Blu Radio conoció el documento mediante el cual el Consejo de Estado respondió al Ministerio de Educación y rechazó la solicitud de aclaración presentada luego del fallo que anuló la elección de Leopoldo Múnera como rector de la Universidad Nacional. Con esta decisión, el alto tribunal fijó el alcance de la sentencia y descartó interpretaciones adicionales sobre la designación de la rectoría.La solicitud de aclaración fue elevada por el Ministerio de Educación tras la controversia generada por la decisión judicial, que dejó sin efectos la elección de Múnera y abrió un debate jurídico sobre la situación de José Ismael Peña, quien había ocupado previamente el cargo. En particular, el Ministerio pidió que se precisara si del fallo podían derivarse órdenes implícitas, como la posibilidad de volver a nombrar a Peña como rector, o si únicamente debían cumplirse las instrucciones expresamente señaladas en la parte resolutiva de la sentencia.En el documento, de seis páginas, la Sección Quinta del Consejo de Estado negó la aclaración solicitada. El tribunal consideró que el Ministerio de Educación no estaba legitimado para actuar de manera autónoma dentro del proceso judicial y que su intervención dependía de la posición asumida por la parte demandada.El Consejo de Estado también señaló que no le corresponde definir quién debe ser designado como rector de la Universidad Nacional. Así las cosas, cualquier decisión sobre la rectoría deberá ser evaluada y adoptada por el Consejo Superior Universitario, conforme a sus competencias.Blu Radio consultó al viceministro de Educación, Ricardo Moreno, quien fue el que presentó la solicitud de aclaración ante el Consejo de Estado. El viceministro indicó que no se volverá a nombrar a José Ismael Peña como rector de la Universidad Nacional. Mientras se define si se abre nuevamente un proceso de votación para elegir rector en propiedad, Andrés Felipe Mora continuará ejerciendo como rector encargado de la institución.
Un grupo de exrectores de la Universidad Nacional enviaron una carta a la Procuraduría General de la Nación para que se ponga fin a la prolongada crisis institucional que atraviesa la institución tras las recientes decisiones del Consejo de Estado sobre la designación de su rector.En una comunicación dirigida al procurador general, Gregorio Eljach, los exdirectivos hicieron énfasis en que el Consejo de Estado declaró legal la designación del profesor José Ismael Peña como rector de la Universidad Nacional.Sin embargo, el pasado 20 de noviembre, el mismo alto tribunal anuló la designación de Leopoldo Múnera, lo que, por supuesto, generó un limbo en la rectoría de una de las universidades más importantes del país.De acuerdo con los exrectores, el precedente judicial es claro en señalar que la nulidad de un acto administrativo implica que este se entiende como si “nunca hubiera existido”. En consecuencia, sostienen que la designación de Leopoldo Múnera carece de efectos jurídicos y que, por tanto, Ismael Peña debe ejercer de inmediato como rector legítimo, sin que exista vacancia del cargo ni necesidad de una nueva posesión.“Consideramos que es urgente defender a toda costa la autonomía universitaria y no entregarla al gobierno de turno, anteponiendo el interés personal al de la Universidad Nacional de Colombia”, señalaron.Por ello, los exrectores pidieron a la Procuraduría que, en ejercicio de sus funciones preventivas y de advertencia, exhorte al Consejo Superior Universitario a adoptar las medidas necesarias para la reincorporación inmediata de Ismael Peña, con el fin de superar lo que califican como un “estado de precariedad institucional”.
La decisión del Consejo de Estado de anular la resolución con la cual fue designado Leopoldo Múnera como rector de la Universidad Nacional sigue teniendo desarrollos, uno de esos, tiene que ver con el anuncio que hizo este viernes la Procuraduría General de la Nación sobre una indagación contra la exministra de Educación Aurora Vergara y cinco miembros del Consejo Superior Universitario(CSU) por las presuntas irregularidades en la elección del rector de esa institución.El proceso disciplinario se centra en la sesión del 21 de marzo de 2024, cuando el CSU eligió inicialmente a Ismael José Peña Reyes como rector para el periodo 2024–2027.No obstante, la decisión fue revertida posteriormente mediante un procedimiento que, según el Ministerio Público, habría modificado de manera irregular las normas vigentes, lo que permitió la designación de Leopoldo Múnera.Lo que señala la Procuraduría es que e Vergara, en su calidad de presidenta del CSU, se habría negado a firmar el acta de elección de Ismael Peña, pese a que, según el organismo de control, la designación se ajustaba al reglamento universitario.Asimismo, el ente disciplinario cuestiona que los demás integrantes del Consejo Superior Universitario suscribieran las resoluciones 067 y 068 del 6 de junio de 2024, actos que dieron sustento normativo a la elección de Múnera, decisión que ya había generado controversias internas y acciones judiciales.
Tras un fallo del Consejo de Estado que anuló la elección de Leopoldo Múnera como rector de la Universidad Nacional, Diego Torres, representante de los profesores ante el Consejo Superior Universitario (CSU), se refirió a lo que calificó como un triunfo de la institucionalidad y el fin de una "horrible noche" para la alma máter.Durante una entrevista en Mañanas Blu, con Camila Zuluaga, Torres fue enfático al señalar que, según la sentencia, Leopoldo Múnera "nunca fue rector" de la Universidad Nacional."La sentencia del Consejo de Estado es clara: Leopoldo Múnera nunca fue rector. Él no tiene que renunciar a nada porque nunca fue rector. Se ungió de facto y se abusó de la presunción de legalidad", declaró Torres, respaldando su postura con un reciente comunicado de la Procuraduría General de la Nación.Al ser cuestionado sobre las causas profundas del conflicto, Torres descartó que hubiera una duda legítima sobre la metodología de elección, la cual fue avalada por el mismo Consejo de Estado para este caso."La designación [de Peña] fue de ley, cumplió con las normas. Aquí lo que hubo fue una instrumentalización del Gobierno nacional para que las universidades públicas pudieran servir a los propósitos políticos del Gobierno y de grupos políticos", afirmó el representante docente, tildando el episodio como el "inicio de una oscura noche" para la universidad.Consecuencias y reparaciónTorres confirmó que su grupo de apoyo ya prepara demandas contra los miembros del CSU que avalaron la elección de Múnera y destacó el acompañamiento de la Procuraduría para evitar nuevas irregularidades.Además, se refirió al clima de tensión al interior de la universidad, señalando que él y otros profesores fueron objeto de investigaciones disciplinarias y señalamientos por denunciar hechos irregulares. "El daño a la comunidad académica es increíble. Se deben dar disculpas", solicitó.Finalmente, hizo un llamado a la nueva administración para que trabaje en restaurar el tejido social de la universidad sin iniciar acciones de persecución, y pidió cautela en las decisiones administrativas de los próximos días.
El rector saliente de la Universidad Nacional de Colombia, Leopoldo Múnera anunció que presentará su renuncia formal ante el Consejo Superior Universitario (CSU) durante la próxima semana, con el fin de facilitar el proceso de transición tras la decisión del Consejo de Estado que anuló el acta mediante la cual fue designado. El pronunciamiento se dio en entrevista con Blu Radio, donde explicó las razones de su decisión y su lectura de la crisis institucional que atraviesa la institución.Múnera, quien asumió la rectoría en 2023 en medio de un ambiente de división interna, confirmó que su salida se hará efectiva una vez el CSU evalúe su carta de renuncia. “La próxima semana, una vez se haya resuelto mi renuncia ante el Consejo Superior Universitario”, afirmó. Agregó que esta decisión busca destrabar el procedimiento posterior a la sentencia. El Consejo de Estado declaró nulo su nombramiento al considerar que el CSU no tenía competencia para corregir meses después el procedimiento adelantado en la primera sesión, en la que había sido elegido el profesor José Ismael Peña. Pese a la anulación, Múnera aclaró que el fallo no ordena restituir a Peña como rector. “El Consejo de Estado dijo en la primera sentencia que no hay restablecimiento del derecho y que el profesor Peña no debía ser reintegrado al cargo. Eso lo establece en la primera sentencia”, recordó.Durante la entrevista, explicó por qué optó por renunciar incluso antes de que la sentencia quedara en firme. “El tiempo de ejecutoria de la sentencia es demasiado largo. Yo quiero facilitar la transición”, señaló. Según indicó, dicho periodo puede tomar alrededor de cinco días.Sobre las circunstancias de su designación en la sesión en la que fue elegido, Múnera sostuvo que no tomó una decisión individual, sino que se trató de decisiones del órgano competente. “Yo no decido tomar la rectoría. El que arregla las irregularidades es el Consejo Superior. Tienen una resolución, la 60, y después con la 68 me nombran a mí como rector”, precisó. En su criterio, la primera elección, en la que resultó electo Peña, presentaba irregularidades. “Fue una decisión democrática… tuvo una parte de consulta democrática. Ahora, no es una decisión democrática porque la forma de organización del gobierno de la Universidad Nacional no es propiamente democrática”, afirmó al referirse al modelo de gobierno interno.Sobre su permanencia durante un año y medio pese a la controversia institucional, explicó que lo hizo por legitimidad frente a la comunidad académica. “Porque fui nombrado y tenía el apoyo de la mayoría de la comunidad. No hay que olvidar que yo gané la consulta y que había sido acogido mi programa de gobierno”, dijo. También recordó que sobre ambos nombramientos —el suyo y el de Peña— existían demandas en curso.Al ser consultado por las posibles reacciones del estudiantado tras conocerse la decisión del alto tribunal, Múnera insistió en que se trata de una determinación autónoma. “La decisión de los estudiantes es autónoma y no depende de mí. Yo propongo que hagamos una discusión tranquila, una discusión académica”, expresó. Sugirió que la comunidad universitaria debe debatir tanto el fallo como los problemas estructurales de participación. “Ha pasado porque hay una debilidad en el gobierno universitario y una debilidad en las formas de participación”, añadió.Respecto a si entregará la rectoría a Ismael Peña, fue enfático en que seguirá la directriz del CSU. “Yo le voy a entregar la rectoría a quien designe el Consejo Superior Universitario, que es la máxima autoridad de la Universidad Nacional”, afirmó. Recalcó que será dicho órgano el que determine si debe volver a postularse un candidato. “Eso lo decide el Consejo Superior”, sostuvo.Finalmente, Múnera señaló que la constituyente universitaria, impulsada durante su administración con el fin de modificar la forma de elección de rector y otros aspectos de gobernanza, continuará en marcha. “Van a seguir trabajando y está previsto que sea para marzo”, indicó.
La senadora Paloma Valencia le pidió a la Procuraduría una acción preventiva urgente para que el Consejo Superior Universitario de la Universidad Nacional cumpla las decisiones del Consejo de Estado frente a la rectoría de dicha universidad. Es importante recordar que en las últimas horas se declaró la nulidad de la elección de Leopoldo Múnera como rector de la institución."El Alto Tribunal consideró que el Consejo Superior Universitario infringió normas superiores y carecía de competencia para corregir la actuación contenida en la Resolución 067 de 2024. Además, señaló que el proceso de elección había culminado el 21 de marzo de 2024 con la designación de José Ismael Peña, razón por la cual no se podía aplicar la norma que permite la corrección de actuaciones administrativas"; explicó la senadora.La senadora asegura que la elección de José Ismael Peña como rector fue legal y que el Consejo Superior Universitario de la Universidad Nacional debe garantizar el pleno cumplimiento de las sentencias del Consejo de Estado."Solicito respetuosamente que la Procuraduría adelante una acción preventiva urgente para garantizar el pleno cumplimiento de las sentencias del Consejo de Estado por parte del Consejo Superior Universitario de la Universidad Nacional de Colombia, de tal manera que no se adopten acciones dilatorias, como por ejemplo nombrar un Rector interno, y se garantice una transición pacífica de mando por parte de Leopoldo Múnera a José Ismael Peña", agregó Valencia.
El saliente rector de la Universidad Nacional, Leopoldo Múnera, aseguró que acatará la decisión de única instancia del Consejo de Estado que anuló su designación como directivo de la institución; sin embargo, cuestionó que esta misma deja un panorama de incertidumbre.“Voy a respetar la sentencia proferida por el Consejo de Estado, pero considero que fue muy laxo con el Consejo Superior que designó a Ismael Peña y muy estricto con el Consejo Superior”, dijo.Y es que si bien la decisión del alto tribunal tumba el nombramiento de Múnera, no restablece de manera inmediata los derechos de José Ismael Peña. En su fallo concluyó que el Consejo Superior Universitario actuó sin competencia al intentar corregir, meses después, el proceso de elección del rector pese a que ya había concluido eligiendo a Peña.“El máximo órgano colegiado de la Universidad Nacional de Colombia, so pretexto de corregir una irregularidad, actuó sin competencia y desconoció la presunción de legalidad de la que se revisten los actos administrativos, incluidos los de elección o nombramiento, la cual puede desvirtuarse exclusivamente a través de una decisión adoptada por la jurisdicción de lo contencioso administrativo”, dice el documento.En esa línea, para Múnera hay una responsabilidad grande en manos del Consejo Superior de Universitario para evitar problemas en la dirección de la institución.“El equipo directivo llama a la comunidad universitaria a asumir este futuro inmediato con tranquilidad y con calma, que podamos debatir sobre la sentencia y sobre lo que nos espera en la universidad, pero además que podamos culminar el semestre realizando las funciones misionales que tiene nuestra institución y también con una coherencia académica y administrativa”, agregó Múnera, insistiendo en la necesidad de continuar el proyecto de constituyente universitaria.La decisión queda entonces en manos del Consejo Superior de Universitario, liderado por el ministro de Educación y donde también están presentes dos delegados de Presidencia, uno del Consejo Nacional de Educación Superior, representante de estudiantes, del consejo académico y de exrectores.Este proceso legal, e incluso de disputa política, comenzó en marzo de 2024. Inicialmente Leopoldo Múnera había ganado las elecciones de la comunidad académica, que es una de las etapas de la elección del rector de la Universidad y, ante esto, el presidente Gustavo Petro ordenó a la entonces ministra de Educación, Aurora Vergara, y todos los representantes del Gobierno a que respaldaran esos resultados.Sin embargo, ya en la votación del Consejo Superior Universitario se cambió el método de elección y fue seleccionado José Ismael Peña, quien terminó posicionándose en una notaría tras cese de actividades de estudiantes y administrativos inconformes con el resultado.En respuesta, el Gobierno citó a una nueva reunión del CSU alegando que el Ministerio de Educación no firmó la resolución de la elección de Peña y por eso debía cambiarse el rector, hasta que en junio, este órgano eligió a Leopoldo Múnera.
La minga indígena que llegó a Bogotá el pasado fin de semana, en el marco de las manifestaciones convocadas para este jueves 1 de mayo, aseguró que se quedará en la Universidad Nacional. La comunidad manifestó que seguirá en “resistencia” en las instalaciones de esa sede educativa, pese a que el rector Leopoldo Múnera había afirmado que tenían plazo hasta este viernes, 2 de mayo, para desalojar el lugar.“Informamos a la comunidad universitaria de la Unal y a la opinión pública que continuamos en minga de resistencia para el cumplimiento efectivo de nuestros derechos por parte del Gobierno nacional de Colombia, y el apoyo de nuestras comisiones políticas para los diálogos de alto nivel, su activa atención, diálogos y cumplimiento por parte del Gobierno nacional”, manifiesta la minga en un comunicado.Hasta el momento, se tiene conocimiento de que aún permanecen 4.000 miembros de esa comunidad, de los más de 24.000 que llegaron inicialmente a la Universidad Nacional. Estas personas, durante toda la semana, ocuparon 12 edificios de la institución, utilizados como espacios de resguardo para las comunidades. Ayer jueves, 1 de mayo, salieron alrededor de 20.000 personas.Desde la minga manifestaron que seguirán en el lugar debido al incumplimiento de algunos acuerdos alcanzados con el Gobierno nacional. Según afirma la comunidad en el documento, estas peticiones estarían relacionadas con fondos y documentos correspondientes a los territorios indígenas.Por ahora, varios de ellos bloquean el paso de entrada y salida de funcionarios de la Agencia Nacional de Tierras, ubicada en el occidente de Bogotá. De momento, la comunidad permite únicamente el tránsito de mujeres embarazadas y adultos mayores.
La accidentada elección de Leopoldo Munera como rector de la Universidad Nacional tiene ahora un nuevo capítulo, ya que el Consejo de Estado decidió estudiar otra demanda en contra de su nombramiento como rector de esa institución. Sin embargo, el alto tribunal asegura que, mientras se resuelve de fondo la controversial elección, Múnera seguirá en su cargo.En este caso los demandantes alegan que, al hacer parte de la sesión del 21 de marzo del 2024, en la que se designó a José Ismael Peña, esta fue completamente legal, según lo expuesto por el Consejo Superior Universitario.“Así las cosas, en este preciso caso, de la revisión formal de los actos que se pide anular, se advierte que la designación de Leopoldo Alberto Múnera Ruíz, como rector de la UNAL, está contenida en el Acta de la sesión extraordinaria nro. 10 de 6 de junio de 2024 y en la Resolución nro. 068 de 202416 por tanto, son los únicos pasibles de ser anulados vía medio de control de nulidad electoral”, se lee en la decisión del Consejo de Estado.Cabe resaltar que la elección del rector de la Universidad Nacional ha estado envuelta en varias polémicas, incluso antes de que Munera fuera elegido. Por ahora, el alto tribunal decidió admitir la demanda para estudiarla de fondo y tomar una decisión en torno a la elección.
No cesa la polémica por la elección de Leopoldo Múnera como rector de la Universidad Nacional, ahora la Procuraduría General de la Nación intervino pidiéndole al Consejo de Estado que suspenda el acto por el cual se eligió a Múnera como rector de esta institución.Fue el pasado 21 de marzo cuando el Consejo Superior Universitario de la Universidad Nacional, eligió a José Ismael Peña como rector. Sin embargo, esta elección fue rápidamente cuestionada, y se demandó el acto de elección de Peña y posteriormente fue anulado indebidamente por el Consejo Superior Universitario, a pesar de haber sido publicado oficialmente y firmado por la Secretaria General de la Universidad.Luego de esto, el 6 de junio de 2024, el Consejo Superior Universitario, emitió una resolución que declaraba nulas las irregularidades encontradas en la elección de marzo y decidió realizar una nueva votación, llena de varias polémicas en esta segunda elección, Leopoldo Múnera resultó electo de la Universidad Nacional.“Le corresponde a la Sección Quinta del Consejo de Estado determinar si es procedente la suspensión provisional del acto de elección de Leopoldo Alberto Múnera Ruiz como Rector de la Universidad Nacional de Colombia, período 2024-2027, por haber sido elegido, presuntamente, con vulneración del debido proceso. Y sin competencia por parte del Consejo Superior Universitario”, expresa el documento de la Procuraduría.Los demandantes argumentan que el Consejo Superior Universitario, no tenía la competencia para anular la elección previa y proceder con una nueva votación, señalando una violación del debido proceso administrativo.Será entonces el Consejo de Estado, quien deberá determinar la validez de las elecciones y resolver la controversia que afecta a una de las instituciones educativas más importantes del país.
León XIV inició este domingo 8 de noviembre una visita histórica a Argentina, la primera de un papa en casi 40 años, y en su primer discurso reclamó para este país justicia social y apoyo a la educación y la investigación, así como la necesidad de proteger a los jubilados y las personas discapacitadas, precisamente los sectores más afectados por la ‘motosierra’ de Javier Milei.“La economía debe estar al servicio de la persona, y no la persona al servicio de la economía", dijo el papa ante el propio Milei, quien escuchó sentado a su lado en el auditorio del antiguo Centro Cultural Kirchner (CCK), rebautizado como Palacio Libertad.Milei llegó a la Presidencia en diciembre de 2023 con la promesa de imponer equilibrio fiscal y reducir la inflación. Para ello, puso en marcha políticas públicas encaminadas a reducir el Estado, los programas sociales, las pensiones y la financiación de la educación y salud públicas. Lo que él mismo llamó, con orgullo, la “motosierra”.Desde entonces, han desaparecido 32.390 empresas y 465.811 empleos, se ha profundizado la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores y los jubilados, se ha disparado la morosidad en los hogares hasta el 12,8 % y la tasa de desocupación ha llegado al 7,9%, según el Centro de Política Económica Argentina (CEPA), en su informe difundido este fin de semana bajo el título ‘La Argentina que recibe al papa’.En definitiva, la clase media argentina ha sido la más golpeada por las políticas de ajuste, que han impactado en programas de derechos humanos, mujeres, jubilados, educación, infancias y colectivos vulnerables, como las personas discapacitadas.El contundente discurso del pontífice puso precisamente el acento en esos aspectos: "Pienso de manera particular en las familias que llevan sobre sí el peso de la incertidumbre, en quienes buscan trabajo, en los ancianos que han contribuido durante años a construir la sociedad y en quienes, aún trabajando, tienen dificultades para cubrir las necesidades de su hogar".Y reclamó “especial atención en la enfermedad, la dependencia y la discapacidad", así como a “la medicina, la educación, la producción y la investigación”.Advertencia anterioresEl arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, quien ocupa el cargo que en su día tuvo el papa Francisco, antecesor de León XIV, ya había cuestionado al gobierno de Milei por la situación de los jubilados, que se manifiestan cada miércoles ante el Congreso y con frecuencia son reprimidos por la policía, y las personas discapacitadas.El llamado del papa a cuidar a las personas se completó con otro sobre la defensa de la tierra, en respuesta a la reforma de la ley de glaciares propuesta por el Gobierno argentino para que se puedan explotar recursos mineros en zonas aledañas a las masas de hielo."Argentina ha sido bendecida por Dios con una extraordinaria riqueza natural. Sus campos, sus reservas de agua, sus fuentes de energía, sus minerales y la diversidad de sus ecosistemas ofrecen amplias posibilidades de desarrollo", dijo el papa, al añadir "una ecología auténticamente humana sabe unir el cuidado de la creación al de las personas”.El papa León XIV llegó a Buenos Aires procedente de Uruguay, donde inició el viernes una gira sudamericana que también lo llevará a Perú, donde vivió y ejerció como sacerdote y obispo durante casi 20 años, la segunda patria del papa estadounidense.Estas primeras palabras del papa en Argentina, ante un Milei amilanado tras las derrotas electorales de sus aliados en Estados Unidos y Brasil, así como por la destitución y detención del ya expresidente de Paraguay Santiago Peña (por su responsabilidad en la quiebra del Ueno Bank), le han llevado a ofrecer un mensaje moderado el que ha resaltado la figura del papa Francisco como un “ser excepcional” y “el argentino más importante de la historia”.También defendió la fe católica tras haber abrazado el judaísmo en los últimos años, considerar a Israel un socio político fundamental y tras inaugurar recientemente un gran templo evangélico en Argentina.Milei recibió a León XIV a su llegada a Argentina y luego se reunieron en privado en la Casa Rosada durante 40 minutos. Entre medias, el pontífice rindió homenaje, con una ofrenda floral, al monumento de José de San Martín, prócer de la independencia sudamericana, y recibió las llaves de la ciudad de Buenos Aires.El papa presidirá mañana una misa que se espera multitudinaria en Buenos Aires, el martes viajará a la ciudad de Córdoba y el miércoles lo hará a Luján, donde se encuentra la basílica que acoge a la patrona de Argentina.
El presidente estadounidense, Donald Trump, reconoció que su política de deportaciones fue "demasiado dura" tras las elecciones de mitad de mandato del martes pasado en las que su partido perdió las mayorías del Congreso, según una entrevista con la cadena CBS publicada este domingo.El corresponsal del programa '60 Minutes' Ross Douthat preguntó a Trump, en la primera entrevista televisiva del mandatario tras las elecciones, si consideraba que su política de deportaciones fue demasiado lejos. "Pienso que fue demasiado dura. Pienso que quizá fue demasiado dura, sí", expresó el mandatario, según un fragmento de la entrevista que se transmite en su totalidad horas más tarde.Sus declaraciones se producen tras los comicios del martes, en los que los demócratas ganaron las mayorías de la Cámara de Representantes y el Senado en unas campañas en las que el rechazo a las redadas del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) motivó a votantes, en particular a electores latinos.A pesar de estos resultados y estas declaraciones, Trump nombró el viernes como nuevo jefe de su gabinete a Stephen Miller, un asesor considerado el artífice de la política antiinmigrante del Gobierno.Además, el secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, avisó que "las deportaciones continuarán" en una publicación en sus redes sociales un día después de las elecciones.
El hotel La Luna, en Cali, ubicado en el sur de la ciudad, y que quedó gravemente afectado por el terremoto del pasado 10 de agosto, en las últimas horas registró un desprendimiento de escombros asociado a un movimiento en su estructura. La situación obligó a las autoridades a reforzar las medidas de seguridad en el sector para evitar que alguna persona resultara afectada.De acuerdo con el secretario de Gestión del Riesgo de Cali, Ricardo Peñuela, el incidente no dejó personas lesionadas ni víctimas. Sin embargo, debido a las condiciones de la edificación, se amplió el perímetro de seguridad alrededor del inmueble."Se presentaron movimientos estructurales en lo que es el edificio, la estructura denominada Hotel La Luna, para lo cual hubo movimientos en el punto de inflexión de la mitad, donde el edificio colapsó. No tenemos víctimas fatales ni heridos.", dijo Peñuela.El funcionario también explicó que la estructura ya cuenta con la aprobación del Consejo Distrital para adelantar su demolición, un procedimiento que estará a cargo de los propietarios del hotel."Tenemos la protección de la vida restringida, como lo pueden ver en cuanto a las personas que transitan por la vía, pero hemos extendido este perímetro para que las personas que transiten por aquí lo hagan de manera segura. La próxima semana empezaremos con toda la demolición de esta estructura para eliminar o reducir el riesgo de colapso que tenemos en este sitio.", señaló el funcionario.Según indicó Peñuela, actualmente se desarrollan mesas técnicas para avanzar en los aspectos necesarios que permitan ejecutar la intervención y establecer las condiciones bajo las cuales se realizará la demolición.
La Selección Colombia tendrá que modificar su nómina para los compromisos amistosos de noviembre de 2026. El cuerpo técnico, liderado por el entrenador argentino Néstor Lorenzo, confirmó la salida de Jaminton Campaz debido a una lesión y anunció la convocatoria de Óscar Cortés para ocupar su lugar.La decisión se conoció luego de que Rosario Central, equipo al que pertenecía Campaz, notificara al cuerpo técnico sobre la situación física del futbolista. Ante esta novedad, el seleccionador decidió incorporar al atacante que actualmente juega en Huracán, del fútbol argentino.El cambio representa un ajuste en los planes de Lorenzo para la próxima fecha FIFA, en la que el combinado nacional se medirá con Chile en Cali y posteriomente en Santiago. La modificación también obliga al entrenador a reorganizar las alternativas ofensivas disponibles para estos encuentros.¿Por qué Jaminton Campaz salió de la convocatoria de Colombia?La baja del atacante se produjo por una lesión que le impide sumarce a la concentración de la Tricolor. La información sobre su estado físico fue comunicada por Rosario Central, situación que llevó a la Federación Colombiana de Fútbol y al cuerpo técnico a gestionar su reemplazo.Campaz era uno de los nombres incluidos inicialmente en la lista de convocados por Lorenzo. Su ausencia representa una baja para el grupo que se prepara para los amistosos de noviembre, en una etapa en la que el entrenador busca consolidar el funcionamiento colectivo y evaluar distintas alternativas de cara a las eliminartorias que arrancarían en septiembre del próximo año.¿Quién reemplazará a Jaminton Campaz en la Selección Colombia?El elegido para ocupar el lugar de Campaz es Óscar Cortés, delantero que milita en Huracán, de Argentina. Su convocatoria busca mirar las opciones disponibles en el frente de ataque de la Selección Colombia de cara a los compromisos internacionales.La doble jornada de amistosos de noviembre de 2026 tendrá dos compromisos frente a Chile: el primero se disputará en Cali y el segundo en Santiago. Estos encuentros representan una oportunidad para que Néstor Lorenzo pruebe variantes tácticas, evalúe nuevos jugadores y continúe ajustando el funcionamiento del equipo nacional de cara a sus próximos retos oficiales.Con este movimiento, la Selección ajusta su lista de convocados y continúa con la preparación para cerrar el año futbolístico con resultados positivos.
Una serie de documentos reservados de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), conocidos por la Unidad Investigativa de Noticias Caracol, revelarían presuntas irregularidades durante el gobierno de Gustavo Petro, relacionadas con posibles operaciones de espionaje a expresidentes, intentos de interferir en procesos electorales y millonarias contrataciones de equipos que habrían presentado fallas o no pudieron utilizarse.Los hallazgos hacen parte de un informe de empalme de 26 páginas, elaborado en julio de 2026 y dirigido al nuevo director de la entidad. El documento contiene fotografías, reportes internos y señalamientos basados en información suministrada por funcionarios de la propia agencia.Uno de los asuntos más delicados tiene que ver con la presunta intención de instalar micrófonos y dispositivos GPS en los vehículos destinados a los esquemas de protección de expresidentes y exvicepresidentes de la República.Según el informe, el Gobierno expidió el Decreto 0563 del 3 de junio de 2026, mediante el cual incorporó a la DNI entre las entidades encargadas de participar en la asignación de esos vehículos. El documento advierte que esta modificación podría haber buscado facilitar labores de inteligencia sobre las personas protegidas.Al respecto, Juan Carlos Restrepo, exconsejero de seguridad nacional y exinspector de la DNI, cuestionó que la entidad participara en estas funciones, pues, según explicó, estarían por fuera de sus competencias y de su campo de acción.Otros hallazgos sobre presuntas irregularidades en la DNIEl informe también menciona una supuesta estrategia para mantener personal cercano al gobierno Petro dentro de la entidad. De acuerdo con el documento, algunos funcionarios habrían sido declarados insubsistentes sin justificación ni debido proceso, con el propósito de que posteriormente acudieran a instancias judiciales y consiguieran su reintegro.Otro de los señalamientos apunta a la existencia de una casa de inteligencia clandestina ubicada a pocos metros de la Embajada de Estados Unidos en Bogotá. Según la fuente citada en el informe, el inmueble habría funcionado como una sede operativa no registrada oficialmente y fue desocupado después de las elecciones presidenciales. Además, se habría eliminado cualquier registro de su existencia en los archivos de la DNI.A esto se suma una alerta sobre posibles equipos tecnológicos entregados por Rusia a funcionarios de inteligencia colombianos. El documento señala que computadores y celulares habrían sido suministrados durante un viaje de agentes a Moscú para recibir capacitación del servicio secreto ruso, el SVR. La sospecha es que los dispositivos podrían contener programas maliciosos para espiar los sistemas de la entidad y al siguiente gobierno.Un dron de $9.000 millones que habría presentado fallasEntre los hallazgos relacionados con contratación aparece la adquisición de un helicóptero no tripulado por $9.000 millones. Según las especificaciones del contrato, el equipo estaba destinado a recolectar información mediante imágenes y videos para labores de inteligencia y contrainteligencia.El aparato tendría un alcance máximo de 600 kilómetros, autonomía de vuelo de hasta seis horas, transmisión de datos en un rango de 200 kilómetros y capacidad de carga de entre 60 y 120 kilogramos.Sin embargo, el informe señala que el equipo habría sido entregado con fallas en cuatro sistemas críticos: comunicación, combustible, caja de transmisión y motor. Incluso, un vuelo de prueba tuvo que cancelarse por razones de seguridad.La adquisición también estaría bajo un proceso sancionatorio por presuntos incumplimientos de las especificaciones técnicas. A esto se suma que el 15 de marzo de 2026 el helicóptero sufrió un siniestro y, según los documentos conocidos, estaba asegurado únicamente por $900 millones, equivalentes al 10 % de su valor.Compras de equipos y vehículos bajo revisiónOtro informe de 11 páginas, enviado por la DNI a la Presidencia en septiembre de 2026, detalla diferentes aspectos de la contratación de la entidad.Entre ellos aparece la compra de cuatro camionetas Tahoe modelo 2024, dos de las cuales habrían sido acondicionadas con equipos antidrones para la Casa de Nariño. La adquisición de tres de estos sistemas representó un gasto de $8.340 millones.El documento también señala que se está verificando la información entregada por un funcionario sobre la posible capacidad de estos vehículos para interceptar comunicaciones.Adicionalmente, la entidad se habría quedado sin una plataforma para registrar sus misiones de inteligencia y contrainteligencia desde 2024, debido a que no se renovó el contrato con el proveedor. Esta situación, según el informe, estaría afectando el desarrollo y la supervisión de las operaciones.Las observaciones sobre contratación también incluyen un sistema de identificación biométrica, dactilar, facial y de iris adquirido en 2022 por $580 millones, que no pudo implementarse por incompatibilidad con los equipos de la entidad.Asimismo, se reportaron problemas de calidad en 595 computadores comprados en 2024 por $1.314 millones. En otro contrato de enero de 2026, por $1.549 millones, aparecen compras de atriles por $14 millones cada uno y camas por $18 millones, destinadas a las nuevas oficinas de la DNI en Funza, cuya construcción presentaba un retraso del 12 %.Hacker de la DNI señalado de un posible ataque contra la RegistraduríaUno de los capítulos más delicados de la investigación está relacionado con Carlos Oyola, un ingeniero de sistemas que ingresó a la DNI en febrero de 2024 y que, según documentos internos de la entidad, habría tenido participación en actividades informáticas y de contrainteligencia.El informe señala que Oyola habría liderado una red encargada de realizar acciones para alterar los resultados de las votaciones del 21 de junio de 2026. Según el documento, el ingeniero se encontraba en Madrid, España, junto con otros integrantes, desde donde presuntamente ejecutarían ataques contra la Registraduría.Un elemento que llama la atención es que, para ese momento, Oyola tenía una orden de captura emitida por un juez el 7 de mayo de 2026. Además, los documentos indican que habría logrado escapar de un allanamiento de la Fiscalía a un apartamento utilizado como fachada de la DNI, horas antes de la primera vuelta presidencial. En el inmueble quedaron computadores, celulares y otros dispositivos electrónicos.Los antecedentes del funcionario también fueron incluidos en la investigación. Según la información conocida, Oyola enfrentaba un proceso por presuntas irregularidades relacionadas con el acceso a los sistemas informáticos de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD), así como por falsedad en documento público, fraude procesal y concierto para delinquir.La investigación señala que habría falsificado calificaciones para obtener títulos académicos. Además, documentos de la DNI lo relacionaban con la coordinación de activistas digitales, bodegueros y hackers.Otro señalamiento tiene que ver con su participación en el desarrollo del Sistema Integrado de Inteligencia y Contrainteligencia, una plataforma destinada al registro de las operaciones de la entidad. Según el informe, Oyola no habría entregado el sistema y presuntamente habría sido víctima del robo del computador en el que trabajaba. Sobre este hecho, el documento advierte que no existiría una denuncia ante la Fiscalía.Finalmente, Noticias Caracol informó que Carlos Oyola fue capturado el viernes 6 de noviembre por el caso relacionado con el hackeo a la UNAD. Para ese momento, todavía figuraba como funcionario activo de la DNI.La investigación también señala que el medio consultó a varios expresidentes sobre las presuntas operaciones relacionadas con sus esquemas de seguridad, pero ninguno quiso pronunciarse públicamente. Asimismo, buscó respuestas de los dos últimos directores de la DNI durante el gobierno Petro y de la fiscal general Luz Adriana Camargo, sin obtener respuesta.