El ministro de Justicia, Néstor Osuna, confirmó que, después de casi dos meses de que el presidente Petro anunció la creación de una comisión de alto nivel para elaborar la reforma a la justicia, ya hay lineamientos y reuniones con varios sectores del poder judicial y con sindicatos de jueces para tener listo el proyecto de ley en marzo.Sobre la comisión compuesta por personas que se hayan distinguido en la administración de justicia, para redactar la reforma, el ministro Osuna explicó que “se está conformando, pero aún no se ha hecho oficialmente”.Es importante recordar que, a principios de septiembre, el propio presidente Petro propuso una reforma a la justicia que se centre “en la verdad y no en la pena”, para tener un sistema eficiente, evitar un colapso judicial, contrarrestar la impunidad y que contribuir a la paz total, una de sus iniciativas más importantes de Gobierno.Sin embargo, en el pasado periodo legislativo, al Gobierno se le cayó la Ley de sometimiento a grupos criminales con la que se esperaba hacer realidad la política de paz total y la reforma carcelaria, con la que se planteaba un modelo de justicia restaurativa para combatir el problema de hacinamiento en los centros de reclusión.Por su parte, el ministro de Justicia, Néstor Osuna, había manifestado que la reforma a la justicia debía ser concertada y se debía trabajar con diferentes sectores, como las altas cortes, para que sea un proyecto diverso y no que solo sea elaborado por esa cartera.Le puede interesar:
El ministro de Justicia, Néstor Osuna, se reunió con los representantes liberales de la Comisión Primera de la Cámara de Representantes y les explicó que su cartera presentaría tres proyectos en esta legislatura que son fundamentales para el Gobierno del presidente Gustavo Petro.Al encuentro que lideró el ministro Néstor Osuna llegaron seis congresistas, entre ellos el representante Carlos Ardila, Álvaro Rueda, Oscar Sánchez, entre otros. Durante la reunión, que se extendió por más de una hora, el jefe de la cartera fue claro en señalar que serán tres los proyectos, como lo son el de la alimentación de los sindicados, que sería únicamente responsabilidad en las entidades territoriales(alcaldías y gobernaciones), y que permanecen en estaciones de Policía, Uris, entre otros.Así mismo, se insistirá nuevamente en el proyecto de humanización de cárceles con los cambios propuestos por el fiscal. Por otro lado, el ministro fue claro en indicar que la ley de sometimiento quedó en manos del Alto Comisionado para la Paz y el Ministerio del Interior para que definan si se presenta o no en esta legislatura.Es de resaltarse que por el momento el Gobierno ha anunciado presentar otras reformas, como lo son la de educación, laboral. Para luego continuar con la pensional, entre otras.Le puede interesar:
El ministro de Justicia, Néstor Osuna, reveló que existen otras iniciativas que van en la línea del proyecto de ley de sometimiento y que están evaluando, una de ellas sería una prórroga a la ley de justicia y paz.“Lo estamos evaluando. Puede ser que hagamos una aproximación entre todas esas posturas o puede ser que mantengamos el proyecto del año pasado y una vez hayamos tomado esa decisión, por supuesto que iniciaremos el trámite en el Congreso, que previamente hay que pasarlo por supuesto por el Consejo de Política Criminal y por el Ministerio de Hacienda, pero la prensa estará informada con suficiente antelación de eso", indicó ministro Osuna.El ministro aseguró que esta posibilidad será evaluada en las próximas semanas y la decisión se presentará a la nueva legislatura del Congreso; el proyecto que tiene como objetivo el desmantelamiento de bandas criminales de alto impacto. Cabe mencionar que de aprobar la prórroga de la ley de justicia y paz ,el proyecto de ley de sometimiento, en el que viene trabajando la actual cartera de Justicia, quedaría totalmente erradicado.Le puede interesar
En las modificaciones que tuvo el proyecto de ley de sometimiento, se aumentó de ocho a diez años o más, el tiempo en prisión de los integrantes de grupos armados ilegales que quieran pedir la libertad condicionada; pero además, deberán estar después de la firma de acta individual de sometimiento, 18 meses más en la cárcel para conseguir finalmente la libertad.Con esto se podría decir que capos del narcotráfico podrían quedar libres, año y medio después de que se sometan a esa ley de sometimiento. Pero quienes estén señalados de "delitos menores" - concierto para delinquir y porte de armas, entre otros - podrán recobrar la libertad en seis meses después de la firma del acta individual.Una de las palabras que tuvo mayores cambios del proyecto inicial fue "reintegración" y la cual se reemplazo por "reinserción" de los integrantes de dichas organizaciones que hagan parte de la ley de sometimiento.Uno de los puntos que más llama la atención es que durante la etapa de acercamiento con esas estructuras, se suspenderán las órdenes de captura y en caso de ser necesario se definirán "zonas de ubicación temporal" para determinar los términos de sujeción.Lea aquí los cambios en la Ley de sometimientoEn cuanto los beneficios de tratamiento penal, las condenas se mantienen entre 6 a 8 años, según la responsabilidad del señalado, y por la entrega anticipada de bienes el procesado sigue con quedarse con el 6 % del valor de los mismos, sin exceder los 10 mil salarios mínimos; unos 11 mil millones de pesos.Otro punto importante compromete al Inpec con el diseño de un modelo de tratamiento penitenciario especial con programas de restauración y la creación de pabellones especiales para la reclusión de quienes se sometan a esa ley.Hay que destacar que los bienes que el integrante del grupo armado los haya puesto a nombre de otra persona, debe ser directamente el propietario quien deberá entregar un escrito de forma libre u oponerse a una extinción de dominio, dejando todo a plena voluntad.Le puede interesar: Las noticias más importantes esta semana en el FPC
En la Comisión Primera del Senado de la República fue radicada este martes la ponencia del proyecto de ley de sujeción a la justicia que busca desmantelar y someter bandas criminales de alto impacto.El senador Ariel Ávila, ponente de la iniciativa, afirmó que el proyecto en ningún momento entrega beneficios a narcotraficantes y ratificó que plantea cárcel de 6 a 8 años, más 4 años de penas supervisadas."Eso fue más de lo que fue Justicia y Paz", agregó el senador Ávila.Insistió en que quienes permanecen en cárceles y tienen condenas deben pagar 10 años y esperar 18 meses de supervisión más el tiempo de la firma del acta de sometimiento.El congresista aseguró que “no hay tribunales transicionales, ni jueces nuevos, es la justicia ordinaria”.Asimismo, aclaró que las personas que reciben beneficios de sustitución de penas tendrán que entregar información para desmantelar organizaciones de alto impacto: “Eso significa entregar, rutas y socios, sin eso, no hay beneficios”.Ávila confió en que el proyecto de ley tenga discusión en la Comisión Primera del Senado y en la plenaria de esa misma corporación, para que después del 20 de julio siga su discusión en la Cámara de Representantes.Recordó que, sobre las nueve observaciones hechas por el fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, se acogieron ocho y aclaró que “las sentencias complementarias no se acogieron”.Petición al presidente Petro y el ministro del InteriorAnte lo ocurrido en la Comisión Primera del Senado, donde no hubo quórum para adelantar el debate del proyecto de ley que regulariza el cannabis de uso adulto, el senador hizo un llamado de atención para recuperar la coalición de Gobierno y salvar las reformas en el Congreso.El senador de la Alianza Verde reiteró que si el Gobierno nacional no rearma una coalición será “imposible tramitar” la ley de sometimiento de bandas criminales o cualquier otro proyecto bandera del presidente Petro, pues recalcó que solo quedan 15 días para tramitar, más dos semanas de sesiones extras, nada más.“Yo le pido al ministro de Interior y al presidente que hagan algo porque ya van dos meses perdidos en este Gobierno”, subrayó.Le puede interesar:
El partido Cambio Radical radicó este viernes la ponencia negativa del proyecto de ley de sometimiento, que, según el Gobierno, pretende desmantelar y someter a la justicia a las organizaciones ilegales de alto impacto.Para el senador David Luna, la ponencia negativa busca el archivo del proyecto y reafirmó que ”esta iniciativa pretende darle estatus a los narcos, además de suspender penas de narcotráfico y lavado de activos”.Agregó que “es inaceptable que en estos momentos de crisis los delincuentes tengan este tipo de beneficios”."La ponencia negativa argumenta que este proyecto de ley de sometimiento vulnera los convenios internacionales ratificados por Colombia en materia de lucha contra el narcotráfico y reparación integral a las víctimas", expresó.El congresista afirmó, además, que se favorece la impunidad porque la aplicación del principio de oportunidad, en los términos propuestos en el proyecto, constituye un indulto disfrazado.“Se permitiría que cualquier condenado por delitos graves, con pena de incluso 40 o 50 años, recupere la libertad de manera inmediata, así aún no exista una sentencia colectiva”, dijo.El congresista dice que el proyecto “fomenta el saneamiento de dineros ilícitos y establecen privilegios desproporcionados en favor de las estructuras armadas”.El proyecto de ley de sometimiento aún no inicia su discusión en el Congreso de la República y es considerada como la hoja de ruta del presidente Gustavo Petro para avanzar en su política de ‘paz total’ ya que entrega herramientas para dialogar y desmantelar grupos al margen de la ley.Le puede interesar:
Este martes 23 de mayo será presentada la ley de sometimiento ante la Comisión Séptima del Senado de la República. Su ponente, el senador Ariel Ávila entregó detalles en Mañanas Blu, con Néstor Morales, sobre el proyecto.Esta ley aplicaría para 23 organizaciones que ya han sido plenamente identificadas, en las que está el Clan del Golfo, Los Caparros, las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra, los Pelusos, los Puntilleros y los Rastrojos Costeños, que son casi el 65% de la actividad criminal en Colombia y eso demuestra la importancia de hacer procesos de sometimiento.Por su parte, el Clan del Golfo La relación con ese grupo, que dice tener en sus filas a 9.000 hombres y presencia en más de 200 municipios. La relación ha sido difícil y se ha convertido en un reto o dolor de cabeza para el Estado.El senador Ávila señaló que se trata de una iniciativa que no tiene nuevos procedimientos, que no cuenta con nuevos tribunales ni jueces. Sino que la justicia ordinaria se encargará.Por otro lado, aclaró que tampoco hay ningún tipo de reconocimiento político y por el contrario se trata de un sometimiento colectivo, que será traducido en una sustitución de penas.“De seis a ocho años, las penas serán intramurales. Y para la gente que está en cárceles que ayuden a desmantelar organizaciones, deben haber pagado 10 años de cárcel y habrá una supervisión de la Fiscalía”, señaló sobre las penas.En ese sentido, manifestó que se trata de una oferta que tiene el Gobierno, la cual, si no se acogen, seguirán siendo perseguidos.“Aquí yo creo que va a pasar lo mismo con el Clan del Golfo, el otro año terminan en que van a aceptar si hay una buena presión”, dijo sobre el sometimiento del Clan del Golfo.“El error más cercano fueron unos temas de justicia y paz, esta ley lo que intenta es aprender de los errores del pasado. Este proyecto es lo suficientemente benevolente para que se sometan. Yo creo que este año la ley si nace, nace dormida y el otro año seguramente tenemos procesos de sometimientos”, finalizó.Esta ley que tendrá ponencia y que contempla cuatro debates en el Congreso, podría incluso ser debatido en las sesiones extraordinarias, que irían hasta el 5 de julio. Vea la entrevista aquí:
Para este martes está previsto que se radique la ponencia de la ley de sometimiento en la secretaría de la Comisión Primera del Senado de la República y la cual se busca que grupos que se desmovilicen paguen cárcel, entre seis a ocho años, más cuatro más de pena supervisada.Este proyecto de ley que presentó el gobierno del presidente Gustavo Petro es la hoja de ruta de la política de la paz total, con la que se busca someter a estructuras y bandas criminales como el Clan del Golfo, y también las organizaciones criminales que operan en Medellín, con las que el alto comisionado de paz, Danilo Rueda, anunció que inició conversaciones.Esta ley aplicaría para 23 organizaciones que ya han sido plenamente identificadas, en las que está el Clan del Golfo, Los Caparros, las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra, los Pelusos, los Puntilleros y los Rastrojos Costeños, entre otros.“Estas organizaciones criminales son casi el 65% de la actividad criminal en Colombia y eso demuestra la importancia de hacer procesos de sometimiento. No hay nuevos tribunales, no hay nuevos jueces, no hay nuevos procedimientos. Lo único que hay en la justicia ordinaria es el principio de sustitución de la pena. Así que nosotros vamos a esperar que el Congreso lo apoye, apruebe esta ley y tener el marco jurídico completo”, explicó el senador y ponente, Ariel Ávila.Además, esta ley contempla cuatro debates en el Congreso, que inicia en la Comisión Primera del Senado y podía ser debatido en las sesiones extraordinarias, que irían hasta el 5 de julio.“Extras va a haber para diferentes proyectos, entre esos este, el de la ley de sometimiento”, añadió Ávila.En esta ley de sometimiento no entrarían agrupaciones como el ELN y las disidencias de las Farc, como las de 'Iván Mordisco', al considerarse que tienen un estatus político.Le puede interesar:
Parece despejarse el camino del proyecto de ley de sometimiento a la justicia, el cual es considerado como la hoja de ruta del Gobierno para desmantelar y someter a estructuras y bandas criminales como el Clan del Golfo, los Pachenca, Los Espartanos y los Shottas, en desarrollo de la denominada paz total.Ariel Ávila, senador ponente de la iniciativa, precisó que luego de una reunión en la que participaron el alto comisionado para la Paz, Danilo Rueda; el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco; el ministro de Justicia, Néstor Osuna; y los congresistas ponentes, “se acordó radicar la ponencia el próximo martes o miércoles de la próxima semana, para iniciar la discusión en la Comisión Primera del senado, el próximo 20 de mayo”.El anuncio del senador Ávila se produce dos días después de que el ministro del Interior dejara la puerta abierta para aplazar la radicación del proyecto.“Ese proyecto es de tal entidad que yo quisiera que todos estemos completamente seguros de impulsarlo al mismo tiempo, no queremos presionar lo que no salga de manera fluida, quiero que ese proyecto y esa ley quede bien hecha”, expresó el funcionario.Para el senador liberal Alejandro Chacón, si bien es acertado que el Gobierno a través del ministro del Interior busque consensos, “es grave que en el trámite de un proyecto legislativo tenga la firma de un solo ponente”.Aclaró que el senador Ariel Ávila ha hecho un buen trabajo en la ponencia al tratar de mejorar el contenido del proyecto, incluyendo las preocupaciones del fiscal general, Francisco Barbosa, “pero tiene que demostrarlo”.Insistió que si el Gobierno tiene dudas sobre los alcances del proyecto, debe presentarlo en la siguiente legislatura.Para el Gobierno y los ponentes si las discusiones del proyecto se dan dentro de lo establecido, la iniciativa cumpliría su trámite por Senado hasta la Comisión Primera de la Cámara de Representantes. El debate en la plenaria de esta corporación quedaría para la próxima legislatura. Le puede interesar: Los niños están en algún punto de la selva; hay información que están bien: directora del ICBF
El Gobierno nacional, a través del ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, mostró su beneplácito ante la decisión del Partido de la U de declararse en independencia.El jefe de la cartera política expresó que el Gobierno asume esta determinación con tranquilidad y aclaró que se trata de un mensaje de independencia mas no de oposición.“Si ustedes leen detenidamente el comunicado a nosotros nos gusta, porque dicen vamos a debatir ley por ley. (...) Con independencia la gente sabrá tomar decisiones e incluso nos permite hacer un diálogo más franco y directo con los congresistas”, subrayó.Sobre el futuro de las reformas sociales dijo que, “desde que los congresistas tengan la libertad de debatirlas con el Gobierno, no están en riesgo”, pero que el Gobierno debe estar listo “para convencerlos”.Recalcó que las reformas sociales del Gobierno tienen que defenderse por su contenido y eso es lo que está sucediendo.“Esto no es un tema de unos congresistas que están o no obligados a votar porque están en coalición, nosotros debemos explicar por qué es importante la reforma a la salud, por qué la reforma pensional va a pensionar a la gente que no tiene capacidad de pensionarse”, explicó.Proyecto de ley de sometimientoSobre la radicación de la ponencia del proyecto de ley de sometimiento, el ministro del Interior explicó que está por definirse una reunión con los ponentes, el ministro de Justicia y el Alto Comisionado para la Paz.“Ese proyecto es de tal entidad que yo quisiera que todos estuviéramos completamente seguros de impulsarlo al mismo tiempo, me preocupa hacer un mal proyecto de ley, quiero que ese proyecto y esa ley salga bien hecha”, señaló.Le puede interesar:
Estos fueron los temas tratados y debatidos este sábado, 4 de mayo de 2024, Travesía Blu.La plazas más bonitas y llamativas a nivel mundial, estas tres están en el top diez: la plaza del Sócalo, la plaza de San Pedro en el Vaticano, la Plaza del Mercado en Cracovia en Polonia y la Plaza principal de Villa de Leyva.Cristian Carmona, creador de contenido, aseguró que su próximo reto es darle la vuelta al mundo a pie.Helena, Alicia y Julia, tres mujeres bolivianas que escalan altas montañas y quieren cumplir su gran sueño, escalar el Everest.Para más detalles escuche el programa completo Blu 4.0:
La situación de inseguridad en el corregimiento Palmor, jurisdicción del municipio de Ciénaga, en el departamento del Magdalena, mantiene bajo zozobra a la comunidad de esta región, teniendo en cuenta que a diario se presentan enfrentamientos entre las Autodefensas Gaitanistas de Colombia y de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada.Ante esta situación, la Defensoría del Pueblo realizó una inspección y puedo verificar el riesgo latente que existe en este corregimiento y en la zona alta de la Sierra Nevada, así lo expresó el defensor nacional, Carlos Camargo."En el monitoreo hecho por funcionarios de la Defensoría, a través de su Regional Magdalena, a la situación humanitaria en la parte alta de la Sierra Nevada de Santa Marta, en inmediaciones del resguardo Kogui Malayo Arhuaco, fue evidenciado que igualmente corren peligro las familias de tres asentamientos del pueblo Kogui", manifestó.“Desde el pasado primero de mayo las autoridades indígenas han mantenido resguardada a la población en sus asentamientos, a la espera de que los combates lleguen a su fin y existan garantías de seguridad en la zona, con el propósito de que puedan transitar sin ver expuestas sus vidas”, agregó.Así mismo, el funcionario elevó un llamado a las autoridades para prevenir que las vidas de estas familias, y de la comunidad en general, continúen en alto riesgo."Por consiguiente, les hago un llamado apremiante a las autoridades territoriales y al Ejército Nacional: Desplieguen acciones que salvaguarden a campesinos e indígenas de tan vasta zona y actualicen los planes de prevención, protección y contingencia, con la finalidad de que les sea brindada una atención integral a quienes están siendo afectados por el conflicto armado", aseguró.La entidad agregó que esta situación se viene presentando desde el año 2019, cuando a través de una alerta temprana la Defensoría lo alertó, además, realizó dos informes de seguimientos, de los cuales, dicen, no se realizaron acciones inmediatas.
La Personería Distrital de Medellín informó que realizó una visita administrativa a las oficinas de control interno disciplinario de Plaza Mayor, para verificar cómo avanzan las averiguaciones disciplinarias que cursan en dicha dependencia, con el fin, según esta agencia del Ministerio Público, de garantizar que los procesos se tramiten de acuerdo a lo consagrado en el Código Disciplinario, que se respeten las garantías de los sujetos procesales y ejercer el poder preferente en los procesos que así lo ameriten.En la visita administrativa y en conversaciones con el secretario general de Plaza Mayor, este informó que la administración del exalcalde Daniel Quintero no entregó informe de empalme de los procesos disciplinarios en la etapa de juzgamiento, por lo que se estaría violando la Ley 951 de 2005 en su Artículo 5. Este aparte indica que el empalme y acta de entrega es de obligatorio cumplimiento de todos los servidores de la administración pública. Al respecto se refirió Oswaldo Patiño, personero Delegado 20D (e) de Decisión Disciplinaria."La administración anterior no entregó informe de empalme teniendo así una violación a la ley 951 del 2005 este informe será trasladado al proceso de vigilancia administrativa e instrucción disciplinaria con el fin de determinar posibles irregularidades", dijo Patiño.Los servidores públicos del Estado y los particulares enunciados en el Artículo 2, están obligados en los términos de esta ley a entregar al servidor público entrante un informe mediante acta de informe de gestión, los asuntos y recursos a su cargo, debiendo remitirse para hacerlo al reglamento y/o manual de normatividad y procedimiento que rija para la entidad, dependencia o departamento de que se trate.Por tal motivo, la Personería anunció que el informe se trasladará al proceso de Vigilancia Administrativa e Instrucción Disciplinaria con el fin de que se inicie una Indagación Previa para determinar las posibles irregularidades y determinar así los sujetos disciplinables.
Desde Manaure, en La Guajira, el presidente Gustavo Petro volvió a hablar de las recientes polémicas de corrupción que envuelven a altos funcionarios de su Gobierno y que se han dado alrededor de los planes que él mismo ha lanzado para tratar de llevar agua potable a diferentes zonas de ese departamento.La controversia más reciente tiene como génesis la compra de carrotanques, inicialmente 40, para llevar agua potable en La Guajira, pero ese proyecto no se logró por problemas con la operación de los vehículos, sobrecostos y ahora la denuncia de presuntas coimas a congresistas.El presidente aseguró que han sido varios los intentos por tener un plan efectivo, como la reactivación de la empresa Salinas, para potabilizar agua del mar, pero que, según él, los han frenado como pasó con los decretos de emergencia económica.“¿Por qué tanta oposición a resolver el problema del agua en La Guajira? Porque hay poder detrás, porque significan votos y eso significa unas élites en el poder. Democratizar el agua que sí tenemos, porque está, no es que hay que traerla de Marte, implica democratizar el poder”, cuestionó Petro.El mandatario colombiano aseguró que a eso se le suma el interés de otras personas de quedarse con el dinero por encima del bien público.“Caídos los decretos, hay que imponer de todas maneras las decisiones hechas con la comunidad y no echarnos para atrás. Ahora, cuando lo intentamos, nos surgió el segundo problema. Los cachacos que mandamos aquí, al parecer, no son jueces, buscaron fue robarse la plata”, aseveró Petro.Estas palabras se suman al trino que anoche hizo Petro asegurando que su Gobierno no tiene ningún vínculo con Name, ni antes ni después de la elección. Incluso, recuerda los diferentes desencuentros que ha tenido con él por la no aprobación de las reformas sociales.“Ni el Gobierno ayudó a elegir al senador Name como presidente del Congreso, lo hizo la oposición; ni el senador Name ha apoyado nuestros proyectos de ley; ni en la época de las transferencias del dinero de las que habla Sneyder, estaban los carrotanques; pero lo que sí estaba eran las elecciones”, dice Petro, señalando que el posible delito se cometió o planeó antes de su llegada al poder.Sin embargo, no nombra al representante liberal Andrés Calle, que sí estuvo salpicado por las declaraciones de Pinilla.A quien sí vuelve a traer al debate el presidente es Olmedo López, exdirector de la UNGRD y quien salió del cargo por la polémica de los carrotanques.“Soy responsable del nombramiento de Olmedo, en el que creí como dirigente de izquierda antioqueña, lo que veo es una transferencia ilegal de dinero que iba a las víctimas de tragedias hacia campañas electorales adversas a mi Gobierno”, añadió Petro, asegurando que se trataba de un plan en su contra.
Un video que se volvió viral en las redes sociales mostró una situación desconcertante en la rotonda de la calle 92 con autopista Norte en Bogotá. En dicho material, se observa una cámara instalada en un poste, generando interrogantes entre los ciudadanos sobre su propósito y origen.El ciudadano que grabó evidencio que la cámara estaba a medio poner y los cables llevaban a un carro que estaba parqueado frente a unos edificios. Ante esta situación, la Secretaría de Movilidad emitió un comunicado para aclarar la situación:En primer lugar, se especificó que el dispositivo detectado no forma parte del sistema de cámaras de fotodección de Bogotá, utilizado para el control y la gestión del tráfico en la ciudad.Además, se informó que el personal de la Secretaría de Movilidad realizó una inspección en el lugar señalado y verificó que la cámara en cuestión ya no se encuentra instalada en el poste.Por último, se invitó a los ciudadanos a familiarizarse con la ubicación de las cámaras autorizadas a través del sitio web oficial: fotodeteccionbogota.com.Ante la incertidumbre generada por la presencia de esta cámara no autorizada, la Secretaría de Movilidad continúa vigilante y comprometida con la seguridad y el bienestar de los ciudadanos de Bogotá.