La posible realización de la posesión del presidente electo, Abelardo De La Espriella, en la Asamblea del Valle del Cauca, donde en 2002 las FARC secuestraron a 12 diputados, sigue generando reacciones. El único sobreviviente de este caso, el político y abogado Sigifredo López, aseguró que la consideración tendría un profundo significado para las víctimas del conflicto armado.López recordó que el Pacífico colombiano concentra una de las mayores afectaciones por el conflicto armado y destacó el simbolismo de que la ceremonia se lleve a cabo en Cali. "Alrededor del 25% de las víctimas del conflicto armado se encuentran en el Pacífico colombiano. El Cauca sigue siendo el teatro de operaciones de la guerra. Es muy importante y significativo que el señor presidente de la República se posesione en Cali", afirmó. El exdiputado también valoró el anuncio del presidente electo de fortalecer el batallón de alta montaña en la zona rural de Jamundí. A su juicio, esa decisión envía un mensaje de respaldo a una región que durante décadas ha sufrido los efectos de la violencia. "Ese es un mensaje muy contundente (...) que quiere devolverle y garantizarle la seguridad a los ciudadanos del suroccidente de Colombia, tan afectados por el conflicto armado", señaló Lopez.Sin embargo, insistió en que la estrategia para el Pacífico no puede limitarse a la seguridad. López pidió fortalecer la gerencia para el Pacífico colombiano y priorizar proyectos que impulsen el empleo, el emprendimiento y el desarrollo empresarial para las víctimas y sus familias. También recordó que el Valle del Cauca aporta cerca del 10 % del PIB nacional y que la región Pacífico representa una parte fundamental de la economía del país gracias a su potencial productivo y a Buenaventura como principal puerto sobre ese océano.Finalmente, hizo un llamado al presidente electo para que el respaldo al suroccidente se traduzca en acciones concretas. "Señor presidente, muy respetuosamente le pedimos desde el suroccidente de Colombia que fortalezca y que apoye al Pacífico colombiano, no solo en materia de seguridad, que es prioritario, sino también en materia de apoyo para la generación de empleo y para el desarrollo empresarial que requiere esta zona del suroccidente de Colombia", concluyó.
El 11 de abril de 2002 las Farc secuestró a 12 diputados de la Asamblea Departamental del Valle del Cauca en Cali. Cinco años después mientras estaban privados de la libertad, la extinta guerrilla asesinó a 11 diputados del Valle. Según los exFarc esta acción se cometió después de que los guerrilleros que tenían en su poder a estas personas confundieran a otro grupo de la guerrilla con el Ejército. Los diputados fueron asesinados con tiros de gracia; Sigifredo López resultó ileso, ya que se encontraba apartado del grupo.La Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, lleva a cabo una audiencia en la cual las víctimas del Comando Conjunto de Occidente, de las extintas Farc, hacen sus observaciones a lo que han dicho los exguerrilleros que comparecen ante esta jurisdicción, esta estructura de la antigua guerrilla delinquía en los departamentos del Valle del Cauca y Nariño, por lo que algunas personas que pertenecieron a este grupo al margen de la ley tienen información sobre lo sucedido con los secuestrados.Carolina y Laura Charry son hijas del diputado Carlos Alberto Charry y en esta diligencia de observaciones aseguró que aún no conocen la verdad de lo sucedido pues no hay respuestas concretas frente a presuntas alianzas entre fuerza pública y la guerrilla durante la toma a la asamblea.Además, indicaron que tampoco sobre la posible participación de otros políticos del departamento o de algunos funcionarios de la Gobernación del Valle. Las víctimas reclaman que aún no saben cómo hizo la guerrilla pudo entrar a la Asamblea y llevarse a los diputados, pero, además, rechazaron las versiones de algunos exguerrilleros sobre supuestos buenos tratos."No es cierto que estuvieron en las mejores condiciones como se hizo ver en la versión voluntaria de ‘El Grillo’, donde se hizo ver que básicamente comían carne todos los días y que tenían Ensure y médico privado, entonces en ese orden de ideas pues estaban mejor en la selva que en la casa y eso no es real, no corresponde con la realidad”, señaló Carolina Charry.Por su parte, Juan Camilo Sanclemente, abogado de algunos familiares de los diputados, dijo que los comparecientes no han dado respuestas de fondo y pidió a la JEP que se les exigiera cumplir con sus compromisos.Le puede interesar:
El exdiputado del Valle y víctima de secuestro en 2002, Sigifredo López, mostró su descontento por la forma en cómo la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) está abordando las declaraciones de los exFarc y quienes hicieron parte del conflicto armando en el país. Según dijo, están “amañando la verdad” y siguen “sosteniendo mentiras”.López fue el único sobreviviente de los 12 diputados de la Asamblea del Valle secuestrados por miembros de las extintas Farc; hoy, representa a parte de las familias de las víctimas que exigen saber la verdad completa. Dijo que la JEP debe cambiar su “concepto”, pues no permitir hablar directamente con los victimarios ni preguntarles, no es un método para reparar el daño.“La JEP debe corregir su concepto sobre el método dialógico, debe permitir que las víctimas pregunten de manera directa; ese tema de la preparación para decir mentiras no debe existir”, señaló el exdiputado en Mañanas Blu cuando Colombia está al aire. Le puede interesar: Asimismo, comentó que, aunque apoya a la JEP y la Comisión de la Verdad, no está de acuerdo con la forma en cómo están operando ni el manejo a las víctimas y, tampoco el manejo a las declaraciones que se dan por estos hechos, de los cuales él mismo fue testigo como secuestrado.“Apoyamos la JEP, pero no estamos de acuerdo con lo que está sucediendo y la forma en cómo tratan a las víctimas, dándole prioridad a los victimarios (…) No estoy de acuerdo con que no dejen hablar ni preguntar a las víctimas y, las permanentes audiencias en privado; eso no lo establece el acuerdo de paz (…) Me parece el colmo que no nos dejen hablar”.Polémica por su defensa en el casoEl exdiputado López se refirió a las audiencias de la JEP en las que él mismo optó por representarse, sin un abogado extra. Aseveró que la Jurisdicción no puede decirle cómo ejercer su defensa, pues, por derecho, puede hacerlo siendo abogado profesional.“Me dice (la magistrada) que no hablé, que prefiere que lo haga a través de un abogado, es decir, que no me representa a mí mismo. Eso es un atrevimiento, defenderme no me hace perder derechos ni como víctima ni como abogado. Fue a través del diálogo, pero eso molestaba (…) Yo preguntaba; represento a las familias de las víctimas que quieren saber cada detalle de cómo asesinaron y secuestraron”.
Por orden del Consejo de Estado, ahora el Ministerio de Defensa, la Policía Nacional, el Ejército y el Gobierno, tendrán que reparar económicamente al exdiputado del Valle Sigifredo López Tobón, único sobreviviente del secuestro masivo por la extinta guerrilla de las Farc en 2002; el alto tribunal determinó que no se extremó seguridad para López.Blu Radio conoció la reciente sentencia del alto tribunal y, además, pudo hablar con Sigifredo López, quien contó detalles del secuestro y su reacción frente a esta decisión que lo reconoce como víctima, porque, cabe recordar que de hecho, la Fiscalía lo llegó a acusar de ser cómplice.El 11 de abril de 2002, fueron 12 los diputados del Valle del Cauca quienes perdieron su libertad por manos de la extinta guerrilla de las Farc, fueron sacados de la asamblea departamental, ubicada en el centro de Cali, las entonces Farc se hicieron pasar por militares que realizaban un operativo por una supuesta amenaza de bomba en el edificio.Ese día, recordó Sigifredo, justamente se encontraban hablando del secuestro y en repetidas ocasiones había solicitado al Gobierno extremar medidas de seguridad para los diputados de la época.“Nosotros habíamos solicitado al Estado colombiano protección, que nos dieran escoltas, la amenaza era latente, era inminente y sin embargo no hicieron nada”, comentó.Pasaron cinco años y medio cuando Colombia supo de la noticia de que 11 diputados fueron asesinados y, un total de siete años, para que Sigifredo, único sobreviviente, recuperara su libertad.“Estábamos condenados a morir de olvido y eso era muy triste, había sobrevuelos casi todos los días, intentos de rescate, la orden era rescatarnos así muriéramos, pero gracias a Dios estamos vivos”, expresó.Años después de quedar en libertar y compartir con su familia, el exdiputado decidió interponer una demanda contra la Nación: “Y por eso, después de este secuestro tan horrible, presentamos las correspondientes demandas por negligencia del Estado”.Recientemente, el alto tribunal falló y le dio la razón a Sigifredo López, el Consejo de Estado determinó que, pese a que las autoridades ya estaban advertidas sobre la necesidad de extremar medidas de seguridad para los miembros de la asamblea departamental del Valle del Cauca, de la cual era miembro el exdiputado López, no cumplieron ese deber de protección y seguridad, por lo que condenaron a la Nación a reparar económicamente y moralmente a Sigifredo.El demandante alegó que los daños fueron múltiples: daños a la vida, por la pérdida de oportunidad, por tortura, perjuicios materiales y los gastos que no pudo pagar mientras estuvo en cautiverio.“Condenar a la Nación, Ministerio de Defensa, Policía Nacional y al departamento del Valle del Cauca, Asamblea Departamental, al pago de la suma (…) A favor del demandante, por concepto de perjuicios morales”, indica la sentencia.Recordemos que López llegó a ser acusado en 2012 por la Fiscalía de ser cómplice de estos hechos, sin embargo, dicha investigación precluyó.Pese al proceso legal, los días de tortura y desesperanza quedaron en el pasado, porque fueron los gritos de aliento de sus familiares los que le ayudaron a seguir con vida, según contó.
En el marco de la audiencia de reconocimiento del caso 01 en la JEP, en la que las extintas FARC reconocieron su participación en crímenes de guerra y lesa humanidad durante el conflicto armado en Colombia, las victimas se pronunciaron al respecto y señalaron que esos crímenes, como el secuestro, se deben aclarar en su totalidad por parte de los integrantes de las FARC, como parte de su compromiso con la jurisdicción.“Para efectos de la verdad hay unas preguntas de los familiares. ¿Quiénes planearon los secuestros de los diputados?, todavía no lo sabemos. ¿Quiénes fueron sus cómplices dentro y fuera de la asamblea?, porque el secuestro no fue posible sin unos cómplices dentro, no lo han querido decir pese a que lo hemos preguntado. Dicen que clase política quería que fuéramos secuestrados y que pasaran hechos terribles, necesitamos saber quiénes son sus cómplices. Necesitamos verdad plena porque ese es su compromiso con el acuerdo”, expresó la víctima de secuestro por parte de las FARC, Sigifredo López.Cabe recordar que Sigifredo López permaneció en la cárcel por cuenta de un señalamiento en su contra en la que decían que él fue el responsable del secuestro de los diputados del Valle del Cauca, lo cual fue desmentido por las propias FARC.“Que contribuyan de verdad a esa reparación de las víctimas y lo digo de una vez: yo renuncio a esa reparación porque no lo estoy pidiendo para mí. Estoy pidiendo para los millones de víctimas que están allí, pasándola muy mal, mientras ustedes están viviendo sabroso, en el Congreso, eso a mí no me mortifica, porque yo si entiendo y he estudiado el conflicto y soy defensor de la solución política del conflicto desde antes que me secuestran”, agregó LópezOrlando Beltrán, víctima de secuestro por parte de las FARC, durante la audiencia increpó a los miembros del secretariado sobre las razones de esta práctica como política de guerra y los comparó con Hitler.“Ustedes son genocidas al igual que Hitler. Ustedes, una manada de asesinos criminales que merecen el repudio de la sociedad colombiana, yo quiero decirles a ustedes que esta página de dolor pues hay que pasarla, porque como bien lo decía el presidente de la JEP, es mucho mejor la paz que una guerra prolongada”, dijo Beltrán.En su intervención, Beltrán pidió que se nombraran a los civiles que ayudaban a las extintas FARC con información para el secuestro, esto al considerar que solo fueron secuestrados miembros del partido Liberal y no de otras colectividades al momento de su retención.“Por lo menos digan dónde están los desaparecidos, y quiénes estaban detrás de ellos, porque ustedes solos en la selva no podían hacer absolutamente nada sin el apoyo, la complicidad, la ayuda de civiles por fuera del conflicto o en los diferentes municipios”, puntualizó.Y agregó: “Ustedes deben no quedarse en el simple reconocimiento de que fueron responsables, sino ayudar a que la verdad se conozca en Colombia, ¿quiénes estuvieron detrás del secuestro en el departamento de Huila?, por decir uno solo. Esta empresa criminal se prestaba a la clase política para cometer crímenes. O si no, díganme ¿por qué desaparecieron a 11 inocentes concejales en Huila?”.El expresidente Juan Manuel Santos se refirió a la audiencia que se adelanta en este día y en Twitter aseguró: “Ante la JEP y las víctimas, los antiguos comandantes de las extintas FARC asumieron su responsabilidad por crímenes de guerra y lesa humanidad. Así se construye la paz”.Le puede interesar. Escuche el podcast Prueba Beta:
Marcos Alvis Patiño, Alfonso López Méndez y Jhoverman Sánchez, medios mandos de las extintas Farc, reconocieron y revelaron ante la JEP que sí hubo trato inhumano a muchos secuestrados dentro de su periodo de cautiverio.Ante esto, el exdiputado y víctima de secuestro Sigifredo López, confirmó estas versiones y señaló que los exguerrilleros han faltado a la verdad desde un principio.“Estos tipos han sido tan mentirosos que inicialmente dijeron que nos trataban muy bien y que nos tenían como en un hotel cinco estrellas, y si no es por la presión de las víctimas, ellos no estarían admitiendo esto. Ellos han faltado a la verdad, han dicho la verdad a cuenta gotas y las verdades a medias son simplemente mentiras”, aseveró López.Además, relató que mientras estuvo en cautiverio el trato recibido fue “horrible” y lo describió como una forma de tortura.Asimismo, el coronel retirado del Ejército José Obdulio Espejo Muñoz y especialista en derechos de conflictos armados, señaló que “esto es lo mínimo que puede esperar el país de una organización que durante muchos años cometió toda clase de atropellos”.Afirmó, además, que lo que procede es “que la JEP evalúe estas conductas, revise cada caso individual y frente a eso tome una decisión en derecho de acuerdo con las normas del DIH”.
Brandon Andrés Vanegas Criollo fue condenado a nueve años de prisión, al encontrarse responsable de disparar en contra el exdiputado del Valle Sigifredo López, quien salió ileso; y su escolta, quien resultó herido, mientras se movilizaban en un vehículo por el centro de la capital vallecaucana.Juan Camilo Sanclemente, abogado de la defensa de Sigifredo López, dijo a BLU Radio que el hombre “aceptó los cargos” imputados por la Fiscalía, en su momento, por tentativa de homicidio agravado, porte ilegal de armas y tentativa de hurto agravado y calificado. “Que quede claro que fue una tentativa de homicidio agravado y por ese delito fue condenado”, dijo, por su lado, Sigifredo López, rechazando, de nuevo, las versiones entregadas, en su momento, desde la Secretaría de Seguridad de Cali, donde se afirmó, de manera preliminar, que podría tratarse de “un intento de hurto”.El hecho se registró sobre la calle 5 con carrera 39, el pasado 21 de mayo. Habrá, además, un acto de perdón por parte del condenado, en medio de un evento público, como parte del acuerdo acordado entre las partes.
El pasado jueves, Colombia amaneció con una dura noticia para el proceso de paz firmado entre el gobierno Santos y la extinta guerrilla de las Farc. ‘Iván Márquez’, exjefe negociador de paz, apareció en un video en compañía ‘Jesús Santrich’, ‘Romaña’ y ‘El Paisa’, entre una veintena de hombres armados, anunciando que vuelve a las armas.Lea también: “Hicieron trizas el acuerdo de paz”: 'Iván Márquez' al anunciar rearme Vestido de militar, ‘Iván Márquez’, exnúmero dos de la disuelta guerrilla, reaparececió para proclamar, en un video grabado en la selva, que retomó las armas junto con otros exjefes que se apartaron del acuerdo de paz.“Ha comenzado la segunda Marquetalia bajo el amparo del derecho universal que asiste a todos los pueblos del mundo de levantarse en armas contra la opresión”, señaló ‘Márquez’, acompañado los exguerrilleros, hoy prófugos de la justicia.Inmediatamente, el país se incendió. Políticos, empresarios, expresidentes, ministros, figuras públicas, la comunidad internacional, jefes de Estado de la región y del mundo, organismos protectores de derechos humanos y la ciudadanía en general reaccionaron a este nuevo obstáculo a la paz de Colombia.A propósito, El Radar, de BLU Radio, habló con el exdiputado Sigifredo López, una de las víctimas de la barbarie de las Farc. Él, en medio de su decepción, recordó uno de los episodios más dolorosos para el país: el secuestro y posterior asesinato de los diputados del Valle.“Las víctimas hemos hecho todo lo que a nuestro alcance ha estado. Hemos puesto nuestra cuota de sufrimiento, perdonado a nuestros victimarios y hemos apoyado la implementación de los acuerdos, pero resulta que ahora la persona que firmó los acuerdos se levanta en contra de eso que firmó. Es un acto de incoherencia que nadie entiende y que la historia lo cobrará”, dijo.Asimismo, López precisó que hay que rescatar que el 70 % de las Farc, encabezados por Timochenko y Catatumbo, siguen en la legalidad y respetando el acuerdo de paz.“La decepción por más profunda que sea, no puede llevarnos al escenario de la guerra y al escenario de que haya más víctimas. No podemos hacerle juego a la guerra y terminar de hacer trizas los acuerdos”, sentenció.“Tenemos que seguir apostándole a la reconciliación del país y a que lo poco que queda de los acuerdos se salve, por el bien de los colombianos (…) No debemos pensar en ‘Márquez’ y los alzados en armas, debemos pensar en una solución política que le sirva a toda la sociedad”, finalizó el exdiputado.Escuche aquí la entrevista completa con Sigifredo López, en El RadarEntérese con el equipo de BLU Radio sobre las noticias de Colombia y sus regiones, los acontecimientos más relevantes e información sobre los hechos que son noticia, llevados a ustedes por un grupo de periodistas, analistas y líderes de opinión.
Para Sigifredo López, quien fue el único exdiputado del Valle que sobrevivió a siete años de cautiverio con la guerrilla de las Farc, se pronunció sobre el rearme de este grupo anunciado por Iván Márquez.Según López, esto es “muy lamentable” para las personas que “se la jugaron toda por el Acuerdo de Paz”.“Nosotros perdonamos a nuestros victimarios y acompañamos la negociación porque preferíamos una paz imperfecta que una guerra perfecta”, aseguró López.“Es decepcionante que esta ala de las Farc no haya seguido insistiendo en encontrar caminos para la reconciliación”, agregó.Lea también: ¿Qué tan grande y relevante sería el ejército irregular rearmado de las Farc? Para el abogado y magister en derecho penal y criminología, esto le hace un grave daño al país porque le da peso a las personas que querían “hacer trizas” lo pactado en Cuba.“Se 'juntó el hambre con las ganas de comer' en un esfuerzo que hicimos muchos colombianos porque había que creemos que hay que seguir insistiendo”, indicó López.No obstante, para Sigifredo es importante que los grupos alzados en armas logren nuevamente ponerse de acuerdo con el Gobierno Nacional para salir del conflicto.Entérese también: Es decepcionante y le fallaron a las víctimas: Fabiola Perdomo sobre rearme de las Farc “La dinámica social traerá momentos históricos que sean más propicios para buscar retomar el camino con el ELN y con esta fracción de las Farc que hoy se ha marginado de los acuerdos”, señaló.A su vez, López no ocultó su preocupación por el aumento de las acciones delictivas en todo el territorio nacional.“Me preocupa, como todo colombiano, las consecuencias que esta decisión trae, aunque dicen que no van a secuestrar, el narcotráfico es el combustible de la guerra, uno narcotráfico que está muy fuerte y se toma muchos sectores del país”, aseguró.“En esos sectores se van a situar las Farc para su lucha contra el Estado, el ELN igual, las bandas criminales también”, precisó.López insistió en que hay que rodear el Acuerdo de Paz y buscar nuevos caminos para acabar la lucha armada.No deje de ver: De 24.000 desmovilizados de Farc, 36 son investigados por delinquir después de acuerdo: Gobierno “Lamento como víctima y colombiano que demos un paso atrás en acabar la guerra, sin embargo, hay que salir adelante”, dijo.“Esperemos que los que siguen en el Acuerdo como ‘Timochenco’ y ‘Catatumbo’ continúen por la vía de la paz (…) los colombianos que hemos apoyado vamos a seguir insistiendo por un mejor país”, agregó.Finalmente, Sigifredo se pronunció sobre el anuncio que hizo Márquez de invitar a la guerrilla del ELN a que conformen un brazo armado más fuerte.“En una época se formó la coordinadora guerrillera, y eso aún ha estado presente entre ciertos sectores”, dijo.“Podría volver una coordinadora guerrillera para tratar de influir de una manera más fuerte y determinante de lo que busca una guerra con el Estado. Ellos estarán en las instancias que consideren para ganar su lucha contra el Gobierno y este debe seguir combatiendo con firmeza a todos los actores delictivos”, concluyó.Escuche la entrevista completa aquí:
El abogado defensor de Sigifredo López, Elmer Montaña, confirmó que el juez 14 con función de Control de Garantías envió a la cárcel a Brandon Andrés Vanegas Criollo, el presunto responsable de disparar en contra Sigifredo López y su escolta. "La justicia debe establecer los móviles del ataque y definir si fue un intento de hurto o de homicidio", afirmó Montaña. Vanegas Criollo está recluido en el Hospital Universitario del Valle, donde se llevó a cabo la audiencia y se definió la medida preventiva. Lea también: "¿A quién se le ocurre decir que atentado contra mí fue por hurto?": Sigifredo López La Fiscalía imputó al agresor con los delitos de homicidio en grado de tentativa, fabricación, tráfico y porte ilegal de armas de fuego y hurto calificado y agravado. El ataque se registró el pasado martes 21 de mayo, en el sur de Cali, cuando el exdiputado López iba en un vehículo particular en compañía de su escolta.
La Corte Constitucional le puso límites a la forma en que el Gobierno podrá calcular los recursos de la salud para 2027. Mediante el Auto 1302 del 22 de septiembre de 2026, la Sala Especial de Seguimiento a la Sentencia T-760 de 2008, integrada por los magistrados Vladimir Fernández Andrade, Miguel Polo Rosero y presidida por Carlos Camargo Assis, fijó parámetros preventivos y obligatorios para determinar la Unidad de Pago por Capitación (UPC).Por un lado, el Ministerio de Salud deberá corregir las deficiencias de información que han sido utilizadas para calcular la UPC y demostrar técnicamente que el valor de la prima es suficiente para cubrir las necesidades del sistema. La Corte también reiteró que la UPC integral del régimen subsidiado deberá ser, como mínimo, equivalente al 95% de la UPC integral del régimen contributivo, mientras no exista evidencia técnica suficiente que justifique una diferencia mayor.Además, al definir la UPC correspondiente a 2027, el Ministerio de Salud tendrá que aplicar los parámetros establecidos por la Corte y comunicar oportunamente a Hacienda cuáles son las necesidades de financiación que técnicamente determine. La decisión busca que el cálculo de la prima parta de las necesidades reales que deben ser financiadas y que estas sean conocidas con anticipación por la cartera encargada de la programación presupuestal.La Corte también fijó una fecha concreta para que el Ministerio de Salud explique cómo realizó todo el proceso. A más tardar el 15 de enero de 2027, deberá entregar a la Sala de Seguimiento un informe consolidado con las medidas adoptadas y los resultados obtenidos en la definición de la UPC de ese año.Ese informe deberá ser detallado. La cartera de Salud tendrá que explicar la calidad de la información utilizada, anexar la metodología aplicada, justificar técnicamente por qué el valor establecido para la UPC es suficiente y presentar información sobre el proceso de participación adelantado. De esta manera, la Corte no solo exige conocer el resultado final, sino también las razones técnicas que llevaron al Gobierno a establecerlo.La responsabilidad también recae sobre el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. La Corte reiteró la orden impartida en el Auto 007 de 2025 y posteriormente en el Auto 2049 de 2025 para garantizar los recursos necesarios destinados al cumplimiento de las órdenes vigésima primera y vigésima segunda de la Sentencia T-760 de 2008.Hacienda deberá, además, adoptar dentro de sus competencias las medidas presupuestales y financieras necesarias para garantizar la disponibilidad y el giro oportuno de los recursos requeridos para financiar la UPC de 2027. Para hacerlo, deberá tomar como fundamento las necesidades de financiación que sean determinadas técnicamente por el Ministerio de Salud.La Corte justificó su intervención por el deterioro en el acceso oportuno y continuo a los servicios de salud. La Sala registró un 18% de aumento en las tutelas de salud entre 2024 y 2025, de 265.000 a cerca de 312.500, con una concesión aproximada del 74,3% de los amparos.El proceso de definición de la UPC de 2027 queda así sometido a una ruta precisa de información, sustentación técnica, financiación y rendición de cuentas ante la Sala.
La retractación de David Murcia Guzmán ante la Fiscalía, en la que aseguró que sus señalamientos contra el presidente Abelardo De La Espriella estuvieron precedidos por expectativas relacionadas con una eventual designación como gestor de paz y la posibilidad de recuperar su libertad, abrió un nuevo capítulo sobre el uso de esta figura durante el anterior Gobierno.El tema fue analizado este jueves en Mañanas Blu, donde el periodista Felipe Zuleta aseguró que el caso de Murcia no sería, según su versión, un hecho aislado. Zuleta afirmó que durante el Gobierno de Gustavo Petro también se habría producido una gestión ante integrantes de grupos paramilitares con un propósito político.Felipe Zuleta habla de una supuesta gestión ante paramilitaresAl referirse a la carta enviada por Murcia a la Fiscalía, Zuleta dijo que no le sorprendía la retractación y recordó que el exdirector de DMG había manifestado que le ofrecieron la posibilidad de ser gestor de paz. A partir de ese episodio, el periodista aseguró que tenía conocimiento de otro caso que, según él, guardaría similitudes: “Sí señor, el presidente Petro también en su momento mandó a dos altos funcionarios del Gobierno a reunirse con los paramilitares”, afirmó Zuleta.Según su relato, esas reuniones se habrían producido en el contexto de lo que denominó el “cierre de Ralito” o cierre de las conversaciones con los paramilitares. Zuleta aseguró que la misión encomendada a esos funcionarios habría sido convencer a integrantes de esos grupos, a cambio de “prebendas”, para que hablaran del entonces candidato presidencial Abelardo De La Espriella y del expresidente Álvaro Uribe.El periodista agregó que tiene documentación relacionada con lo que estaba contando, aunque decidió reservar los nombres de las personas que, según su versión, habrían participado en esas gestiones.La relación con la figura de gestor de pazMurcia, quien permanece recluido en la cárcel de Palogordo, en Girón, Santander, envió una carta de cuatro páginas a la Fiscalía 63 Local de la Unidad de Conciliación Preprocesal. En ella se retractó de los señalamientos que había formulado en febrero contra De La Espriella, quien en ese momento era candidato presidencial. En el documento, Murcia explicó que sus declaraciones estuvieron precedidas por expectativas que, según afirmó, le fueron planteadas desde sectores cercanos al Gobierno nacional anterior y que estaban relacionadas con una eventual vinculación como gestor de paz y con la posibilidad de recuperar su libertad.En Mañanas Blu se planteó precisamente la pregunta sobre quién habría ofrecido esa posibilidad a Murcia y bajo qué condiciones. El periodista Felipe Zuleta sostuvo que el episodio debía analizarse dentro de un contexto más amplio y volvió a referirse a las supuestas reuniones con paramilitares.También mencionó a Angie Rodríguez, quien, según se recordó durante el programa, había hablado anteriormente sobre reuniones y gestiones relacionadas con este asunto. Zuleta afirmó que Rodríguez no se habría prestado para realizar la gestión que, según su versión, se buscaba adelantar.Zuleta también mencionó a Salvatore MancusoDurante la conversación, Zuleta y los periodistas de Mañanas Blu también hicieron referencia a Salvatore Mancuso. En particular, se mencionó una retractación relacionada con señalamientos contra Álvaro Uribe y con hechos como las masacres de El Aro y La Granja. El argumento planteado durante el programa fue que estos episodios tendrían elementos en común con la discusión sobre las declaraciones de Murcia y las gestiones que supuestamente se habrían realizado para obtener determinados testimonios.Zuleta afirmó que, según su versión, una de las razones por las que el Gobierno habría cuestionado a Angie Rodríguez estaría relacionada con que los paramilitares no terminaron hablando en contra de quienes se buscaba señalar. En ese punto, además de De La Espriella y Uribe, mencionó al exvicepresidente Germán Vargas Lleras como otro de los nombres que, según su relato, habría estado dentro de ese contexto.La carta de David Murcia está ahora en manos de la FiscalíaLa revelación de Zuleta se produce después de que Murcia presentara formalmente su retractación ante la Fiscalía. En el documento, el condenado por el caso DMG negó varias de las afirmaciones que había realizado en febrero contra De La Espriella. Entre ellas, aseguró que los honorarios pagados al entonces abogado correspondían a los servicios jurídicos prestados y negó que este se hubiera apropiado indebidamente de dinero.También negó haber recibido de De La Espriella propuestas para entregar dinero a congresistas o funcionarios públicos con el propósito de influir en un trámite legislativo. Murcia igualmente se retractó de la afirmación relacionada con unos supuestos 5.000 millones de pesos y negó que el padre de De La Espriella hubiera recibido beneficios o un nombramiento como notario a cambio de que el abogado abandonara su defensa.El caso se originó después de que De La Espriella presentara una querella por las declaraciones de Murcia en una entrevista del 12 de febrero de 2026. Ahora, la Fiscalía deberá establecer qué ocurrió y determinar el alcance de las afirmaciones contenidas en la nueva versión de Murcia.Detalles en el siguiente video:
El Juzgado 25 con Función de Conocimiento absolvió a Nelsy Tirado Chacón y Hernando Barón Ayala, quienes habían sido señalados por la Fiscalía de presuntamente colaborar en las exigencias económicas realizadas a integrantes de la Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) de la excongresista Tatiana Cabello Flórez Martínez.La investigación estaba relacionada con el proceso por el que la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia condenó a Cabello a 144 meses y un día de prisión, equivalentes a 12 años, por el delito de concusión en modalidad continuada y en concurso homogéneo.De acuerdo con esa investigación, la entonces congresista habría solicitado mensualmente a integrantes de su UTL la devolución de un porcentaje de sus salarios. Las personas identificadas como víctimas fueron Luisa Fernanda Puerto Vela, Lina Marcela García Pinto, Daniela Salazar Puerto y Sonia Astrid Blanco Reyes.Sin embargo, al analizar la situación particular de Tirado Chacón y Barón Ayala, el Juzgado 25 de Conocimiento concluyó que las pruebas practicadas no permitían establecer que hubieran realizado actos de constreñimiento, inducción o solicitud de dinero.La juez explicó que las funciones desempeñadas por ambos eran de carácter “secundario, secretariales, conducción y mensajería” y que no se acreditó que hubieran utilizado esas labores para generar una relación de superioridad o doblegar la voluntad de alguna de las víctimas.El despacho también analizó las transferencias de dinero que aparecen en el expediente. Sobre los 670.000 pesos enviados a la cuenta de Nelsy Tirado y los giros realizados a Hernando Barón, la juez señaló que “la mera recepción de dinero no configura el delito de concusión”.Según la decisión, las pruebas mostraron que la instrucción relacionada con la devolución de dinero provenía de un tercero, identificado en el proceso como la jefa, y no de una solicitud directa realizada por los dos procesados. Por esa razón, el juzgado consideró que la recepción material de los recursos no era suficiente para configurar el delito.En el caso de Tirado Chacón, la juez señaló que nunca realizó una exigencia económica verbal o escrita. De acuerdo con el análisis del testimonio, la iniciativa de enviar el dinero habría surgido de Lina García a través de WhatsApp y Tirado se habría limitado a suministrar los datos de su cuenta bancaria como canal receptor.Además, la juez indicó que la testigo había reconocido que la instrucción inicial de entregar un porcentaje de su salario le fue comunicada por Luisa Fernanda Puerto y no por los procesados. Frente a Barón Ayala, sostuvo que la testigo manifestó que este nunca le realizó constreñimiento, inducción o solicitud económica.El despacho también cuestionó aspectos del testimonio de Puerto. La juez habló de “inconsistencias y contradicciones esenciales” y señaló que la defensa la confrontó con un documento físico firmado por ella el 17 de agosto de 2017, en el que manifestó haber recibido siempre un trato respetuoso y negó que se le hubiera solicitado dinero.La decisión también indicó que durante el juicio se evidenciaron variaciones en sus declaraciones sobre el grado de conocimiento que Hernando Barón habría tenido respecto del origen de los dineros.Tras conocer la absolución, la defensa de Barón Ayala, encabezada por el abogado Juan Manuel Castellanos, destacó el resultado del proceso y afirmó “es una decisión acertada en derecho porque la Fiscalía General de la Nación no probó, y no tenía cómo probar alguna responsabilidad en contra del señor Barón Ayala.Es decir, no existían elementos materiales probatorios contundentes en su momento. Yo creo que, aprovechando la coyuntura del país, sí es necesario apoyar en este momento al ministro de justicia, pues, en punto de la eliminación de una audiencia de imputación, y precisamente este es el caso, porque una imputación que se realizó sin un solo elemento material probatorio, pero que sí daña la vida, no solamente del procesado, sino de la familia”Por otro lado, rechazó el principio de oportunidad de Luisa Fernanda Puerto “Yo creo que la Fiscalía se equivocó al otorgar un principio de oportunidad a la señora Luisa Fernanda Puerto. Gracias a ese principio de oportunidad, y creo que así lo determina la juez en un primer momento, es que ella tenía que involucrar a inocentes. Como abogado, sí tengo que rechazar esas presiones indebidas que se hacen para buscar principios de oportunidad e involucrar a terceras personas o personas cercanas para obtener beneficios e irse impunes”.
¡Mucho cuidado! Autoridades en Medellín alertan a comerciantes por suplantación de funcionarios y cobros indebidos. Aseguran que ninguna persona puede cobrar dinero por agilizar procesos o realizar visitas.Sobre la alertaLa Alcaldía de Medellín lanzó una alerta dirigida a comerciantes, propietarios y administradores de establecimientos abiertos al público ante posibles casos de suplantación de servidores públicos y falsos inspectores sanitarios que estarían realizando cobros indebidos.Es por esta razón que la Administración Distrital recordó que ningún funcionario está autorizado para solicitar dinero o beneficios económicos a cambio de realizar visitas, entregar conceptos favorables o agilizar trámites.La subsecretaria Administrativa y Financiera de la Secretaría de Salud, María Rivera, indicó que la advertencia se relaciona con las labores de inspección, vigilancia y control sanitario que adelantan las autoridades en diferentes zonas de la ciudad.“En Medellín, hacemos un llamado a los comerciantes y propietarios de establecimientos abiertos al público, recuerden que ningún funcionario está autorizado para solicitar dinero, dádivas o beneficios económicos a cambio de visitas sanitarias, conceptos, trámites o para evitar medidas sanitarias”, dijo.Ante una visita, la recomendación de la Alcaldía de Medellín es que los comerciantes soliciten la identificación del funcionario y verifiquen su nombre, cargo y entidad. Además, pidió desconfiar de personas que prometan evitar sanciones o gestionar visitas a cambio de dinero.Las autoridades en la capital de Antioquia hizo un llamado a los comerciantes para mantenerse atentos frente a posibles intentos de engaño y verificar siempre la identidad de quienes se presenten como funcionarios encargados de realizar controles sanitarios.
Ya son 32 los cuerpos recuperados en el Cementerio Universal de Medellín, en un proceso humanitario realizado a nivel regional que, además, ha permitido hallar a más de 100 personas con vida y entregar más de 200 cuerpos recuperados a sus familias.Tras culminar su quinta fase de intervención en el Jardín Cementerio Universal de Medellín, la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas recuperó 14 cuerpos de personas reportadas como desaparecidas, sumando un total de 32 recuperaciones en este camposanto desde el año 2020.Las labores recientes permitieron intervenir igual número de bóvedas en las galerías Mausoleo Municipal, Coonaltef, Ferroviarios y Aspenjudas.Este sitio de interés forense ha sido históricamente el principal punto de inhumación de cuerpos no identificados y no reclamados en la ciudad, albergando a víctimas de desaparición procedentes, tanto de zonas urbanas del Valle de Aburrá como de áreas rurales de Antioquia, incluidas personas en situación de vulnerabilidad, habitantes de calle y víctimas del conflicto armado vinculadas a los ríos Medellín, Porce y Cauca.“Históricamente, este sitio o este camposanto ha sido un epicentro para la inhumación de cuerpos de no solo el Valle de Aburrá, sino de todo noroccidente. A la fecha, en el marco de nuestra investigación humanitaria, ha realizado un total de cinco fases de intervención desde el 2020 a la fecha y hemos recuperado un total de 32 cuerpos”, aseveró.A nivel regional, la Unidad de Búsqueda registra un universo de más de 33.000 personas dadas por desaparecidas en el noroccidente del país que comprende los departamentos de Antioquia, Caldas y Chocó, apoyadas por 19 Planes Regionales y un registro de 9.712 personas buscadoras. En esta demarcación, la labor humanitaria ha permitido hallar a 122 personas con vida y recuperar 1.628 cuerpos, de los cuales 224 han sido entregados dignamente a sus familias.“Tenemos aproximadamente un universo de más de 33,000 personas dadas por desaparecidas. A la fecha hemos recuperado más de 1,600 cuerpos. Tenemos un resultado de 122 personas encontradas con vida y hemos realizado 124 entregas dignas”, puntualizó.En el panorama nacional, la entidad ha logrado ubicar un total de 5.721 cuerpos y a 633 personas con vida, consolidando procesos de investigación extrajudiciales que buscan dar respuesta a las familias que continúan buscando a sus seres queridos en el país.
