A través de las redes sociales, el presidente de la Unión de Trabajadores Penitenciarios de Colombia, Óscar Robayo, denunció una nueva amenaza en contra de los funcionarios del Inpec, un panfleto en el que se anuncia un nuevo plan pistola a partir del 13 de mayo. "Continúan con la opresión y malas decisiones, ya que ahora vemos, según nos van a trasladar a un búnker", se puede leer en el comunicado, que está firmado con la sigla M.A.G.O, que significa 'Muerte a Guardianes Opresores". Esta amenaza se da a conocer, tan solo pocas horas después del anuncio que hizo el ministro de Defensa, Iván Velásquez, desde Tuluá, sobre el traslado hasta las instalaciones de la DIJIN, de los principales cabecillas de la banda criminal 'La Inmaculada', que se encuentran privados de la libertad, para evitar que sigan ordenando acciones violentas desde las cárceles. Cabe señalar que en el consejo de seguridad realizado en las últimas horas en el municipio de Tuluá, el gobierno nacional dejó en claro que no está dispuesto a iniciar un proceso de diálogo con esta banda delincuencial. "El gobierno nacional ha manifestado que frente a la solicitud de negociación de esta banda, no hay una decisión positiva para hacer este tipo de acercamientos. Por el contrario, lo que el gobierno planteó es reforzar los organismos del estado para seguir combatiendo la criminalidad", aseguró el alcalde de Tuluá, Gustavo Vélez. Ante este mensaje intimidatorio, la Unión de Trabajadores Penitenciarios le solicitó al ministro de Defensa reconsiderar la decisión de descartar el diálogo con este grupo, pues no desean seguir perdiendo compañeros.
En el Consejo de Seguridad llevado a cabo en el Valle del Cauca, el presidente de la República, Gustavo Petro, y el ministro de Defensa anunciaron medidas concretas para combatir la delincuencia en la región. Uno de los principales anuncios fue el traslado de los cabecillas de la banda la Inmaculada a las celdas de la Dijín.El alcalde de Tuluá, Gustavo Vélez, celebró esta decisión del Gobierno y destacó la importancia de una estrategia integral para combatir la extorsión y las amenazas que perpetra esta banda criminal. Asimismo, se anunció la llegada de un grupo élite antiextorsión al departamento, con el objetivo de poner fin a este problema de manera definitiva.Y agregó, "Para nosotros es importante saber qué es lo que está pensando el Gobierno y lo que ellos si manifiestan es un apoyo incondicional. El mismo presidente de una manera muy atenta me lo dijo y se lo hizo saber a los demás alcaldes que estábamos en la reunión y también a la gobernadora del Valle del Cauca".Por otro lado, se abordó la situación de orden público en el departamento de Cauca, con el reciente atentado ocurrido en el municipio de Miranda, donde un carro adaptado con explosivos fue utilizado como puente para atacar una base militar. Aunque no se registraron afectaciones a la población civil, este hecho causó daños a las viviendas cercanas y la muerte de un perro callejero.Además, se informó sobre la detonación de otro explosivo en Neiva, en plena vía pública, lo cual ha generado preocupación entre los comerciantes y los gremios de la ciudad. Las autoridades están trabajando en las investigaciones para dar con los responsables de estos actos de violencia.En el departamento de Nariño, el Ejército denunció el uso de sirenas similares a las de Medio Oriente por parte de grupos al margen de la ley, con el fin de alertar e intimidar a las comunidades y evitar el paso del Ejército. Esta modalidad de asonadas contra la fuerza pública ha sido puesta al descubierto por la inteligencia militar.En Antioquia, las fuertes lluvias han causado estragos en la región, con nueve municipios declarados en calamidad pública y miles de personas afectadas. Las autoridades están trabajando en la atención de las emergencias y se espera que las ayudas lleguen lo más pronto posible.Finalmente, el Consejo de Seguridad en el Valle del Cauca dejó importantes conclusiones en la lucha contra la delincuencia, con el traslado de cabecillas y el fortalecimiento del pie de fuerza y la inteligencia. Sin embargo, aún existen retos en materia de orden público, con atentados y situaciones de riesgo en varios departamentos del país.
En las últimas horas, se realizó un operativo en Tuluá, Valle de Cauca contra la organización criminal La Inmaculada que tiene amedrentados a los comerciantes y trabajadores de la plaza de mercado por medio de extorsiones desde julio de 2023 cuando iniciaron los ataques a vehículos y establecimientos.La Fiscalía confirmó que se realizaron 21 capturas en un operativo en conjunto con la Policía Nacional.Hasta el momento se han desarrollado 20 diligencias de allanamiento y registro en inmuebles de Tuluá, Valle del Cauca, en las cuales han sido capturados 21 presuntos integrantes de la organización criminal. Además, se logró la incautación de 24 celulares, tres armas (una de fuego y dos traumáticas), once cartuchos diferentes calibres, recibos y consignaciones.Entre los capturados se encuentra la compañera de Johan Sebastián Rivera, alias 'El Enano'. Este último sería el cabecilla de la organización criminal, y se encuentra privado de la libertad en centro carcelario, desde junio de 2023, por otros delitos. Por estos nuevos hechos también será imputado.“La investigación que se adelantó durante 6 meses, logró la identificación, ubicación, judicialización y captura de estos actores criminales por los delitos de concierto para delinquir, extorsión, homicidio, constreñimiento ilegal y hurto", manifestó el coronel Elver Alfonso, Director Antisecuestro y Antiextorsión.Según las autoridades, estas persona recaudaban, con este modus operandi, 250 millones de pesos mensuales aproximadamente, producto del monopolio de distribución de víveres.“Se logra la incautación de 3 armas de fuego con munición de diferentes calibres, 24 celulares de alta gama, recibos y consignaciones producto de las exigencias económicas”, puntualizó el coronel.Los municipios afectados por esta estructura son Tuluá, Trujillo, La Unión y Riofrio (corregimientos de Fenicia, Andinapoles y Salónica).También fueron capturados alias 'Julián', alias 'Nico', y alias 'El Gordo'; quienes serían otros articuladores de la actividad ilegal.La Fiscalía presentará a los capturados ante un juez con función de control de garantías y les imputará, de acuerdo con su nivel de responsabilidad, los delitos de concierto para delinquir agravado, extorsión agravada, homicidio agravado tentado, porte ilegal de armas de fuego, constreñimiento ilegal y hurto calificado.
“Es complicado, no nos queda de otra sino trabajar”, señaló en Mañanas Blu el alcalde de Tuluá, Valle del Cauca, Gustavo Vélez; sobre la situación de orden público en el municipio, donde este jueves capturaron el exalcalde John Jairo Gómez y otros cuatro funcionarios por su presunta relación con la temida banda criminal La Inmaculada.El alcalde Vélez describió este caso como “lamentable” porque Gómez fue “elegido para hacer un Gobierno de cara a la ciudadanía en esta situación tan complica” que, recalcó, se viene advirtiendo desde “hace rato”. Por eso, pidió seguir teniendo el respaldo de las autoridades para que hechos así no sigan ocurriendo en la región.¿Qué pasó en el estallido social y por qué lo relaciona con La Inmaculada?El mandatario local aseguró que es un tema que viene desde hace tres años y se tornó “crítico” cuando el país cursó el estallido social. En ese momento, añadió, muchas personas dejaron el municipio ante las constantes problemáticas que había.“En esto hay una responsabilidad directa del anterior Gobierno municipal que permitió que esa banda delincuencial creciera, acorralara y secuestrara a los ciudadanos tulueños (…) Ahí se hace una negociación de fuerza cuando queman el Palacio de Justicia de Tuluá, en mayo de 2021. Lo que nosotros percibimos de todo eso es que las autoridades lo permitieron que esto sucediera, estaba avisado y advertido”, aseveró.Para esa época, resaltó, se registró “una peste” de extorsiones, amenazas, intimidaciones y asesinatos. Esto, sentenció, hizo que en Tuluá la situación de orden público fuera insostenible.“Encontramos un desorden administrativo y financiero horroroso, donde dejaron una deuda de casi 44.000 millones de pesos (...) Hicieron adiciones de contratos sin ni siquiera tener un certificado de disponibilidad presupuestal”, recordó sobre el legado que le dejó Gómez en la Alcaldía. Sin embargo, precisó que la situación de Tuluá "sigue siendo muy complicada", pero que han ido "mejorando en las últimas semanas”. Vea la entrevista completa en Mañanas Blu:
Las autoridades capturaron al exalcalde de Tuluá John Jairo Gómez Aguirre y a otros cuatro exfuncionarios, presuntamente, involucrados en casos de corrupción relacionados con las bandas criminales que mantienen sitiado ese municipio del Valle del Cauca.Según informó el director del Servicio Informativo de Blu Radio, Ricardo Ospina, los delitos que se les imputarán a estos importantes exfuncionarios de Tuluá son concierto para delinquir agravado, interés indebido en la celebración de contratos, contrato sin el cumplimiento de requisitos legales y peculado por uso."En las próximas horas, estas personas serán presentadas ante un juez de control de garantías y, de acuerdo con su posible participación en los hechos conocidos, se les imputarán los delitos de concierto para delinquir agravado, interés indebido en la celebración de contratos, contrato sin el cumplimiento de requisitos legales y peculado por uso", indicó la Fiscalía.Cabe recordar que, durante los últimos meses, la banda La Inmaculada y otros grupos en Tuluá han amenazado al actual alcalde Gustavo Vélez y han encendido una serie de alertas por asonadas, vehículos incinerados, incluso, han intentado mantener sitiado al municipio.Y es que, desde que se posesionó, el actual alcalde Vélez ha denunciado supuestos vínculos de funcionarios públicos de sus antecesores con la banda La Inmaculada, quienes están enviando mensajes criminales de extorsión y de homicidios desde las cárceles, encabezados por alias ‘Pipe Tuluá’ y otros cabecillas.
Recuperar la seguridad en el Valle del Cauca, especifícame en Tuluá y municipios vecinos continúa siendo una prioridad para las autoridades y la fuerza pública. Durante la intervención que se realizó en los últimos días, se evidenció que varios menores han participado de manera activa en los hechos de violencia ocurridos en esta zona del departamento.El más reciente caso es el de una menor de 13 años, hija de una funcionaria de la alcaldía de Tuluá, quien era extorsionada por tres de sus compañeros de colegio, adolescentes entre los 13 y 15 años, quienes le hacían un cobro semanal a cambio de no atentar contra su vida y la de su familia.Estos jóvenes estarían vinculados a la estructura delincuencial La Inmaculada, y le exigían un pago de 200.000 pesos por semana. La denuncia de la madre de la víctima permitió que estos adolescentes fueran detenidos.Por situaciones como esta, además de las últimas aprehensiones de menores en el municipio, involucrados en los ataques sicariales contra agentes de tránsito y la quema de varios vehículos, las autoridades locales anunciaron una intervención en los colegios del municipio.La mayor preocupación de las autoridades es la exposición que tienen los menores a estos grupos criminales. Esta intervención en los colegios iniciará a partir de la próxima semana.
Tras los hechos de violencia que se han venido registrando en Tuluá, Valle, una delegación especial de la Procuraduría llegó a este municipio para conocer de primera mano las afectaciones que estos hechos le han generado a la comunidad civil.En un primer encuentro con la gobernadora Dilian Francisca Toro, se identificó que la estructura delincuencial 'La Inmaculada' no solo estaría operando en Tuluá sino en otros municipios del centro del Valle."Se escuchará a los empresarios, alcaldes y autoridades, con el objetivo de fortalecer las acciones que, si bien se vienen realizando y vemos alguna consecuencia con el pronunciamiento de hoy de este grupo multicrimen, pues es necesario no bajar la guardia y seguir fortaleciendo la seguridad en Tuluá y los municipios circunvecinos para garantizar la convivencia de todos sus pobladores”, dijo el procurador delegado para los Derechos Humanos, Javier Augusto Sarmiento.Ante el reciente comunicado que se conoció por parte de la banda ‘La Inmaculada’, en el que manifiestan su compromiso de no extorsionar en Tuluá, la gobernadora del Valle expresó que “es importante, pero necesitamos que esas extorsiones tampoco las hagan en los municipios aledaños porque necesitamos que la gente esté tranquila”.El Ministerio Público también pudo establecer que existe un alto riesgo de que migrantes venezolanos, entre ellos varios menores de edad que permanecen en el municipio, sean instrumentalizados por estos grupos para alimentar nuevos actos violentos.
El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), confirmó en las últimas horas el traslado de Andrés Felipe Marín Silva, alias "Pipe", máximo cabecilla de la banda delincuencial "La Inmaculada" hasta la Tramacúa, la cárcel más segura del país.El líder de la banda fue capturado por las autoridades en el año 2015 y se encontraba recluido en la cárcel La Picota, en Bogotá, desde donde daba órdenes e instrucciones para cometer actos criminales.El traslado se da en cumplimiento a una ley que permite tomar medidas drásticas con internos que representen alto riesgo para a la seguridad, el propósito es aislar al delincuente para evitar afectaciones."Lo cual consiste en una celda en donde el recluso se encuentra solo y no comparte con más internos y aparte de eso, tendrá un monitoreo constante con cámaras las 24 horas del día para revisar las acciones que comete desde la celda y evitar que tenga comunicación", puntualizó Gutiérrez.A través de un nuevo comunicado, la Banda criminal "La Inmaculada" manifestó que frenaran los atentados delincuenciales contra la población civil y expresan su voluntad de diálogo con las autoridades. Dice el documento que por estos días delincuentes estarían supuestamente usando su nombre para cometer extorsiones."La paz se busca respetando la institucionalidad, la paz se busca imponiendo la autoridad y la paz se busca, es respetando los derechos humanos de las personas. Aquí no hay ningún diálogo, porque no tiene cabida este tipo de actores, y nosotros desde lo local con el Gobierno Nacional seguimos firmes y contundentes porque ellos son los que tienen que someterse y pagar pro todos los crímenes que han cometido en la ciudad", expresó, Martín Hincapié, secretario de gobierno de Tuluá.Mientras tanto, los operativos por parte de las autoridades en el municipio vallecaucano están dirigidos para lograr la captura de alias "Figueroa", "R1" y "Mono", quienes serían los nuevos cabecillas de la banda delincuencial.
El asesinato de dos personas, entre ellas un policía de Tránsito, la quema de varios vehículos y disturbios en algunos sectores se registraron este sábado en Tuluá a manos del grupo delincuencial La Inmaculada, lo que llevó a que se ordenara la militarización y el decreto de toque de queda de esa ciudad del Valle del Cauca.La medida fue anunciada por la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, quien dijo en su cuenta de X que para garantizar el orden público de Tuluá "vamos a militarizar la ciudad para acompañar a la Policía en sus funciones de garantizar la seguridad y la tranquilidad de los tulueños".Las acciones, explicó Toro, las está coordinando con la Policía, el Ejército y el alcalde de Tuluá, Gustavo Vélez, quien dijo que decretó el toque de queda y además prohibió el "parrillero" -segundo pasajero- en moto.La situación comenzó con el ataque a dos agentes de tránsito por parte de sicarios, acciones separadas, pero con corto tiempo de intervalo entre ellas, que le costó la vida a uno de ellos, quien fue atacado en su propia vivienda.En diálogo con Mañanas Blu, con Néstor Morales, Gustavo Vélez, alcalde de Tuluá, entregó un balance sobre los hechos de violencia en el municipio, pese a que aclaró que durante la noche del domingo la situación presentó ya cierta calma. "Anoche ya tuvimos una noche mucho más tranquila, de hecho, pues ayer todo el día hubo. Hubo una presencia muy fuerte de las autoridades, de la Policía y del Ejército, y lo que quisimos fue generar una prevención y por eso se hizo este toque de queda. Pero pues hoy amanecimos, amanecimos muy bien", dijo. Por su parte, la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, señaló que la arremetida del grupo delincuencial obedecía al golpe que le dieron con la captura de uno de sus cabecillas alias 'Nacho'.Después de meses de seguimiento, la Policía logró la captura en la zona rural de Tuluá, Valle, de un presunto cabecilla de la banda criminal La Inmaculada, identificado como Mauricio Marín Silva, conocido con el alias de 'Nacho'.Marín Silva es hermano de alias 'Pipe', el principal cabecilla de la misma banda responsable de extorsionar a empresarios y comerciantes de Tuluá."El viernes se captura, pues, producto de todas esas acciones que se realizaban en Tuluá con la captura de 'Nacho'. Entonces vienen todas estas retaliaciones que fueron la alteración del orden público el día domingo en Tuluá", explicó. La gobernadora del Valle del Cauca, hizo un llamado las autoridades y al Gobierno con el fin de incomunicar en la cárcel a los cabecillas del grupo delincuencial, o de lo contrario, advierte que se corre el riesgo que las acciones continúen. "El problema viene de las cárceles y nosotros necesitamos que el Gobierno nacional nos apoye. Aunque el ministro de Justicia ha estado actuando, necesitamos un poquito más de contundencia en la incomunicación de estas personas que están generando las órdenes", manifestó. Gobierno no acepta "chantajes" de bandas criminalesEl presidente Gustavo Petro, aseguró este domingo que su Gobierno no aceptará chantajes de bandas criminales luego de que una de ellas se atribuyera los ataques del sábado en Tuluá, donde fue asesinado un policía de tránsito y fueron quemados ocho vehículos en las calles de esa ciudad."La banda 'La inmaculada’ ha retado a la sociedad. Sus jefes están presos. No aceptamos el chantaje", escribió el jefe de Estado en su cuenta de X.En un comunicado que circuló en las últimas horas, 'La Inmaculada' se atribuyó los ataques y amenazó al alcalde de Tuluá, Gustavo Vélez.Escuche aquí la entrevista:
A través de un comunicado la banda 'La Inmaculada' se atribuyó los más recientes hechos de violencia registrados en el municipio de Tuluá, Valle. El documento dice que responsabilizan al Gobierno Nacional y al alcalde, Gustavo Vélez, por la situación que generó la alteración del orden público.Entre los casos está el atentando contra dos agentes de tránsito, uno de ellos falleció por la gravedad y otro más se encuentra recluido en una UCI de un hospital, además de la muerte de otra persona en un ataque sicarial en el corregimiento de Aguaclara y la quema de seis vehículos tipo taxi y dos carros particulares.Así mismo, el documento asegura que el actual gobierno y alcalde son los únicos responsables de la situación de orden público. Dice además que no pararán los actos delincuenciales hasta que no se le dé libertad al cabecilla de la banda capturado."Le pedimos disculpas a toda la población por los hechos que están aconteciendo, pero es culpa del mismo gobierno nacional y el director general del Inpec que está haciéndole caso a Gustavo Vélez, mientras no vuelvan a salir nuestros líderes y no vulnere sus derechos, no pararemos con todas nuestras actividades y órdenes impartidas" puntualiza el comunicado.Ante esto, el presidente Gustavo Petro también se pronunció a través de su cuenta de "X", dijo lo siguiente: "La banda La Inmaculada ha retado a la sociedad. Sus jefes están presos. No aceptamos el chantaje", escribió.Desde las diez la mañana se lleva a cabo un consejo de seguridad en el municipio con presencia de las autoridades locales, departamentales y representantes del gobierno nacional. Mientras la ciudad se encuentra custodiada con uniformados del Ejército y la Policía.
La Policía Nacional capturó este viernes en Medellín a Robinson Alexander Foronda Galeano y Juan Esteban Atehortúa Acevedo, señalados de presuntamente perpetrar el crimen del líder comunitario Luis Fernando Osorio Soto, el pasado 3 de enero en la vereda Orizaba de Andes, Suroeste de Antioquia.Foronda y Atehortúa tenían orden de captura vigente por los delitos de homicidio agravado, desaparición forzada, fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego y hurto calificado y agravado, por lo sucedido a este líder, quien además era enfermero de varias zonas rurales de Andes.De acuerdo con la investigación de las autoridades, la víctima se habría resistido al hurto de su vivienda y cuentas bancarias, no obstante, en mayo de este año capturaron a Juan Esteban Acevedo Arteaga, alias 'Juancito', quien al parecer hizo retiros de las cuentas bancarias del líder social por 19 millones de pesos. En total le fueron robados, entre dinero y otros elementos de valor, algo más de 20 millones de pesos.Para el caso de alias 'Juancito', un juez de control de garantías le dictó medida de aseguramiento en centro carcelario el 28 de mayo, mientras avanza el proceso judicial.Los hechos ocurrieron el 29 de diciembre de 2023, cuando varios hombres armados, habrían ingresado a la vivienda de la víctima y llevado en contra de su voluntad a un sitio solitario y despoblado. Días después, el 3 de enero de este año, el cuerpo fue encontrado atado de manos y pies, además con varias heridas de arma de fuego y politraumatismos en cabeza y tórax, según la Fiscalía.
El Gobierno chileno envió este viernes a Venezuela una nota de protesta por haber impedido ingresar al país a los senadores Felipe Kast (centroderecha) y José Manuel Rojo Edwards (ultraderecha), invitados por la oposición venezolana como observadores en las elecciones del domingo en las que Nicolás Maduro busca la reelección."El Ministerio de Relaciones Exteriores citó al embajador de Venezuela en Chile, Arévalo Méndez, para entregarle una nota de protesta debido a que no se permitió el ingreso a ese país a los senadores José Manuel Rojo Edwards y Felipe Kast", dijo la Cancillería en un escueto comunicado.Kast, del partido Evópoli, informó en sus redes sociales que iban a ser deportados porque no cumplían "con el perfil ni las condiciones de ingresar al país".Edwards, del ultraderchista Partido Social Cristiano, indicó por su parte que "Maduro ha traído miseria y hambre" y "debe saber que Latinoamérica entera va a defender la democracia del pueblo bravo de Venezuela".La Presidencia del Senado chileno aseguró que los hechos son "antidemocráticos" y "denotan la mayor gravedad" porque "los senadores chilenos cuentan con todas las condiciones exigidas usualmente por la República Bolivariana de Venezuela para hacer ingreso a su territorio".Maduro, en el poder desde 2013, se enfrentará el domingo a Edmundo González Urrutia, un exdiplomático de 74 años que se convirtió en el candidato de la oposición luego de que la exdiputada María Corina Machado fuera inhabilitada, y que lidera la intención de voto según las encuestadoras tradicionales del país suramericano.El chavismo, sin embargo, asegura que Maduro ganará, pese a que los sondeos independientes reflejan el hastío de gran parte de la población en medio de una feroz crisis económica que devastó al país en la última década.La deportación de los senadores chilenos tiene lugar horas después de que Venezuela impidió la entrada de una delegación de parlamentarios del Partido Popular (PP) de España y también de un grupo de expresidentes latinoamericanos en un avión que no pudo despegar desde Panamá hasta que los exmandatarios no bajaron de la aeronave.
En la semana epidemiológica que realizó, el Instituto Nacional de Salud reportó un total de 2,375 casos de hepatitis, desglosados en hepatitis B, C y coinfección B-Delta. La cifra se compone de 1,348 casos de hepatitis B, 1,025 de hepatitis C, 2 de hepatitis Delta y 1 transmisión maternoinfantil. Por otra parte, la tasa de incidencia para hepatitis B se estimó en 2.6 casos por cada 100,000 habitantes, mientras que para hepatitis C fue de 1.0 casos por cada 100,000 habitantes. La tendencia general indica un aumento en la incidencia de estas enfermedades.¿Cómo está la hepatitis en Colombia?Las ciudades con mayor número de casos de hepatitis B fueron Bogotá D.C., Medellín, Cúcuta, Barranquilla y Cali. Para hepatitis C, las principales ciudades afectadas incluyeron Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y Armenia. Los casos de hepatitis D se concentraron en Bogotá D.C. y Neiva.Hombres, los más afectados por Hepatitis BEl análisis por género muestra que la hepatitis B afecta más a los hombres, con una tasa de incidencia de 3.1 casos por 100,000 habitantes, frente a 1.1 casos en mujeres. En los hombres, se observó una disminución estadísticamente significativa en los casos de hepatitis B en el grupo etario de 15 a 19 años y un aumento en el grupo de 65 a 69 años. Entre las mujeres, se registró una disminución en los casos en el rango de 30 a 34 años y un aumento en el grupo de 60 a 64 años.Disminuye la hepatitis B en mujeres embarazadas en ColombiaDe los casos de hepatitis B reportados, el 4.6 % correspondió a mujeres embarazadas, lo que representa una disminución estadísticamente significativa en comparación con el año anterior. El principal mecanismo de transmisión de la hepatitis B fue sexual, representando el 72.6% de los casos, seguido de la transmisión percutánea o parenteral con el 7.1%. Además, el 3.8% de los casos correspondió a poblaciones indígenas y el 3.6% a negros, mulatos o afrodescendientes, con una disminución estadísticamente significativa en estos últimos grupos comparado con el año anterior.
Una verdadera crisis atraviesa la negociación entre la Alcaldía de Cartagena y la Asociación Cartagenera de Cocheros en medio del proceso de sustitución de coches de tracción animal por coches eléctricos, luego de que un grupo de propietarios y conductores de coches protestaran en contra dicho proceso.Tras varios días de silencio, el alcalde Dumek Turbay se pronunció al respecto asegurando que el proceso de transición en la ciudad no tiene reversa, y que no se volverá a sentar a la mesa con quienes protagonizan esta protesta que calificó como ‘difamatoria’.“En el mes de septiembre vamos a escoger a 15 cocheros, no a dueños de coches, sino a 15 cocheros de la ciudad de Cartagena y los vamos a llevar a Santo Domingo, donde hay un proceso exitoso de sustitución de coches (…) y para los cocheros que hicieron la protesta que fue irrespetuosa, que utilizó palabras difamatorias y calumniosas con el gobierno y conmigo, pues tenemos que decirles que no tenemos nada de que hablar, el diálogo se ha roto por esa actitud, por promocionar la mentira, como argumento de defensa y por creer que amedrentan el gobierno”, dijo.El mandatario señaló que la protesta habría sido incentivada más por los “dueños de los coches que por los cocheros”, y que espera que antes de las Fiestas de Independencia ya estén en la ciudad los primeros 30 coches eléctricos.“Una cosa es el cocheros y una cosa es el dueño de los coches (…) Yo tengo la impresión que la protesta última fue de los dueños de los coches, no de los cocheros, porque lo hemos dicho es que los 60 coches que vamos a adquirir los van a administrar los cocheros, la misma Asociación de Cocheros, y los coches eléctricos tendrán todo el respaldo nuestro, dos años de garantía, dos años de acompañamiento, recursos para que ellos puedan pasar de cochero a empresarios de un servicio turístico”, sostuvo.El alcalde dijo, además, que ya tienen los recursos asegurados para la compra de los 60 coches eléctricos, y que a finales de julio estaría lista la resolución del Ministerio de Transporte que permitirá avanzar en el proceso de transición.Recordemos que el pasado 22 de julio un grupo de cerca de 30 cocheros y propietarios protestaron frente a la Alcaldía de Cartagena para exigir garantías en el proceso de sustitución y claridad sobre una resolución del Ministerio de Transporte que regulará esta actividad.Señalaron que fueron “engañados” por el alcalde Dumek Turbay y que se han sentado en mesas de negación, pero no han sido realmente escuchados.
La prohibición de un vuelo en el que exgobernantes latinoamericanos iban a viajar de Panamá a Venezuela para ser observadores electorales y la deportación de otros veedores aumentaron este viernes la tensión antes de las presidenciales del fin de semana, en las que Nicolás Maduro busca un tercer mandato.Maduro, de 61 años y en el poder desde 2013, tiene como principal rival al diplomático Edmundo González Urrutia, de 74, postulado por la alianza opositora Plaforma Unitaria ante la inhabilitación política de su candidata original, María Corina Machado, y otros dirigentes.Autoridades venezolanas impidieron el despegue desde el aeropuerto panameño de Tocumen de un vuelo de Copa Airlines que tenía entre sus pasajeros a los exmandatarios, denunció este viernes el presidente de Panamá, José Raúl Mulino.Se trata de los exgobernantes Mireya Moscoso (Panamá), Miguel Ángel Rodríguez (Costa Rica), Jorge Quiroga (Bolivia) y Vicente Fox (México), miembros de la derechista Iniciativa Democrática de España y las Américas (Grupo IDEA) y fuertes críticos de Maduro."El avión (estaba) lleno, completamente lleno, de venezolanos que iban a votar", relató Moscoso en una rueda de prensa. "Vimos lágrimas, (gente) llorando diciéndonos: ¡por favor, quédense, no se vayan!".Fox, en tanto, lo consideró una "mala señal".El miércoles, el poderoso líder chavista Diosdado Cabello adelantó que se les impediría la entrada."Si usted no está invitado a una fiesta, ¿qué le dicen? (...), le dicen: 'por favor, tenga la amabilidad, y se retira' (...). No están invitados, son showseros", dijo Cabello en su programa en la televisión estatal. "Acá no van a venir a joder", agregó.Diez congresistas y eurodiputados del Partido Popular (PP) español, así como una parlamentaria de Colombia y otra de Ecuador, denunciaron después su deportación a su llegada al aeropuerto de Maiquetía, que sirve a Caracas."Nos expulsan (...). Lamentablemente la policía de Maduro es implacable", dijo en la red social X el portavoz parlamentario del derechista PP, Miguel Tellado.Consultado sobre el caso de los expresidentes del Grupo IDEA, un funcionario de Estados Unidos que pidió anonimato solicitó al gobierno venezolano "reconsiderar esta decisión y permitir una mayor presencia internacional".Estos incidentes se suman a las alarmas que despertó en la región una advertencia de Maduro sobre "un baño de sangre" si ganase la oposición, palabras por las cuales los presidentes de Brasil y Chile, Luiz Inácio Lula da Silva y Gabriel Boric, expresaron preocupación.Todo listo Estados Unidos, la Unión Europea y la mayoría de los gobiernos de América Latina desconocieron la reelección de Maduro en 2018 en elecciones boicoteadas por la oposición, que las calificó como un fraude."Tenemos todo listo", dijo este viernes el presidente del Consejo Nacional Electoral, Elvis Amoroso, en un acto en Caracas con veedores internacionales que sí fueron invitados.El proceso de instalación de las más de 30.000 mesas de votación se puso en marcha en horas de la mañana, marcado por denuncias de activistas opositores sobre retrasos. Sin embargo, el ministro de Defensa, general Vladimir Padrino López, defendió el despliegue del Plan República, el operativo de seguridad para custodiar los comicios."¡Alerta! Se pretende desde ya, con denuncias tendenciosas a través de las RRSS (redes sociales), enrarecer el clima electoral", cuestionó en X Padrino, quien esta semana negó que la Fuerza Armada vaya a ser "árbitro".González Urrutia pidió a esa institución "respetar y hacer respetar" los resultados en las urnas.Machado informó que conversó con los presidentes de Argentina, Javier Milei; Paraguay, Santiago Peña; y Uruguay, Luis Lacalle Pou. Les agradeció en X "su solidaridad y respaldo" en la "lucha por la democracia"."Siempre estaremos junto al pueblo venezolano", le respondió Milei.Detenciones masivas La ONG de derechos humanos Foro Penal denunció también este viernes que 135 personas vinculadas con la campaña del opositor González Urrutia han sido arrestadas, de las cuales 47 permanecen detenidas."Desde enero hasta acá se han producido 149 arrestos arbitrarios por motivos políticos (...) y 135 están directamente vinculados con lo que fue la gira nacional y la campaña ya propiamente dicha de María Corina Machado con Edmundo González Urrutia", dijo a la AFP su director, Gonzalo Himiob.Hay 10 candidatos en este proceso electoral al que están llamados a participar 21 millones de los 30 millones de venezolanos. Las encuestas favorecen a González Urrutia, pero el chavismo las desestima y acusa a sus adversarios de planear desconocer los resultados y generar violencia.