En medio de un foro de la regulación y desafíos de la inteligencia artificial, IA, en Colombia, la presidente y magistrada del Consejo Superior de la Judicatura, Diana Remolina, dijo que la Rama Judicial no es ajena a las nuevas tecnologías, y que muestra de ello es su política de Transformación Digital en la justicia que vienen implementando.Además, la magistrada, asegura que no se deben satanizar las herramientas de inteligencia artificial, pero que sí deben usarse con la debida responsabilidad, sobre todo en materia de justicia. “Estamos formando a magistrados y jueces en cuanto a herramientas tecnológicas y el uso de la Inteligencia Artificial”, aseguró la magistrada.Por otro lado, el senador Gustavo Moreno, aseguró que desde el Congreso de la República, quieren impulsar un marco jurídico para trazar líneas base en la utilización de la IA en la Justicia y diferentes ramas del poder.Además, dice que el 25% de los colombianos están haciendo uso de la inteligibilidad artificial, pero ve con preocupación la desigualdad y atraso en materia de conectividad y acceso a internet, pero insiste que no es proporcional al crecimiento que esta herramienta ha tenido en los últimos años.Incluso, el senador reitera que, bajo ninguna circunstancia, la utilización de la inteligencia artificial en ámbitos como la justicia, puede transgredir los derechos de una persona, refiriéndose a casos de suplantación a terceros por cuenta del uso de estas tecnologías.Por último, se asegura que la rama judicial está avanzando en términos de transformación digital para asegurar un servicio cercano a los ciudadanos en términos de justicia.
Una polémica se desató en el mundo político luego de que se conociera el borrador de un proyecto de acto legislativo que establecería un perdón judicial a discreción del presidente de la República para actores políticos condenados o investigados por delitos como corrupción, así como integrantes de las fuerzas militares, de la policía y ciudadanos investigados o condenados por delitos menores con la justicia.El proyecto de nueve artículos fue presentado por el exsecretario de cultura de Caldas, exdirector del IDT durante la administración Petro y colaborador cercano al canciller Álvaro Leyva, Luis Fernando Rosas, y contó con el respaldo de cerca de 13 organizaciones sociales. Según el articulado, se concederían facultades al presidente, para que en el marco de la Paz Total, “otorgue perdón (caducidad-extinción de la acción penal) judicial en los casos en que las circunstancias que rodearon los hechos que motivaron las investigaciones, sanciones o sentencias judiciales condenatorias se hallaron influidas directa o indirectamente por política de Estado, el conflicto armado interno, así como por el ambiente de pugnacidad generado por éste”.La iniciativa concibe que para determinar las personas que serán beneficiarias de este perdón judicial, el primer mandatario establecerá un equipo jurídico que analizará cada caso. Además, podrá instruir a la JEP la apertura de un nuevo macrocaso “para establecer que dentro de una política de Estado se vulneraron los derechos de actores políticos y ciudadanos, ya que fueron judicializados por decisiones políticas y jurisdiccionales erróneas, por la falta de separación real de los poderes públicos en Colombia”.“A nadie se le puede olvidar en Colombia que no hay verdadera separación de poderes. Los fiscales pertenecen a los partidos políticos. Se busca un perdón judicial para la anulación de condenas y sanciones judiciales y el archivo de investigaciones menores en curso. Si estamos perdonando delitos de lesa humanidad, pues ¿por qué no perdonamos delitos pequeños? Que haya un tribunal de cierre”, señaló Luis Fernando Rosas en diálogo con Blu Radio.Rosas presentó como ejemplo de la efectividad de esta iniciativa en el mundo, casos como el de España, donde se aplicó una ley de amnistía a los líderes independentistas catalanes; en Perú, cuyo beneficiario fue el expresidente Alberto Fujimori; o Estados Unidos, donde esta facultad de indulto está en manos del presidente.El articulado también señala que todo actor político responsable de delitos contra la administración y el erario público (corrupción) que sea beneficiado por el perdón judicial, resarcirá o reparará al Estado y a la sociedad con el retorno de los recursos apropiados y señalados en los fallos correspondientes, para poder recuperar sus derechos políticos. En dado caso se excluyen los investigados o condenados por delitos de lesa humanidad.“Hay hoy una propuesta del Partido Comunes del senador Julián Gallo frente a la creación de un tribunal de cierre, donde esperamos se incluyan los artículos. El senador del Partido de la U, Antonio Correa, ya me reuní con él e incluirá varios artículos de esta propuesta que la encuentra muy acorde al proyecto que va hoy, va muy avanzado en el Congreso de la República” puntualizó Rosas.
La fiscal general, Luz Adriana Camargo, ya posesionó a algunos de los funcionaros que estarán en su administración en puestos directos de la Fiscalía, con el fin de lograr algunos de los objetivos que se ha planteado, entre los que ha mencionado mejorar la capacidad de respuesta de la entidad en los territorios y garantizar el acceso a la justicia penal.El vicefiscal será Gilberto Javier Guerrero, quien es abogado de la Universidad de Nariño y desde el año 2010 ha sido fiscal delegado ante tribunal."Su trabajo por la implementación del Sistema Penal Acusatorio lo ha desarrollado como instructor en la agencia OPDAT, adscrita al Departamento de Justicia de Estados Unidos (2003- 2013); como integrante de la Comisión Permanente de Monitoreo y Seguimiento a la Implementación y Desarrollo del Sistema Acusatorio, conformada por el Fiscal General de la Nación para las Fases I, II y III; y coautor del Manual de Procedimientos en Sistema Acusatorio de la Fiscalía General de la Nación, en 2005", explicó la Fiscalía.Hernando Barreto Ardila será el coordinador de la Unidad de Fiscales Delegados ante la Corte Suprema de Justicia. Barreto es abogado de la Universidad Externado y ha sido magistrado auxiliar de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia."También se desempeñó como fiscal seccional en la Unidad Especializada en Delitos contra la Administración Pública y la Administración de Justicia (1992 – 1996); y juez penal municipal de Bogotá entre 1990 y 1992. De otra parte, ha sido docente de derecho penal general en la Universidad Externado de Colombia, desde 1991 a 2024", señaló la Fiscalía.La directora ejecutiva y administrativa será Ligia Stella Rodríguez, una abogada de la Universidad del Rosario que cuenta con una especialización en derecho administrativo. Rodríguez cuenta con una experiencia de 25 años tanto en el sector público como en el sector privado, trabajando en temas jurídicos, administrativos y financieros."Entre 2020 y 2024, fue subsecretaria de Gestión Corporativa General en la Secretaría Distrital de Movilidad. En su amplia y destacada carrera profesional se ha desempeñado como subdirectora general de Gestión Corporativa en el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), secretaria General en el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo; secretaria General, asesora de Despacho y jefe (e) de la Oficina Asesora de Planeación en la Superintendencia de Sociedades; secretaria General en la Superintendencia de Industria y Comercio, y en el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial", mencionó la Fiscalía sobre la experiencia de Rodríguez.Deicy Jaramillo Rivera será la encargada de la seguridad territorial. La abogada de la universidad Gran Colombia se vinculó a la Rama Judicial en 1986, como juez municipal, también fue fiscal destacada para el proceso de paz."Como directora especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos, cargo que ocupó entre diciembre de 2020 y octubre de 2022, impulsó estrategias investigativas para impactar a las redes de tráfico de migrantes y trata de personas, enfrentar los delitos ambientales, y esclarecer masacres, desapariciones, desplazamientos forzados y otros crímenes en contra de la dignidad humana", se lee en el comunicado de la Fiscalía.Gabriel Sandoval Vargas será el delegado contra la Criminalidad Organizada, quien empezó como citador, escribiente, sustanciador y secretario en juzgados penales municipales. Desde 1992 está vinculado a la Fiscalía, fue fiscal en la seccional Bogotá y en la unidad de extinción de dominio y lavado de activos, más recientemente, estuvo en la dirección especializada contra el narcotráfico.Por su parte, Henry Arturo Cruz Vega será el director del Cuerpo Técnico de Investigación, CTI. Cruz ha sido fiscal delegado ante los jueces penales, veedor distrital delegado en Bogotá y director de control interno en la Autoridad Nacional de Televisión.El director de políticas públicas y estrategia será José Fernando Flórez, quien ha estado en la academia, sector privado y sector público. Desde el 2018 trabajó en la Dirección de Políticas de la Fiscalía, fue coordinador de la mesa de articulación entre Fiscalía y Policía para unificar datos sobre criminalidad en el país y en 2019 asumió como director de planeación de la Registraduría.
La Procuraduría se refirió sobre el caso del exjefe paramilitar Salvatore Mancuso Gómez y señaló que, aunque se le otorgó la posibilidad de ser liberado bajo ciertas condiciones, la decisión final está en manos de un juez de control de garantías en Barranquilla el próximo 6 de marzo, pues tiene 33 procesos en ese tribunal y 14 en Bogotá.Así lo decidió la juez de ejecución de sentencias de Justicia y Paz Luz Marina Zamora, indicando que no es competente para levantar las medidas de detención preventiva que enfrenta Mancuso Gómez en procesos llevados a cabo por otros magistrados en Barranquilla y Bogotá.Por lo anterior, le otorgó la libertad condicional por un periodo de cuatro años en relación con tres casos acumulados en su despacho, pero ha dejado la última palabra sobre su liberación en manos del magistrado de control de garantías en Barranquilla, subrayando la independencia judicial.“Tal como lo solicitó la Procuraduría General de la Nación en audiencia pública, Salvatore Mancuso Gómez continuará a disposición de un juez de control de garantías de Barranquilla, quien tendrá que definir si le concede la libertad a prueba tras su designación como gestor de paz por parte del Gobierno nacional”, señaló el Ministerio Público.Además, se han establecido restricciones específicas para Mancuso, incluyendo la prohibición de viajar a ciertos departamentos y municipios donde se cometieron sus delitos. Estas medidas buscan proteger a las víctimas de sus acciones y evitar su revictimización.En conclusión, aunque se ha dado un paso hacia la posible liberación de Mancuso Gómez, su situación sigue siendo compleja y su libertad condicional está sujeta a diversas condiciones y a la decisión final de la justicia.Le puede interesar:
El fiscal general, Francisco Barbosa, reaccionó a las acusaciones que hizo el presidente Gustavo Petro en su contra durante el cierre del programa “Gobierno con el pueblo” que se adelantó en la región del Pacífico.En diálogo con Blu Radio, Barbosa aseguró que “las declaraciones de Petro son una amenaza directa contra mí y contra la rama judicial. Las declaraciones son irresponsables y desafortunadas. Desdicen de su rol de presidente de la República y de su respeto a la institucionalidad colombiana”.La respuesta se dio después de que el presidente Petro advirtió que “el fiscal (Barbosa) en su desespero, porque algo ocultan que no quieren cumplir la Constitución, va a intentar coger presos e iniciar procesos a varios de ustedes, porque me está investigando es a mí. A mí me importa un comino que me investigue, lo que pasa es que la Constitución dice que él no tiene la competencia para investigarme. Lo hace por los lados y se burla de la Constitución, y está ejerciendo una sedición”.Este nuevo rifirrafe entre el mandatario y el jefe del ente investigador se dio en medio de la controversia que ha generado la elección de la nueva fiscal general y que ha llegado hasta Estados Unidos en medio de una visita de la Fiscalía de Colombia al Departamento de Justicia de ese país.Pero lo que manifestó el fiscal fue “respaldo total de los Estados Unidos y del departamento de justicia a la señora vicefiscal general, justamente están muy tranquilos, queda en muy buenas manos en caso de que la Corte Suprema de Justicia tome un tiempo adicional (en la elección del fiscal). Nosotros no estamos buscando que la Corte tome una decisión, para nosotros lo más importante es que se respete la autonomía”.Qué dijo el presidente Gustavo Petro al fiscal general Francisco BarbosaDesde el municipio de Quibdó, Chocó, en medio de la agenda presidencial por el plan Acciones por la paz y la Vida, el presidente Gustavo Petro lanzó duras acusaciones en contra de la Fiscalía y del fiscal general, Francisco Barbosa, a quien acusó de ejercer una sedición en su contra y destaca que se estaría burlando de la Constitución al tratar de investigarlo, cuando esto es sólo competencia de la Comisión de Acusaciones de la Cámara.
En medio de la vacancia judicial para la mayoría de juzgados, tribunales y altas cortes por la temporada de fin de año quedan varios interrogantes sobre qué servicios seguirán funcionando en medio de ese periodo de descanso para los funcionarios judiciales.Durante la vacancia sólo prestarán sus servicios la Jurisdicción Especial para la Paz, los juzgados promiscuos de familia, los juzgados penales municipales, los juzgados de ejecución de penas y medidas de seguridad.Para quienes necesiten interponer una tutela, se puede radicar o tramitar por procesojudicial.ramajudicial.gov.co/TutelaEnLinea para que por reparto se asigne al juzgado que queda trabajando durante esta época de fin de año o los turnos que designen los tribunales.En cuanto a la suspensión de términos procesales en entidades con asuntos jurisdiccionales, la vacancia judicial cobija a la Superindustria, la Dirección Nacional de Derechos de Autor. Se debe tener en cuenta que la Supersociedad suspenderá términos entre el 23 de diciembre hasta el 14 de enero del próximo año.Le puede interesar:
Hasta a las redes sociales han recurrido los jueces del Atlántico para denunciar la falta de fiscales que hoy prácticamente impide la realización de los juicios orales en este departamento, donde los togados han hecho múltiples peticiones y han interpuesto, inclusive, una tutela a la Dirección Seccional de Fiscalías, pero no hay solución."En esta ciudad (Barranquilla, que actualmente se encuentra en una crítica situación de seguridad, los juicios orales en los procesos penales poco se hacen, porque no hay fiscales, los términos se vencen, los procesos se prescriben y nadie hace nada", manifestó la jueza Carmen Ospino, en su cuenta de X."Imagínense que los jueces penales de esta ciudad, preocupados por la situación, hemos requerido a la Dirección Seccional de Fiscalías a través de peticiones para solicitar una solución y adivinen, tuvimos que interponer una acción de tutela para que nos respondieran, pero no pasa nada. Luego se reunieron con el director de fiscalías y adivinen, no pasa nada", añadió.La Personería de Puerto Colombia, a quien la Procuraduría delegó las funciones del Ministerio Público en las audiencias penales, también va a instaurar una tutela contra la Fiscalía para que se ampare el derecho a la administración de justicia, al debido proceso y a las garantías judiciales, pues afirma que el ente acusador está negando el acceso a la justicia.Lo anterior debido a que el año pasado, en un intento por descongestionar el sistema, la Rama Judicial abrió tres nuevos despachos en Puerto Colombia y hasta se creó allí un nuevo distrito judicial en el Atlántico para atender toda la zona costera, pero en este municipio sigue existiendo una sola unidad local de Fiscalía, es decir, “un solo fiscal que muchas veces no tiene ni asistente ni secretario”, así que los procesos siguen estancados.Juan David Ortega, personero municipal de Puerto Colombia, indica que el 90% de las audiencias de acusación, preparatorias o de juicio programadas en los juzgados del municipio han sido aplazadas por falta de fiscales, porque “en su gran mayoría no asisten, no se conectan a las audiencias”."Hemos tenido que aplazar y hemos dejado las constancias de que este incumplimiento de la Fiscalía está generando una negación de acceso a la justicia, por un lado, a las víctimas que esperan y esperan y no ven una luz al final del camino de sus procesos; y por otro lado, quienes están siendo investigados y no reciben un juicio en un plazo razonable", expresó el personero.Reconoce que “hoy un fiscal tiene hasta 700 carpetas, una carga absolutamente desproporcionada que impide hacer buenas investigaciones y obtener buenos resultados en materia de justicia”.Le puede interesar:
Las balas y el poder intimidatorio de la época más cruenta del narcotráfico en el país permearon múltiples realidades y escenarios de la vida nacional, situaciones para las que no fue ajena la justicia.La noche del 8 de abril de 1985, a la entrada de su casa en el barrio La Floresta, al occidente de Medellín, fue acribillado el magistrado Álvaro Medina bajo la mirada impotente de su esposa y su hijo Ricardo, quien para entonces tenía siete años."Yo estaba en la casa y vi desde la ventana, él llegó con mi mamá en un vehículo, descendieron y no no dijeron nada, simplemente empezaron a disparar y ahí fue donde lo acribillaron y terminaron su con su vida", recuerda Medina.El único pecado del magistrado fue haber actuado conforme a la ley en un caso que implicaba a Pablo Escobar y algunos de sus lugartenientes, ordenando una de sus primeras capturas."Estaba en el Tribunal Superior de Medellín, en la Sala Penal le asignaron un caso de Pablo Escobar y sus lugartenientes, él confirmó una detención contra estas personas y a partir de ese momento recibimos amenazas durante un año y al siguiente año fue asesinado", dice el hijo del magistrado..Junto a Álvaro Medina en un poco menos de una década fueron cientos los miembros de la Rama Judicial víctimas de la persecución y las balas asesinas del Cartel Medellín, una situación que trastornó los valores y puso en jaque a una institucionalidad resiliente, que a pesar de los defectos ha seguido allí.Viviendo a su vez han continuado los miles de familiares de las víctimas de esta tragedia quienes a pesar de un sentimiento de perdón con el pasado y de reconciliación siguen buscando justicia y reparación por el grave daño y dolor causado a sus vidas y las de sus seres queridos."Intimidó la justicia, intimidó el Estado, intimido al país, intimidó la sociedad, cambió los valores e inclusive ahora tantos años después, las víctimas seguimos reclamando justicia y a nadie le importa", puntualiza Ricardo Medina.La guerra del Cartel contra la justicia fue un capítulo amargo que dejó profundas cicatrices, imborrables, pero a la vez una sociedad resiliente y amante de su territorio en el que han decidido seguir construyendo todos los días mejores páginas para su historia.Vea también
Esto lo dijo la vicefiscal por el trino del presidente, Petro, donde decía: “Le toca al ministro de Hacienda después de esta decisión que no puedo compartir, recortar el presupuesto de las tres ramas del poder público”.Este trino lo publicó el presidente, Gustavo Petro, luego de conocerse que en la Corte Constitucional se cayó la norma con la que el Gobierno pretendía recaudar más de cuatro billones de pesos, por la norma dentro de la reforma tributaria que prohibía la deducción de regalías.La vicefiscal Martha Mancera, desde Cartagena dijo que no defender la institucionalidad, le puede resultar muy caro al país. “Eliminar la Procuraduría General de la Nación, desprestigiar a la Fiscalía General de la Nación y hoy, disminuirle los recursos a la Rama Judicial, no permite y no es el camino para el desmantelamiento de organizaciones criminales, para combatir la corrupción, ni para conseguir la paz. No es el camino adecuado”.Para la vicefiscal, no tener Procuraduría, y tener una Fiscalía con una imagen que pretende macharla como deshonesta y bajarle los recursos a la rama, son situaciones de las que podría aumentar la corrupción en Colombia, porque la aplicación de la ley no se va a hacer en la debida forma, y fue enfática en que eso será peligroso para el país, con una historia de un Estado social de derecho y con una Constitución fuerte.Le puede interesar:
Como inaceptable y nefasto calificaron los presidentes de la Rama Judicial la referencia a las recientes publicaciones del presidente, Gustavo Petro, y otros integrantes del Gobierno nacional en el que cuestionaron la decisión de la Corte Constitucional que tumbó la norma de la reforma tributaria, con la cual el ejecutivo buscaba recolectar de dos a cinco billones de pesos al año y que ahora serán recortadas del presupuesto del 2024 de la Rama Judicial.“Anunciar un recorte en el presupuesto de la Rama Judicial como consecuencia de una alta corte es inaceptable. Prefiero pensar que el Gobierno nacional está muy pendiente de la expedición de la ley orgánica y nos empiece a dar las garantías para comenzar a subir el presupuesto al 3 % del presupuesto de rentas, que es muy importante para la Rama Judicial”, expresó el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Fernando Castillo.Para el presidente del alto tribunal estos recursos son clave para garantizar la presencia de la Rama Judicial en todo el país.“Tiene que llegar de manera certera. Los jueces tienen que estar en las regiones, necesitamos jueces en todo el territorio nacional. Los poderes Ejecutivo y Legislativo deben dar ejemplo de confianza en el Poder Judicial y respeto por sus decisiones. Lo contrario atenta contra la autonomía y debilita la confianza del ciudadano en la administración de justicia. Lo contrario es un actuar antidemocrático”, explicó Castillo.Por su parte, el presidente del Consejo Superior de la Judicatura se sumó a los cuestionamientos que han salido desde la Rama Judicial y la calificó de nefasta la amenaza que planteo el Gobierno nacional.“Nefasto porque no podemos tener la proyección de creación de la administración de justicia y expandirnos como necesitan los usuarios de esta para poder resolver de forma oportuna y pronta los conflictos”, indicó el presidente del Consejo Superior de la Judicatura, Aurelio Enrique Rodríguez.Lo que implicaría que habrá poca eficiencia por parte de la justicia al faltar jueces en los territorios y represar el trabajo de la Rama en todo el territorio.Entretanto, el ministro de Justicia fue claro en expresar que este recorte se debe realizar y los recortes serán donde sea menos traumático para la Rama Judicial.“Los recortes se intentarán que sea donde menos dificultades existan, pero todos los servidores públicos instamos a dar lo mejor de nosotros así los recursos sean escasos y yo estoy seguro de que la Rama Judicial también puede hacerlo, intentar seguir prestando el servicio de justicia con la eficiencia y con la calidad que se ha hecho a pesar del momento económico complejo”, indicó el ministro Néstor Osuna.Le puede interesar:
Aunque ya se había referido al tema de manera más general, el presidente Gustavo Petro, a través de una publicación en su cuenta de X, habló con nombres propios sobre el escándalo más reciente que involucra a altos funcionarios de su Gobierno y políticos del país.Se trata de las declaraciones dadas por el exsubdirector de la UNGRD Sneyder Pinilla, quien asegura que hubo todo un entramado de corrupción que habría favorecido, con dineros públicos, a Sandra Ortiz, alta consejera para las regiones; el presidente del Senado, Iván Name; y el presidente de la Cámara, Andrés Calle, entre otros.En la publicación, el presidente Gusatavo Petro aseguró que su Gobierno no tiene ningún vínculo con Name, ni antes ni después de la elección. Incluso, recuerda los diferentes desencuentros que ha tenido con él por la no aprobación de las reformas sociales.Lea también: Escándalo de carrotanques continúa en proceso de indagación, dice la Fiscalía“Ni el Gobierno ayudó a elegir al senador Name como presidente del Congreso, lo hizo la oposición; ni el senador Name ha apoyado nuestros proyectos de ley; ni en la época de las transferencias del dinero de la que habla Sneyder, estaban los carrotanques; pero lo que sí estaban eran las elecciones”, dijo el presidente Petro, señalando que el posible delito se cometió o planeó antes de su llegada al poder.Sin embargo, no nombra al representante liberal Andrés Calle, que sí estuvo salpicado por las declaraciones de Pinilla. A quien sí vuelve a traer al debate el presidente es Olmedo López, exdirector de la UNGRD y quien salió del cargo por la polémica de los carrotanques.“Soy responsable del nombramiento de Olmedo, en el que creí como dirigente de izquierda antioqueña, lo que veo es una transferencia ilegal de dinero que iba a las víctimas de tragedias hacia campañas electorales adversas a mi Gobierno”, añadió Petro, asegurando que se trataba de un plan en su contra.El mandatario colombiano finalizó su mensaje insistiendo en que el dinero público no era para campañas y que “todo funcionario que se haya vinculado a este hecho atroz será desvinculado de la administración”.Ante esto, tanto Sandra Ortiz como Andrés Idarrága, secretario de Transparencia de Presidencia, ya fueron separados de sus cargos.
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, expresó este viernes su deseo de que el papa Francisco "pronto pueda visitar" el país caribeño, y le agradeció por recibir al embajador venezolano designado para el Vaticano, Franklin Zeltzer, quien presentó las cartas credenciales ante su Santidad, según informó el Gobierno chavista."Agradezco a su Santidad, el papa Francisco, por recibir al embajador de Venezuela ante el Vaticano, Franklin Zeltzer Malpica. Recibimos con regocijo sus bendiciones y amor con el pueblo católico de nuestro país. Esperamos que pronto pueda visitar esta hermosa tierra de gracia", escribió el jefe de Estado en la red social X.Asimismo, Maduro aseguró que su país se prepara para la canonización del beato José Gregorio Hernández, lo que -afirmó el mandatario- "está cada vez más cerca".Según una nota de prensa de la Cancillería venezolana, el papa Francisco, durante el encuentro con Zeltzer, expresó que tiene muchos deseos de visitar la nación caribeña, que está siempre en sus oraciones.Además, aseguró que Hernández "será canonizado", de acuerdo con la nota oficial del Gobierno de Maduro.En abril de 2021, el médico venezolano fue beatificado en Caracas, tras la aprobación del papa Francisco luego de verificar el milagro concedido a la niña Yaxury Solórzano, a quien los médicos no daban esperanzas de vida después recibir un disparo en la cabeza.La Conferencia Episcopal Venezolana ha dicho que Hernández, único laico del país declarado beato, está a un paso para el reconocimiento de su santidad, por lo que la causa de su canonización continúa y, para lograr su aprobación, requiere un nuevo milagro certificado por el Vaticano e inexplicable para la ciencia.
El Consejo de Estado confirmó, en segunda instancia, la sentencia que le ordena al presidente Gustavo Petro, nombrar en propiedad a los seis comisionados expertos de la Comisión de Comisión de Regulación de Energía y Gas, Creg.La decisión confirma la sentencia del pasado 25 de enero, emitida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca y se da en respuesta a una impugnación interpuesta por el Dapre.En esa medida, el Gobierno debe nombrar cuanto antes los expertos que están pendientes y que son determinantes para frenar la interinidad y darle a la Creg todas las herramientas para tomar medidas frente a los servicios públicos y recursos, en especial de cara a las afectaciones que ha dejado el paso del fenómeno de El Niño.Varios sectores económicos y expertos así como exfuncionarios del sector, han emitido su preocupación por lo que consideran es una inoperancia de la entidad pese a que el mandato de Petro está por cumplir dos años.A la fecha, Ómar Prías, director de la entidad, es el único comisionado nombrado en propiedad. Por su parte, Orlando Velandia, presidente de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, Antonio Jiménez y Manuel Peña Suárez, están como encargados.
La sostenibilidad es un tema que han puesto en la mesas las grandes potencias antes los riesgos que ha generado el incremento del calentamiento global. Por ejemplo, las normas europeas sobre el impuesto en frontera por carbono y contra la deforestación importada marcan el camino para avanzar en la negociación internacional de las "cláusulas espejo" en el comercio agroalimentario con otros países.Por otro lado, en Latinoamérica, empresas han comenzado a implementar estrategias de sostenibilidad para que sus productos se maneje acorde a los normas que cuidan el medio ambiente; por ejemplo, Belier, una empresa de esmaltes y cosmética, ha implementado componentes de origen vegetal para evitar el uso de elementos que afecten el ecosistema, como es con su línea esmaltes biogel.“Lo más destacado de la línea es su composición, que busca reducir los ingredientes tóxicos y dar mayor protagonismo a los de origen vegetal. De hecho, el 72% es de origen natural, proveniente de fuentes como el algodón, la caña de azúcar, el maíz y la yuca”, dijeron.La sostenibilidad nos obliga a reevaluar modelos económicos actuales, que han priorizado la maximización de las ganancias a corto plazo a costa del bienestar social y ambiental a largo plazo. Es fundamental una transición hacia una economía circular que valore los recursos naturales, minimice los residuos y promueva la reutilización y el reciclaje.
Estos fueron los temas tratados y debatidos este viernes, 3 de mayo de 2024, Blu 4.0.Esta semana Google anunció Gemini, el asistente con inteligencia artificial para los usuarios de Android. Compiten fuertemente con ChatGPT, que a diferencia de la nueva herramienta, no arroja información concreta de los dos últimos años. Estanislao Bachrach, director de Cocolab y speaker en el CX Summit, habló de la neurociencia como una herramienta para ser más creativos y mejorar la toma de decisiones.Millán Ludeña, deportista extremo y speaker en el CX Summit, habló de su vida y dio algunos consejos para salir adelante ante cualquier obstáculo.Alejandro Rodríguez, training manager de Xiaomi en Colombia, contó detalles del lanzamiento del Xiaomi Redi Note 13.Para más detalles escuche el programa completo Blu 4.0: