La Agencia del Inspector General de Tributos, Rentas y Contribuciones Parafiscales (ITRC) archivó la investigación que le había abierto al director de la DIAN, Lisandro Junco, después de haber sido cuestionado por su aparición en los Pandora Papers y sus negocios en el exterior.Cuando se destapó el escándalo, se habló de supuestas irregularidades en los reportes que había entregado Junco sobre la creación de la empresa Cyber Security System Company en Delaware, en Estados Unidos, que es un estado que ofrece beneficios tributarios.La IRTC informó en un comunicado que después de un análisis de las supuestas inexactitudes u omisiones frente a los reportes de esta compañía, “encontró que las declaraciones de renta y de activos en el exterior estaban perfectas”.Le puede interesar:La agencia analizó las declaraciones de renta de Junco en 2018, en 2019 y la declaración de activos en el exterior del año 2020 y allí se estableció que nunca se omitió el reporte de la sociedad del actual director de la DIAN en el estado de la Florida.Escuche el podcast “Ser campeón viene con manual” y conozca el poder de la actitud:
El presidente de Chile, Sebastián Piñera, afirmó este miércoles que el juicio político para destituirlo aprobado en la Cámara de Diputados está basado en "hechos falsos", y espera que sea desechado en el Senado que decidirá el futuro del mandatario la próxima semana.La Cámara de Diputados aprobó el martes un juicio político contra Piñera por su supuesta vinculación en la polémica venta de la minera Dominga en el paraíso fiscal de Islas Vírgenes, en una operación revelada en los Papeles de Pandora.Ahora será el turno del Senado, que actuará como jurado para decidir si destituye o no al mandatario en una sesión el próximo martes."Estamos muy confiados que el próximo martes el Senado, actuando como jurado y analizando en forma objetiva, racional y reflexiva los hechos, va a desechar totalmente esta acusación", afirmó a la prensa el mandatario conservador en un acto público en Santiago.Piñera, de 71 años, sostuvo que la acusación se produce en medio de "un clima enrarecido de la política chilena" y "tiene un claro e injustificado interés electoral" cuando Chile está a 11 días de la elección presidencial del 21 de noviembre próximo.El mandatario también cuestionó que, en paralelo a la acusación en el Congreso, la Fiscalía abrió una investigación penal por este mismo caso, pese a que en 2017 ya fue indagado por el Ministerio Público."Los hechos fueron analizados e investigados profundamente por la fiscalía, por un juzgado de garantía, por la Corte de Apelaciones e incluso en un recurso de casación por la Corte Suprema. En todas esas instancias se decretó que no había ninguna irregularidad, pero además se estableció mi total inocencia", afirmó Piñera, quien sigue en funciones, pero está impedido de salir del país mientras dure el proceso en el Senado.La investigación de los medios locales CIPER y LaBot, incluidos en los Papeles de Pandora, reveló que los hijos del mandatario vendieron Dominga en 2010 al empresario Carlos Alberto Delano -íntimo amigo de Piñera- por 152 millones de dólares. La transacción, que en su mayoría se realizó en Islas Vírgenes, tuvo lugar durante el primer gobierno de Piñera (2010-2014).La operación se haría en tres cuotas, y contenía una polémica cláusula que supeditaba el último pago a "que no se estableciese un área de protección ambiental sobre la zona de operaciones de la minera, como reclamaban grupos ambientalistas".Le puede interesar. Escuche las Noticias del día en Spotify:
La Cámara de Diputados de Chile aprobó la madrugada de este martes realizar un juicio político para destituir al presidente del país, el conservador Sebastián Piñera, por las supuestas irregularidades en la venta en Islas Vírgenes Británicas de un polémico proyecto minero.Tras una jornada maratoniana de 24 horas los diputados resolvieron por 78 votos a favor y 67 en contra y 3 abstenciones que la acusación constitucional presentada el pasado 13 de octubre por la oposición pase al Senado, el órgano que se encargará de juzgar al mandatario por el escándalo revelado en la investigación los Papeles de Pandora.La acusación se votará en la Cámara Alta apenas unos días antes de que Chile celebre el próximo 21 de noviembre las elecciones más trascendentales e inciertas de su historia reciente. Siga y escuche la Intérprete en Spotify:El futuro del Clan del Golfo sin ‘Otoniel’
Juanita Goebertus, parlamentaria citante al debate de control político ante el escándalo de los Pandora papers, donde se vio implicado el director de la DIAN, Lisandro Manuel Junco Riveira, pues aparece como socio de una compañía que no había declarado ni reportado su existencia.La parlamentaria explicó en Mañanas BLU que el director de la DIAN solicitó un impedimento para no investigar cualquier situación relacionada con los papeles de Pandora.Los documentos que vinculan la director Junco, lo relacionan en la participación del 50 % en la compañía Cyber Security System Company, la cual nunca fue reportada ni en su declaración de renta, ni ante el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público (SIGEP).Este último es un estándar adicional de transparencia al cual deben reportar los funcionarios públicos diferentes bienes.Por su parte, el director Junco explicó en el debate que no se llevó a cabo porque la empresa no tienen un código y el formato de declaración de renta no permite poner el nombre de la compañía.Otro de los argumentos que utilizó el director de la DIAN, es que solo es propietario de la mitad de la compañía y la cuenta bancaria de esta, únicamente tiene una suma superior a los 10 mil dólares.La parlamentaria Goebertus señaló que el monto no corresponde a ninguna opción válida para no haber declarado los impuestos correspondientes."Para el grueso de los colombianos 40 millones de pesos, está lejísimos de ser una chichigua, un pequeño empresario que a duras penas logra sacar una microempresa le cobran impuestos por muchos menos, un prestador de servicios paga impuestos por mucho menos, cada cosa en su lugar, en términos de la proporción de los montos... no podemos decir que porque nos parece una chichigua, que 'vaina' que se le olvidó declarar".Escuche las declaraciones de la parlamentaria Juanita Goebertus en Mañanas BLU:Conozca más noticias de Colombia y el mundo:
En la plenaria de la Cámara de Representantes se desarrolla un debate de control político por el escándalo de los ‘Pandora papers’, en donde varios funcionarios del Gobierno fueron salpicados, sin embargo, BLU Radio ha conocido que el director de la Dian, Lisandro Junco, no presentará todas sus declaraciones de renta, sino solamente las del año 2019 y 2020.BLU Radio conoció una carta que remitió a los citantes a este debate, allí director de la Dian explica que aunque los altos funcionarios deben publicar las declaraciones de renta de los últimos 5 años, solamente entregará 2.“Solo desde el año 2019, los servidores públicos del nivel directivo, estamos en la obligación de publicar nuestras declaraciones de renta tal como lo he venido cumpliendo para el periodo gravable 2019, mediante el Sistema de Información y Gestión de Empleo Público -SIGEP.”, menciona.Por otra parte, menciona que su posesión en el cargo fue este año y que amparado en la normatividad vigente, solamente presentará únicamente estas dos declaraciones, “En todo caso, se adjuntan a este documento las declaraciones de renta de los periodos gravables 2019 y 2020. Es necesario mencionarle que mi posesión como director general de la Dian, se realizó el 8 de marzo de 2021”, puntualiza.Sin embargo llama la atención que ni en el formato de declaración de bienes y rentas de la función pública, el director de la Dian reporta la sociedad Cyber Security System Company, que según los documentos publicados por la investigación internacional, es la sociedad que constituyó en el estado de Delaware y de la cual es participe en un 50%. Lo que sí reporta, son las acciones de la sociedad JUNCO LLC, que según los documentos de la misma investigación. fue disuelta voluntariamente en el año 2015.Esta es la carta y las declaraciones de renta del director de la Dian:Conozca más noticias de Colombia y el mundo:
En vilo está el futuro político del presidente de Chile, Sebastián Piñera, por las revelaciones del Pandora Papers. Este martes una comisión parlamentaria inició la revisión de la acusación constitucional para evaluar si amerita enjuiciar políticamente al mandatario por las presuntas irregularidades que revelaron los Pandora Papers.Y es que, según está investigación periodística, el presidente chileno vendió sus acciones del megaproyecto minero Mina Dominga en un paraíso fiscal en 2010, poco después de iniciar su mandato, y mediante un contrato de venta en el que existía un condicionante de política ambiental.Por lo anterior, Mañanas BLU, cuando Colombia está al aire, consultó a Jaime Naranjo, diputado del partido socialista, presidente de la comisión de economía de la Cámara de Diputados y coordinador de la acusación constitucional contra Sebastián Piñera.“Las denuncias son muy graves. El presidente es como el hermano mayor, debe dar el ejemplo. Nuestro presidente está implicado en negocios turbios y evasión de impuestos. (…) Por eso hemos iniciado una acusación constitucional. Su conducta ha puesto a nuestro país en una situación de desprestigio”, dijo.Además, agregó: “El presidente tiene fecha de término el 11 de marzo de 2022, no se genera ninguna situación inestable en el país. De aprobarse la acusación constitucional el presidente quedaría suspendido por aproximadamente tres meses”.Finalmente, el diputado manifestó que este escándalo es una vergüenza para Chile. “Tenemos una gran vergüenza nacional e internacional por nuestro presidente, debido al escándalo de esta envergadura (…) La figura del presidente Piñera está tan desprestigiada que le haría un favor a la patria que se fuera antes de terminar su gobierno”.Escuche la entrevista completa en Mañanas BLU, cuando Colombia está al aire:Entérese de los hechos y noticias del momento en Colombia y el mundo:
La Fiscalía General de la Nación no abrió ninguna investigación sobre las informaciones reveladas por los Papeles de Pandora, que afectan a la actual vicepresidenta y a expresidentes, indicó su jefe Francisco Barbosa, quien aseguró que lo harán si aparecen eventuales delitos."Si hay nombres públicos en Colombia que tienen que investigarse, se investigarán", aseguró el lunes Barbosa, en el marco de una gira por Francia y Holanda sobre la cooperación judicial.Los "Pandora Papers", un proyecto del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés), mostró que personalidades de todo el mundo recurrieron a supuestos paraísos fiscales para esconder cientos de millones de dólares.Entre los colombianos mencionados aparecen los expresidentes Andrés Pastrana y César Gaviria; la actual vicepresidenta Marta Lucía Ramírez; la ministra de Transporte Ángela María Orozco; y el director de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), Lisandro Junco.Barbosa, que debe comparecer ante el Congreso próximamente para abordar este escándalo, aseguró que actualmente "se está indagando en mesas técnicas para determinar si hay un hecho que pueda ser constitutivo de delito"."Si alguien tiene recursos fuera del país y no ha declarado esos recursos [al fisco colombiano] o tiene alguna connotación de carácter penal, tendrá que ser investigado y sancionado", agregó. El fiscal general desde febrero de 2020 realizó estas declaraciones tras abordar con funcionarios franceses la cooperación judicial entre ambos países, que se centra en "el tráfico de drogas, el tráfico de migrantes, la extorsión, la cibercriminalidad".Según sus servicios, desde enero de 2015, 14 ciudadanos franceses fueron detenidos en Colombia a petición de Francia y, en asistencia judicial mutua, Bogotá recibió 37 solicitudes de París en casos de tráfico de drogas, homicidios, secuestro y desaparición forzada."En Colombia hemos incautado 700 toneladas de drogas, de cocaína; más de 300 toneladas de marihuana. La mayoría estaba destinada a Estados Unidos, pero también a Europa", aseguró Barbosa, quien avanzó que a finales de año firmarán un acuerdo para una mayor cooperación con París en cibercriminalidad y criptomonedas.
La Fiscalía de Chile informó este viernes la apertura de una investigación de oficio contra el presidente del país, Sebastián Piñera, luego de que la publicación Papeles de Pandora revelara presuntas irregularidades en la venta en 2010 en Islas Vírgenes Británicas de sus acciones en un megaproyecto minero."El fiscal nacional ha decidido abrir de oficio una investigación penal por los hechos asociados a los Pandora Papers", anunció la directora Anticorrupción de la Fiscalía Nacional, Marta Herrera.De acuerdo con la funcionaria, "hay antecedentes que podrían revertir carácter de cohecho, con su correlato de soborno, y eventuales delitos tributarios".El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), en colaboración con los medios chilenos CIPER y LaBot, reveló el domingo pasado que Minera Dominga se vendió en 2010 al empresario y amigo de la familia presidencial Carlos Alberto Délano en una operación de 152 millones de dólares realizada en parte en el paraíso fiscal caribeño.El pago supuestamente debía producirse en tres cuotas, pero la última estaba condicionada a que la zona no fuera declarada de protección ambiental, pese a que la mina amenaza una reserva natural con pingüinos únicos, según el ICIJ.La protección ambiental dependía de Piñera, quien había asumido el poder para su primer mandato apenas unos meses antes de la venta del proyecto, que actualmente está aprobado por un tribunal regional ambiental pero pendiente de recursos por la Corte Suprema.El objetivo central de la pesquisa es determinar si el contrato de venta preveía efectivamente la polémica cláusula de la última cuota, un asunto que no fue incluido en la investigación que la propia Fiscalía abrió en 2017 y que se terminó sobreseyendo."El contrato en inglés en las Islas Vírgenes Británicas no estaba incorporado en la investigación (de 2017), por lo tanto, es un antecedente nuevo", indicó la fiscal.Piñera, que posee una de las fortunas más grandes de Chile y quien dejará el poder en marzo de 2022, dijo esta semana que se desvinculó de sus empresas antes de ser presidente "hace más de 12 años" y que la información publicada -incluida la polémica cláusula- ya era conocida y fue investigada en 2017.De acuerdo con mandatario, la venta de la minera, que compromete una inversión de 2.500 millones de dólares y se ubica a 500 kilómetros al norte de la capital, la realizó su fideicomiso ciego y que él no fue ni consultado ni informado "precisamente para evitar cualquier asomo de conflicto de intereses".La oposición está preparando una acusación constitucional en Parlamento (juicio político) contra Piñera, que podría terminar en su destitución e inhabilitación para ejercer cargos públicos.Previamente al anuncio de la Fiscalía, el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago admitió este viernes a trámite una querella contra el presidente interpuesta por el abogado Luis Mariano Rendón y que aún debe ser enviada a la Fiscalía en otro proceso independiente.Entérese de los hechos y noticias del momento en Colombia y el mundo:
La periodista chilena Francisca Skoknic ha sido una de las investigadoras de los Pandora Papers, en los documentos relacionados con su país, donde se encontraron algunos archivos relacionados con el presidente de Chile, Sebastián Piñera.La periodista de LaBot, han investigado varios de los negocios del presidente Piñera y reveló en Mañanas BLU que descubrieron un contrato de venta, correspondiente a una propiedad destinada para la construcción de una mina, en la que los hijos del mandatario tendrían una participación porcentual.El contrato es sobre un terreno ubicado en las Islas Vírgenes Británicas y el porcentaje que le correspondería a los hijos de Piñera sería el 33 %. La venta sería a un gran amigo de Gobierno, el empresario Carlos Alberto Délano.Lo más importante de dicho contrato es que una de las cláusulas, se especificaba la exención de cualquier protección ambiental.La mina estaría proyectada para construirse cerca de una reserva marítima, donde el ecosistema, especies de pingüinos y ballenas se verían afectadas. La inversión en este proyecto tendría un costo de 2.500 millones de dólares.El presidente ha declarado que desconocía la existencia de este contrato, ya que legalmente, serían sus hijos intervinieron en la negociación, por lo que se dificulta conocer la verdadera relación de Piñera.Escuche las declaraciones de la periodista Francisca Skoknic en Mañanas BLU:Conozca más noticias de Colombia y el mundo:
La agencia del Inspector General de Tributos, Rentas y Contribuciones (ITRC) investigará si el director de la Dian, Lisandro Junco, incurrió en fallas disciplinarias en el marco de los Pandora Papers.Junco apareció mencionado en un capítulo de la investigación periodística luego de que su nombre apareciera ligado a una sociedad en Delaware y a unas facturas que lo vincularían con la firma SFM salpicada en el escándalo.Sin embargo, Junco asegura que no trataba de evadir impuestos, sino que constituyó una firma para canalizar ahorros familiares con el propósito de estudiar una maestría en Florida. El funcionario asegura que esos ahorros están declarados ante la Dian en Colombia, por lo que no existe ninguna actuación ilegal de su parte.ITRC es la entidad estatal con competencia sobre las actuaciones disciplinarias de los funcionarios de la Dian y la Unidad de Gestión de Parafiscales.
Las lluvias en Colombia han provocado inundaciones, deslizamientos y afectaciones en la movilidad en varias zonas del país. A estas emergencias se suman los fuertes vientos, que también han generado daños en Bogotá y municipios cercanos.Este miércoles 14 de octubre, además de las manifestaciones que afectaron la movilidad en varios puntos de Bogotá, las condiciones climáticas provocaron una emergencia en Funza, Cundinamarca. Hacia las 3:00 p. m., un fuerte vendaval causó daños en viviendas de varios sectores del municipio.Los residentes de los barrios México y Samarkanda registraron en videos cómo los vientos levantaron los techos de algunas viviendas y lanzaron tejas a las calles.“Dios, tú eres bueno y maravilloso. Tú eres bueno y poderoso”, se escucha decir a una habitante mientras observa cómo las tejas salen despedidas por el viento. “Mira esas tejas. Mire todo en la calle. Mire todo cómo está”, agrega al mostrar los daños.¿Qué daños provocó el vendaval en Funza?En los videos difundidos en redes sociales se observan tejados levantados por la fuerza del viento y partes de las cubiertas que terminaron sobre las vías.Los registros también muestran cables de la red eléctrica afectados, una situación que habría provocado fallas en el servicio de energía y preocupación entre los habitantes.Las imágenes muestran la magnitud de los daños en las viviendas de los sectores afectados, mientras los residentes documentaban lo ocurrido durante el vendaval.¿Qué han dicho las autoridades sobre la emergencia en Funza?Hasta el momento, el borrador no registra pronunciamientos oficiales de la Alcaldía de Funza ni de la Gobernación de Cundinamarca sobre los daños ocasionados por el vendaval.Sin embargo, se informó que las autoridades preparaban un puesto de mando unificado para atender la emergencia, tanto por los fuertes vientos como por las lluvias que han afectado recientemente a Bogotá y varios municipios cercanos.
Tras deudas con los hospitales públicos del departamento y los problemas reportados por los afiliados, Coosalud EPS anunció en las últimas horas que puso en marcha una nueva fase de su plan de choque en Antioquia, con compromisos financieros por más de $42.500 millones y medidas para agilizar la atención de sus afiliados en 13 instituciones prestadoras de servicios de salud (IPS).Según indicó la entidad, las jornadas incluyeron mesas de trabajo para revisar las glosas superiores a $77.386 millones y se destrabaron 138 autorizaciones recientes y 102 remisiones de usuarios.La EPS indicó que las acciones buscan reducir las barreras administrativas y priorizar a los pacientes que requieren atención oportuna por la complejidad de sus enfermedades o su riesgo asistencial.“Con el propósito de fortalecer la red de prestación de servicios de salud y garantizar una atención oportuna, integral y continua a nuestros afiliados, establecimos acciones concretas para fortalecer la prestación de los servicios y eliminar las barreras que afecten a los usuarios”, señaló Ana Corina Buchaar, gerente nacional de Salud de Coosalud.Entre las instituciones participantes están la Clínica Vida, el Centro Oncológico de Antioquia, el Hospital General de Medellín, el Hospital La María, la Clínica Soma y el Hospital Marco Fidel Suárez, centros asistenciales con los que se revisaron necesidades relacionadas con tratamientos oncológicos, ortopedia, servicios diagnósticos y atención especializada.También se analizaron alternativas de contratación, incluidos los acuerdos de Pago Global Prospectivo (PGP), y se revisaron casos relacionados con tutelas, desacatos, peticiones, quejas y reclamos, de acuerdo con la información entregada por Coosalud.Por lo pronto, desde la gerencia regional de Coosalud en Antioquia, explicaron que se estableció un plan de mejoramiento con compromisos para la EPS y las instituciones participantes. La Gerencia Regional y la Gerencia Nacional de Salud estarán a cargo del seguimiento.Reportes de la Asociación de Hospitales Públicos de Antioquia, AESA, ante el Sistema de Información Hospitalaria SIHO del Ministerio de Salud, señalan que Coosalud les adeuda con corte a junio de este año 292 mil millones de pesos, de los cuales 99.000 corresponde a cartera vencida hace más de un año y los otros 193.000 a pendientes de menos de 360 días.
Entre enero y mayo de 2026 se registraron más de 17,2 millones de pasos de ida y regreso en la frontera entre Colombia y Venezuela. Según Migración Colombia, Arauca concentró el 11,9 %, con más de 56.000 cruces diarios en cada dirección. En Rumichaca, en la frontera con Ecuador, se registran entre 5.000 y 8.000 movimientos diarios, de acuerdo con la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).En ese contexto, el Servicio Jesuita a Refugiados (JRS), en el marco del Día Nacional de los Derechos Humanos, presentó los monitoreos transfronterizos realizados entre 2025 y 2026. La organización advierte que el desafío más allá del número de personas que cruzan está en las condiciones en que se movilizan y en las posibilidades reales de acceder a protección, salud, educación, regularización, justicia e integración socioeconómica.Los hallazgos muestran por qué las redes comunitarias son relevantes. En la frontera de Arauca con Venezuela se identificaron siete perfiles con altos riesgos de protección, entre ellos pueblos indígenas y comunidades afrodescendientes, personas mayores sin redes de cuidado, mujeres y niñas víctimas de violencias basadas en género, víctimas del conflicto armado, menores de edad y personas en situación de calle. En la frontera entre Ecuador y Colombia, el análisis reconoce 12 grupos poblacionales poco visibilizados, con necesidades y riesgos particulares.Ante ese panorama, las comunidades han puesto en marcha sus propias respuestas. En Nariño, Mujeres Unidas por la Chagra, del que hacen parte Oneida Castillo y Catalina Buesaquillo, usa la tierra y los saberes compartidos como punto de encuentro entre generaciones, con agricultura, memoria y cocina comunitaria. En Pasto, la Escuela de Gestores Sociales, nacida en el colegio Artemio Mendoza y acompañada por la profesora Margot Botina y Adrián Anacona, reúne a niños desde los 6 años, jóvenes y egresados, entre ellos migrantes, víctimas del conflicto y comunidad de acogida, para construir culturas de paz a través de la comunicación y de iniciativas ambientales y sociales.En Tulcán, Ecuador, Rosa Peraza creó una red de mujeres migrantes para apoyo mutuo, trabajo y emprendimiento. “En Colombia he recibido mucho amor y acompañamiento. Estoy en la Red de Mujeres para devolverles a otras mujeres lo mismo que yo recibí, sin importar la nacionalidad. Todos somos parte de la solución y en los territorios ya se están dando respuestas a las situaciones humanitarias que vivimos a cada lado de la frontera”, dijo.En Arauca, Edy Patricia Granados usa la escritura para que otras mujeres narren sus historias; Zeneida Nava convoca a su comunidad en “Charlemos y tomemos café”, un espacio para encontrarse y acompañarse; y Marlin Rodríguez impulsa, desde el asentamiento 30 de Agosto, acciones para atender las necesidades de las familias. En Villa Pez, otro proceso promueve espacios para la niñez y fortalece la comunidad con mejoras de infraestructura y campañas de salud y prevención.Para Ximena Vidal Rojas, directora nacional de JRS Colombia, el camino es conectar esas capacidades. “Una frontera no puede gestionarse únicamente desde el control de quién entra o sale. El siguiente paso debe ser conectar las capacidades de las instituciones, la cooperación y las organizaciones con los procesos que las comunidades ya desarrollan en sus territorios. No se trata de comenzar desde cero, sino de fortalecer respuestas existentes y construir juntos condiciones que permitan acceder a derechos y vivir con dignidad”, afirmó.
Más de 6.300 personas participaron en las movilizaciones realizadas este miércoles en seis municipios del Valle del Cauca, en una jornada que transcurrió sin alteraciones del orden público, según el balance entregado por las autoridades departamentales.El secretario de Convivencia y Seguridad Ciudadana del Valle, Guillermo Londoño, confirmó que las marchas finalizaron de manera pacífica en municipios como Cali, Palmira, Buga, Tuluá, Cartago y Buenaventura.“Hubo una respuesta institucional con todas las alcaldías y nuestra Fuerza Pública monitoreando desde las salas del Sistema Integrado de Emergencias y Seguridad y los puestos de mando unificado (PMU), de forma articulada con los alcaldes y equipos de gobierno. Por lo tanto, podemos dar un balance positivo de la jornada, pues el Valle del Cauca ha respondido con buen comportamiento ciudadano”, dijo Londoño.Entre tanto, en Cali, la movilización recorrió desde muy temprano el trayecto entre la plazoleta Jairo Varela y el Parque de las Banderas, donde concluyó la jornada. Posteriormente, los participantes regresaron a sus lugares de origen.“Desde la Secretaría de Seguridad y Justicia nos permitimos informar que la jornada de manifestación que tuvimos el día de hoy transcurrió con total tranquilidad y normalidad en la ciudad de Cali. Finalmente, queremos felicitar a la ciudadanía caleña por su buen comportamiento, por haber promovido la sana convivencia y, sobre todo, por haber respetado la ciudad”, manifestó Natalia Zuluaga, subsecretaria de Seguridad.Para acompañar las manifestaciones, más de 1.800 integrantes de la Policía y el Ejército fueron desplegados en diferentes puntos del departamento, con el objetivo de garantizar tanto el derecho a la protesta como la seguridad de quienes no participaron en las actividades.
Los conductores que tengan multas de tránsito pendientes en Bogotá y que hayan entrado en mora antes del 30 de junio de 2024 cuentan desde ahora con un descuento de hasta el 60 % de descuento sobre los intereses acumulados para ponerse al día.Esto no significa que la multa se reduzca en un 60 %, pues los ciudadanos deberán pagar el 100% del valor original de la sanción y únicamente el 40 % de los intereses generados por la mora, mientras que el 60% restante de esos intereses será descontado.El beneficio cobija multas por infracciones a las normas de tránsito y transporte, declaratorias de abandono y acuerdos de pago suscritos y vigentes. Y de acuerdo con la Secretaría Distrital de Movilidad, más de 700.000 deudores podrían acceder si cumplen con las condiciones establecidas.Sin embargo, hay excepciones, ya que el descuento no aplica para las multas derivadas de sanciones por conducir en estado de embriaguez o bajo los efectos de sustancias psicoactivas. Tampoco podrán beneficiarse quienes tengan multas que hayan entrado en mora después de la fecha límite establecida.Desde la Secretaría de Movilidad invitaron a los ciudadanos a revisar sus obligaciones y realizar el trámite en su página web, que es gratuito y no requiere intermediarios.Para consultar si puede acceder al beneficio, debe ingresar a la página oficial de la Secretaría de Movilidad o a “Mi Movilidad a un clic”, seleccionar la opción “Consulta Comparendos” e ingresar el número de documento de identidad o la placa del vehículo. El sistema mostrará las obligaciones pendientes y el valor que debe pagar con el alivio aplicado.El pago puede realizarse en línea mediante PSE o descargando el volante correspondiente para pagarlo a través de los canales bancarios habilitados y sus corresponsales autorizados. La recomendación es verificar siempre que se esté ingresando a los canales oficiales antes de entregar información personal o hacer cualquier pago.Los interesados tendrán plazo hasta el 21 de diciembre de 2026 para efectuar el pago y conservar el beneficio, pues después de esa fecha ya no podrán aplicar este alivio sobre los intereses acumulados.
