Blu Radio conoció el documento mediante el cual el Consejo de Estado respondió al Ministerio de Educación y rechazó la solicitud de aclaración presentada luego del fallo que anuló la elección de Leopoldo Múnera como rector de la Universidad Nacional. Con esta decisión, el alto tribunal fijó el alcance de la sentencia y descartó interpretaciones adicionales sobre la designación de la rectoría.La solicitud de aclaración fue elevada por el Ministerio de Educación tras la controversia generada por la decisión judicial, que dejó sin efectos la elección de Múnera y abrió un debate jurídico sobre la situación de José Ismael Peña, quien había ocupado previamente el cargo. En particular, el Ministerio pidió que se precisara si del fallo podían derivarse órdenes implícitas, como la posibilidad de volver a nombrar a Peña como rector, o si únicamente debían cumplirse las instrucciones expresamente señaladas en la parte resolutiva de la sentencia.En el documento, de seis páginas, la Sección Quinta del Consejo de Estado negó la aclaración solicitada. El tribunal consideró que el Ministerio de Educación no estaba legitimado para actuar de manera autónoma dentro del proceso judicial y que su intervención dependía de la posición asumida por la parte demandada.El Consejo de Estado también señaló que no le corresponde definir quién debe ser designado como rector de la Universidad Nacional. Así las cosas, cualquier decisión sobre la rectoría deberá ser evaluada y adoptada por el Consejo Superior Universitario, conforme a sus competencias.Blu Radio consultó al viceministro de Educación, Ricardo Moreno, quien fue el que presentó la solicitud de aclaración ante el Consejo de Estado. El viceministro indicó que no se volverá a nombrar a José Ismael Peña como rector de la Universidad Nacional. Mientras se define si se abre nuevamente un proceso de votación para elegir rector en propiedad, Andrés Felipe Mora continuará ejerciendo como rector encargado de la institución.
Un grupo de exrectores de la Universidad Nacional enviaron una carta a la Procuraduría General de la Nación para que se ponga fin a la prolongada crisis institucional que atraviesa la institución tras las recientes decisiones del Consejo de Estado sobre la designación de su rector.En una comunicación dirigida al procurador general, Gregorio Eljach, los exdirectivos hicieron énfasis en que el Consejo de Estado declaró legal la designación del profesor José Ismael Peña como rector de la Universidad Nacional.Sin embargo, el pasado 20 de noviembre, el mismo alto tribunal anuló la designación de Leopoldo Múnera, lo que, por supuesto, generó un limbo en la rectoría de una de las universidades más importantes del país.De acuerdo con los exrectores, el precedente judicial es claro en señalar que la nulidad de un acto administrativo implica que este se entiende como si “nunca hubiera existido”. En consecuencia, sostienen que la designación de Leopoldo Múnera carece de efectos jurídicos y que, por tanto, Ismael Peña debe ejercer de inmediato como rector legítimo, sin que exista vacancia del cargo ni necesidad de una nueva posesión.“Consideramos que es urgente defender a toda costa la autonomía universitaria y no entregarla al gobierno de turno, anteponiendo el interés personal al de la Universidad Nacional de Colombia”, señalaron.Por ello, los exrectores pidieron a la Procuraduría que, en ejercicio de sus funciones preventivas y de advertencia, exhorte al Consejo Superior Universitario a adoptar las medidas necesarias para la reincorporación inmediata de Ismael Peña, con el fin de superar lo que califican como un “estado de precariedad institucional”.
La decisión del Consejo de Estado de anular la resolución con la cual fue designado Leopoldo Múnera como rector de la Universidad Nacional sigue teniendo desarrollos, uno de esos, tiene que ver con el anuncio que hizo este viernes la Procuraduría General de la Nación sobre una indagación contra la exministra de Educación Aurora Vergara y cinco miembros del Consejo Superior Universitario(CSU) por las presuntas irregularidades en la elección del rector de esa institución.El proceso disciplinario se centra en la sesión del 21 de marzo de 2024, cuando el CSU eligió inicialmente a Ismael José Peña Reyes como rector para el periodo 2024–2027.No obstante, la decisión fue revertida posteriormente mediante un procedimiento que, según el Ministerio Público, habría modificado de manera irregular las normas vigentes, lo que permitió la designación de Leopoldo Múnera.Lo que señala la Procuraduría es que e Vergara, en su calidad de presidenta del CSU, se habría negado a firmar el acta de elección de Ismael Peña, pese a que, según el organismo de control, la designación se ajustaba al reglamento universitario.Asimismo, el ente disciplinario cuestiona que los demás integrantes del Consejo Superior Universitario suscribieran las resoluciones 067 y 068 del 6 de junio de 2024, actos que dieron sustento normativo a la elección de Múnera, decisión que ya había generado controversias internas y acciones judiciales.
Tras un fallo del Consejo de Estado que anuló la elección de Leopoldo Múnera como rector de la Universidad Nacional, Diego Torres, representante de los profesores ante el Consejo Superior Universitario (CSU), se refirió a lo que calificó como un triunfo de la institucionalidad y el fin de una "horrible noche" para la alma máter.Durante una entrevista en Mañanas Blu, con Camila Zuluaga, Torres fue enfático al señalar que, según la sentencia, Leopoldo Múnera "nunca fue rector" de la Universidad Nacional."La sentencia del Consejo de Estado es clara: Leopoldo Múnera nunca fue rector. Él no tiene que renunciar a nada porque nunca fue rector. Se ungió de facto y se abusó de la presunción de legalidad", declaró Torres, respaldando su postura con un reciente comunicado de la Procuraduría General de la Nación.Al ser cuestionado sobre las causas profundas del conflicto, Torres descartó que hubiera una duda legítima sobre la metodología de elección, la cual fue avalada por el mismo Consejo de Estado para este caso."La designación [de Peña] fue de ley, cumplió con las normas. Aquí lo que hubo fue una instrumentalización del Gobierno nacional para que las universidades públicas pudieran servir a los propósitos políticos del Gobierno y de grupos políticos", afirmó el representante docente, tildando el episodio como el "inicio de una oscura noche" para la universidad.Consecuencias y reparaciónTorres confirmó que su grupo de apoyo ya prepara demandas contra los miembros del CSU que avalaron la elección de Múnera y destacó el acompañamiento de la Procuraduría para evitar nuevas irregularidades.Además, se refirió al clima de tensión al interior de la universidad, señalando que él y otros profesores fueron objeto de investigaciones disciplinarias y señalamientos por denunciar hechos irregulares. "El daño a la comunidad académica es increíble. Se deben dar disculpas", solicitó.Finalmente, hizo un llamado a la nueva administración para que trabaje en restaurar el tejido social de la universidad sin iniciar acciones de persecución, y pidió cautela en las decisiones administrativas de los próximos días.
El rector saliente de la Universidad Nacional de Colombia, Leopoldo Múnera anunció que presentará su renuncia formal ante el Consejo Superior Universitario (CSU) durante la próxima semana, con el fin de facilitar el proceso de transición tras la decisión del Consejo de Estado que anuló el acta mediante la cual fue designado. El pronunciamiento se dio en entrevista con Blu Radio, donde explicó las razones de su decisión y su lectura de la crisis institucional que atraviesa la institución.Múnera, quien asumió la rectoría en 2023 en medio de un ambiente de división interna, confirmó que su salida se hará efectiva una vez el CSU evalúe su carta de renuncia. “La próxima semana, una vez se haya resuelto mi renuncia ante el Consejo Superior Universitario”, afirmó. Agregó que esta decisión busca destrabar el procedimiento posterior a la sentencia. El Consejo de Estado declaró nulo su nombramiento al considerar que el CSU no tenía competencia para corregir meses después el procedimiento adelantado en la primera sesión, en la que había sido elegido el profesor José Ismael Peña. Pese a la anulación, Múnera aclaró que el fallo no ordena restituir a Peña como rector. “El Consejo de Estado dijo en la primera sentencia que no hay restablecimiento del derecho y que el profesor Peña no debía ser reintegrado al cargo. Eso lo establece en la primera sentencia”, recordó.Durante la entrevista, explicó por qué optó por renunciar incluso antes de que la sentencia quedara en firme. “El tiempo de ejecutoria de la sentencia es demasiado largo. Yo quiero facilitar la transición”, señaló. Según indicó, dicho periodo puede tomar alrededor de cinco días.Sobre las circunstancias de su designación en la sesión en la que fue elegido, Múnera sostuvo que no tomó una decisión individual, sino que se trató de decisiones del órgano competente. “Yo no decido tomar la rectoría. El que arregla las irregularidades es el Consejo Superior. Tienen una resolución, la 60, y después con la 68 me nombran a mí como rector”, precisó. En su criterio, la primera elección, en la que resultó electo Peña, presentaba irregularidades. “Fue una decisión democrática… tuvo una parte de consulta democrática. Ahora, no es una decisión democrática porque la forma de organización del gobierno de la Universidad Nacional no es propiamente democrática”, afirmó al referirse al modelo de gobierno interno.Sobre su permanencia durante un año y medio pese a la controversia institucional, explicó que lo hizo por legitimidad frente a la comunidad académica. “Porque fui nombrado y tenía el apoyo de la mayoría de la comunidad. No hay que olvidar que yo gané la consulta y que había sido acogido mi programa de gobierno”, dijo. También recordó que sobre ambos nombramientos —el suyo y el de Peña— existían demandas en curso.Al ser consultado por las posibles reacciones del estudiantado tras conocerse la decisión del alto tribunal, Múnera insistió en que se trata de una determinación autónoma. “La decisión de los estudiantes es autónoma y no depende de mí. Yo propongo que hagamos una discusión tranquila, una discusión académica”, expresó. Sugirió que la comunidad universitaria debe debatir tanto el fallo como los problemas estructurales de participación. “Ha pasado porque hay una debilidad en el gobierno universitario y una debilidad en las formas de participación”, añadió.Respecto a si entregará la rectoría a Ismael Peña, fue enfático en que seguirá la directriz del CSU. “Yo le voy a entregar la rectoría a quien designe el Consejo Superior Universitario, que es la máxima autoridad de la Universidad Nacional”, afirmó. Recalcó que será dicho órgano el que determine si debe volver a postularse un candidato. “Eso lo decide el Consejo Superior”, sostuvo.Finalmente, Múnera señaló que la constituyente universitaria, impulsada durante su administración con el fin de modificar la forma de elección de rector y otros aspectos de gobernanza, continuará en marcha. “Van a seguir trabajando y está previsto que sea para marzo”, indicó.
La senadora Paloma Valencia le pidió a la Procuraduría una acción preventiva urgente para que el Consejo Superior Universitario de la Universidad Nacional cumpla las decisiones del Consejo de Estado frente a la rectoría de dicha universidad. Es importante recordar que en las últimas horas se declaró la nulidad de la elección de Leopoldo Múnera como rector de la institución."El Alto Tribunal consideró que el Consejo Superior Universitario infringió normas superiores y carecía de competencia para corregir la actuación contenida en la Resolución 067 de 2024. Además, señaló que el proceso de elección había culminado el 21 de marzo de 2024 con la designación de José Ismael Peña, razón por la cual no se podía aplicar la norma que permite la corrección de actuaciones administrativas"; explicó la senadora.La senadora asegura que la elección de José Ismael Peña como rector fue legal y que el Consejo Superior Universitario de la Universidad Nacional debe garantizar el pleno cumplimiento de las sentencias del Consejo de Estado."Solicito respetuosamente que la Procuraduría adelante una acción preventiva urgente para garantizar el pleno cumplimiento de las sentencias del Consejo de Estado por parte del Consejo Superior Universitario de la Universidad Nacional de Colombia, de tal manera que no se adopten acciones dilatorias, como por ejemplo nombrar un Rector interno, y se garantice una transición pacífica de mando por parte de Leopoldo Múnera a José Ismael Peña", agregó Valencia.
El saliente rector de la Universidad Nacional, Leopoldo Múnera, aseguró que acatará la decisión de única instancia del Consejo de Estado que anuló su designación como directivo de la institución; sin embargo, cuestionó que esta misma deja un panorama de incertidumbre.“Voy a respetar la sentencia proferida por el Consejo de Estado, pero considero que fue muy laxo con el Consejo Superior que designó a Ismael Peña y muy estricto con el Consejo Superior”, dijo.Y es que si bien la decisión del alto tribunal tumba el nombramiento de Múnera, no restablece de manera inmediata los derechos de José Ismael Peña. En su fallo concluyó que el Consejo Superior Universitario actuó sin competencia al intentar corregir, meses después, el proceso de elección del rector pese a que ya había concluido eligiendo a Peña.“El máximo órgano colegiado de la Universidad Nacional de Colombia, so pretexto de corregir una irregularidad, actuó sin competencia y desconoció la presunción de legalidad de la que se revisten los actos administrativos, incluidos los de elección o nombramiento, la cual puede desvirtuarse exclusivamente a través de una decisión adoptada por la jurisdicción de lo contencioso administrativo”, dice el documento.En esa línea, para Múnera hay una responsabilidad grande en manos del Consejo Superior de Universitario para evitar problemas en la dirección de la institución.“El equipo directivo llama a la comunidad universitaria a asumir este futuro inmediato con tranquilidad y con calma, que podamos debatir sobre la sentencia y sobre lo que nos espera en la universidad, pero además que podamos culminar el semestre realizando las funciones misionales que tiene nuestra institución y también con una coherencia académica y administrativa”, agregó Múnera, insistiendo en la necesidad de continuar el proyecto de constituyente universitaria.La decisión queda entonces en manos del Consejo Superior de Universitario, liderado por el ministro de Educación y donde también están presentes dos delegados de Presidencia, uno del Consejo Nacional de Educación Superior, representante de estudiantes, del consejo académico y de exrectores.Este proceso legal, e incluso de disputa política, comenzó en marzo de 2024. Inicialmente Leopoldo Múnera había ganado las elecciones de la comunidad académica, que es una de las etapas de la elección del rector de la Universidad y, ante esto, el presidente Gustavo Petro ordenó a la entonces ministra de Educación, Aurora Vergara, y todos los representantes del Gobierno a que respaldaran esos resultados.Sin embargo, ya en la votación del Consejo Superior Universitario se cambió el método de elección y fue seleccionado José Ismael Peña, quien terminó posicionándose en una notaría tras cese de actividades de estudiantes y administrativos inconformes con el resultado.En respuesta, el Gobierno citó a una nueva reunión del CSU alegando que el Ministerio de Educación no firmó la resolución de la elección de Peña y por eso debía cambiarse el rector, hasta que en junio, este órgano eligió a Leopoldo Múnera.
La minga indígena que llegó a Bogotá el pasado fin de semana, en el marco de las manifestaciones convocadas para este jueves 1 de mayo, aseguró que se quedará en la Universidad Nacional. La comunidad manifestó que seguirá en “resistencia” en las instalaciones de esa sede educativa, pese a que el rector Leopoldo Múnera había afirmado que tenían plazo hasta este viernes, 2 de mayo, para desalojar el lugar.“Informamos a la comunidad universitaria de la Unal y a la opinión pública que continuamos en minga de resistencia para el cumplimiento efectivo de nuestros derechos por parte del Gobierno nacional de Colombia, y el apoyo de nuestras comisiones políticas para los diálogos de alto nivel, su activa atención, diálogos y cumplimiento por parte del Gobierno nacional”, manifiesta la minga en un comunicado.Hasta el momento, se tiene conocimiento de que aún permanecen 4.000 miembros de esa comunidad, de los más de 24.000 que llegaron inicialmente a la Universidad Nacional. Estas personas, durante toda la semana, ocuparon 12 edificios de la institución, utilizados como espacios de resguardo para las comunidades. Ayer jueves, 1 de mayo, salieron alrededor de 20.000 personas.Desde la minga manifestaron que seguirán en el lugar debido al incumplimiento de algunos acuerdos alcanzados con el Gobierno nacional. Según afirma la comunidad en el documento, estas peticiones estarían relacionadas con fondos y documentos correspondientes a los territorios indígenas.Por ahora, varios de ellos bloquean el paso de entrada y salida de funcionarios de la Agencia Nacional de Tierras, ubicada en el occidente de Bogotá. De momento, la comunidad permite únicamente el tránsito de mujeres embarazadas y adultos mayores.
La accidentada elección de Leopoldo Munera como rector de la Universidad Nacional tiene ahora un nuevo capítulo, ya que el Consejo de Estado decidió estudiar otra demanda en contra de su nombramiento como rector de esa institución. Sin embargo, el alto tribunal asegura que, mientras se resuelve de fondo la controversial elección, Múnera seguirá en su cargo.En este caso los demandantes alegan que, al hacer parte de la sesión del 21 de marzo del 2024, en la que se designó a José Ismael Peña, esta fue completamente legal, según lo expuesto por el Consejo Superior Universitario.“Así las cosas, en este preciso caso, de la revisión formal de los actos que se pide anular, se advierte que la designación de Leopoldo Alberto Múnera Ruíz, como rector de la UNAL, está contenida en el Acta de la sesión extraordinaria nro. 10 de 6 de junio de 2024 y en la Resolución nro. 068 de 202416 por tanto, son los únicos pasibles de ser anulados vía medio de control de nulidad electoral”, se lee en la decisión del Consejo de Estado.Cabe resaltar que la elección del rector de la Universidad Nacional ha estado envuelta en varias polémicas, incluso antes de que Munera fuera elegido. Por ahora, el alto tribunal decidió admitir la demanda para estudiarla de fondo y tomar una decisión en torno a la elección.
No cesa la polémica por la elección de Leopoldo Múnera como rector de la Universidad Nacional, ahora la Procuraduría General de la Nación intervino pidiéndole al Consejo de Estado que suspenda el acto por el cual se eligió a Múnera como rector de esta institución.Fue el pasado 21 de marzo cuando el Consejo Superior Universitario de la Universidad Nacional, eligió a José Ismael Peña como rector. Sin embargo, esta elección fue rápidamente cuestionada, y se demandó el acto de elección de Peña y posteriormente fue anulado indebidamente por el Consejo Superior Universitario, a pesar de haber sido publicado oficialmente y firmado por la Secretaria General de la Universidad.Luego de esto, el 6 de junio de 2024, el Consejo Superior Universitario, emitió una resolución que declaraba nulas las irregularidades encontradas en la elección de marzo y decidió realizar una nueva votación, llena de varias polémicas en esta segunda elección, Leopoldo Múnera resultó electo de la Universidad Nacional.“Le corresponde a la Sección Quinta del Consejo de Estado determinar si es procedente la suspensión provisional del acto de elección de Leopoldo Alberto Múnera Ruiz como Rector de la Universidad Nacional de Colombia, período 2024-2027, por haber sido elegido, presuntamente, con vulneración del debido proceso. Y sin competencia por parte del Consejo Superior Universitario”, expresa el documento de la Procuraduría.Los demandantes argumentan que el Consejo Superior Universitario, no tenía la competencia para anular la elección previa y proceder con una nueva votación, señalando una violación del debido proceso administrativo.Será entonces el Consejo de Estado, quien deberá determinar la validez de las elecciones y resolver la controversia que afecta a una de las instituciones educativas más importantes del país.
Puerto Antioquia ubicado en el Urabá antioqueño, recibió al CMA CGM DIGNITY, un buque tipo Neo-Panamax de 366 metros de largo y una capacidad de 14.800 TEU, convirtiéndose en la embarcación más grande que ha operado hasta ahora en esta terminal marítima de la región de Urabá.Durante la estadía de la embarcación, se llevaron a cabo 211 movimientos de contenedores utilizando dos grúas STS, con las que se alcanzó una productividad promedio de 26 movimientos por hora por grúa. La maniobra logística comprendió tanto la descarga de mercancía proveniente de Asia como el embarque de productos destinados a la exportación colombiana."Esta motonave proviene de Asia y es muy importante para nosotros, porque conectamos a Asia directamente con la costa norte de Colombia. Tenemos programado realizar el descargue de 450 contenedores secos, y su principal commodity es tecnología", confirmó Gilberto peña, el vicepresidente de operaciones de Puerto Antioquia.Desde el punto de vista técnico, el CMA CGM DIGNITY pertenece a la categoría Neo-Panamax, diseñada para surcar las esclusas ampliadas del Canal de Panamá. El buque cuenta con 1.000 conexiones para contenedores refrigerados, capacidad para carga seca y tecnología de propulsión mediante Gas Natural Licuado (LNG), un sistema que apunta hacia una operación marítima más eficiente y sostenible.
Las autoridades y organizaciones sociales encendieron las alarmas ante una nueva incursión armada de presuntos integrantes del Clan del Golfo en la vereda Lejanías, zona rural del municipio de Remedios, en el Nordeste antioqueño, donde se reportó la instalación de un retén ilegal.De acuerdo con la Fundación Sumapaz, hombres armados intimidaron a los habitantes de la zona y revisaron las pertenencias de quienes transitaban por los caminos de este sector.La organización defensora de derechos humanos señaló que estos hechos configuran la consumación de escenarios de riesgo previamente advertidos mediante alertas tempranas, las cuales según denuncian no habrían recibido una atención oportuna por parte de las instituciones estatales."Es muy probable que se presenten, con el pasar del tiempo, situaciones mucho más graves, y, por lo tanto, hacemos responsable a las autoridades porque, evidentemente, toda esta situación ya ha sido alertada", detalló Oscar Yesid Zapata de la Fundación Sumapaz.En esta región del departamento sirve como corredor estratégico de movilidad hacia el sur de Bolívar y constituye un territorio en constante disputa por el control de las economías ilícitas y la extracción minera.Ante este panorama, los líderes sociales hicieron un llamado urgente a las autoridades para garantizar la seguridad de los pobladores y advirtieron sobre la necesidad de adoptar medidas efectivas que eviten el escalamiento de la violencia en la subregión.
El alcalde de Unión Panamericana, Chocó, Geyson Copete, entregó un balance de la emergencia provocada por el terremoto registrado este lunes y confirmó que el municipio enfrenta una situación crítica por los daños ocasionados.Según el mandatario, hasta el último reporte se contabilizaban tres personas fallecidas y una herida. Las víctimas mortales fueron reportadas en el corregimiento de La Y, mientras que el lesionado se encontraba en Salero.“Las Lastimosamente tuvimos pérdidas humanas en el corregimiento de La Y. Allí perdimos tres personas, dos mujeres y un hombre”, explicó Copete al referirse al impacto del movimiento telúrico.El alcalde detalló que los tres fallecimientos ocurrieron en dos lugares diferentes. Una de las víctimas estaba en un negocio dedicado al expendio de pollo, mientras que las otras dos se encontraban en una vivienda familiar.En el corregimiento de Salero, una persona resultó herida y tuvo que ser trasladada hasta Quibdó, capital del Chocó, para recibir atención médica en un centro asistencial.Además de las víctimas, Copete reportó numerosas viviendas destruidas y señaló que los organismos de emergencia continúan recorriendo las zonas afectadas para establecer la totalidad de los daños.“La capacidad nuestra en el tema de socorro es muy pequeña, pero hemos logrado ya verificar muchas viviendas”, afirmó el mandatario, quien explicó que también se adelantan labores de remoción de escombros.El alcalde advirtió que todavía no se puede descartar que haya más personas afectadas, debido a que continúan las labores de búsqueda y verificación en estructuras que resultaron destruidas o seriamente comprometidas.Finalmente, Geyson Copete calificó el terremoto como un hecho sin precedentes para Unión Panamericana y manifestó su preocupación por la situación que atraviesa el municipio tras el fuerte movimiento telúrico registrado este lunes.
La Fiscalía General de la Nación imputó al exviceministro del Interior Diego Cancino por el delito de acto sexual violento agravado, dentro de la investigación por la denuncia presentada por la contratista Viviana Vargas, por hechos que, según el ente acusador, ocurrieron el 9 de octubre de 2024.De acuerdo con lo expuesto por la Fiscalía durante la audiencia, cuando Cancino ya no ocupaba el cargo de viceministro, Vargas le presentó su hoja de vida. Según el ente acusador, él la invitó a un almuerzo en su vivienda para hablar sobre oportunidades laborales y fue durante ese encuentro cuando se habrían presentado los hechos denunciados. “Usted, señor Diego Andrés Cancino, realizó en contra de la señora Yuli Viviana Vargas actos de contenido sexual distintos al acceso carnal, consistentes en abrazarla por la espalda, con connotación sexual; tocarle sus senos por debajo de la blusa; intentar besarla en varias oportunidades y sujetarla de los brazos y las manos usando la fuerza”, afirmó el fiscal durante la audiencia.El ente acusador sostuvo que Cancino habría realizado estos actos de carácter sexual pese a que Vargas habría manifestado su incomodidad y su intención de retirarse del lugar. La Fiscalía también argumentó que el exviceministro se habría valido de su posición de autoridad y del vínculo laboral que había tenido con la denunciante en el Ministerio del Interior.Según la Fiscalía, Vargas se desempeñaba como asesora de Derechos Humanos y de la Dirección de Seguridad y Convivencia Ciudadana del Ministerio. En ese contexto, de acuerdo con el ente acusador, se habría generado un vínculo de confianza entre la denunciante y Cancino.Por estos hechos, la Fiscalía imputó el delito con la circunstancia de agravación correspondiente. La conducta tiene una pena base de entre 8 y 16 años de prisión y, con el agravante planteado por el ente acusador, la pena podría estar entre 10 y 24 años, en caso de una eventual condena.Durante la audiencia de imputación, Diego Cancino no aceptó los cargos. El proceso penal continuará y será la justicia la encargada de determinar, con base en las pruebas, si existe responsabilidad penal por los hechos investigados.
El terremoto de magnitud 7,4 que sacudió varias regiones de Colombia este lunes 10 de agosto generó una duda entre algunos usuarios de iPhone: ¿por qué sus celulares no emitieron una alerta sísmica, mientras algunos dispositivos Android sí lo hicieron?La diferencia no necesariamente está en el funcionamiento del teléfono. La recepción de estos avisos depende de los sistemas de alerta disponibles en cada país, de la infraestructura existente y de las funciones habilitadas para cada territorio.¿Por qué algunos iPhone no recibieron la alerta sísmica?Los iPhone cuentan con diferentes mecanismos para recibir avisos relacionados con situaciones de emergencia. Entre ellos están las alertas gubernamentales, de emergencia y de seguridad pública.Sin embargo, Apple no habilita todas estas funciones de la misma manera en todos los países. Por eso, tener activadas las alertas gubernamentales no significa que el celular vaya a mostrar automáticamente una advertencia cuando ocurre un terremoto.Estas notificaciones dependen de que exista un sistema compatible con la infraestructura de emergencias del país y de que las autoridades puedan emitir este tipo de avisos.En el iPhone, algunas opciones pueden revisarse desde:Configuración.Notificaciones.Alertas gubernamentales.Las alternativas disponibles pueden variar según la región y el operador.¿El iPhone puede detectar terremotos?Apple también cuenta con funciones relacionadas con la detección de terremotos. Los dispositivos pueden participar en sistemas que recopilan información de manera anónima a partir de otros equipos cercanos.Esto, sin embargo, no significa que todos los iPhone tengan un sistema de alerta sísmica activo con las mismas características ni que puedan advertir sobre un terremoto en cualquier país.La diferencia es importante: detectar o recopilar información sobre movimientos sísmicos no equivale necesariamente a enviar una alerta preventiva al usuario.Por esta razón, que un iPhone no haya mostrado una notificación durante el terremoto de este lunes no significa necesariamente que el dispositivo tenga una falla.¿Cómo funcionan las alertas sísmicas en los celulares?Las alertas sísmicas utilizan sistemas capaces de identificar rápidamente un movimiento telúrico y estimar qué zonas podrían verse afectadas. Cuando la infraestructura lo permite, estos avisos pueden llegar antes de que las ondas sísmicas más fuertes sean percibidas.No obstante, su funcionamiento depende de la tecnología disponible, las redes de sensores y los mecanismos de emergencia implementados en cada territorio. Por eso, la experiencia puede ser diferente entre usuarios de distintos sistemas operativos.En el caso de Colombia, la ausencia de una alerta en determinados iPhone está relacionada con la disponibilidad de estas funciones y no necesariamente con un problema del teléfono.