Un juez de Chinchiná (Caldas) impuso sanción de tres días de arresto al director general de la Policía Nacional, general Oscar Atehortúa Duque, y al ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, “como directos responsables del cumplimiento del fallo constitucional” en el caso referido al ascenso del mayor Faiber Moreno Salazar. Los dos funcionarios deberán cumplir el arresto en la Escuela de Carabineros o en Institución Pública similar al respecto, en la ciudad Bogotá, indicó el fallo.A Holmes Trujillo, el juez lo sanciona además porque no pidió a Atehortúa cumplir con el fallo y tampoco abrió proceso disciplinario en su contra.En agosto de 2019, el despacho ordenaba tanto a la dirección de la Policía Nacional como al Ministerio de Defensa acatar una tutela que protegía lo derechos de Moreno Salazar a ser promovido dentro de la institución dando prelación al escalafón.Sin embargo, el oficial no fue recomendado pos sus superiores y además fue retirado de manera ilegal del servicio en 2008, por lo que el juez ordenó su reintegro en 2019, según el auto del juez César Augusto Cruz Valencia.“El asunto del señor Moreno Salazar ameritaba especial consideración, dado el tiempo en que estuvo sustraído ilegalmente del servicio (10 años), como fue dispuesto en el ordinal cuarto del fallo”, indica el fallo.Y el juez agrega que “en la petición contenida en el escrito génesis de esta actuación incidental reitera la solicitud para que se ordene a la Policía Nacional lo llame inmediatamente a los cursos reglamentarios para ascenso al grado de Teniente Coronel (Faiber Moreno Salazar)”.Conozca el fallo: La Policía Nacional, a través de un comunicado, se pronunció sobre la decisión del juez de Chinchiná. "Es preciso señalar que dicha decisión judicial aún no se encuentra en firme, teniendo en cuenta que procede la consulta ante el superior del Juez, el cual para tal efecto corresponde al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Manizales", comunicó la institución. Conozca la respuesta de la Policía:
La nueva inspección que ordenó la Procuraduría se realizará en las instalaciones del CENOP de la Policía con el fin de seguir recaudando evidencias dentro del proceso que se adelanta contra el director de la Policía, el general Oscar Atehortúa.La diligencia se llevará a cabo el sábado de 12 de diciembre a las 10:00 de la mañana. La Procuraduría accedió a la petición de la defensa del oficial para que esta sea anterior a los testimonios a favor de Atehortúa que aún quedan por escuchar.En total son catorce testimonios que aún faltan por escuchar en el juicio disciplinario, de los cuales hoy se recibieron dos más en audiencia.La defensa trata de demostrar que la actuación del general Atehortúa estuvo en el marco legal y no hubo ningún tipo de irregularidad frente a la investigación que seguía la Inspección de Policía por las presuntas anomalías en la construcción de casa fiscales en San Luis, Tolima.Una vez se haga la inspección se podrá continuar con los interrogatorios a los testigos llamados por la defensa del general Atehortúa, a quien el Ministerio Público le había pedido el jueves pasado que se defendiera en el juicio o asumiera sus funciones al frente de la Policía, al no excusarse de asistir a una de las audiencias programadas.
BLU Radio conoció en primicia el documento con el que la Fiscalía archiva el proceso que llevaba contra el director de la Policía, general Óscar Atehortúa, que estaba siendo investigado por las presuntas irregularidades en el proyecto de viviendas fiscales (CENOP) en el municipio de San Luis, Tolima. El ente acusador argumenta “atipicidad de la conducta”, es decir, que el general no cometió ningún delito.Dentro de sus argumentos, dice el ente acusador, las fases de trámite, celebración y ejecución, como se menciona en el capítulo de los hechos de esta decisión, habían sido desarrolladas por otros generales que se desempeñaron en el cargo de directores del Fondo Rotario y Bienestar Social de la Policía Nacional y que cuando Atehortúa llegó a esa dirección, hizo lo que le correspondía.La Fiscalía inició la investigación por presuntas irregularidades que se presentaron con la contratación de la construcción del complejo de viviendas fiscales en el CENOP. El día 21 de febrero de 2014, el general Oscar Atehortúa llegó a desempeñar el cargo de director general del Fondo Rotatorio de la Policía y ahí, asumió el conocimiento de situaciones que tenían que ver con presuntos incumplimientos del contrato de obra suscrito en octubre del 2011 por el coronel Saúl Torres Mojica, entonces director general del Fondo Rotatorio de la Policía y el contratista Louis Wagner Cortés, representante legal de la firma Inversora Manare LTDA, por un valor de 10.930 millones de pesos.Por esos incumplimientos, el contratista realizó una propuesta de transacción y el 26 de diciembre del 2014 suscriben un acta, en la que se fijaron unos compromisos que debía cumplir Inversora Manare Ltda. Posteriormente, el 9 de julio del 2015, se hace una verificación de esos compromisos y se suscribe el “Acta de entrega a satisfacción” y ahí mismo, también se suscribe el “Acta de recibo final” en la que por parte de la interventoría se entrega las obras al Fondo Rotario de la Policía Nacional.Días después, específicamente el 29 de julio, se realiza la entrega y recibo físico de las 60 viviendas correspondientes a la construcción de la primera fase de la ciudadela fiscal CENOP y se suscribe un acta por parte del entonces el brigadier general Óscar Atehortúa Duque y el brigadier general William Ernesto Ruiz Garzón. En ese documento, dice la Fiscalía, se dejó constancia de un producto no conforme relacionado con falencias de calidad en algunas de las casas ahí mencionadas. Y entregada la obra se archiva el proceso contra el contratista por el incumplimiento y en diciembre del 2015, se realiza el acta de liquidación bilateral del contrato.En ese momento, según los fiscales, al general Óscar Atehortúa, como director del Fondo Rotatorio, tuvo que adelantar el debido proceso por presunto incumplimiento de sus obligaciones en contra del contratista Socar Ltda., dentro del contrato 259-3-2012 suscrito en diciembre del 2012 y que tenía por objeto la construcción de otras 51 casas fiscales por un valor de 6.697 millones de pesos. Este trámite termina con la correspondiente resolución de liquidación unilateral del contrato.Conclusión de la investigaciónLa pregunta que plantea la Fiscalía es si el general Óscar Atehortúa en su intervención en la fase de liquidación de los contratos 117/2011 y 259/2012, que tratan sobre la construcción de un complejo de viviendas fiscales en el CENOP, incurrió en delitos por no sancionar por supuesto incumplimiento de sus obligaciones al contratista, y en cambio, efectuar una transacción que condujo a la terminación del contrato 117-3-2011 con el recibimiento a satisfacción de la entrega de las obras y a su vez al sancionar al contratista y liquidar el contrato 259-3-2012. La respuesta a la pregunta fue: no.Sobre el primer contrato, de las 60 casas fiscales, dice la Fiscalía, Atehortúa hizo lo debido. Como el contratista no había cumplido 11.33%, escuchó al contratista en descargos y como este expuso que habían superado el alcance del contrato, no les era exigible la construcción de la red de vertimientos de lo contrario la Policía podría exponerse a una demanda por más de 2.000 millones de pesos.Sobre el segundo contrato que era para la construcción de otras 51 casas fiscales, dice al Fiscalía que sólo se había ejecutado el 70 % de la obra por un valor de 4.690 millones de pesos, es decir, no se había ejecutado el 29 % del contrato que representaba unos 2.000 millones de pesos. En este caso, Atehortúa como director del Fondo Rotatorio, e marzo del 2015, declaró el incumplimiento parcial del contrato.Así las cosas, se declaró también el siniestro por incumplimiento parcial de las obligaciones del contrato de obra en mención, ordenándose hacer efectiva la cláusula penal pecuniaria pactada dentro del contrato, esto es, que la aseguradora pagaría lo no ejecutado. Finalmente, en septiembre de 2015, se liquidó ese contrato No 259 de 2012.Después de estas explicaciones, dice la Fiscalía, es claro que, las fases de trámite, celebración y ejecución fueron desarrolladas por otros generales que se desempeñaron en el cargo de directores del Fondo Rotario y Bienestar Social de la Policía Nacional.Además, sobre el primer contrato, dicen los investigadores se dio curso al trámite del debido proceso para el contratista e interventor, teniéndose que, ante la propuesta presentada por Inversora Manare Ltda., luego del análisis de los asesores jurídicos y técnicos del FORPO y externos como el doctor Omeara y la interventoría, se llegó, en ese momento, a la posición que es considerada la más viable para la Entidad y el Estado, e igualmente, garantizando también el equilibrio económico y financiero de la contraparte.Sobre el segundo contrato, concluye la Fiscalía “ante las evidencias de incumplimiento del contratista fue iniciado un debido proceso que terminó en una decisión sancionatoria, para posteriormente proceder a su liquidación unilateral de acuerdo con la ley”.Por esto, dice la Fiscalía, Atehortúa no cometió ningún delito:Sin embargo, el ente acusador anuncia que investigará a los generales que antecedieron a Atehortúa en el cargo porque sí encontraron irregularidades en el trámite, celebración y ejecución de estos.
La audiencia, que estaba programada para esta tarde en la Procuraduría dentro del juicio disciplinario que se adelanta contra el general Óscar Atehortúa, no se pudo realizar porque uno de los testigos que iba a declarar a favor del oficial, envió un escrito firmado por su abogado excusándose y manifestó que no acudirá a declarar personalmente. Se trata del coronel Carlos Alberto Martínez Rodríguez.Aun así, el Ministerio Público citó a la audiencia para el próximo sábado 5 de diciembre para que el defensor pudiera acudir en calidad de representante de su defendido, pero el general Atehortúa se excusó y dijo que ese día no podía asistir debido a que tiene Consejo de Seguridad fuera de la ciudad.El procurador del caso, le manifestó: “señor general, o usted cumple sus funciones como director de la Policía, o se defiende en este proceso”.El oficial manifestó que tiene toda la voluntad de asistir a las diligencias, pero que también debe cumplir con sus funciones al frente de la Dirección Nacional.“Yo no determino mi agenda”, manifestó el general haciendo alusión a que sus ocupaciones se someten a la situación de orden público del país.La Procuraduría argumentó que se deben realizar audiencias concentradas para poder evacuar los 14 testimonios a favor de Atehortúa que aún quedan por escuchar.Luego de una pausa, la Procuraduría citó a diligencia la próxima semana en tres días distintos a lo que el abogado de Atehortúa, Marco Antonio Velilla, también se negó y preguntó qué cuál era “el afán” del Ministerio Público por avanzar tan rápido en el juicio disciplinario.El procurador le contestó que normalmente un juicio disciplinario dura dos semanas y que en este proceso llevaban desde febrero de este año. Manifestó que se tenían que concentrar en una sola semana.Luego de la polémica, las audiencias finalmente quedaron para el lunes, jueves y sábado de la próxima semana y se escucharán, entre otros, testimonios de ingenieros y contratistas que han tenido vinculación con la Policía.
El tercer cara a cara entre los generales Atehortúa y Salamanca ante la Procuraduría terminó con una sacada de ‘trapitos al sol’ por parte del director de la Policía al general William René Salamanca, a quien le recordó llamados de atención dentro de la institución y otros episodios como el que ocurrió cuando fue relevado de la Dirección de Seguridad Ciudadana y fue nombrado en la inspección de Policía.La audiencia inició a las 8:00 de la mañana con un riguroso cuestionario del exmagistrado Marco Antonio Velilla, abogado de Atehortua, y quien preguntó por los informes, las actas y todos los procedimientos que llevó a cabo Salamanca dentro de la investigación por supuesta irregularidad por las casas fiscales en San Luis, Tolima, proceso que hoy tiene contra las cuerdas a su defendido.El real cara a cara se presentó en la tarde cuando el mismo general Atehortúa fue el que le pidió a Salamanca que explicara sus actuaciones en la investigación y que hiciera un recuento histórico de todo lo que tenía conocimiento sobre estas presuntas irregularidades en la Policía.Casi al terminar la audiencia, llegó el momento en que Atehortúa, luego de un extenso cuestionario a Salamanca, le recordara unas cuantas situaciones.El actual director de la Policía le dijo al general Salamanca que manifestara si él le propuso antes de diciembre del año 2018 que, si quedaba como director de la Policía, Atehortúa lo acompañaría como subdirector.Salamanca respondió que eso no fue cierto, que nunca le mencionó a Atehortúa que llegar a la dirección de la Policía era su objetivo. “Mi general, eso no es cierto, nunca dije eso”, manifestó Salamanca.“Fue una conversación netamente informal, en un escenario de amigos posibles a futuro, pero no una propuesta oficial o institucional, así no fue mi general, no señor”, Atehortúa insistió en la pregunta y Salamanca replicó.El director de la Policía continuó con el arsenal de observaciones, ¿Cuándo fui nombrado director de la Policía Nacional?, ¿Usted se acercó a felicitarme, eso es correcto? Salamanca manifestó que lo llamó la misma tarde-noche a felicitarlo.Luego Atehortúa recordó cuando Salamanca fue nombrado como director de Seguridad Ciudadana y volvió a preguntar: "¿Manifestó usted que si quedaba en esa dirección era una posibilidad de demostrar todas sus capacidades profesionales?"Salamanca recordó que le manifestó a Atehortúa que primero era la institución y el trabajo por ella, pero el oficial le pregunto nuevamente que si le había dicho esa vez que replanteara la posibilidad de mantener al general Vargas en la institución porque era un peligro para el director de policía. (El general Jorge Luis Vargas es el actual director de Seguridad Ciudadana).“Eso no es cierto”, agregó Salamanca. El director le preguntó qué por qué salió de la Dirección de Seguridad Ciudadana.El director de la Inspección le respondió a la audiencia que Atehortúa lo relevó del cargo por los pocos resultados en materia de seguridad, pero que él no estuvo de acuerdo porque había logrado bajar el homicidio en el país el 5%.Luego de esto, Atehortúa leyó los indicadores de seguridad cuando sacó a Salamanca de esa dirección y justificó su decisión en la audiencia. Agregó, por ejemplo, que el hurto a automotores estaba en el 1% subió al 14%, el hurto a bancos estaba en -21%, llegó a subir al 40% y estas cifras fueron analizadas en el alto Gobierno y fue la razón de la salida.Atehortúa recordó los llamados de atención a Salamanca por los pobres resultados y volvió a recordar un caso de La Guajira, cuando envió a Salamanca a un tema de orden público, pero Salamanca se encontraba en una actividad social.El alto oficial volvió a cuestionar a Salamanca y le preguntó que si era verdad si su salida de la Dirección de Seguridad Ciudadana le había perjudicado su carrera dentro de la institución, a lo que Salamanca volvió a decir que no era cierto.En este punto, Salamanca, visiblemente incómodo, le pidió a la Procuraduría que interviniera puesto que no entendía el motivo del cuestionario que le hacía Atehortúa.La Procuraduría le dijo a Atehortúa que esas preguntas no tenían nada que ver con la investigación. Sin embargo, Atehortúa pidió formular unas últimas preguntas.Le preguntó a Salamanca cuantas veces lo llamaron para reuniones de llamados de atención, a lo que Salamanca refutó y le preguntó a Atehortúa que pretendía con esas preguntas, que si era algo personal.Por último, el director de la Policía, el general Óscar Atehortúa, volvió a traer a la audiencia de la notificación de la salida del general Salamanca de la Dirección de Seguridad y concluyó con esta pregunta:"¿No recuerda usted haberme manifestado que si esto no era una obra del general Vargas para sacarlo del camino?", preguntó Atehortúa.“No mi general, nunca, no lo recuerdo”, dijo Salamanca, pero Atehortúa agregó. “Veo que no tiene buena memoria general”.
El general Óscar Atehortúa rinde este lunes interrogatorio en la Fiscalía. La diligencia que cumple el director de la Policía, se lleva a cabo en la Fiscalía 4 delegada ante la Corte Suprema de Justicia.Allí, desde las 8:00 de la mañana, el general Atehortúa rinde su versión sobre el contrato para la construcción de casas fiscales en San Luis Tolima, conocido como CENOP.Se trata del mismo contrato por el que el pasado 10 de marzo, la Procuraduría llamó a juicio disciplinario a Atehortúa. El ente de control disciplinario indaga si el general Atehortúa, como director del Fondo Rotatorio, hubiese incurrido en irregularidades en la ejecución del contrato para la construcción de las casas.En el caso de la Fiscalía, Atehortua pidió la investigación por la que este lunes rinde esta versión en una diligencia reservada. Este martes, en la Procuraduría, se reanuda el testimonio del general William René Salamanca, inspector de la policía y acusador de su jefe, el general Oscar Atehortúa, que interrogará a su subalterno.
El inspector general de la Policía, general William René Salamanca, es testigo en el proceso disciplinario contra el general Óscar Atehortúa, acusado de presuntas irregularidades en la construcción de casas fiscales de la institución en Tolima.Salamanca denunció que él y sus hombres estarían recibiendo amenazas, inclusive de muerte. El ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, se pronunció sobre este hecho y también manifestó su respaldo al director de la Policía Nacional, general Óscar Atehortúa.Por otro lado, tras la visita de la Procuraduría a las oficinas de la Policía, tras las denuncias del inspector general de la institución, Atehortúa anunció unos hallazgos irregulares que encontró el ente de control.“De la inspección general han hecho más de cien consultas a este proceso sin tener una investigación, espero no estén haciendo una investigación en contra del director general”, dijo.Agregó que está tranquilo frente a la inspección que hizo la Procuraduría en la dirección general de la entidad. “La Policía le abrió las puertas a la Procuraduría y estábamos de acuerdo que lo hicieran porque necesitamos transparencia, contar los hechos de lo que realmente sucede”.En el juicio disciplinario en contra del general de la Policía falta aún su defensa, aseguró que allí mostrará todas las pruebas donde se refleja su inocencia y transparencia al proceso. Todavía faltan varias semanas para que se defina la suerte del general Atehortúa y si continúa o no en su cargo.
Nuevamente estuvieron cara a cara dos generales de la Policía en la audiencia de juicio disciplinario en la Procuraduría dentro del proceso por presunto tráfico de influencias y supuesto abuso de poder del general Óscar Atehortúa.Presuntamente, el general Atehortúa, actual director de la Policía Nacional, no se declaró impedido cuando era inspector de la institución en el proceso en que su dependencia era investigada por irregularidades en contratación de las casas fiscales en el Tolima.Pero el general Salamanca, actual inspector de la Policía, y quien dijo hace dos días ante la misma Procuraduría que el general Atehortúa “lo había decepcionado”, hizo nuevas y graves denuncias.El alto oficial manifestó que han sido amenazados e intimidados colaboradores suyos dentro de la inspección, como el caso del capitán Antonio Ortiz.Además, dejó constancia de las intimidaciones a este capitán a través de mensajes amenazantes por chat.También denunció que la Policía conoce de los movimientos de sus familiares y que él supo que se filtró información del traslado de lugar de residencia de su suegra cuando nadie más tenía esa información.Dijo que ya puso el conocimiento esa denuncia ante la Fiscalía y la propia Procuraduría.En la misma diligencia, el Ministerio ordenó una inspección a la Policía Nacional para atender esta denuncia y saber qué funcionarios del sistema de talento humano están extrayendo hojas de vida de uniformados de esa institución.Pero, además, qué sucedió con otros informes de la inspección de la Policía y corroborar si también han sido extradidos, adulterados o borrados de los sistemas.Ante esta situación, la Policía informó a través de un comunicado:“En el marco de la investigación disciplinaria que adelanta la Procuraduría General de la Nación, por hechos relacionados con la construcción de las viviendas fiscales del proyecto CENOP en San Luis (Tolima), se dispuso el día la práctica de una prueba técnica al aplicativo SIJUR (Sistema de Información Jurídico), con el propósito de verificar las medidas de seguridad de la información allí registrada.2. La visita técnica programada por parte de funcionarios de la Procuraduría General de la Nación se adelanta en la sede de la Oficina de Telemática de la Policía Nacional”.Por ser pruebas sobrevinientes dentro del expediente, la Procuraduría hará las inspecciones y la audiencia se deberá retomar el próximo martes 1 de diciembre a las 8 de la mañana.
En diálogo con BLU Radio, el director de la Policía Nacional, Óscar Atehortúa, explicó que hay información sobre posibles infiltraciones de las disidencias de las Farc en la minga indígena.Las autoridades tendrían dicha información, inclusive, antes de iniciar el encuentro, la cual fue compartida con los líderes indígenas en el departamento del Cauca, para que entre ambas partes, eviten hechos que alteren el orden público.“Una de las grandes pretensiones de esos delincuentes era atentar contra alguno de los indígenas para posteriormente indicarle la responsabilidad a la fuerza pública”, señaló Atehortúa.Con respecto a unos audios que están circulando, donde al parecer, alias el ‘Paisa’ habla de una posible infiltración en la minga, el director de la Policía explicó que están siendo analizados por las unidades de inteligencia e investigación criminal, para identificar si la voz es compatible con los archivos que tienen las autoridades y, si realmente son estas personas.
El patrullero de la Policía Héctor Fabio González Zambrano y el auxiliar Carlos Alberto Mosquera, fueron asesinados en la tarde de este viernes en el municipio de Andagoya o Medio San Juan, Chocó, cuando adelantaban labores de patrullaje en la zona urbana. El coronel Marco Antonio González, comandante de la Policía en Chocó, indicó que los agentes fueron atacados en el momento en que estaban en una estación de gasolina. "Estaban haciendo patrullaje y tres sujetos los ultiman con armas de fuego, cortas al parecer. Estamos avanzando en esa investigación", agregó González. Ante esto, el general Oscar Atehortúa, director de la Policía Nacional, rechazó el hecho y aseguró que se contará con todo el "despliegue operacional para capturar a los cobardes responsables. Solidaridad y acompañamiento a sus familias".
Muchos sueñan con tener una gran boda en la que los lujos y las decoraciones sean lo más importante para celebrar el momento, pero otros prefieren que esta fecha especial esté rodeada de las personas realmente importantes.Este fue el caso de Elisabeth Linde, una joven enfermera de 33 años, quien decidió casarse en un hospital de Nueva York, Estados Unidos, donde se encontraba internado su padre. Este había sido diagnosticado con un tipo de cáncer muy agresivo y se encontraba en fase terminal.En un video compartido en las redes sociales y que conmovió a miles de usuarios, se ve a la mujer con un vestido de novia y un ramo de flores en las manos mientras camina por los pasillos del hospital en dirección a la habitación donde la estaban esperando su padre y su futuro esposo.Influencer Lorena Arce negó que video de acoso sea falso: "Jamás jugaría con algo así"Entre lágrimas, la mujer llegó hasta la habitación de su padre para que la entregara y recibiera la bendición por parte de él. En medio de la emotiva ceremonia, Linde le dedicó unas palabras a quien la había cuidado y visto crecer."Has sido tan increíble... Cumpliste el papel de mi papá con tanta gracia. Y lo aprecio muchísimo", indicó Linden. "No tendríamos la vida que teníamos sin ti. Te quiero mucho", puntualizó.Lamentablemente, dos días después de esta fecha tan importante para Linden, su padre de 56 años falleció.
El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo anunció los ocho pueblos que representarán a Colombia en el Concurso Internacional de los Mejores Pueblos para el Turismo Rural 2024. Estos pueblos han sido seleccionados por su compromiso con el turismo sostenible y su preservación de las tradiciones locales. Son lugares con menos de quince mil habitantes que se dedican principalmente a actividades tradicionales como la agricultura, silvicultura y ganadería. Sin embargo, también han sabido aprovechar el turismo como una forma de compartir los valores y el estilo de vida de sus comunidades. Cómo fue la convocatoriaTras la convocatoria realizada el pasado mes de marzo, que invitó a las entidades municipales de Colombia, se recibieron 117 postulaciones en 19 departamentos y estas fueron evaluadas por un comité técnico del Viceministerio de Turismo, que finalmente eligió a sus nominados para este concurso internacional. Criterios para escoger los pueblosLos municipios seleccionados, eh cuentan con menos de 15.000 habitantes, llevan a cabo actividades tradicionales como la agricultura, silvicultura o ganadería, y hacen del turismo una forma de compartir valores y estilo de vida de su comunidad. También se dio prioridad a aquellos destinos que no se habían visto beneficiados por otros programas de la ONU Turismo. Independientemente de esta nominación y de cómo les vaya en el concurso, deberíamos tener en cuenta a estos municipios para cuando tengamos ganas de hacer turismo y conocer nuevos lugares dentro de nuestro país.Los pueblos seleccionados son: 1. Puerto Nariño - Amazonas 2. Jardín - Antioquia 3. El Cocuy - Boyacá 4. Orocué - Casanare 5. Suesca - Cundinamarca 6. Paicol - Huila 7. El Cairo - Valle del Cauca 8. Murillo - Tolima Cada uno de estos pueblos ha demostrado su capacidad para atraer a los turistas a través de sus encantadoras calles empedradas, hermosos paisajes naturales y una rica cultura local. Además, se ha dado prioridad a aquellos destinos que no han sido beneficiados por otros programas de turismo rural. El Concurso Internacional de los Mejores Pueblos para el Turismo Rural es un reconocimiento que otorga la ONU Turismo a los pueblos de todo el mundo que destacan por su turismo rural sostenible. Este concurso es una gran oportunidad para que los pueblos seleccionados muestren al mundo sus encantos y así atraer a más visitantes, lo que se traduce en un impulso económico para sus comunidades. Si está pensando en hacer turismo dentro de Colombia, no dude en considerar visitar alguno de estos maravillosos pueblos. La buena experiencia esta garantizada llena de naturaleza, cultura y hospitalidad.
Un escándalo de presunto abuso sexual sacude nuevamente al comando de la Policía en el Atlántico, luego de conocerse que, desde la madrugada de este lunes, la institución se encuentra investigando este reciente caso que, según lo denunciado por la víctima, se habría registrado dentro de las instalaciones de una estación en el municipio de Palmar de Varela.Según indicó la Policía del Atlántico a través de un comunicado, el presunto victimario, que se trataría de un sargento que lleva más de 11 años vinculado a la institución, fue separado de su cargo mientras avanzan las investigaciones, teniendo en cuenta que, al ser sometido a la prueba de alcoholemia, esta marcó positivo con 0.03 grados."El lunes 22 de abril de 2024 se tuvo conocimiento de unos hechos ocurridos en las instalaciones de la estación de Policía Palmar de Varela, por parte de una auxiliar de Policía, quien manifiesta haber sido objeto de una presunta afectación de índole sexual por parte del comandante de estación", detalló la institución armada. Entre tanto, a la mujer, quien lleva tan solo cinco meses prestando servicios en la institución, se le activó una ruta de atención a víctimas de abuso sexual para efectos de restablecerle sus derechos. "De inmediato, se activó la ruta de atención a mujeres víctimas de violencia y el acompañamiento a la Clínica de la Policía para que sea valorada por personal médico", acotó la Policía. Por el tema, la Policía confirmó que su inspección general se encuentra adelantando el proceso investigativo, soportados por la denuncia penal que fue interpuesta por la misma víctima ante la Fiscalía General de la Nación. "Con la información puesta en conocimiento, se aperturó investigación disciplinaria por parte de la Inspección General de la Policía Nacional, así como la correspondiente denuncia penal en la Fiscalía General de la Nación".
La JEP imputó recientemente a varios militares por su responsabilidad en casos de falsos positivos en el departamento del Huila, entre ellos a 4 generales, incluido el general (r) Jaime Lasprilla, quien fue comandante del Ejército. Para la Jurisdicción Especial para la Paz, estos militares tuvieron algún tipo de responsabilidad en las ejecuciones extrajudiciales en el departamento entre 2005 y 2008.Los militares tuvieron un tiempo para responder si aceptaban o no la imputación. Ninguno de los militares decidió aceptar su responsabilidad y es por eso que ahora los excomandantes de la Novena Brigada el mayor general (r) Miguel Ernesto Pérez Guarnizo, el general (r) Jaime Alfonso Lasprilla Villamizar y el brigadier general (r) William Fernando Pérez Laiseca, así como el mayor general (r) Marcos Evangelista Pinto y teniente coronel (r) Fernando Moncayo deberán enfrentar un juicio y si son vencidos podrían pagar hasta 20 años de prisión."Se puede establecer que los comparecientes no reconocen su responsabilidad como autores por omisión o coautores de los crímenes que les fueron endilgados, ni su rol en los patrones macrocriminales identificados, aun cuando la Sala los identificó como máximos responsables de los hechos y conductas determinados en el Subcaso. Como resultado del no reconocimiento por parte de los comparecientes, la Sala remitirá su caso a la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP, para lo de su competencia", se lee en el auto de la sala de reconocimiento.
El gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta, habló en Mañanas Blu sobre la complicada situación que vive hoy el departamento por cuenta de las extorsiones y la violencia. Según dijo, han sufrido la presencia de grupos ilegales desde hace décadas, como el Clan del Golfo, y que la extorsión es uno de los delitos más preocupantes en la región, que afecta tanto a la economía formal como la informal.El gobernador mencionó que el problema radica en que las personas no se atreven a denunciar debido al temor a represalias. En ese sentido, indicó que se están dando golpes contundentes a este grupo criminal, pero es necesario que también demuestren voluntad de paz y cesen las extorsiones.En cuanto al panorama completo en el departamento, el gobernador señaló que no solo las droguerías son víctimas de extorsión, según las recientes denuncias, sino también los ganaderos y las tiendas de barrio, pero, recalcó, muchas personas no denuncian por miedo.“Aquí hay un problema, la gente no se está atreviendo a denunciar el tema de la extorsión y tenemos un subregistro en materia de extorsión en el departamento de Córdoba y aquí hoy el tema de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia. Por eso lo he venido diciendo, desde el primer día de mi posesión, aquí estamos dispuestos a hablar de paz, pero necesitamos que este grupo al margen de la ley, también dé demostraciones de paz y cese las extorsiones, porque no solamente está extorsionando, como por ejemplo a La Economía, sino también a la economía informal, a los mototaxistas, a las personas que tienen una venta en su casa, a los que tienen una tienda de barrio, están extorsionando a todo el mundo y eso hoy tiene agobiada a las familias”, describió.Por eso, hizo un llamado al Gobierno nacional para que brinde apoyo tanto en capacidades de la fuerza pública como en inversiones estratégicas para sustituir la economía ilegal. Destacó, además, la necesidad de mejorar las capacidades tecnológicas y la incorporación de más jóvenes a la fuerza pública; lanzó la propuesta de contar con una estación de Policía que permita tener los mejores equipos.Vea la entrevista completa en Mañanas Blu: