?idartista=727 Precios de la CordilleraLocalidadFasePrecioServicioPrecio totalCombo VIP Etapa 1$848.000 $171.000 $1.019.000Combo VIP Etapa 2$898.000 $181.000 $1.079.000Combo general Etapa 1$490.000 $99.000 $589.000Combo generalEtapa 2$523.000 $106.000 $629.000¿Qué incluye el combo VIP?Zonas exclusivas enfrente de los escenarios.Filas de ingreso preferencial.Barras exclusivas.Baños premium.Calentadores.Zonas premium de descanso y restaurantes.Puntos de recarga cashless exclusivos¿Qué artistas se presentarán en el Festival Cordillera 2024?Por ahora, la organización del evento no ha confirmado qué artistas estarán en el Parque Simón Bolívar para esta edición y solo se conocen rumores de posibles invitados. La lista oficial se espera sea revelada en el transcurso del mes de mayo, dicha información la darán a conocer en las redes oficiales del evento.